Alberto Torres Gómez
Expediente 1204/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1204/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/12/2018
Partes del expediente
- Alberto Torres Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrida la sentencia de seis de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó el juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Por último, advirtiéndose que no existen tomos, ni documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Ahora, tomando en consideración que la autoridad responsable se encuentra gozando de su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil dieciocho; una vez que se reanuden las labores de dicha dependencia, se deberá hacer entrega del oficio por el cual se le comunica el presente proveído.
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PRIMERO. SE SOBRESEE... SEGUNDO. ESTA RESOLUCION SERA PUBLICABLE EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO CONSIDERANDO...
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Visto, el oficio suscrito en suplencia del o la titular de la Presidencia de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, y del Secretario Auxiliar de Amparo, de la referida dependencia, residentes en esta ciudad, mediante el cual en atención al auto de seis de noviembre de la presente anualidad, remite copia certificada del expediente laboral J/O/1345/2013, de su índice. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta, teniéndose por cumplido el requerimiento que se le hizo. Tocante a las constancias que anexa la autoridad oficiante, con apoyo en el precepto 119, de la ley de la materia, se admite la documental que exhibe la que se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que será valorada al momento de emitir el fallo correspondiente; y con el contenido de las mismas, dése vista a las partes a fin de que manifiesten lo que a sus intereses convenga.
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Vistos: a) El oficio de cuenta con anexo, suscrito en suplencia del o la Titular de la Presidencia de la Junta Especial número Tres en suplencia del Titular de la Presidencia, y del Secretario Auxiliar de Amparos de la referida Junta, residentes en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado, y exhibe constancias adjuntas a dicho informe. b) El estado de autos, en donde se advierte que la audiencia constitucional, se encuentra señalada para el día de hoy. Al efecto, se acuerda: Respecto al inciso a), con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta. En atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo. Reservándose de proveer respecto a la documental que anexó, en atención a que no adjuntó la totalidad de las constancias relativas al expediente laboral J/O/1345/2013, las cuales resultan necesarias para el análisis del presente juicio; en consecuencia, requiérase a la autoridad oficiante para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas del expediente laboral antes referido, ya que no es un hecho que impida la facultad del Juzgador Constitucional de recabar las pruebas que estime pertinentes, de conformidad con los numerales 75 y 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo acordado la tesis, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de amparo, el Juez de distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio a todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto.. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconocer en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas que se haya fundado el propio acto." Apercibido que de no hacerlo dentro del término señalado o de no manifestar el impedimento legal que tiene para hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos Sexto y Séptimo del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia a lo anterior, concatenado con lo descrito en el inciso b), para no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que el diferimiento de una audiencia, dada su trascendencia, no amerita la notificación por oficio; por tanto, se ordena notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.
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