Albino Martínez Castillo
Expediente 801/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Albino Martínez Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Del estado de autos, se advierte que al rendir su informe justificado la Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, manifestó que el ocho de julio de dos mil veintiuno, acordó su escrito de demanda, al efecto acompañó copia certificada de dicha determinación, la cual fue notificada al quejoso el diecisiete de septiembre del año en curso, por la actuaria de este juzgado. De ahí se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia que impide continuar con la tramitación del presente asunto. En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues está probado que lo reclamado a la autoridad responsable cesó en sus efectos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En el caso concreto, el quejoso reclamó del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca y del actuario del referido órgano jurisdiccional, la omisión de dar respuesta a su escrito de contestación de demanda de veinte de mayo de dos mil veintiuno, recibido ante la responsable el veintiuno siguiente. En ese tenor, si en el presente juicio constitucional está probado que mediante proveído de ocho de julio de este año, la referida responsable dio contestación a la petición hecha por el quejoso en su escrito de veinte de mayo de dos mil veintiuno; por ende, queda claro que cesaron los efectos del acto reclamado. Tal determinación fue notificada al quejoso en el domicilio que señaló para recibir notificaciones por conducto de su autorizada Yara Jiménez Viloria, el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por la actuaria de este juzgado. Esta determinación deriva de los criterios adoptados en las tesis de jurisprudencia citadas, en cuanto precisan el contenido de la causal de improcedencia prevista ahora en el artículo 61, fracción XXI de la nueva Ley de Amparo (antes artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada). Por tanto, se estima procedente sobreseer fuera de audiencia con base en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En mérito de lo anterior, se dejan sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas con cincuenta minutos del uno de octubre de dos mil veintiuno). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el quejoso****, realiza diversas manifestaciones en relación al trámite de este juicio, entre ellas, que desde el veintiocho de julio del año en curso, se admitió a trámite su demanda de amparo y a la fecha la autoridad responsable no ha rendido su informe justificado; asimismo, que el actuario de este juzgado, emplazó a diversa autoridad (Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro); por lo que solicita: Que se dé vista al órgano de control interno del Poder Judicial de la Federación, para que de acuerdo a sus atribuciones proceda contra el actuario que realizó el emplazamiento a una autoridad diversa. Que se requiera a la autoridad responsable rinda su informe justificado, y Que se hagan valer los medios de apremio con los que esta autoridad cuenta para hacer cumplir sus determinaciones. Al efecto se provee: En cuanto al punto número uno de este acuerdo, dígase al promovente que no ha lugar a lo que solicita, ya que el pasado seis de agosto, se reexpidieron los oficios dirigidos al Juez y Actuario del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca. Por lo que hace al punto número dos, dígase al ocursante que el dos y seis de septiembre de este año, se agregaron los informes justificados rendidos por la Juez y por el Actuario del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, con los cuales se ordenó darle vista. Consecuentemente, no ha lugar a hacer valer los medios de apremio con los que esta autoridad cuenta para hacer cumplir sus determinaciones, dado que a la fecha se han emplazado a las autoridades correctas, mismas que rindieron sus informes de ley. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado descrito en la cuenta; dese vista a las partes. NOTIFÍQUESE.
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