Alberto Villalobos Garcia
Expediente 810/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 810/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Alberto Villalobos Garcia
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a quince de junio de dos mil veintidós. Visto, del estado de autos, y en específico de las constancias remitidas por las autoridades responsables Servicios de Salud de Zacatecas, con la finalidad de dar cumplimiento al fallo protector, se advierte que la misma fue remitida de forma incompleta, lo anterior es así ya que como se advierte de los efectos de la sentencia de amparo, fueron para lo siguiente: "Para las autoridades responsables Servicios de Salud de Zacatecas y Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de Zacatecas: ? En el ámbito de sus atribuciones y bajo su más estricta responsabilidad, deberán dictar un acuerdo administrativo en el que se ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto de que le sea proporcionado a la quejosa ********************el tratamiento médico de hemodiálisis que requiere, de manera gratuita, con la continuidad y periodicidad que dictamine su médico tratante y mientras no exista una prescripción médica distinta, así como las medicinas e insumos médicos que se requiera hasta el total restablecimiento de su salud, proporcionándole el trato digno y respetuoso que requiere. ..." lo resaltado no es de origen Por lo que respecta a los Servicios de Salud de Zacatecas, por oficio registrado con folio 5664, remite el diverso oficio 300/2022, por el que gira instrucciones al Director de la Unidad de Especialidad Médica de Hemodiálisis, en el cual se advierte las instrucciones dadas para ejercer las medidas necesarias a efecto de que le sea proporcionado a la quejosa ********************el tratamiento médico respectivo; sin embargo, no remite constancia con la que se pueda acreditar que dicho oficio fue entregado a la referida autoridad, lo anterior para que este en aptitud de su debido acatamiento. Requerimiento que se le realizó por con anterioridad por auto de veinte de abril del año en curso; sin que a la fecha haya dado cumplimiento. En consecuencia, se requiere nuevamente a Servicios de Salud de Zacatecas, para que dentro del término de veinticuatro horas, legalmente computadas, de debido cumplimiento a la ejecutoría de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización vigente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. ...
- Principal
... DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna causa de manera manifiesta e indudable, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." En el caso, el juicio de amparo deviene improcedente, respecto de los actos y autoridad siguientes: Del secretario general de acuerdos del Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas: "1. La Constancia emitida por la autoridad responsable mediante la cual señala los antecedentes penales que ahí señala, emitida en fecha veintidós de mayo de dos mil veintidós." Respecto de dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.)". La anterior transcripción, evidencia la improcedencia del juicio de amparo, cuando se reclaman actos emitidos por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Entonces, como ya se dijo, el acto reclamado consiste en la constancia de antecedentes penales a nombre del quejoso, emitida por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Sin embargo, el artículo 116 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece: "ARTÍCULO 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con:I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, yV. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad." Como se aprecia, el numeral transcrito establece la figura de la controversia ante el Juez de Ejecución Penal, por medio de la cual se establece su competencia para conocer, entre otros supuestos, de las controversias relacionadas con la duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos. Así, dado que la constancia reclamada es uno de los efectos de la extinción de la pena, es evidente que previamente a instar el juicio de amparo indirecto, el quejoso debe agotar dicho medio de impugnación, pues éste puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Ilustran a lo anterior el criterio siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONTRA LA EMISIÓN DE LA CONSTANCIA DE ANTECEDENTES PENALES SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA, PUES EL QUEJOSO DEBIÓ AGOTAR EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la emisión de la constancia de antecedentes penales por el titular de la Unidad Estatal de Antecedentes Penales de la Fiscalía General de Chihuahua. El Juez de Distrito negó la protección federal y, en su contra, interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad, pues previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto contra la emisión de la constancia de antecedentes penales, el quejoso debió agotar el medio de impugnación previsto en el artículo 116 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 116 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece la figura de la controversia ante el Juez de Ejecución Penal, por medio de la cual se establece su competencia para conocer, entre otros supuestos, de las controversias relacionadas con la duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos; por tanto, al constituir la constancia reclamada uno de los efectos de la extinción de la pena, es evidente que previamente a instar el juicio de amparo indirecto el quejoso debió agotar dicho medio de impugnación, pues éste puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." De ahí que al no haber hecho valer el medio de defensa que la legislación ordinaria prevé para el caso concreto y, por ende, al no haber agotado el principio de definitividad, es que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por analogía e identidad de razón, la jurisprudencia l.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "AMPARO: PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE. DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. . La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por todo lo anterior, además de proporcionar efectividad al derecho de acceso a la justicia pronta del quejoso, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, se concluye que la demanda de amparo debe desecharse al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo el criterio de contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES INDUDABLE Y MANIFIESTACUANDO SE PROMUEVE CONTRA LA NEGATIVA DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE SALUD EN LA QUE EL QUEJOSO PRESTA SUS SERVICIOS COMO TRABAJADOR, A OTORGARLE UNA LICENCIA CON GOCE DE SUELDO, AL NO TENER AQUÉLLA EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. De la interpretación de los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que quedan excluidas como autoridades responsables, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, aquellas instituciones a quienes se les reclama algún acto derivado de la relación de trabajo con el quejoso, pues éste se da en un plano de coordinación, en función de la relación obreropatronal que los une, por lo que de los artículos citados se advierte que no reúne las características para reclamarse en el juicio de amparo indirecto. Por tanto, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio promovido contra la negativa de la institución pública de salud en la que el quejoso presta sus servicios como trabajador, a otorgarle una licencia con goce de sueldo, al no tener aquélla el carácter de autoridad responsable." USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Aparo a Amuraby Gutiérrez Torres (6948438) y Javier Medina Medina (2264370), sí tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, en términos de los artículos 77 a 81 del Acuerdo General número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al usuario "amuraby", a consultar el expediente electrónico, así como a notificarse electrónicamente de las resoluciones jurisdiccionales que se emitan en el presente juicio de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente. ...
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