ALBERTO ZANABRIA GARCÍA y otros

Expediente 229/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
229/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • ALBERTO ZANABRIA GARCÍA y otros
  • ALBERTO ZANABRIA GARCÍA y otros y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio de la presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, por medio del cual informa las actuaciones en el juicio laboral 98/2005 de su índice, del cual derivó este juicio de amparo; lo anterior, toda vez que el juicio de amparo 229/2020 se sobreseyó en sentencia y posteriormente se ordenó su archivo definitivo. Ahora bien, toda vez que en forma reiterada se ha indicado dicha circunstancia a la citada autoridad; requiérasele para que en lo subsecuente actúe con vista en autos, ya que resulta innecesario que informe el trámite efectuado en dicho expediente laboral en este asunto que se encuentra concluido. CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio que remite la presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, por medio del cual informa las actuaciones en el juicio laboral 98/2005 de su índice, del cual derivó este juicio de amparo; lo anterior, toda vez que por auto de doce de agosto de este anualidad, se recibió vía electrónica dicho oficio y se proveyó al respecto. No obstante lo anterior, mediante oficio hágase de su conocimiento que el juicio de amparo 229/2020 en que se actúa, se sobreseyó en sentencia y mediante proveído de diez de junio de la presente anualidad causo ejecutoria, por lo que se ordenó su archivo definitivo; de ahí que resulte innecesario que informe el trámite efectuado en dicho expediente laboral. CÚMPLASE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 229/2020, promovido por ***, en su carácter de apoderada de **, **, **, **, **, **, **, ***, **, **, **, **, **, **, ** y **, contra el acto reclamado a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de los quejosos **, **, **, **, **, **, **, ***, **, **, **, **, **, **, ** y **, dentro del expediente laboral **, la autoridad responsable el veinticuatro de enero del dos mil veinte, dictó un acuerdo en el que indicó que la parte actora aceptó el programa de pago que exhibió el Ayuntamiento demandado de Asunción Nochixtlan, por conducto de su otrora Presidente Municipal y Tesorero, en el cual convinieron pagos mensuales de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) a favor de cada uno de los actores, hasta el cumplimiento total del laudo, y con ello, lejos de hacer cumplir sus determinaciones, la responsable se encuentra obstruyendo la impartición de justicia, ya que se encuentra beneficiando al municipio demandado, debido a que, si en el año dos mil diecinueve hubo un aumento considerado, se encuentra en la posibilidad de realizar un aumento considerable. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO **, **, **, **, **, **, **, ***, **, **, **, **, **, **, ** y **, presentó demanda de amparo el veintiuno de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisará. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 5°, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca y por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte se admitió a trámite; se registró bajo el número 229/2020; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de diez de agosto de dos mil veinte, se hizo constar que de conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 4/2020, 8/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales se mantuvo suspendido del dieciocho de marzo al dos de agosto del año en curso y que el diverso Acuerdo 21/2020, ordenó la reactivación del funcionamiento de los órganos del Poder Judicial de la Federación, mediante un regreso escalonado; motivo por el cual, se reanudó el expediente en que se actúa y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de trece de enero de dos mil veintiuno, se hizo constar que derivado de la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se decretó la suspensión de plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero del año en curso, ello con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19; motivo por el cual, se reanudaron plazos y términos en el expediente en que se actúa. Por su parte, la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, mediante oficio atendido en auto de nueve de abril del año en curso, informó que por acuerdos de diecinueve de marzo, catorce de abril, cuatro de mayo, primero, quince y treinta de junio, quince y treinta y uno de julio, diecisiete y treinta y uno de agosto, quince y treinta de septiembre, quince de octubre, tres y diecisiete de noviembre, uno y treinta de diciembre de dos mil veinte, quince y veintinueve de enero, quince y veintiséis de febrero, doce y treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, los integrantes de esa Junta de Arbitraje suspendieron actividades y no corrieron plazos y términos procesales del veinte de marzo de dos mil veinte al dieciséis de abril de dos mil veintiuno, con motivo de la declaratoria de epidemia por enfermedad grave, generada por el virus SARS-CoV2. Con motivo de lo anterior, por auto de veintisiete de abril del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado de la citada autoridad laboral responsable. Seguida la secuela procesal, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitido por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, lo siguiente: El auto dictado dentro del expediente laboral 98/2005, el veinticuatro de enero del dos mil veinte, en el que indicó que la parte actora aceptó el programa de pago que exhibió el Ayuntamiento demandado de Asunción Nochixtlán, por conducto de su otrora Presidente Municipal y Tesorero, en el cual convinieron pagos mensuales de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) a favor de cada uno de los actores, hasta el cumplimiento total del laudo. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Hecha esta precisión, procede ahora analizar el contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable. Así, se tiene que la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir su informe de ley, aceptó la existencia del acto reclamado. Esa afirmación es suficiente para tener por probada la existencia de los actos reclamados a la autoridad responsable. La determinación anterior tiene respaldo en la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, dicha certeza se corrobora con las documentales que remitió la responsable como apoyo a su informe justificado, las cuales se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su numeral 2°. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación , de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. VI. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." El suscrito advierte que respecto del acto reclamado consistente en el auto dictado dentro del expediente laboral 98/2005, el veinticuatro de enero del dos mil veinte, en el que indicó que la parte actora aceptó el programa de pago que exhibió el Ayuntamiento demandado de Asunción Nochixtlán, por conducto de su otrora Presidente Municipal y Tesorero, en el cual convinieron pagos mensuales de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) a favor de cada uno de los actores, hasta el cumplimiento total del laudo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)." El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de derechos fundamentales es improcedente contra resoluciones dictadas en otro juicio de amparo; tanto contra resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional o en su cumplimiento, esto es, dichas determinaciones no pueden ser reclamadas mediante otro juicio de esta naturaleza, en virtud que ello implicaría la promoción de juicios constitucionales interminables, provocando inseguridad jurídica. En ese sentido, resulta pertinente destacar que al rendir su informe justificado la autoridad responsable, manifestó lo siguiente: "ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO. Sin embargo por acuerdo de cinco de abril de dos mil veintiuno, este Tribunal Burocrático a fin de dictar medidas necesarias para dar cumplimiento al laudo de fecha veintiuno de junio de dos mil diez y a la ejecutoria de amparo deducida del Juicio Pral. 528/2014 de su índice, REQUIRIÓ a los Integrantes de Cabildo del Ayuntamiento patrón de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, por conducto del Síndico Municipal, su representante legal en términos del artículo 71 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, y Tesorero Municipal, para que a las DOCE HORAS DEL DÍA CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, exhiba en diligencia formal a favor de la parte actora, los pagos parciales relativos a los meses de noviembre, y diciembre de dos mil veinte y los diversos de enero, febrero marzo y abril de dos mil veintiuno, cada uno por la cantidad de $65,953.00 (SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) De igual forma se les requirió a los Integrantes del Ayuntamiento patrón, para que a las doce treinta horas del día cuatro de mayo de dos mil veintiuno, celebren platicas tendentes al incremento en los pagos mensuales a la parte actora, conforme se comprometió el representante legal del demandado ayuntamiento, precisamente en comparecencia de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Acuerdo que fue notificado a las partes el trece y quince de abril de dos mil veintiuno. De lo anterior se advierte que el acto reclamado por los quejosos se dictó en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Juicio Pral. 528/2014 Mesa V-A, de la estadística del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, de lo que se advierte que el acto que se reclama es contra un acto emitido en ejecución de una sentencia de amparo y por ende improcedente de conformidad con la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo de ahí que, esta autoridad considera que el presente juicio de amparo debe sobreseerse conforme a lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la citada Ley". Cuyas manifestaciones resultan un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en atención al numeral 2° de la Ley de Amparo y de la jurisprudencia XXII J/12, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, del tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN". Lo anterior es así, ya que ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, se tramita el juicio de amparo 528/2014, promovido por Alberto Zanabria García, María Teresa Reyes Zarate, Antonio Solís Mina, Miguel Ángel Pedro López, Leonel Agapito Casas Rodríguez, Carolina Pérez Rodríguez, Melquiades López Montero, Lino Hernández Velasco, Cornelio Pablo Santos, Rosendo Peregrino Cruz Nicolás, Virgilio Alejandro Herrera Reyes, Virginia Trinidad San Pedro, Margarito López Cruz, Irma Ana Valdés Santiago, Gregoria Cruz Martínez y Norma Edith López Reyes, en el cual se tiene como autoridades responsables a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado y al presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca y como acto reclamado el incumplimiento del laudo de fecha veintiuno de junio de dos mil diez, dictado en el expediente laboral 98/2005, del índice de la referida Junta. Así también, en dicho asunto el otrora Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión promovido por la parte quejosa, dictó la ejecutoria correspondiente en el amparo en revisión 340/2014, en el que, por una parte sobreseyó en el juicio y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto siguiente: ".que La Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, vigile con efectividad el cumplimiento del laudo dictado a favor de los quejosos, en el expediente laboral 98/2005, dicte de inmediato las medidas necesarias para lograr el pronto pago de las cantidades a las que fue condenado el Ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, en el laudo de fecha diez de junio de dos mil diez y ordenen que el actuario de esa Junta, se constituya nuevamente en las oficinas del Ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, a fin de que restituya a los quejosos en el puesto que venían desempeñando; y para que la comisión permanente de presupuesto y programación de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, de inmediato resuelva el expediente 652 del índice de esa comisión, donde se le solicitó emita el dictamen que corresponda, a fin de que el Pleno de Congreso del Estado apruebe la expedición del decreto especial para el pago del referido laudo". Con motivo de lo anterior, se requirió el cumplimiento en dichos términos, resultando que en el referido juicio de amparo 528/2014, por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo a la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, remitiendo copia de la diligencia desahogada el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en los autos del citado expediente laboral 98/2005, para justificar que continúa realizando las acciones necesarias para satisfacer los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada precisamente en ese juicio constitucional. Es decir, el auto que reclama la parte quejosa en este nuevo juicio de amparo indirecto, deriva de la omisión inicialmente señalada en el diverso juicio constitucional 528/2014 del índice propio (el cual se encuentra en etapa de ejecución de la sentencia), consistente en el incumplimiento del laudo dictado en el expediente laboral 98/2005, del índice de la responsable, de ahí que en todo caso, dichas omisiones se deben hacer valer en el diverso juicio de amparo indirecto. No obstante, la propia Ley de Amparo prevé medios de defensa que hacer valer contra las determinaciones que se emitan en cumplimiento a la sentencias de amparo. Máxime que en el caso, el acto de ejecución específico materia de estudio, no se reclama por vicios propios, de ahí que su pronunciamiento es consecuencia de la emisión de la resolución del laudo materia de diverso juicio de amparo. Resulta aplicable la tesis sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal.". Así como la diversa sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito visible en la página quinientos tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE REFIERE A QUE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, ES INATACABLE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Si en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias emanadas de un juicio de garantías, la instancia resulta improcedente a la luz del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que dicha causa no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de garantías, inmersa en él, ya sea el auto admisorio de demanda o cualquier otro auto de tramitación, dado que no dejan de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional". Tales criterios son aplicables en virtud que la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, que se interpreta es de similar contenido a la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. VII. DECISIÓN En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado en este juicio de amparo indirecto, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **, en su carácter de apoderada de **, **, **, **, **, **, **, ***, **, **, **, **, **, **, ** y **, respecto del acto reclamado y autoridad responsable, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VI de este fallo. NOTIFÍQUESE.

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