Albino Vazquez Hernandez
Expediente 1347/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1347/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Albino Vazquez Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por sentencia de veintinueve de septiembre del año en curso, se concedió el amparo al quejoso Adriana Renata Domínguez Cortés, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo: Realice las gestiones que estime necesarias para lograr cumplir los extremos a que se refieren los numerales 501 y 503 de la Ley Federal del Trabajo; Hecho lo anterior, lleve a cabo la celebración de la audiencia aludida en el artículo 503, atendiendo el precepto 685 de la Ley Federal del Trabajo; y Llegada la fecha dicte la resolución que en derecho proceda. Por oficio de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable informó a este órgano de control constitucional que con fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, ordenó la investigación a fin de determinar a qué personas dependen económicamente del extinto trabajador Antonio Santa Coronado, en el expediente laboral 1795/2020, de su índice. También por oficio de uno de febrero de veintidós, participó que por acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepción pruebas y resolución en el expediente laboral 1795/2020, de su índice En esas condiciones, con el objeto de estar en aptitud de determinar el cabal cumplimiento del fallo emitido en autos y de conformidad con lo previsto por los artículos 192, 193 y 267 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable para el efecto de que dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de la legal notificación del presente proveído, informe si dictó la resolución correspondiente en el expediente 1795/2020 de su índice y de ser el caso remita las constancias con las que acredite su dicho; o bien informe el impedimento que tenga para hacerlo. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 195 y 197 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en la ciudad de México (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis), en términos de los numerales 238 y 258 del citado ordenamiento; además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y la consignación. Notifíquese.Así lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante la licenciada Alejandra Tatiana Carmona Trejo, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para recurrir la sentencia mediante la cual se NEGÓ EL AMPARO en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que la parte interesada lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Procédase a la devolución de la copia certificada del toca penal 301/2021, causa penal 613/2020 y seis discos ópticos a la autoridad responsable Titular de la Tercera Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio; copia de la causa penal 294/2021 y seis discos ópticos, a la responsable Juez Penal de Control adscrito al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, mismos que enviaran como anexos a sus correspondientes informes justificados, solicitando ordenen a quien correspondan elaboren el acuse de recibo correspondiente. Atento a lo anterior, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión que deriva de este juicio. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 18, fracción I, inciso b) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, al tratarse de un juicio de amparo en el que se negó la demanda de derechos. Toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEIDO DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: "Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el promovente ***; a través del cual da cumplimiento a la prevención de treinta de agosto del presente año. En atención al contenido del escrito, exhibe copia simple del poder general para pleitos y cobranzas, otorgado el doce de diciembre de dos mil dieciocho, a su favor por su hijo ***, para tramitar la disolución del vínculo matrimonial que une a su hijo con ***, ante el Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. De igual manera, exhibe el escrito de veinticinco de febrero de dos mil veintidós -acto reclamado-, de cuyo reverso se advierte que fue notificado el siete de marzo de este año a *** en su carácter de apoderado legal del demandado ***. Asimismo, exhibe el citatorio dirigido a *** en su carácter de apoderado legal del demandado ***, de doce de agosto del presente, citándolo para las quince horas con veinte minutos del quince de agosto actual, para la ejecución del auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós -acto reclamado-. Expuesto lo anterior, se procede a proveer lo siguiente: DESECHAMIENTO Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis explica que para el desechamiento de plano de una demanda de derechos es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Este precepto citado, autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Del estudio realizado al escrito de demanda se desprende que el acto reclamado en concreto es: El auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, emitido en el juicio de divorcio unilateral 190/2019, en el cual se requiere al Albino Vázquez Hernández (sic) a través de su apoderado legal Román Vázquez Hernández (sic) el pago de la cantidad de $110,626.70 para garantizar el adeudo de pensión alimenticia, apercibido que de no hacerlo se procederá a embargar bienes y en caso de oponerse, se autorizará el auxilio de la fuerza pública y en caso necesario rompimiento de chapas y cerraduras. Precisado lo anterior, en relación con el primer acto se estima que opera la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la literalidad del artículo y fracción mencionados, se advierte que contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, éste debe interponerse antes de ocurrir al amparo, en la inteligencia de que el numeral citado abarca a todos los medios ordinarios de defensa con que cuenta la parte quejosa, y que con su interposición pueda lograrse la nulificación de los actos reclamados. Al respecto, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, emitido en el juicio de divorcio unilateral 190/2019, en el cual se requiere el pago de la cantidad de $110,626.70 para garantizar el adeudo de pensión alimenticia, bajo apercibimiento que de no hacerlo se procederá a embargar bienes y en caso de oponerse, se autorizará el auxilio de la fuerza pública y en caso necesario rompimiento de chapas y cerraduras, lo que estima violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal tutelan en su favor. Dada la naturaleza del procedimiento del que deriva el acto reclamado, resulta necesario invocar el contenido de los artículos 261, 262, 374, 382, 386 y 395 del Código Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 261. Las resoluciones se dividen en Decretos, Autos y Sentencias." "Artículo 262. Las resoluciones son: I.- Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán acuerdos; II.- Determinaciones que se ejecuten provisionalmente y que se llaman autos provisionales; III.- Decisiones que tienen fuerzas de definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio, y se llaman autos definitivos; IV.- Resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio ordenado, admitiendo o desechando pruebas, y se llaman autos preparatorios; V.- Decisiones que resuelven un incidente promovido antes, o después de dictada la sentencia, que son las sentencias interlocutorias; y VI.- Sentencias definitivas." "Artículo 374. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que exista en el procedimiento o para el sólo efecto de apegarse al procedimiento." "Artículo 382. El recurso de apelación tiene por objeto que el Superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior." "Artículo 386. El litigante al interponer la apelación ante el juez, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida. Las apelaciones que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días, y las que se interpongan contra sentencia definitiva, dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones." Artículo 395. De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señalará los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. El juez deberá resolver si la admite en ambos efectos conforme a lo solicitado, exhibiendo garantía conforme a lo establecido en el Artículo 398 de este ordenamiento. Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 386 y 395 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo, la determinación reclamada en el presente juicio de derechos es atacable mediante el recurso de apelación, toda vez que trae aparejada una ejecución que puede causar daño o de difícil reparación a la parte demandada, ante lo cual resulta inconcuso que si la ley aplicable contempla un medio de defensa legal que tiene por objeto que el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado, el quejoso, previamente a intentar la acción constitucional debió haber agotado el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, interponiendo contra dicho acuerdo, el recurso de apelación a que se contrae el ordenamiento legal ya antes invocado. Apoya lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXX, Materia Común, página 1406, con rubro: "RECURSOS ORDINARIOS QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO." En consecuencia, el acto que por esta vía reclama la parte quejosa del amparo, lo constituye aquél que puede ser confirmado, revocado o modificado, mediante el medio de impugnación que la ley de la materia establece para ello, pues siendo el apoderado legal de la parte demandada, está obligado a que deba agotarse el recurso previsto por la ley previamente a intentarse el juicio de derechos, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, pues no obstante que dicho acto pudiera considerarse de imposible reparación, lo cierto es que el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, señala expresamente que el amparo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 44/2012 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materia Común, página 729, de rubro: ?PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.? Sin que se soslayen a lo anterior, las manifestaciones vertidas por el promovente Albino Vázquez Hernández, en el sentido que el fungió como apoderado legal del demandado hasta la disolución de matrimonio de su hijo con la actora, lo cual aconteció en el momento en que se dictó la sentencia respectiva; motivo por el cual, refiere que ya no funge como apoderado legal del demandado en el juicio natural, que por ello, no debieron requerirlo en el auto reclamado. Al respecto, hágase de su conocimiento que del contenido del poder general para pleitos y cobranzas, otorgado el doce de diciembre de dos mil dieciocho, a su favor por su hijo Román Vázquez Hernández, para tramitar la disolución del vínculo matrimonial que une a su hijo con Mariana Castelán Domínguez, ante el Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, no ha sido revocado, por tal motivo, aún sigue surtiendo sus efectos. Ello es así, pues el poder general para pleitos y cobranzas no ha sido revocado por quien lo otorgó, por tal motivo, en el juicio natural aún se le tiene como apoderado legal de la parte demandada. Máxime que el trámite de la disolución matrimonial en el juicio natural, culminara cuando se liquide la misma, y se ordene en definitiva el archivo del juicio natural; circunstancia que aún no acontece; motivo por el cual, es correcto que los requerimientos realizados al demandado se le hagan por su conducto, al tener el carácter de apoderado legal. También no se soslaya, que si bien en el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se advierte que el juez requiere a Albino Vázquez Hernández (sic) a través de su apoderado legal Román Vázquez Hernández (sic) el pago de la cantidad de $110,626.70 para garantizar el adeudo de pensión alimenticia; cuando lo correcto era requerir a Román Vázquez Hernández por conducto de su apoderado legal Albino Vázquez Hernández, cierto es que dicho error no causa perjuicio al promovente del amparo, debido a que los adeudos requeridos en el juicio natural son del demandado y no de él; por lo que, en caso de que se desahogue la diligencia únicamente está obligado a pagar o señalar bienes con recursos del demandado. Por todo lo expuesto, este órgano de control constitucional arriba a la conclusión de que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Máxime que en el caso, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los diversos numerales 17 y 18, todos ellos de la Ley de Amparo, toda vez que la presentación de la demanda fue presentada de manera extemporánea. Ello es así, pues el auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, emitido en el juicio de divorcio unilateral 190/2019, le fue notificado el siete de marzo del presente año; por tanto, el quejoso debió interponer el juicio de amparo a partir del día siguiente en que surtió la notificación de dicho auto, es decir, a partir del nueve de marzo actual, feneciendo dicho término el treinta de marzo de dos mil veintidós. Lo anterior es así, pues del contenido de las constancias que exhibió en su escrito aclaratorio, anexó copia del auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en cuyo reverso obra la notificación que le fue realizada respecto de dicho auto, lo cual se advierte de la siguiente imagen: Luego, si la demanda de derechos fue presentada hasta el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, es evidente que su presentación resulta extemporánea. Notifíquese personalmente.". NOTIFÍQUESE
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA:" Visto el escrito de demanda signado por ** contra actos que reclama del Juez Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo y otras.****************************************REGISTRO DEL EXPEDIENTE****************************************Fórmese expediente y regístrese con el número 1347/2022-6, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-.****************************************Previo a proveer lo conducente, de una revisión de los hechos narrados por el promovente del amparo los cuales realizó bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda, se advierte que él funge como apoderado legal de la parte demandada en el juicio escrito familiar 190/2019, toda vez que el demandado radica fuera del país.****************************************Refiere que el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, el juez familiar requirió a la parte demandada a través del apoderado legal para que pague la cantidad de $110,656.74 y en caso de no hacerlo, se embargaran bienes de su propiedad; bajo apercibimiento que de oponerse, se autorizara el auxilio de la fuerza pública y en caso necesario el rompimiento de chapas y cerraduras.****************************************En atención a lo anterior, se provee lo siguiente:****************************************PREVENCIÓN****************************************En este sentido, el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece: ****************************************"Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:****************************************I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;********************II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley;********************III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente;********************IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y********************V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda.********************Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada.********************En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura."****************************************Por su parte, los diversos numerales 108, fracción V y 110 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: ************************************************************"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:****************************************I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;****************************************II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;****************************************III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;****************************************IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;****************************************V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;****************************************VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame;****************************************VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y****************************************VIII. Los conceptos de violación.****************************************Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica.."****************************************Por tanto, en términos de los diversos numerales 112 y 114 de la legislación en cita, requiérase al promovente Albino Vázquez Hernández, por propio derecho, para que dentro del término de cinco días contado a partir de la legal notificación de la legal notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad aclare su demanda en los siguientes términos: ****************************************PRIMERO. Deberá precisar si aún funge como apoderado legal de su hijo y demandado en el juicio natural; debiendo anexar el poder notarial al que hace referencia en su escrito de demanda.****************************************SEGUNDO. Exhiba copia del auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, a efecto de precisar el acto reclamado y corroborar la información indicada en su escrito de demanda.****************************************TERCERO. Deberá precisar la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado; y, en caso de seguir fungiendo como apoderado legal del demandado en el juicio natural, deberá exhibir la constancia de notificación que recayó al auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós -acto reclamado-.****************************************Apercibido que de no cumplir con la anterior prevención, se tendrá por no presentada la demanda de derechos intentada, lo anterior de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo.****************************************SANCIONES POR HECHOS FALSOS.****************************************También se hace de su conocimiento que el artículo 261, fracción primera, de la Ley de Amparo, prevé sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, para el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten.****************************************DOMICILIO Y AUTORIZADOS****************************************Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica en su escrito.****************************************De igual forma, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema de Consulta del Consejo de la Judicatura Federal; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlos como autorizados en términos amplios.****************************************SE HABILITAN DIAS Y HORAS****************************************En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes.****************************************REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO****************************************En otro orden, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que se establezcan comunicaciones no procesales.****************************************Asimismo, téngasele señalando número telefónico, para que se establezca el contacto respectivo, de conformidad con el artículo 2°, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, de lo que se toma conocimiento.****************************************EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA"****************************************Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal." NOTIFÍQUESE
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