Albina Alvarado Santos
Expediente 557/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 46 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 557/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 46
- Última actuación
- 16/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Albina Alvarado Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 46.
- Incidental
I. De la cuenta secretarial se advierte que en proveído de esta fecha, dictado en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión, se declaró firme el auto que declaró cumplido el fallo protector, ordenándose el archivo del expediente como asunto concluido, como se advierte de la cuenta secretarial. Por tanto, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su momento y una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, destrúyase el duplicado de los cuadernillos del incidente en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del citado capítulo, del acuerdo y Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el original del presente incidente es susceptible de depuración, una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación del presente proveído, lo que significa que únicamente se conservará la suspensión provisional y definitiva en la que se concedió a la parte quejosa la suspensión de los actos reclamados.
- Principal
I. Del estado de autos, se advierte que mediante proveído de ocho de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio, sin que las partes quejosa y tercero interesada, hayan hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero de la Ley de Amparo en vigor, téngase por consentida tal determinación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación, además, no contiene información reservada.
- Principal
I. En ocho de abril de dos mil diecinueve, Carlos Rafael Barrios Solís, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, CERTIFICA: que transcurrió el término de tres días, concedido a las partes quejosa y tercera interesada para que desahogaran la vista otorgada en proveído de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho; lapso que transcurrió del uno al tres de abril de dos mil diecinueve, sin que mediaran días inhábiles (foja 470). Asimismo, hace constar que la Oficialía de Partes de este Juzgado, informó que realizada una revisión exhaustiva del libro de correspondencia, no existe promoción alguna ingresada tendente a manifestar cuestión alguna respecto del referido proveído de veintidós de marzo de la presente anualidad. Doy fe. En ocho de abril de dos mil diecinueve, el Secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede, así como con el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa. Conste. Uruapan, Michoacán, ocho de abril de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta se advierte que las partes quejosa y tercera interesada no realizaron manifestación alguna respecto de la vista que les fue otorgada en proveído de veintidós de marzo del año en curso (fojas 447 a 453), en el que, entre otras cuestiones, se tuvo al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, pretendiendo acreditar el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente asunto. Tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativo el siguiente criterio: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 2 de 2 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia (Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Por sentencia dictada en el presente juicio el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (fojas 143 a 169); resolución que fue impugnada por Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, en cuanto apoderado jurídico del tercero interesado Eugenio Reyes Contreras, la cual fue modificada respecto a sus efectos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán (fojas 227 a 256), dentro del amparo en revisión civil 268/2018, en los términos siguientes: "En tales circunstancias, en suplencia del menor y atendiendo a su interés superior, procede modificar la sentencia recurrida, única y exclusivamente en cuanto a sus efectos. SÉPTIMO. En consecuencia, la concesión al quejoso del amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, es para el efecto de que el juez responsable realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución del recurso de revocación de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del juicio ordinario civil 383/2013, de su índice; y, 2. Emita otra en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, en términos de los artículo 4° y 17 Constitucionales, declare infundado el recurso de revocación planteado por la parte demandada, pero además, tome las determinaciones que considere necesarias para que se desahogue lo más pronto posible la prueba pericial con que el menor pretende acreditar los hechos en que se progenitora apoyó la demanda fuente de la controversia de origen." En atención a lo anterior, mediante auto de dieciséis de enero de dos mil diecinueve (fojas 257 a 258), se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, para que informara sobre su cumplimiento. Es necesario precisar que durante la secuela procesal del cumplimiento de ejecutoria, la parte tercera interesada dentro del juicio ordinario familiar 383/2013 de origen, promovió recusación sin expresión de causa frente al referido Juez Segundo y en consecuencia, éste se inhibió de su conocimiento y remitió dicho asunto al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, residente en esta ciudad, quien determinó no aceptar los autos respectivos (fojas 332 y 349). Por tanto, se tramitó el conflicto competencial ante el Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, bajo el número de toca IV-1/2019; en el que se estableció que el juez legalmente competente para conocer del citado juicio es el titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad (foja 403); así, mediante acuerdo de quince de marzo actual, se le tuvo con el carácter de autoridad responsable sustituta (foja 405). Retomando el análisis del cumplimiento, se tiene que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, residente en esta ciudad, remitió los siguientes comunicados: 1. Oficio 101/2019 y anexos (fojas 268 a 288). 2. Oficio 187/2019 y anexos (fojas 317 a 321). 3. Oficio 225/2019 y anexos (fojas 328 a 330). Por su parte, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, residente en esta ciudad, en cuanto autoridad responsable sustituta envió el oficio 646 y anexos, en el que informó lo actuado hasta esa fecha por el Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Uruapan (fojas 433 a 445). Del examen de las constancias de referencia, las cuales tienen pleno valor probatorio de acuerdo con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, se desprende que la autoridad responsable, en relación con los efectos del fallo constitucional, acreditó lo siguiente: 1. El veintiuno de enero de dos mil diecinueve, se dictó una resolución en la que de acuerdo a las consideraciones establecidas y sus puntos resolutivos, se estima que dejó insubsistente la resolución del recurso de revocación de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del juicio ordinario civil 383/2013; 2. Asimismo, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria protectora, en términos de los artículos 4° y 17 Constitucionales, declaró infundado el recurso de revocación planteado por la parte demandada -aquí tercera interesada-; 3. Además, en acatamiento al requerimiento realizado por este Juzgado en autos de veintitrés y treinta y uno de enero del año en curso, tomó las determinaciones que consideró necesarias para que se implemente el desahogo de la prueba pericial con que el menor pretende acreditar los hechos en que su progenitora apoyó la demanda fuente de la controversia de origen. Determinaciones que en esencia consisten en: - Acuerdo de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en el que se ordenó girar exhorto al Juez en turno de Primera Instancia en Materia Familiar de Morelia, Michoacán, a efecto de que señalara fecha para la conclusión de la prueba pericial en genética molecular; data que debería informar con la anticipación respectiva, a fin de hacerla del conocimiento a las partes y peritos correspondientes (foja 319). - Acuerdo de seis de febrero de dos mil diecinueve, en el que reiteró el envío del citado exhorto por la vía fax (foja 434). - Acuerdo de once de febrero de dos mil diecinueve, por el que se recibió el exhorto 13/2019, enviado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Morelia, Michoacán, en el que, medularmente, informó la fecha señalada para la diligencia de mérito y solicitó notificará a la parte oferente de la prueba en cuestión a fin de que brindara las facilidades necesarias para el traslado del personal adscrito a su Juzgado, a las instalaciones del laboratorio de genética forense de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ubicado en esa ciudad capital, asimismo, ordenó notificar a las expertas que fungirán como peritos de la parte actora y tercero en discordia (fojas 435, 436 y 441 a 443). - Acuerdo de once de febrero pasado, a través del cual, hizo del conocimiento al referido Juez Primero Familiar de Morelia, Michoacán, que otorgó la intervención respectiva al perito propuesto por la parte demandada en el desahogo del mencionado medio de convicción, solicitando le informara a éste la fecha fijada para tal efecto (fojas 436 y 440). Ante tales circunstancias, se estima que la autoridad responsable cumplió con las exigencias precisadas en los efectos de la concesión del amparo. Lo anterior es así porque en primer lugar se dejó insubsistente la resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete y en su lugar se dictó otra en la que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo declaró infundado el recurso de revocación planteado por la demandada; asimismo, entre las determinaciones que se consideraron necesarias para que el desahogo de la pericial de que se trata se lleve a cabo lo más pronto posible se giró exhorto al juez que auxiliará en tal desahogo utilizando el fax, en el que se implementó la mecánica y logística para la preparación y desahogo de la prueba en comento, y si bien es cierto que si por alguna razón no imputable al juez responsable no se llevó a cabo en la fecha y hora señaladas, se estará en aptitud de señalar nueva fecha para tal efecto. Por tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, se declara que LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO SE ENCUENTRA CUMPLIDA, sin excesos ni defectos. Con lo anterior, dése vista a las partes, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la ley de la materia.
- Principal
I. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN CITATORIO DE FECHA NUEVE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA Y A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE OCHO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: En ocho de abril de dos mil diecinueve, Carlos Rafael Barrios Solís, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, CERTIFICA: que transcurrió el término de tres días, concedido a las partes quejosa y tercera interesada para que desahogaran la vista otorgada en proveído de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho; lapso que transcurrió del uno al tres de abril de dos mil diecinueve, sin que mediaran días inhábiles (foja 470). Asimismo, hace constar que la Oficialía de Partes de este Juzgado, informó que realizada una revisión exhaustiva del libro de correspondencia, no existe promoción alguna ingresada tendente a manifestar cuestión alguna respecto del referido proveído de veintidós de marzo de la presente anualidad. Doy fe. En ocho de abril de dos mil diecinueve, el Secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede, así como con el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa. Conste. Uruapan, Michoacán, ocho de abril de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta se advierte que las partes quejosa y tercera interesada no realizaron manifestación alguna respecto de la vista que les fue otorgada en proveído de veintidós de marzo del año en curso (fojas 447 a 453), en el que, entre otras cuestiones, se tuvo al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, pretendiendo acreditar el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente asunto. Tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativo el siguiente criterio: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 2 de 2 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia (Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Por sentencia dictada en el presente juicio el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (fojas 143 a 169); resolución que fue impugnada por Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, en cuanto apoderado jurídico del tercero interesado Eugenio Reyes Contreras, la cual fue modificada respecto a sus efectos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán (fojas 227 a 256), dentro del amparo en revisión civil 268/2018, en los términos siguientes: "En tales circunstancias, en suplencia del menor y atendiendo a su interés superior, procede modificar la sentencia recurrida, única y exclusivamente en cuanto a sus efectos. SÉPTIMO. En consecuencia, la concesión al quejoso del amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, es para el efecto de que el juez responsable realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución del recurso de revocación de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del juicio ordinario civil 383/2013, de su índice; y, 2. Emita otra en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, en términos de los artículo 4° y 17 Constitucionales, declare infundado el recurso de revocación planteado por la parte demandada, pero además, tome las determinaciones que considere necesarias para que se desahogue lo más pronto posible la prueba pericial con que el menor pretende acreditar los hechos en que se progenitora apoyó la demanda fuente de la controversia de origen." En atención a lo anterior, mediante auto de dieciséis de enero de dos mil diecinueve (fojas 257 a 258), se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, para que informara sobre su cumplimiento. Es necesario precisar que durante la secuela procesal del cumplimiento de ejecutoria, la parte tercera interesada dentro del juicio ordinario familiar 383/2013 de origen, promovió recusación sin expresión de causa frente al referido Juez Segundo y en consecuencia, éste se inhibió de su conocimiento y remitió dicho asunto al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, residente en esta ciudad, quien determinó no aceptar los autos respectivos (fojas 332 y 349). Por tanto, se tramitó el conflicto competencial ante el Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, bajo el número de toca IV-1/2019; en el que se estableció que el juez legalmente competente para conocer del citado juicio es el titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad (foja 403); así, mediante acuerdo de quince de marzo actual, se le tuvo con el carácter de autoridad responsable sustituta (foja 405). Retomando el análisis del cumplimiento, se tiene que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, residente en esta ciudad, remitió los siguientes comunicados: 1. Oficio 101/2019 y anexos (fojas 268 a 288). 2. Oficio 187/2019 y anexos (fojas 317 a 321). 3. Oficio 225/2019 y anexos (fojas 328 a 330). Por su parte, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, residente en esta ciudad, en cuanto autoridad responsable sustituta envió el oficio 646 y anexos, en el que informó lo actuado hasta esa fecha por el Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Uruapan (fojas 433 a 445). Del examen de las constancias de referencia, las cuales tienen pleno valor probatorio de acuerdo con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, se desprende que la autoridad responsable, en relación con los efectos del fallo constitucional, acreditó lo siguiente: 1. El veintiuno de enero de dos mil diecinueve, se dictó una resolución en la que de acuerdo a las consideraciones establecidas y sus puntos resolutivos, se estima que dejó insubsistente la resolución del recurso de revocación de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del juicio ordinario civil 383/2013; 2. Asimismo, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria protectora, en términos de los artículos 4° y 17 Constitucionales, declaró infundado el recurso de revocación planteado por la parte demandada -aquí tercera interesada-; 3. Además, en acatamiento al requerimiento realizado por este Juzgado en autos de veintitrés y treinta y uno de enero del año en curso, tomó las determinaciones que consideró necesarias para que se implemente el desahogo de la prueba pericial con que el menor pretende acreditar los hechos en que su progenitora apoyó la demanda fuente de la controversia de origen. Determinaciones que en esencia consisten en: - Acuerdo de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en el que se ordenó girar exhorto al Juez en turno de Primera Instancia en Materia Familiar de Morelia, Michoacán, a efecto de que señalara fecha para la conclusión de la prueba pericial en genética molecular; data que debería informar con la anticipación respectiva, a fin de hacerla del conocimiento a las partes y peritos correspondientes (foja 319). - Acuerdo de seis de febrero de dos mil diecinueve, en el que reiteró el envío del citado exhorto por la vía fax (foja 434). - Acuerdo de once de febrero de dos mil diecinueve, por el que se recibió el exhorto 13/2019, enviado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Morelia, Michoacán, en el que, medularmente, informó la fecha señalada para la diligencia de mérito y solicitó notificará a la parte oferente de la prueba en cuestión a fin de que brindara las facilidades necesarias para el traslado del personal adscrito a su Juzgado, a las instalaciones del laboratorio de genética forense de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ubicado en esa ciudad capital, asimismo, ordenó notificar a las expertas que fungirán como peritos de la parte actora y tercero en discordia (fojas 435, 436 y 441 a 443). - Acuerdo de once de febrero pasado, a través del cual, hizo del conocimiento al referido Juez Primero Familiar de Morelia, Michoacán, que otorgó la intervención respectiva al perito propuesto por la parte demandada en el desahogo del mencionado medio de convicción, solicitando le informara a éste la fecha fijada para tal efecto (fojas 436 y 440). Ante tales circunstancias, se estima que la autoridad responsable cumplió con las exigencias precisadas en los efectos de la concesión del amparo. Lo anterior es así porque en primer lugar se dejó insubsistente la resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete y en su lugar se dictó otra en la que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo declaró infundado el recurso de revocación planteado por la demandada; asimismo, entre las determinaciones que se consideraron necesarias para que el desahogo de la pericial de que se trata se lleve a cabo lo más pronto posible se giró exhorto al juez que auxiliará en tal desahogo utilizando el fax, en el que se implementó la mecánica y logística para la preparación y desahogo de la prueba en comento, y si bien es cierto que si por alguna razón no imputable al juez responsable no se llevó a cabo en la fecha y hora señaladas, se estará en aptitud de señalar nueva fecha para tal efecto. Por tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, se declara que LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO SE ENCUENTRA CUMPLIDA, sin excesos ni defectos. Con lo anterior, dése vista a las partes, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la ley de la materia.
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