Alberto Solorzano de León
Expediente 383/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 383/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/04/2018
Partes del expediente
- Alberto Solorzano de León
- Alberto Solorzano de León y Otros.
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DOCE DE ABRIL DEL ACTUAL, QUE DICE :...DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 448, Materia Común, que establece: . En el caso particular se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación a los preceptos 5, 6 y 11 de la referida ley. Esto es así, porque ***, acudió a esta vía constitucional, solicitando el amparo y protección de la Justicia de la Unión ostentándose en calidad de apoderado legal de los quejosos ***; sin que en la data de la presentación de la demanda de amparo tuviera dicho carácter otorgado por los referidos quejosos, en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo. A fin de evidenciar tal aseveración, es menester destacar que los referidos artículos de la ley de la materia, establecen lo siguiente: . De los últimos artículos transcritos, se advierte que para promover el juicio de amparo, el quejoso podrá hacerlo por sí o por su representante legal, además que esta representación deberá ser acreditada en el juicio. Luego, de la demanda de amparo se advierte que *** promueve en calidad de apoderado legal de los quejosos ***, sin que demostrara con documento idóneo que en la fecha en que presentó la demanda de amparo, los referidos quejosos le hubieren otorgado dicho poder, como lo estatuye el artículo 10 de la Ley de Amparo. De acuerdo al contenido del artículo 10 de la ley de la materia, transcrito, quien comparezca al juicio de amparo indirecto en nombre de la parte quejosa deberá acreditar con las constancias respectivas su representación en el juicio. Ahora, *** promueve en calidad de apoderado legal de los citados justiciable reclamando en esta vía la dilación procesal de dictar laudo interlocutorio en el juicio laboral ***, del índice de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; sin haber anexado las constancias con las que acredite que a la fecha en que presentó la demanda tenía reconocida dicha calidad de apoderado legal ante la citada sala. Ello es así, pues en su escrito de aclaración, *** exhibe carta poder de nueve de abril de dos mil dieciocho, expedida a su favor por los referidos quejosos, donde le otorgan poder para realizar la defensa legal dentro este juicio de amparo, sin que para este juzgador sea procedente reconocer dicha designación. Se sostiene lo anterior, en razón que para que el promovente se ostente con la calidad de apoderado legal dentro de un juicio, debió hacerlo acreditando la referida calidad con los documentos o constancias correspondientes, donde se advirtiera que la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, le reconoció la personalidad como apoderado legal de los multicitados quejosos en el expediente ***, pero además, que dicho nombramiento haya sido con anterioridad a la promoción del juicio de amparo. Se arriba a la anterior determinación, en virtud a que el nombramiento como apoderado legal de los aquí quejosos fue otorgado el nueve de abril del año en curso, es decir, en fecha posterior a la de presentación de la demanda, que fue el dos del citado mes y año; por lo que se colige que a la data de la presentación de la demanda *** no acreditó tener reconocida dicha personalidad en los autos del expediente ***, del índice de la autoridad responsable, de donde emana el acto que por esta vía se reclama. En tales circunstancias, las constancias que exhibe resultan ineficaces para acreditar el carácter de apoderado legal con el que promovió este juicio. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 91/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, septiembre de 2000, página 9, con número de registro 191109, que dice: . En esa medida, al habérsele otorgado la calidad de apoderado legal en fecha posterior a la de la presentación de la demanda, *** no tiene personalidad para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal, como apoderado legal de los quejosos ***. De ahí que se concluya, que el promovente carece de legitimación al no tener reconocida la personalidad para intentar la acción constitucional, en virtud que dicha calidad se la otorgaron los aquí quejosos en fecha posterior a la presentación de la demanda y al haber quedado demostrada tal situación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 5, 6 y 11, de la propia ley de la materia; motivo por el cual, se desecha de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia, promovida por ***, en calidad de apoderado legal de los quejosos *** con apoyo además en el invocado numeral 113 de dicho ordenamiento legal.
- Principal
CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Alberto Solorzano de León, Estrada Torres Ilse, Didier Cruz López, Yazmin Belén Rodríguez Hernández, María Esther Mazariegos Martínez, Graylin Hernández Mejía, Fuentes López Marylin Mercedes, Moreno Luna Ulbia Patricia, Cisneros López Rosa María, Zamora Méndez Dalila Esmeralda, Beatriz Avelar Valle, Sánchez Vicente Edward, Hernández Gonzalez Herlinda Beatriz, Wilfrido Ramírez Ordoñez, Cruz Pérez Silvia Araceli, Villalobos Rodas Sergio, Palacios González Rosario, Moreno Santeliz Ricardo, Ortega López María Del Rosario, Conde Ybarra Yolanda, Muñoz Montoya Ángel David, Espinoza Saturno Moisés, López Hernández Juan, Espinosa Castillo Roberto, Zacarías Nolasco Marbert Conrado, Ortega Rodríguez Avigail, Espinoza Hernández Carlos Humberto, Yong Roblero Ana Isabel y/o Yong Robledo Ana Isabel, a través de su apoderado legal Edemir Eleazin López Santos, contra actos de la siguiente autoridad: 1. Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con domicilio en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 383/2018-VIII. PREVENCIÓN Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente no cumple con lo ordenado en los artículos 108, fracción I y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; [..] "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (.) III No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; (.) Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada." Ello es así, pues del análisis de la demanda de amparo se advierte que Edemir Eleazin López Santos, quien se ostenta como apoderado legal de Alberto Solorzano de León, Estrada Torres Ilse, Didier Cruz López, Yazmin Belén Rodríguez Hernández, María Esther Mazariegos Martínez, Graylin Hernández Mejía, Fuentes López Marylin Mercedes, Moreno Luna Ulbia Patricia, Cisneros López Rosa María, Zamora Méndez Dalila Esmeralda, Beatriz Avelar Valle, Sánchez Vicente Edward, Hernández Gonzalez Herlinda Beatriz, Wilfrido Ramírez Ordoñez, Cruz Pérez Silvia Araceli, Villalobos Rodas Sergio, Palacios González Rosario, Moreno Santeliz Ricardo, Ortega López María Del Rosario, Conde Ybarra Yolanda, Muñoz Montoya Ángel David, Espinoza Saturno Moisés, López Hernández Juan, Espinosa Castillo Roberto, Zacarías Nolasco Marbert Conrado, Ortega Rodríguez Avigail, Espinoza Hernández Carlos Humberto, Yong Roblero Ana Isabel y/o Yong Robledo Ana Isabel, no exhibió documento idóneo con que acredite la personalidad que aduce tener. Resulta aplicable al particular, el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte |de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis visible a página 48, del tomo IV, relativo a Julio de 1996, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". REQUERIMIENTO Consecuentemente, con el objeto de acordar lo que proceda sobre la admisibilidad de la demanda de referencia, con apoyo en los artículos 108, fracción I y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: I. Exhiba documento idóneo con que acredite debidamente la personalidad con que se ostenta. II. Exhiba tres copias del escrito aclaratorio, así como del documento que acredite su personalidad, para cada una de las partes, esto es, una para la autoridad responsable, una para la Agente del Ministerio público de la Federación adscrita a este juzgado y una para la parte tercera interesada, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Amparo. En virtud que la demanda de amparo y sus anexos constituyen un todo, pues éstos son inherentes a aquélla, dado que la acreditación de la personalidad con que se acude al juicio de amparo es un presupuesto procesal, sin el cual no prospera la acción constitucional; además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 124/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1449, libro 36, noviembre de 2016, tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa". Asimismo, la tesis P.VII/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de 2001, página 325, Novena época, Materia Común, con número de registro 189978, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa". En ese contexto, es necesario que se exhiban copias suficientes de los anexos a la demanda para el traslado a las partes, pues con dichos documentos se acredita la personalidad con la que acude al juicio de amparo. En concordancia con lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 170, del tomo XXII, octubre de 2005, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." Tiene apoyo la tesis VI.1o.C.18 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena época, página: 1716, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Si la resolución dictada por un Juez Federal previene al quejoso para que ajuste su demanda a los términos del artículo 116 de la Ley de Amparo, y lo requiere para que exhiba las copias necesarias para emplazar a las partes conforme al artículo 120 de la ley de la materia, es claro que contiene una prevención oscura e imprecisa, porque el artículo 146 del citado cuerpo de leyes, le obliga tácitamente a precisar con claridad cuáles son las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el quejoso esté en aptitud de subsanarlas en tiempo pues, de no hacerlo así, dicha autoridad federal viola en perjuicio del quejoso las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, lo que motiva ordenar su reposición." APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que señala en su escrito de demanda y autorizando en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por así haberlo señalado expresamente la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en este juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al promovente.
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