Alberto Torres Caballero

Expediente 18/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
18/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
22/02/2019

Partes del expediente

  • Alberto Torres Caballero

Actuaciones

  1. Principal

    III. En veintidós de febrero de dos mil diecinueve, el Secretario da cuenta al Juez, con: a) La circunstancia de que ha concluido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera mediante el recurso de queja, que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de esa legislación, el proveído de dieciocho de enero del año en curso, en que se desechó la demanda de garantías, promovida por Alberto Torres Caballero, el cual transcurrió del quince al veintiuno de febrero que transcurre, sin contar el dieciséis y diecisiete por ser inhábiles, sin que lo haya hecho. b) De igual forma, se hace constar que no se recibió escrito alguno tendente a combatir dicho proveído, lo cual se constató en el libro de correspondencia que se lleva en la Oficialía de Partes de este juzgado. c) El Secretario hace constar que el quejoso exhibió junto con su escrito de demanda dos documentos originales. Doy fe.Uruapan, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: A la fecha, se advierte que ha concluido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera mediante el recurso de queja, que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de esa legislación, el proveído de dieciocho de enero del año en curso, en que se desechó la demanda de garantías promovida por Alberto Torres Caballero, como se desprende de la certificación de cuenta, sin que lo hubiese recurrido. En consecuencia, de conformidad con el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. En términos del punto décimo primero, párrafo tercero del capítulo tercero del referido Acuerdo General, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, comparezca ante este juzgado, con identificación fehaciente, en día y hora hábiles de labores, a efecto de recoger los documentos exhibidos con el escrito inicial de demanda; en el entendido que de no recogerlos en el plazo indicado, podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    III. Agréguese el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, devuelve sin diligenciar el despacho 14/2019 C.O. 165/2019, enviado a efecto de notificar al quejoso Alberto Torres Caballero, el proveído de dieciocho de enero del año en curso, en que se desechó de plano la demanda de amparo. Dése de baja dicho comunicado y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora de la razón levantada por el Actuario adscrito al Juzgado Segundo de que se trata, se advierte que no le fue posible notificar el proveído de dieciocho de enero del año en curso, al quejoso Torres Caballero, toda vez que al constituirse en la Avenida Constitución de 1917, asentó: ". encontrándome en referida avenida, la suscrita hago constar que los inmuebles que hay sobre este lugar la mayoría son negocios, los cuales tienen marcados sus números exteriores, pero no indica ninguno como manzana ni lote, por lo que procedo a dar un minucioso recorrido y procedo preguntar a vecinos del lugar, uno de ellos el señor SABINO NAVARRETE quien me informa que él tiene aproximadamente unos 30 años en este lugar, y al preguntar en dónde puedo localizar la manzana y lote que se indica o bien me informe en donde se localiza el quejoso ALBERTO TORRES CABALLERO, manifiesta que sobre esta avenida no está plasmada por manzana ni mucho menos por lote, eso era antes, porque actualmente todos los negocios tienen marcados su numeración, y no conoce a la persona por la cual se pregunta; por lo que recorro de nuevo dicha avenida y pregunto en una refaccionaria con el señor ALBERTO VALENCIA a quien pregunto si conoce en donde se ubica la manzana y lote que se busca e indica que, sobre esta avenida los locales no están marcados por manzanas ni lotes, y que la persona que se busca no la conoce que él tiene aproximadamente unos 25 años en este lugar, procedo recorrer toda la avenida la cual no es grande y pregunto en diferentes negociaciones sobre la localización del quejoso, pero nadie me da razón de él, ya que manifiestan que no lo conocen o bien me indican que les diga qué tipo de negocio tiene, uno de los vecinos el cual tiene un taller mecánico quien responde al nombre de MARIO pero no proporciona sus apellidos e indica que no conoce a la persona por la cual se pregunta, y que el domicilio que se proporcionó no es el actual, sugiere que me dirija al H. Ayuntamiento al Departamento de Catastro ya que ahí tienen los planos antiguos a ver si pueden proporcionar el domicilio actual de la persona que se busca, y como es conocido de toda la comunidad que en estos momentos se encuentra el H. Ayuntamiento tomado por los maestros, se sabe que el día de mañana van a soltar, dada tal circunstancias la suscrita procedo retirarme del lugar, se levanta la presente para que surta los efectos legales a que haya lugar."; y, ". encontrándome afuera del H. Ayuntamiento la suscrita hago constar que en varias entradas al inmueble se encuentran grupos de personas, procedo introducirme al referido inmueble para dirigirme al Departamento de Catastro, pero se observa que en todas las oficinas que hay en mencionado lugar, se encuentran cerradas y selladas con un papel que a la letra dice "Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación" (SNTE); y toda vez que aún se encuentra tomadas las oficinas del H. Ayuntamiento, la suscrita me encuentro imposibilitada de llevar acabo la notificación que se me encomienda Consecuentemente, con apoyo en el artículo 2927, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquese a la parte quejosa la notificación del proveído de que se trata, por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado federal; así como las subsecuentes que le sean ordenadas de carácter personal, hasta en tanto designe domicilio en esta ciudad para tal efecto.

  3. Principal

    III. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Téngase a Alberto Torres Caballero, promoviendo demanda de amparo contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán y otra autoridad; por lo que se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 18/2019-III; se comisiona al Secretario la revisión de integración de los expedientes. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. ACTO RECLAMADO Apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desprende que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: "1.- De las autoridades responsables, SE RECLAMA EL CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, que pretende ejercitar la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS y/o COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DISTRIBUIDOR DE SERVICIOS BÁSICOS, en contra de la suscrita, en su domicilio ubicado en Avenida Constitución de 1917 manzana 4 Lote 2 centro lázaro cárdenas, Michoacán, contenido en el aviso-factura de energía eléctrica número de servicio 169 140 505 379." En ese sentido, la demanda intentada no es procedente y en consecuencia se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 5°, fracción II, este último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Se expone tal consideración, porque con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Para analizar la procedencia de la demanda de amparo, procede analizar el siguiente criterio: Tesis: 2a. XLII/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009790 1 de 1 Segunda Sala Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I Pag. 1183 Tesis Aislada (Civil) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común. Del criterio invocado se advierte que a partir de una nueva reflexión, las cuestiones relativas al suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares son de naturaleza comercial, por lo que las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben ventilarse en la vía mercantil. Para arribar a tal conclusión llevó a cabo una interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio. Para efectos ilustrativos conviene incluir la transcripción de los mencionados preceptos legales, los cuales a la letra dicen: "CÓDIGO DE COMERCIO. "Artículo 1,049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4°, 75 y 76, se deriven de los actos comerciales." (.) "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: I. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados; II. Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial; III. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles; IV. Los contratos relativos a obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio; V. Las empresas de abastecimientos y suministros; VI. Las empresas de construcciones, y trabajos públicos y privados; VII. Las empresas de fábricas y manufacturas; VIII. Las empresas de transportes de personas o cosas, por tierra o por agua; y las empresas de turismo; IX. Las librerías, y las empresas editoriales y tipográficas; X. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de ventas en pública almoneda; XI. Las empresas de espectáculos públicos; XII. Las operaciones de comisión mercantil; XIII. Las operaciones de mediación en negocios mercantiles; XIV. Las operaciones de Bancos; XV. Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior; XVI. Los contratos de seguros de toda especie, siempre que sean hechos por empresas; XVII. Los depósitos por causa de comercio; XVIII. Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos; XIX. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, entre toda clase de personas; XX. Los vales u otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio; XXI. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil; XXII. Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio; XXIII. La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo; XXIV. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial." En ese contexto, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, en el caso del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares debe entenderse que el mismo es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía mercantil. Asimismo, también es de tomarse en cuenta la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, donde se crea una nueva figura jurídica, la de empresa productiva del Estado, de carácter empresarial y con un régimen nuevo, distinto y separado al de las empresas paraestatales. Dicha reforma redefinió lo que debe entenderse por servicio público de energía eléctrica, conservando sólo las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica como actividades estratégicas del Estado. Se modifica la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad, la cual dejó de ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, para ser una empresa productiva del Estado, a partir del catorce de octubre de dos mil catorce, de conformidad con los artículos 2 y primero, segundo y tercero transitorios de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto, se precisa que las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica pasan a ser servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, actos que de acuerdo al nuevo marco jurídico vigente se consideran de naturaleza mercantil, por lo cual se rigen por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal. En este sentido, las autoridades señaladas por el quejoso en su escrito inicial de demanda como Comisión Federal de Electricidad y Jefe del Departamento Comercial de Zona de la Subgerencia Comercial Divisional Centro Occidente, no son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, ya que el acto que se les reclama, consistente en la posible orden de corte de energía eléctrica en el domicilio ubicado en Avenida Constitución de 1917, manzana 4, lote 2, Centro de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se trata de actos generados por la Comisión Federal de Electricidad, como empresa productiva del Estado, dentro del procedimiento de comercialización de la energía eléctrica, la cual dejó de ser una actividad exclusiva del Estado, por disposición constitucional. De esta manera, se trata de un acto de naturaleza mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no un acto de autoridad. En efecto, la Comisión Federal de Electricidad era un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, la planeación del sistema eléctrico nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituía un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva y que se encuentra regulada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada, por lo que todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica, son de orden público y se entendían desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio y, a partir de ello, contra los actos que emite la citada Comisión en la prestación del servicio público de energía eléctrica, procede el recurso de revisión conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Empero, lo que motivó a la actual integración de la Segunda Sala del Alto Tribunal, a interrumpir el criterio contenido en la siguiente tesis: Tesis: 2a. CVII/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007679 1 de 1 Segunda Sala Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I Pag. 1095 Tesis Aislada (Administrativa) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO DEBEN CONSIDERARSE COMO CELEBRADOS ENTRE PARTICULARES, SINO COMO VERDADEROS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. Conforme a los artículos 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada y 43 de su Reglamento, así como de la disposición general cuarta del Manual de disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica destinada al servicio público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2013, en la suscripción del contrato de suministro de energía eléctrica no existe un plano de igualdad y, por tanto, no se genera una relación de coordinación. Lo anterior es así, si se toma en consideración que los formatos de contratos señalados son aprobados por la Secretaría de Economía, con visto bueno de la de Energía, dependencias de la Administración Pública Federal centralizada que disponen y ordenan su contenido, sin que puedan modificarse ni alterarse; que las obligaciones derivadas de la contratación, como lo relativo a facturación, prepago de energía eléctrica, medición, contenido del aviso-recibo, periodos de consumo y demás conceptos relacionados con la venta de energía eléctrica, estarán contemplados en el Manual citado, sin que el usuario pueda sugerir alguna modificación; y que los aspectos relacionados con la tarifa aplicable, garantías de duración de contrato, fecha límite de pago, horario de suministro, casos de suspensión, requisitos para la reanudación del servicio, responsabilidades del suministrador por interrupción del servicio, causas de modificación o terminación del contrato, y la autorización expresa del usuario para que se realicen revisiones y verificaciones, constituyen condiciones del contrato que derivan, no de la voluntad de la Comisión Federal de Electricidad, ni del usuario, sino de la Ley mencionada y de su Reglamento. En ese tenor, si en la suscripción del contrato de suministro de energía eléctrica el usuario se somete a las condiciones dictadas por la Secretaría de Economía, con visto bueno de la de Energía, y que derivan de la ley, sin posibilidad de negociación, se concluye que dichos contratos deben considerarse como verdaderos contratos administrativos. Lo fue bajo el matiz de que acorde a la interpretación armónica de lo previsto en los artículos 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común. Por lo tanto, el acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad no puede reputarse de autoridad. A fin de demostrar lo anterior, es menester examinar la reforma constitucional en materia energética y de las Leyes Federales que de ahí siguieron, por la trascendencia que tienen para la resolución del asunto. Pues bien, el veinte de diciembre de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional de los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto, y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo que sigue: "Artículo 25. [.] El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar. [.] Artículo 27. [.] En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. [.] Artículo 28. [.] No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado. [.].". El artículo segundo transitorio de la citada reforma dispone: "Segundo. La ley establecerá la forma y plazos, los cuales no podrán exceder dos años a partir de la publicación de este Decreto para que los organismos descentralizados denominaos Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado. En tanto se lleva a cabo esta transición, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan facultados para recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 que se reforma por este Decreto. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad podrá suscribir los contratos a que se refiere el párrafo sexto del artículo 27 que se reforma por virtud de este Decreto. [.].". De conformidad con las normas transcritas, la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, son actividades exclusivas de la Nación respecto de las cuales no se otorgarán concesiones. Sin embargo, podrán celebrarse contratos con los particulares para que participen en las demás actividades de la industria eléctrica. El Poder Reformador de la Constitución habilitó al legislador para regular la forma y plazos para que el organismo descentralizado denominado Comisión Federal de Electricidad se convirtiera en empresa productiva del Estado, así como lo relativo a su administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebre. Lo expuesto evidencia que la reforma constitucional mencionada dispuso la transformación de la Comisión Federal de Electricidad, de organismo público descentralizado a empresa productiva del Estado, así como la participación de los particulares en las actividades de la industria eléctrica distintas a la planeación y control del sistema eléctrico nacional y al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, las que desarrollará exclusivamente la Nación. Amerita destacarse que previamente a la citada reforma, el artículo 27, párrafo sexto, de la Constitución Federal, disponía que correspondía exclusivamente a la Nación: generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica, y que en esa materia no se otorgarían concesiones, sin establecer, como se hizo en el texto reformado, la posibilidad de la participación de los particulares en el desarrollo de las actividades distintas a la conducción y distribución. Posteriormente, el once de agosto de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la cual establece en su artículo 1o. que su objeto es regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado, Comisión Federal de Electricidad, así como establecer su régimen especial en materia de: empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, remuneraciones, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, bienes, responsabilidades, dividendo estatal, presupuesto y deuda. Los artículos primero a tercero transitorios del citado ordenamiento establecen: "PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y conforme al Transitorio Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto siguientes. SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan a la misma, excepto por lo dispuesto en los Transitorios Sexto y Décimo Cuarto siguientes. TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le corresponden, excepto los explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica." [Énfasis añadido]. De los preceptos transcritos se desprende que dicha legislación entraría en vigor el día siguiente a que se designara el nuevo Consejo de Administración, con lo cual se derogarían las disposiciones legales y administrativas contrarias a sus postulados y, a la par, se transformaría la Comisión Federal de Electricidad, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado. Ahora bien, de la consulta a la dirección electrónica http://www.cfe.gob.mx/consejo/Style%20Library/assets/pdf/Acta-CA-sesion131014.pdf, se extrae que en sesión de trece de octubre de dos mil catorce, el Presidente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad declaró legalmente instalado el citado Consejo, por lo que, al darse la condición suspensiva a que estaba sujeta la entrada en vigor del ordenamiento legal en consulta, inició su vigencia el día siguiente, esto es, el catorce de octubre del año en cita. En consecuencia, como se dijo, por ministerio de ley la Comisión Federal de Electricidad se transformó en empresa productiva del Estado y se derogaron todas las disposiciones legales y administrativas que opuestas al contenido de dicho ordenamiento, verbigracia, las que la reconocían como un órgano de la administración pública federal descentralizada. El once de agosto de dos mil catorce, también se publicó la Ley del Servicio de Energía Eléctrica, la cual tiene por objeto regular la planeación y control del sistema eléctrico nacional, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. Los artículos primero y segundo del régimen de transición, disponen: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en los siguientes artículos. Segundo. Con la salvedad a que se refiere el párrafo siguiente, se abroga la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1975 y se derogan las demás disposiciones que se opongan al presente Decreto. El Capítulo II de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como todas aquellas disposiciones que tengan por objeto la organización, vigilancia y funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad, seguirán siendo aplicables hasta en tanto no entre en vigor la nueva Ley que tenga por objeto regular la organización de la Comisión Federal de Electricidad. Los permisos y contratos de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, pequeña producción, importación, exportación y usos propios continuos otorgados o tramitados al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica continuarán rigiéndose en los términos establecidos en la citada Ley y las demás disposiciones emanadas de la misma, y en lo que no se oponga a lo anterior, por lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica y sus transitorios.". Con motivo de lo dispuesto en las citadas normas de tránsito, el ordenamiento en comento entró en vigor el doce de agosto de dos mil catorce, fecha en la que quedó abrogada parcialmente la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la que finalmente se abrogó en su totalidad el catorce de octubre de dos mil catorce, en que, como se dijo, entró en vigor la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Precisado lo anterior, es menester traer a cuenta el contenido de los artículos 3o., 7o., 82, 83 y 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que indican: "Artículo 3o. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. Artículo 7o. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda. Artículo 82. Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa. Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable. Artículo 83. En contra del fallo que adjudique el contrato procederá: I. El recurso de reconsideración ante la instancia colegiada que se determine en el Estatuto Orgánico, y conforme al procedimiento que establezca el Reglamento de esta Ley, o II. La acción jurisdiccional que corresponda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Contra las demás resoluciones emitidas durante el concurso no procederá instancia ni medio ordinario de defensa alguno y, en caso de alguna irregularidad en tales resoluciones, éstas podrán ser combatidas con motivo del fallo. Una vez adjudicado y firmado un contrato, todas las controversias que surjan relativas a su interpretación o cumplimiento serán competencia de los tribunales competentes del Poder Judicial de la Federación, salvo que se haya pactado un medio alternativo de solución de controversias. Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte. Tratándose de actos jurídicos o contratos que surtan sus efectos o se ejecuten fuera del territorio nacional, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto." [Resaltado agregado]. De lo copiado se obtiene que el legislador dispuso expresamente que los actos que emita la Comisión Federal de Electricidad le son aplicables las legislaciones mercantil y civil. Asimismo, se observa que, excepcionalmente, los actos emitidos dentro del procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa, motivo por el cual son impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. El resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos que suscriba diversos a los señalados con antelación -en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras-, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en la materia, o bien, a través de los mecanismos de solución de conflictos, tales como el arbitraje, que pacten las partes. De lo que se sigue que dicho conflicto no puede considerarse como surgido de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio, pues de lo contrario, en caso de que el acto pudiera reputarse como autoritario, los tribunales antes citados no podrían conocer de la contienda respectiva. La anterior aseveración se corrobora con el contenido del artículo 5o., segundo párrafo, de la citada Ley de la Industria Eléctrica, publicada el once de agosto de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, que dice: "En lo no previsto por esta Ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal", así como del contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en cuyo apartado 4, "Marco jurídico flexible, bajo principios de derecho privado y de mínima regulación", se estableció lo siguiente: "Uno de los retos más importantes en el diseño del marco regulatorio de las empresas productivas del Estado es la necesidad de que a una institución de origen público, le sea aplicable el derecho privado. Dicho reto no es menor, considerando que no estamos creando nuevas empresas, sino que estamos transformando dos organismos ya existentes y de gran tamaño, que por décadas han funcionado y se han comportado como dependencias gubernamentales. La máxima de que "lo que no está prohibido está permitido" que aplica generalmente a cualquier empresa privada, no tiene cabida actualmente ni en Petróleos Mexicanos ni en la Comisión Federal de Electricidad; por el contrario, se rigen por el principio de legalidad, pues solo pueden realizar lo que la Ley expresamente les autoriza. Todo ello, a raíz de la forma en que vienen operando ambos organismos, los criterios judiciales que se han emitido e incluso la forma en que los órganos de fiscalización han realizado sus auditorías y emitido sus observaciones. Es por ello que la transformación que se propone para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad es de gran calado, pues se plantea transformar en su totalidad el régimen jurídico al que están sujetas, alejándolas, en lo máximo posible, del sector público, y acercándolas al sector privado. De esta manera, de aprobarse la presente iniciativa, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad estarán sujetas, en primer término, a lo dispuesto en sus respectivas Leyes, sus reglamentos y las disposiciones que deriven de dichos ordenamientos, tales como la normatividad que emitan sus respectivos Consejos de Administración. En segundo término, y donde se introduce el verdadero cambio de paradigma, el derecho civil y mercantil serán supletorios. Es decir, no se acudirá más a la legislación administrativa para colmar las lagunas sobre el funcionamiento de las empresas, como ahora ocurre. No será aplicable la Ley Federal de las Entidades Paraestatales ni su reglamento. No será supletoria la legislación sobre contrataciones públicas. Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se regirán, como cualquier empresa privada, por lo señalado en sus "estatutos sociales" (en este caso sus respectivas Leyes) y por las demás disposiciones del derecho mercantil y civil. Lo anterior significa que, a partir de su trasformación, nuestras empresas estatales deberán operar bajo principios de derecho privado y no público; situación que, de igual forma, deberán tomar en cuenta los órganos fiscalizadores competentes y los distintos órganos jurisdiccionales, al ejercer sus respectivas atribuciones [.].". Pues bien, de todo lo expuesto hasta este momento, pueden extraerse las siguientes ideas: I. Atendiendo al contenido de la reforma energética, una vez que inició la vigencia de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, lo que acaeció el catorce de octubre de dos mil catorce, por ministerio de ley, la citada Comisión dejó de formar parte de la administración pública federal descentralizada y se convirtió en una empresa productiva del Estado; II. Como resultado de lo anterior, los conflictos derivados de los contratos de suministro de energía eléctrica celebrados entre la Comisión y los usuarios, diversos a los pactados en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, en materia civil o mercantil, según corresponda; III. Ante tal escenario, los actos desplegados por la Comisión al tenor de un contrato de suministro de energía eléctrica, tales como el corte o suspensión del servicio por la existencia de adeudos por consumo, no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por cuanto ahora se regulan por el derecho privado, ni considerarse equivalentes a los de autoridad, por cuanto no derivan de una relación de supra a subordinación. Aplicados los razonamientos anteriores al caso, queda de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo, cuyo acto reclamado se hace consistir en el corte de suministro de energía eléctrica relativo al servicio 169 140 505 379, correspondiente al domicilio ubicado en Avenida Constitución de 1917, manzana 4, lote 2, Centro de Lázaro Cárdenas, Michoacán, toda vez que como quedó puntualizado, tal acto de molestia no es de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es así porque como se explicó, la reforma constitucional en la que el quejoso basa su planteamiento, y a la que se ha hecho referencia, dispuso la transformación de la Comisión Federal de Electricidad, de organismo público descentralizado a empresa productiva del Estado, de modo que los actos que despliega, derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos con los usuarios para suministrarles el servicio de energía eléctrica, son regulados por el derecho privado, es decir, no pueden reputarse como de autoridad. Sin que se soslaye el contenido de la tesis de Jurisprudencia de rubro y texto: Tesis: 2a./J. 54/2012 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011888 1 de 1 Segunda Sala Libro 31, Junio de 2016, Tomo II Pag. 829 Jurisprudencia (Común) AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." Ello, en razón de que el supuesto que la originó es distinto al que motiva el acto reclamado en el juicio en que se actúa; esto es, en ese caso se trata del acuerdo de fijación de tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica, lo que pone de manifiesto que los efectos de ese acto no derivan de un acuerdo de voluntades celebrado previamente entre partes en calidad de particulares, como en la hipótesis contenida en la demanda que se desecha en este auto; sino que se trata de un acto emitido de manera autónoma, sin que para ello exista previamente un convenio o acuerdo de voluntades, como en el caso concreto donde existe la contratación del servicio de energía eléctrica, lo que de suyo implica que en el supuesto de la referida tesis, pudiera actualizarse un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, lo que en el caso no acontece, como se explicó en párrafos precedentes. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, con relación al artículo 5º, fracción II, párrafo primero (interpretados a contrario sensu), procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Alberto Torres Caballero. AUTORIZACIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS A LAS PARTES. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de la parte quejosa que a partir de esta fecha se le permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. DOMICILIO Y AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como autorizados para oír y recibir notificaciones, imponerse de los autos, así como para recibir documentos (título de crédito), de conformidad con el párrafo segundo, última parte, del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Federico Ávila Morales, Jorge Díaz Sámano y Rubén Ortiz Serna, toda vez que así lo solicita. Ahora, toda vez que el domicilio proporcionado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones no pertenece a esta ciudad, con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal, ordene a quien corresponda, notifique el presente auto a Alberto Torres Caballero, por sí o por conducto de sus autorizados, en el domicilio ubicado en Avenida Constitución de 1917, manzana 4, lote 2, Centro, de la citada población. De igual manera, lo prevenga para que en ese acto, o bien, dentro de los tres días siguientes a éste, precise domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, donde oír y recibir notificaciones, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes le serán ordenadas, aún las de carácter personal, por medio de lista, tal como lo establece el precepto legal 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Con la indicación que desde este momento se habilitan días y horas inhábiles en caso de ser necesario, para la práctica de dicha diligencia; de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo.

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