Alberto Venegas Aguilar
Expediente 955/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 955/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 04/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Alberto Venegas Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
El cuatro de junio de dos mil dieciocho, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de diecisiete de mayo del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, se ordenó su archivo y se determinó que su valoración se efectuaría con posterioridad. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...
- Principal
El suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del veinticuatro de abril al ocho de mayo del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el once de abril del año en curso, dentro del juicio de amparo número 955/2017-5; No se tramitó incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en fecha once de abril de dos mil dieciocho, en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En el entendido de que la valoración del expediente en que se actúa, se efectuará con posterioridad. Notifíquese. (...)
- Principal
El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta con el oficio registrado con el folio 7827, así como con los anexos que se acompañan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, en el que emitió la sentencia constitucional respectiva; asimismo, este juzgado se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014. Acúsese el recibo de estilo al órgano jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan del sentido en el que la misma se pronunció. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. Notifíquese; y personalmente a las partes." "San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 955/2017, promovido por Alberto Venegas Aguilar, contra actos de la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO [Presentación de la demanda]. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecisiete [foja 2], en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, Alberto Venegas Aguilar solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: Autoridad responsable: Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Villanueva, Zacatecas. Acto reclamado: Auto de vinculación a proceso de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 20/2017. La parte quejosa señaló como preceptos constitucionales vulnerados, los artículos 1, 14, 16, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO [Admisión de la demanda]. Por auto de siete de noviembre de dos mil diecisiete [fojas 24 a 27], el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, admitió a trámite la demanda de garantías; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó nueve de enero de dos mil dieciocho conforme al acta que obra a foja 73. TERCERO [Recepción del juicio de amparo en el juzgado auxiliar]. Mediante oficio 22/2018 de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre; en cumplimiento al oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; remitió el juicio de amparo 955/2017, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Primero de Distrito del citado Centro Auxiliar, a fin de que se emita la sentencia correspondiente. CUARTO [Radicación en el juzgado auxiliar]. En auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, este Juzgado Primero de Distrito Auxiliar tuvo por recibido el juicio de amparo indicado, que para efectos de registro de este órgano auxiliar se radicó con el número 134/2018-III, y se acusó el recibo respectivo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO [Competencia]. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 33 fracción IV, 35, 107, 108, 112 de la Ley de Amparo; en el Acuerdo General 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como de conformidad con el oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se determinó otorgar auxilio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre. SEGUNDO [Precisión de los actos reclamados]. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligación del Juez de Distrito de analizar la demanda de garantías en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa que el acto reclamado en el presente asunto es: El auto de vinculación a proceso dictado el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, en autos del proceso penal 20/2017, por el delito de privación ilegal de la libertad, en agravio de Angélica María Rivera Quiroz y del menor de apellidos Venegas Rivera [fojas 35 a 42]. Acto que reclama a la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas. En lo que a la precisión de los actos reclamados se refiere, sirve de apoyo el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO [Registro No.181810. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Abril de 2004. Página: 255. Tesis: P. VI/2004. Tesis Aislada. Materia(s): Común], en el cual estableció que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, e incluso a la totalidad del expediente del juicio, a fin de atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. TERCERO [Certeza de actos]. Es cierto el acto que se reclama a la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, en la causa penal 20/2017, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado [foja 32]. Certeza que además se corrobora con las copias certificadas de la causa penal 20/2017, un tomo anexo, y con los discos compactos remitidos por la juez responsable, a los que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO [Estudio de fondo]. Al no advertir que se actualice alguna causa de improcedencia, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por el quejoso, los que se contienen en el escrito de demanda de amparo, y que en este apartado se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, ya que no existe obligación de transcribirlos, ello con apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" [Registro No. 164618. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Página: 830. Tesis: 2a./J. 58/2010. Jurisprudencia. Materia(s): Común]. El solicitante del amparo expresó los conceptos de violación que enseguida se sintetizan: I. Que la juez de control dejó de tomar en consideración que no existen datos de prueba que lo vinculen a proceso, ya que no existió elemento de presión ni elemento que acredite que el quejoso tuviese contra su voluntad a los ofendidos. II. Que se acreditó en la audiencia que los datos de prueba expuestos por la fiscalía, corresponden a una diversa carpeta de investigación que se le inició por el delito de violencia familiar la cual se encuentra en suspensión condicional, razón por la que la juez de control no debió de tomar en cuenta dichos datos de prueba. III. Que la juez de control de manera indebida tomó en cuenta la declaración de Marielena Aguilar Torres, toda vez que nunca se le hizo saber si tenía derecho o no a declarar, además que la referida ateste rindió su testimonio respecto del delito de violencia familiar no así por el de privación ilegal de la libertad. IV. Que la juez de control perdió de vista que en ningún momento mantuvo privado de la libertad a su menor hijo, ya que no existe restricción alguna para verlo ya que cuenta con la patria potestad del menor. V. Que la fiscalía en ningún momento expuso que se le vinculara por hechos cometidos en agravio de su menor hijo, pues lo único que manifestó fue una serie de pláticas porque los familiares no quisieron ser entrevistados. QUINTO [Análisis sistemático de los conceptos de violación]. Previamente debe destacarse que del disco versátil digital y de la versión escrita remitida por la autoridad responsable [fojas 35 a 42 del juicio de amparo], se obtiene que el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la Juez responsable, con los datos de prueba que fueron expuestos por la fiscalía, dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso, por el delito de privación ilegal de la libertad, el cual se encuentra previsto y sancionado por el artículo 265, fracción I, del Código Penal del Estado de Zacatecas; precepto que dispone: "265.- Se aplicarán de tres a siete años de prisión y multa de veinte a setenta y cinco cuotas: I.- Al que ilegalmente prive a otro de su libertad personal (.)". Ahora bien, con los datos de prueba que fueron expuestos por la fiscalía en la audiencia de formulación de imputación, se estima jurídicamente correcto que la Juez responsable haya emitido auto de vinculación a proceso contra el aquí quejoso, pues al efecto tomó en consideración la denuncia hecha por la madre de la ofendida Martha Quiroz Quiroz [minutos 5:49 a 07:13, disco 2/2, parte 1], lo cual adminiculó con la entrevista realizada a la testigo Marielena Aguilar Torres [minutos 09:01 a 10:55, disco 2/2, parte 1], el informe de investigación [minutos 10:56 a 11:27, disco 2/2, parte 1], el acta de cateo de fecha seis de abril de dos mil diecisiete [minutos 11:53 a 13:50, disco 2/2, parte 1], la inspección del lugar de los hechos [minutos 13:51 a 15:15, disco 2/2, parte 1], la querella de la ofendida Angélica María Rivera Quiroz [minutos 16:27 a 19:50, disco 2/2, parte 1], con los cuales de manera jurídicamente correcta arribó a la determinación de que esos datos de prueba eran suficientes, hasta esa etapa procesal, para dictar contra el aquí imputado, auto de vinculación a proceso, pues se demostró que el tres de abril de dos mil diecisiete, privó de la libertad a la ofendida y a su menor hijo, en la forma y términos que precisó la Juez responsable [fojas 36 a 41 del juicio de amparo]. En el concepto de violación sintetizado en el punto V, la parte quejosa aduce que la Juez responsable perdió de vista que la fiscal investigadora en ningún momento formuló imputación por hechos cometidos en agravio de su menor hijo. Dicho planteamiento es infundado. Lo anterior, tomando en consideración que en la audiencia celebrada el doce de octubre de dos mil diecisiete, al concederse el uso de la voz a la fiscal, ésta formuló imputación contra el aquí quejoso, por el hecho ilícito que la ley señala como el de privación ilegal de la libertad, cometido en agravio de Angélica María Rivera Quiroz y de su menor hijo [minutos 12:21 a 13:09, disco 1/1, parte 1]; de igual forma, en la continuación de la audiencia llevada a cabo el dieciocho del citado mes y año, la fiscal investigadora solicitó a la juez de control se vinculara a proceso al aquí quejoso, por el referido hecho ilícito, cometido en agravio tanto de su esposa como de su menor hijo [minutos 14:25 a 14:42, disco 1/2, parte 1] y, al exponer los datos de prueba correspondientes, precisó que los mismos eran idóneos para tener por demostrado que el imputado desplegó la conducta ilícita en contra de los dos agraviados [minutos 50:17 a 50:40, disco 1/2, parte 2]. También deviene infundado el concepto de violación sintetizado en el punto I, en el que la parte quejosa aduce que no existen datos de prueba que acrediten que la privación de la libertad se haya llevado a cabo bajo presión o que el imputado tuviese a los ofendidos contra su voluntad, pues contrario a lo que sostiene, de la querella presentada por la ofendida, se desprende que ésta refirió que el imputado se la llevó contra su voluntad al mencionar que la jaloneó del brazo y le manifestó que accediera o en caso contrario su padre tendría problemas y que al llevarla a la casa que habitaba el sujeto activo, éste en todo momento los estuvo vigilando [minutos 37:08 a 44:33, disco 1/2, parte 2], lo cual fue tomado en consideración por la juez responsable al dictar el auto de vinculación a proceso, al dar respuesta a los argumentos expresados por el defensor del aquí quejoso, al sostener que en el caso sí existió presión sobre la sujeto pasivo, dado que el imputado la jaloneó del brazo y la amenazó con ocasionarle problemas al padre de la víctima [minutos 21:05 a 22:54, disco 2/2, parte 1], lo cual se estima jurídicamente correcto, ya que esa circunstancia es suficiente para sostener que la ofendida fue privada de su libertad. Además, tal como lo sostuvo la juez responsable, la privación de la libertad se llevó a cabo en contra de la voluntad de la sujeto pasivo, al estar adminiculado con el acta de cateo levantada el seis de abril de dos mil diecisiete, en donde al ingresar la fiscal investigadora al domicilio donde se encontraba la víctima con su menor hijo, fue cuestionada si se encontraba en dicho lugar en contra de su voluntad, a lo que manifestó que sí y que el imputado al percatarse de la presencia de los policías, trató de acercarse al menor, momentos en que fue puesto en custodia de la fiscal [minutos 11:53 a 13:50, disco 2/2, parte 1]. Por ende, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, esos datos de prueba, hasta ese momento procesal, se estiman suficientes para sostener que la ofendida y su menor hijo fueron privados de su libertad en contra de su voluntad, sin que la parte quejosa aportara medio de convicción alguno que demostrara lo contrario. En lo conducente, se cita la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2009081 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CLXIII/2015 (10a.) Página: 422 DELITOS CONTRA LAS MUJERES. ESTRECHA RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA, DISCRIMINACIÓN Y SUBORDINACIÓN POR MOTIVOS DE GÉNERO. Existe una estrecha relación entre violencia, discriminación y subordinación. La violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. Las actitudes tradicionales conforme a las cuales la mujer es considerada subordinada del hombre o conforme a las que se considera que tiene funciones estereotipadas, perpetúan prácticas difundidas que comportan violencia o coerción, como la violencia y abuso familiares. Aunado a ello, la juez de control sostuvo que el dictamen de psicología que expuso la fiscal investigadora en la audiencia correspondiente [minutos 22:55 a 24:09, disco 2/2, parte 1], revelaba datos que evidenciaban que la sujeto pasivo sufrió alteración emocional como consecuencia de la privación de la libertad de que fue objeto por parte del imputado. En el concepto de violación sintetizado en el punto III, la parte quejosa aduce que la juez de control de manera indebida tomó en consideración la declaración de Marielena Aguilar Torres. Dicho planteamiento es infundado. Se sostiene lo anterior, pues tal como lo refiere la juez de control, dicha testigo manifestó que el tres de abril de dos mil diecisiete, recibió una llamada en donde le informaron que el imputado se había llevado a la ofendida y que no aparecían, que fue hasta las veintitrés horas de ese día cuando se enteró que aún no aparecían y que habían dado aviso a la policía ministerial; y hasta el día siguiente en que se enteró que la agraviada se encontraba con el aquí quejoso [minutos 07:46 a 08:57, disco 2/2, parte 1]. Y si bien, la mencionada ateste manifestó hechos relativos al delito de violencia familiar, esa circunstancia no desvirtúa su manifestación, puesto la mencionada testigo refirió la privación ilegal de la libertad de la ofendida, lo cual fue tomado en consideración y se estima, que es suficiente para otorgarle el valor probatorio correspondiente, tal como lo hizo la juez responsable. Además, se estima jurídicamente correcto que la juez de control haya tomado en consideración el testimonio de Marielena Aguilar Torres, pues cuando rindió su testimonio se le hicieron saber sus derechos a declarar o no, tal como lo expuso la fiscal investigadora [minutos 1:28:14 a 1:29:41, disco 1/2, parte 3 y 1:29:42 a 1:30:43, parte 4], y que reiteró la juez responsable en la audiencia correspondiente [minutos 09:01 a 10:55, disco 2/2, parte 1]. También deviene infundado el concepto de violación sintetizado en el punto II, en el que la parte quejosa aduce que la juez de control no debió tomar en consideración los datos de prueba expuestos por la fiscalía, al ser los mismos que obran en una diversa causa penal, la cual se encuentra en suspensión condicional, pues si bien en la audiencia de formulación de imputación la fiscal expuso como dato de prueba la copia certificada de la causa penal 3/2017, iniciada con motivo de la denuncia presentada por Angélica María Rivera Quiroz, por el delito de violencia familiar, el uno de diciembre de dos mil dieciséis [minutos 19:47 a 21:31, disco 1/2, parte 1] lo jurídicamente relevante es que en la misma audiencia la juez de control conminó a la fiscal para que expusiera los datos de prueba únicamente que tuviesen relación con el delito de privación ilegal de la libertad [minutos 21:38 a 22:37, disco 1/2, parte 1]. Además, no puede considerarse que se trate de los mismos datos de prueba, ya que la denuncia por el delito de violencia familiar fue presentada en el mes de diciembre de dos mil dieciséis, mientras que los hechos que se analizan en el presente juicio, acaecieron el tres de abril de dos mil diecisiete, tan es así que la denuncia de la ofendida fue presentada hasta el seis del citado mes y año, una vez que fue liberada del lugar donde se encontraba privada de su libertad [minutos 37:08 a 44:33, disco 1/2, parte 2]. Aunado a ello, la juez de control precisó que si bien fueron expuestos datos de prueba relativos a la causa penal iniciada contra el aquí quejoso por el delito de violencia familiar, lo cierto es que también precisó que esos datos eran autónomos y únicamente acreditaban que el hoy imputado ha ejercido actos violentos contra la agraviada, máxime que, hasta ese momento procesal, prevalecen los medios de convicción expuestos por la fiscalía consistentes en el acta de cateo levantada el seis de abril de dos mil diecisiete, y la declaración de la ofendida, con los que, de manera jurídicamente correcta arribó a la conclusión de que, hasta ese momento procesal, se encuentra acreditado el hecho ilícito que la ley prevé como de privación ilegal de la libertad. En el concepto de violación sintetizado en el punto IV, la parte quejosa aduce que la juez de control perdió de vista que en ningún momento mantuvo privado de la libertad a su menor hijo. Dicho planteamiento es infundado. Lo anterior, tomando en consideración que, tal como lo sostiene la juez responsable, si bien no existe una determinación en la que se haya decretado la guarda y custodia del menor en favor de la madre y por lo tanto, los dos ejercen potestad sobre el infante, lo cierto es que, al haber sido privada de la libertad la madre del niño, éste no podía desarrollarse plenamente en un ámbito de cordialidad y respeto, ni en un ambiente libre de violencia al encontrarse coaccionada su estancia [minutos 29:30 a 31:45, disco 2/2, parte 1 y 31:46 a 32:54, parte 2], lo cual se estima jurídicamente correcto. En efecto, el artículo 4º, párrafo octavo, establece que en todas las decisiones que se tomen, el Estado deberá velar por el interés superior del menor, garantizando de manera plena sus derechos, que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, en atención a que, por su falta de madurez física o mental, los menores necesitan cuidados especiales y una debida protección legal para tener una infancia feliz y un desarrollo adecuado, obligación que, en términos del párrafo noveno del citado precepto constitucional también corresponde a los padres o tutores exigir que los infantes tengan una vida plena, libre de explotación, maltrato físico, violencia, entre otros que los perjudique. Por tanto, al estar acreditado el vínculo que une al imputado con el menor ofendido, es evidente que éste tenía la obligación de asegurarle un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, es decir, tener una vida libre de violencia. De ahí que, si en el caso, hasta ese momento procesal, quedó acreditado que el hoy quejoso mantenía privada de la libertad a la madre del menor, por consecuencia el infante también estaba en las mismas condiciones, pues es evidente que en ese ambiente no podría lograr un pleno desarrollo ni emocional ni social, dado el referido estado de cosas que es contrario a lo que establece el artículo 4º Constitucional. En lo conducente, se cita la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2005919 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CVIII/2014 (10a.) Página: 538 DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS. El principio de interés superior implica que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, sino que basta con que éstos se coloquen en una situación de riesgo. Aquí conviene hacer una precisión sobre el concepto de riesgo. Si éste se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Cualquier menor está en riesgo de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Sin embargo, ésta no es una interpretación muy razonable del concepto de riesgo. Así, debe entenderse que el aumento del riesgo se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero. Aplicando tal comprensión a las contiendas donde estén involucrados los derechos de los menores de edad, y reiterando que el interés superior de la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más beneficioso para el niño, la situación de riesgo se actualizará cuando no se adopte aquella medida que resultará más beneficiosa para el niño, y no sólo cuando se evite una situación perjudicial. Por todo lo anterior, se considera que fue jurídicamente correcto que la juez responsable haya otorgado valor probatorio a los datos de prueba expuestos por la fiscalía, al quedar demostrado, hasta ese momento, que el aquí quejoso cometió el hecho señalado como delito de privación ilegal de la libertad, previsto y sancionado por el artículo 265, fracción I, del Código Penal del Estado de Zacatecas; lo que se estima suficiente, pues al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar el tipo penal aplicable, independientemente de la metodología que adopte. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2014800 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 04 de agosto de 2017 10:12 h Materia(s): (Penal) Tesis: 1a./J. 35/2017 (10a.) AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. En cuanto a la probabilidad de que el quejoso cometió el hecho ilícito o participó en su comisión, es necesario puntualizar que la emisión de un auto de vinculación a proceso sólo tiene como efectos fijar los hechos sobre los cuales se continuará el proceso, o se determinarán las formas anticipadas del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento, por lo que para su emisión, es suficiente que existan indicios razonables que permitan suponer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito [artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales], de ahí que si los datos de prueba destacados por la fiscalía, quien tiene la obligación de conducirse con lealtad y objetividad, constituyen esos indicios razonables, pues no se advierte su inverosimilitud, los cuales tomó en consideración la autoridad responsable para la emisión del auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, ello se estima suficiente para cumplir con lo establecido en el artículo 19 constitucional, tomando en consideración que el sistema penal acusatorio, establece la etapa de juicio, en la cual, atento a los principios de publicidad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, la defensa del imputado, estará en posibilidad de demostrar que los hechos atribuidos no acontecieron en los términos expuestos por la fiscalía. De modo que, en la etapa procesal de su emisión, no se prejuzga sobre la acreditación del hecho tipificado como delito ni la responsabilidad del imputado aquí quejoso, porque los datos en mención sólo son la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado, que hasta este momento, han resultado idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y su probable participación en la comisión de ese hecho. Además, no debe perderse de vista que para la emisión de un auto de vinculación a proceso, no se exige la formalización de las pruebas, es decir que los datos de prueba aportados establezcan el hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, atendiendo a su grado de certeza y no al nivel de prueba, como lo hizo la responsable; pues precisamente en la etapa de que se trata, no existe la necesidad de que se aporten y, en su caso, valoren pruebas que cumplan con determinado estándar, las cuales están reservadas para ofrecerse durante la etapa intermedia y desahogarse en el periodo correspondiente al juicio oral para ser valoradas al dictar sentencia. En tales condiciones, lo que procede es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 103, fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78, 107 fracción I, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alberto Venegas Aguilar, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expresadas en esta sentencia. Notifíquese a las partes en términos de ley, por conducto del juzgado de origen. Cúmplase."
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE 11 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON SEDE EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, Y DEL AUTO DE 16 DE ABRIL DE 2018, DICTADO POR ESTE JUZGADO FEDERAL, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta con el oficio registrado con el folio 7827, así como con los anexos que se acompañan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, en el que emitió la sentencia constitucional respectiva; asimismo, este juzgado se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014. Acúsese el recibo de estilo al órgano jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan del sentido en el que la misma se pronunció. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. Notifíquese; y personalmente a las partes." "San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 955/2017, promovido por Alberto Venegas Aguilar, contra actos de la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO [Presentación de la demanda]. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecisiete [foja 2], en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, Alberto Venegas Aguilar solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: Autoridad responsable: Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Villanueva, Zacatecas. Acto reclamado: Auto de vinculación a proceso de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 20/2017. La parte quejosa señaló como preceptos constitucionales vulnerados, los artículos 1, 14, 16, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO [Admisión de la demanda]. Por auto de siete de noviembre de dos mil diecisiete [fojas 24 a 27], el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, admitió a trámite la demanda de garantías; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó nueve de enero de dos mil dieciocho conforme al acta que obra a foja 73. TERCERO [Recepción del juicio de amparo en el juzgado auxiliar]. Mediante oficio 22/2018 de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre; en cumplimiento al oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; remitió el juicio de amparo 955/2017, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Primero de Distrito del citado Centro Auxiliar, a fin de que se emita la sentencia correspondiente. CUARTO [Radicación en el juzgado auxiliar]. En auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, este Juzgado Primero de Distrito Auxiliar tuvo por recibido el juicio de amparo indicado, que para efectos de registro de este órgano auxiliar se radicó con el número 134/2018-III, y se acusó el recibo respectivo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO [Competencia]. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 33 fracción IV, 35, 107, 108, 112 de la Ley de Amparo; en el Acuerdo General 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como de conformidad con el oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se determinó otorgar auxilio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre. SEGUNDO [Precisión de los actos reclamados]. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligación del Juez de Distrito de analizar la demanda de garantías en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa que el acto reclamado en el presente asunto es: El auto de vinculación a proceso dictado el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, en autos del proceso penal 20/2017, por el delito de privación ilegal de la libertad, en agravio de Angélica María Rivera Quiroz y del menor de apellidos Venegas Rivera [fojas 35 a 42]. Acto que reclama a la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas. En lo que a la precisión de los actos reclamados se refiere, sirve de apoyo el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO [Registro No.181810. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Abril de 2004. Página: 255. Tesis: P. VI/2004. Tesis Aislada. Materia(s): Común], en el cual estableció que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, e incluso a la totalidad del expediente del juicio, a fin de atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. TERCERO [Certeza de actos]. Es cierto el acto que se reclama a la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, en la causa penal 20/2017, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado [foja 32]. Certeza que además se corrobora con las copias certificadas de la causa penal 20/2017, un tomo anexo, y con los discos compactos remitidos por la juez responsable, a los que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO [Estudio de fondo]. Al no advertir que se actualice alguna causa de improcedencia, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por el quejoso, los que se contienen en el escrito de demanda de amparo, y que en este apartado se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, ya que no existe obligación de transcribirlos, ello con apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" [Registro No. 164618. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Página: 830. Tesis: 2a./J. 58/2010. Jurisprudencia. Materia(s): Común]. El solicitante del amparo expresó los conceptos de violación que enseguida se sintetizan: I. Que la juez de control dejó de tomar en consideración que no existen datos de prueba que lo vinculen a proceso, ya que no existió elemento de presión ni elemento que acredite que el quejoso tuviese contra su voluntad a los ofendidos. II. Que se acreditó en la audiencia que los datos de prueba expuestos por la fiscalía, corresponden a una diversa carpeta de investigación que se le inició por el delito de violencia familiar la cual se encuentra en suspensión condicional, razón por la que la juez de control no debió de tomar en cuenta dichos datos de prueba. III. Que la juez de control de manera indebida tomó en cuenta la declaración de Marielena Aguilar Torres, toda vez que nunca se le hizo saber si tenía derecho o no a declarar, además que la referida ateste rindió su testimonio respecto del delito de violencia familiar no así por el de privación ilegal de la libertad. IV. Que la juez de control perdió de vista que en ningún momento mantuvo privado de la libertad a su menor hijo, ya que no existe restricción alguna para verlo ya que cuenta con la patria potestad del menor. V. Que la fiscalía en ningún momento expuso que se le vinculara por hechos cometidos en agravio de su menor hijo, pues lo único que manifestó fue una serie de pláticas porque los familiares no quisieron ser entrevistados. QUINTO [Análisis sistemático de los conceptos de violación]. Previamente debe destacarse que del disco versátil digital y de la versión escrita remitida por la autoridad responsable [fojas 35 a 42 del juicio de amparo], se obtiene que el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la Juez responsable, con los datos de prueba que fueron expuestos por la fiscalía, dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso, por el delito de privación ilegal de la libertad, el cual se encuentra previsto y sancionado por el artículo 265, fracción I, del Código Penal del Estado de Zacatecas; precepto que dispone: "265.- Se aplicarán de tres a siete años de prisión y multa de veinte a setenta y cinco cuotas: I.- Al que ilegalmente prive a otro de su libertad personal (.)". Ahora bien, con los datos de prueba que fueron expuestos por la fiscalía en la audiencia de formulación de imputación, se estima jurídicamente correcto que la Juez responsable haya emitido auto de vinculación a proceso contra el aquí quejoso, pues al efecto tomó en consideración la denuncia hecha por la madre de la ofendida Martha Quiroz Quiroz [minutos 5:49 a 07:13, disco 2/2, parte 1], lo cual adminiculó con la entrevista realizada a la testigo Marielena Aguilar Torres [minutos 09:01 a 10:55, disco 2/2, parte 1], el informe de investigación [minutos 10:56 a 11:27, disco 2/2, parte 1], el acta de cateo de fecha seis de abril de dos mil diecisiete [minutos 11:53 a 13:50, disco 2/2, parte 1], la inspección del lugar de los hechos [minutos 13:51 a 15:15, disco 2/2, parte 1], la querella de la ofendida Angélica María Rivera Quiroz [minutos 16:27 a 19:50, disco 2/2, parte 1], con los cuales de manera jurídicamente correcta arribó a la determinación de que esos datos de prueba eran suficientes, hasta esa etapa procesal, para dictar contra el aquí imputado, auto de vinculación a proceso, pues se demostró que el tres de abril de dos mil diecisiete, privó de la libertad a la ofendida y a su menor hijo, en la forma y términos que precisó la Juez responsable [fojas 36 a 41 del juicio de amparo]. En el concepto de violación sintetizado en el punto V, la parte quejosa aduce que la Juez responsable perdió de vista que la fiscal investigadora en ningún momento formuló imputación por hechos cometidos en agravio de su menor hijo. Dicho planteamiento es infundado. Lo anterior, tomando en consideración que en la audiencia celebrada el doce de octubre de dos mil diecisiete, al concederse el uso de la voz a la fiscal, ésta formuló imputación contra el aquí quejoso, por el hecho ilícito que la ley señala como el de privación ilegal de la libertad, cometido en agravio de Angélica María Rivera Quiroz y de su menor hijo [minutos 12:21 a 13:09, disco 1/1, parte 1]; de igual forma, en la continuación de la audiencia llevada a cabo el dieciocho del citado mes y año, la fiscal investigadora solicitó a la juez de control se vinculara a proceso al aquí quejoso, por el referido hecho ilícito, cometido en agravio tanto de su esposa como de su menor hijo [minutos 14:25 a 14:42, disco 1/2, parte 1] y, al exponer los datos de prueba correspondientes, precisó que los mismos eran idóneos para tener por demostrado que el imputado desplegó la conducta ilícita en contra de los dos agraviados [minutos 50:17 a 50:40, disco 1/2, parte 2]. También deviene infundado el concepto de violación sintetizado en el punto I, en el que la parte quejosa aduce que no existen datos de prueba que acrediten que la privación de la libertad se haya llevado a cabo bajo presión o que el imputado tuviese a los ofendidos contra su voluntad, pues contrario a lo que sostiene, de la querella presentada por la ofendida, se desprende que ésta refirió que el imputado se la llevó contra su voluntad al mencionar que la jaloneó del brazo y le manifestó que accediera o en caso contrario su padre tendría problemas y que al llevarla a la casa que habitaba el sujeto activo, éste en todo momento los estuvo vigilando [minutos 37:08 a 44:33, disco 1/2, parte 2], lo cual fue tomado en consideración por la juez responsable al dictar el auto de vinculación a proceso, al dar respuesta a los argumentos expresados por el defensor del aquí quejoso, al sostener que en el caso sí existió presión sobre la sujeto pasivo, dado que el imputado la jaloneó del brazo y la amenazó con ocasionarle problemas al padre de la víctima [minutos 21:05 a 22:54, disco 2/2, parte 1], lo cual se estima jurídicamente correcto, ya que esa circunstancia es suficiente para sostener que la ofendida fue privada de su libertad. Además, tal como lo sostuvo la juez responsable, la privación de la libertad se llevó a cabo en contra de la voluntad de la sujeto pasivo, al estar adminiculado con el acta de cateo levantada el seis de abril de dos mil diecisiete, en donde al ingresar la fiscal investigadora al domicilio donde se encontraba la víctima con su menor hijo, fue cuestionada si se encontraba en dicho lugar en contra de su voluntad, a lo que manifestó que sí y que el imputado al percatarse de la presencia de los policías, trató de acercarse al menor, momentos en que fue puesto en custodia de la fiscal [minutos 11:53 a 13:50, disco 2/2, parte 1]. Por ende, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, esos datos de prueba, hasta ese momento procesal, se estiman suficientes para sostener que la ofendida y su menor hijo fueron privados de su libertad en contra de su voluntad, sin que la parte quejosa aportara medio de convicción alguno que demostrara lo contrario. En lo conducente, se cita la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2009081 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CLXIII/2015 (10a.) Página: 422 DELITOS CONTRA LAS MUJERES. ESTRECHA RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA, DISCRIMINACIÓN Y SUBORDINACIÓN POR MOTIVOS DE GÉNERO. Existe una estrecha relación entre violencia, discriminación y subordinación. La violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. Las actitudes tradicionales conforme a las cuales la mujer es considerada subordinada del hombre o conforme a las que se considera que tiene funciones estereotipadas, perpetúan prácticas difundidas que comportan violencia o coerción, como la violencia y abuso familiares. Aunado a ello, la juez de control sostuvo que el dictamen de psicología que expuso la fiscal investigadora en la audiencia correspondiente [minutos 22:55 a 24:09, disco 2/2, parte 1], revelaba datos que evidenciaban que la sujeto pasivo sufrió alteración emocional como consecuencia de la privación de la libertad de que fue objeto por parte del imputado. En el concepto de violación sintetizado en el punto III, la parte quejosa aduce que la juez de control de manera indebida tomó en consideración la declaración de Marielena Aguilar Torres. Dicho planteamiento es infundado. Se sostiene lo anterior, pues tal como lo refiere la juez de control, dicha testigo manifestó que el tres de abril de dos mil diecisiete, recibió una llamada en donde le informaron que el imputado se había llevado a la ofendida y que no aparecían, que fue hasta las veintitrés horas de ese día cuando se enteró que aún no aparecían y que habían dado aviso a la policía ministerial; y hasta el día siguiente en que se enteró que la agraviada se encontraba con el aquí quejoso [minutos 07:46 a 08:57, disco 2/2, parte 1]. Y si bien, la mencionada ateste manifestó hechos relativos al delito de violencia familiar, esa circunstancia no desvirtúa su manifestación, puesto la mencionada testigo refirió la privación ilegal de la libertad de la ofendida, lo cual fue tomado en consideración y se estima, que es suficiente para otorgarle el valor probatorio correspondiente, tal como lo hizo la juez responsable. Además, se estima jurídicamente correcto que la juez de control haya tomado en consideración el testimonio de Marielena Aguilar Torres, pues cuando rindió su testimonio se le hicieron saber sus derechos a declarar o no, tal como lo expuso la fiscal investigadora [minutos 1:28:14 a 1:29:41, disco 1/2, parte 3 y 1:29:42 a 1:30:43, parte 4], y que reiteró la juez responsable en la audiencia correspondiente [minutos 09:01 a 10:55, disco 2/2, parte 1]. También deviene infundado el concepto de violación sintetizado en el punto II, en el que la parte quejosa aduce que la juez de control no debió tomar en consideración los datos de prueba expuestos por la fiscalía, al ser los mismos que obran en una diversa causa penal, la cual se encuentra en suspensión condicional, pues si bien en la audiencia de formulación de imputación la fiscal expuso como dato de prueba la copia certificada de la causa penal 3/2017, iniciada con motivo de la denuncia presentada por Angélica María Rivera Quiroz, por el delito de violencia familiar, el uno de diciembre de dos mil dieciséis [minutos 19:47 a 21:31, disco 1/2, parte 1] lo jurídicamente relevante es que en la misma audiencia la juez de control conminó a la fiscal para que expusiera los datos de prueba únicamente que tuviesen relación con el delito de privación ilegal de la libertad [minutos 21:38 a 22:37, disco 1/2, parte 1]. Además, no puede considerarse que se trate de los mismos datos de prueba, ya que la denuncia por el delito de violencia familiar fue presentada en el mes de diciembre de dos mil dieciséis, mientras que los hechos que se analizan en el presente juicio, acaecieron el tres de abril de dos mil diecisiete, tan es así que la denuncia de la ofendida fue presentada hasta el seis del citado mes y año, una vez que fue liberada del lugar donde se encontraba privada de su libertad [minutos 37:08 a 44:33, disco 1/2, parte 2]. Aunado a ello, la juez de control precisó que si bien fueron expuestos datos de prueba relativos a la causa penal iniciada contra el aquí quejoso por el delito de violencia familiar, lo cierto es que también precisó que esos datos eran autónomos y únicamente acreditaban que el hoy imputado ha ejercido actos violentos contra la agraviada, máxime que, hasta ese momento procesal, prevalecen los medios de convicción expuestos por la fiscalía consistentes en el acta de cateo levantada el seis de abril de dos mil diecisiete, y la declaración de la ofendida, con los que, de manera jurídicamente correcta arribó a la conclusión de que, hasta ese momento procesal, se encuentra acreditado el hecho ilícito que la ley prevé como de privación ilegal de la libertad. En el concepto de violación sintetizado en el punto IV, la parte quejosa aduce que la juez de control perdió de vista que en ningún momento mantuvo privado de la libertad a su menor hijo. Dicho planteamiento es infundado. Lo anterior, tomando en consideración que, tal como lo sostiene la juez responsable, si bien no existe una determinación en la que se haya decretado la guarda y custodia del menor en favor de la madre y por lo tanto, los dos ejercen potestad sobre el infante, lo cierto es que, al haber sido privada de la libertad la madre del niño, éste no podía desarrollarse plenamente en un ámbito de cordialidad y respeto, ni en un ambiente libre de violencia al encontrarse coaccionada su estancia [minutos 29:30 a 31:45, disco 2/2, parte 1 y 31:46 a 32:54, parte 2], lo cual se estima jurídicamente correcto. En efecto, el artículo 4º, párrafo octavo, establece que en todas las decisiones que se tomen, el Estado deberá velar por el interés superior del menor, garantizando de manera plena sus derechos, que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, en atención a que, por su falta de madurez física o mental, los menores necesitan cuidados especiales y una debida protección legal para tener una infancia feliz y un desarrollo adecuado, obligación que, en términos del párrafo noveno del citado precepto constitucional también corresponde a los padres o tutores exigir que los infantes tengan una vida plena, libre de explotación, maltrato físico, violencia, entre otros que los perjudique. Por tanto, al estar acreditado el vínculo que une al imputado con el menor ofendido, es evidente que éste tenía la obligación de asegurarle un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, es decir, tener una vida libre de violencia. De ahí que, si en el caso, hasta ese momento procesal, quedó acreditado que el hoy quejoso mantenía privada de la libertad a la madre del menor, por consecuencia el infante también estaba en las mismas condiciones, pues es evidente que en ese ambiente no podría lograr un pleno desarrollo ni emocional ni social, dado el referido estado de cosas que es contrario a lo que establece el artículo 4º Constitucional. En lo conducente, se cita la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2005919 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CVIII/2014 (10a.) Página: 538 DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS. El principio de interés superior implica que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, sino que basta con que éstos se coloquen en una situación de riesgo. Aquí conviene hacer una precisión sobre el concepto de riesgo. Si éste se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Cualquier menor está en riesgo de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Sin embargo, ésta no es una interpretación muy razonable del concepto de riesgo. Así, debe entenderse que el aumento del riesgo se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero. Aplicando tal comprensión a las contiendas donde estén involucrados los derechos de los menores de edad, y reiterando que el interés superior de la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más beneficioso para el niño, la situación de riesgo se actualizará cuando no se adopte aquella medida que resultará más beneficiosa para el niño, y no sólo cuando se evite una situación perjudicial. Por todo lo anterior, se considera que fue jurídicamente correcto que la juez responsable haya otorgado valor probatorio a los datos de prueba expuestos por la fiscalía, al quedar demostrado, hasta ese momento, que el aquí quejoso cometió el hecho señalado como delito de privación ilegal de la libertad, previsto y sancionado por el artículo 265, fracción I, del Código Penal del Estado de Zacatecas; lo que se estima suficiente, pues al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar el tipo penal aplicable, independientemente de la metodología que adopte. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2014800 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 04 de agosto de 2017 10:12 h Materia(s): (Penal) Tesis: 1a./J. 35/2017 (10a.) AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. En cuanto a la probabilidad de que el quejoso cometió el hecho ilícito o participó en su comisión, es necesario puntualizar que la emisión de un auto de vinculación a proceso sólo tiene como efectos fijar los hechos sobre los cuales se continuará el proceso, o se determinarán las formas anticipadas del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento, por lo que para su emisión, es suficiente que existan indicios razonables que permitan suponer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito [artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales], de ahí que si los datos de prueba destacados por la fiscalía, quien tiene la obligación de conducirse con lealtad y objetividad, constituyen esos indicios razonables, pues no se advierte su inverosimilitud, los cuales tomó en consideración la autoridad responsable para la emisión del auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, ello se estima suficiente para cumplir con lo establecido en el artículo 19 constitucional, tomando en consideración que el sistema penal acusatorio, establece la etapa de juicio, en la cual, atento a los principios de publicidad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, la defensa del imputado, estará en posibilidad de demostrar que los hechos atribuidos no acontecieron en los términos expuestos por la fiscalía. De modo que, en la etapa procesal de su emisión, no se prejuzga sobre la acreditación del hecho tipificado como delito ni la responsabilidad del imputado aquí quejoso, porque los datos en mención sólo son la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado, que hasta este momento, han resultado idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y su probable participación en la comisión de ese hecho. Además, no debe perderse de vista que para la emisión de un auto de vinculación a proceso, no se exige la formalización de las pruebas, es decir que los datos de prueba aportados establezcan el hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, atendiendo a su grado de certeza y no al nivel de prueba, como lo hizo la responsable; pues precisamente en la etapa de que se trata, no existe la necesidad de que se aporten y, en su caso, valoren pruebas que cumplan con determinado estándar, las cuales están reservadas para ofrecerse durante la etapa intermedia y desahogarse en el periodo correspondiente al juicio oral para ser valoradas al dictar sentencia. En tales condiciones, lo que procede es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 103, fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78, 107 fracción I, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alberto Venegas Aguilar, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expresadas en esta sentencia. Notifíquese a las partes en términos de ley, por conducto del juzgado de origen. Cúmplase."
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