Alberto Torres Gómez
Expediente 35/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 35/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/03/2019
Partes del expediente
- Alberto Torres Gómez
Actuaciones
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I. La certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de quince de febrero de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo. II. El ocurso de cuenta, suscrito por Pasiano Hernández Moreno, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual hace diversas manifestaciones, las cuales en su parte medular solicita se tenga por no cumplimentado el acto reclamado. Al efecto, se acuerda: Tocante al punto I, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el mismo ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten tomos, ni documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Finalmente, en lo relativo al punto II, agréguese a los autos para que obre como corresponda, y dígasele al promovente que se esté a lo acordado en líneas precedentes.
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isto, el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad y Secretario Auxiliar de Amparos, adscrito a dicha Junta, por medio del cual en atención a lo requerido mediante oficio 1443/2019, de ocho de febrero de dos mil diecinueve, remite copia certificada del acuerdo dictado el trece de febrero del año en curso, dentro de los autos del expediente laboral número J/O/1345/2013, de su índice. Al efecto se acuerda: Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable las cuales merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, como se evidenciará a continuación: El citado precepto constitucional, establece que la causal de improcedencia se actualiza cuando existan probanzas que tornan sin efecto el acto reclamado, ya que deja prácticamente sin materia al juicio de amparo, al haber cesado la violación constitucional que lo motivó. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso particular, la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable: la omisión de acordar el escrito presentado ante la autoridad responsable el treinta de diciembre de dos mil dieciocho, por el que le solicitó la ejecución del laudo y se dicte auto de requerimiento y embargo dentro del expediente laboral J/O/1345/2013. Por su parte, con las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado y la que anexó a oficio de cuenta, a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que en auto de uno de febrero de dos mil diecinueve, dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma y ordenó requerir a la parte demandada, el pago de la cantidad de $1,249,051.9 (un millón doscientos cuarenta y nueve mil cincuenta y un pesos 9/100 moneda nacional), por concepto de prestaciones económicas a las que había sido condenada, mediante laudo de tres de diciembre de dos mil catorce, con el apercibimiento que de no verificarse el mismo se embargarán bienes de su propiedad para garantizar su importe; seguidamente en proveído de trece de febrero de la presente anualidad, señaló las doce horas del ocho de marzo de dos mil diecinueve, para el desahogo de la diligencia en comento; evidenciándose con ello que el acto reclamado en el presente juicio ha dejado de surtir sus efectos. Lo anterior es así, pues si el acto reclamado lo constituía precisamente la omisión de acordar la promoción presentada el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual solicitó se dictara auto de requerimiento de pago y embargo, en el expediente de origen J/O/1345/2013; y de acuerdo a lo antes narrado se evidenció que la autoridad responsable proveyó el citado escrito, mediante autos de uno y trece de febrero del año en curso, en los términos ya señalados, queda manifiesto que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, ya que con la emisión de esos proveídos, aquellos fueron destruidos en forma total e incondicional. Por lo tanto, dicha situación se equipara a la restitución al peticionario de amparo, en el goce de sus derechos humanos que estimó violados, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional, en términos del artículo 77, de la Ley de Amparo, ya que la actuación, que sobrevino durante la substanciación de este juicio constitucional, produjo que se satisficieran los derechos tutelados por la norma constitucional invocada como violada. Consecuentemente, al quedar demostrado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 77, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, conforme a lo dispuesto en la fracción V, del numeral 63, de la misma ley invocada. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y contenido señalan: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Las jurisprudencias invocadas y que apoyaron los razonamientos expuestos en esta resolución, fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, pero de acuerdo al artículo sexto transitorio de la ley en la materia vigente, las mismas son aplicables al particular al no oponerse con esta última. En otro orden de ideas, no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho de que en el presente proveído no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia evidenciada, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con veinte minutos del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve.
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Vistos; los oficios de cuenta suscritos por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas y Actuario adscrito a dicha Junta, residentes en esta ciudad por medio de los cuales rinden informe justificado, y el primero de los mencionados exhibe constancias adjuntas a dicho informe. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos las comunicaciones de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los mismo; y con su contenido, dése vista a las partes para que, en su caso, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Relaciónense en la audiencia constitucional. Tocante a las constancias adjuntas al informe, con apoyo en el precepto 119, de la Ley de Amparo, se admite la documental que exhibe la primer autoridad responsable oficiante, consistente en copia certificada de algunas actuaciones dentro del expediente laboral J/O/1345/2013, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que serán valoradas al momento de emitir el fallo correspondiente. Por otra lado, con fundamento en los artículos 75 y 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°, requiérase a la Junta responsable, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, informe la fecha y hora en que tendrá verificativo, la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo ordenada mediante auto de uno de febrero de dos mil diecinueve, dentro de los autos del juicio laboral J/O/1345/2013. Lo anterior es así, pues no basta que la autoridad responsable haya acordado la promoción del aquí quejoso, de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en el sentido de dictar auto de ejecución con efectos de mandamiento, para considerar que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, sino que a fin de dar al quejoso un efectivo acceso a la justicia contemplado en el artículo 17, Constitucional, debe dictar las medidas necesarias para que la ejecución de los laudos sea pronta y expedita. Por lo que ha ese efecto, se estime necesario que la autoridad responsable, señale fecha y hora para el desahogo de la diligencia que ordenó en auto de uno de febrero de la presente anualidad; lo anterior a fin de agilizar el procedimiento de ejecución y dar certeza jurídica al impetrante de amparo, de que la diligencia ordenada sí se llevará a cabo. Se apercibe a la autoridad en comento que de no informar lo requerido dentro del plazo otorgado o de no manifestar el impedimento legal que tiene para hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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Visto, el pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, mediante el cual realiza diversas manifestaciones las cuales en su parte medular informa que no presentara alegatos. Al efecto, se acuerda. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2, del ordenamiento citado en último término, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde, en cuanto a su contenido tómese nota de lo informado por la autoridad oficiante.
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