Alberto Silva Ramos
Expediente 1081/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1081/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/09/2018
Partes del expediente
- Alberto Silva Ramos
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la razón actuarial signada por el fedatario judicial adscrito a este juzgado, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el auto de cuatro de septiembre del año en curso por los motivos que expone (fojas 112-122); en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley en la materia, se ordena hacer dicha notificación por lista de acuerdos, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señale domicilio correcto en esta ciudad, para tal efecto. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa el proveído de cuatro de septiembre del año en curso.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTED QUEJOSA, EL AUTO DE CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Fiscal General del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave. 2. Fiscal de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 3. Coordinador de Fiscales Especializados en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Público de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 4. Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, en el Estado de Veracruz. 5. Fiscal Tercero Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, en el Estado de Veracruz. 6. Fiscal Cuarto Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, en el Estado de Veracruz. 7. Fiscal Quinto Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, en el Estado de Veracruz. 8. Fiscal Sexto Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, en el Estado de Veracruz. 9. Fiscal Séptimo Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, en el Estado de Veracruz. 10. Fiscal Octavo Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, en el Estado de Veracruz. 11. Fiscal Noveno Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, en el Estado de Veracruz. 12. Fiscal Décimo Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, en el Estado de Veracruz. 13. Fiscal Décimo Primero Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, en el Estado de Veracruz. 14. Fiscal Décimo Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, en el Estado de Veracruz. 15. Fiscal Décimo Tercero Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, en el Estado de Veracruz. 16. Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, en el Estado de Veracruz. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1081/2018-I. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis. ****En ese orden, de una interpretación de la demanda, se colige que el quejoso ****, reclama lo siguiente: "La omisión de las autoridades señaladas como responsables, de informarme de alguna denuncia, querella, imputación, carpeta de investigación, acta circunstanciada o cualquier línea de investigación en la que el suscrito aparezca como indiciado y/o investigado, y/o señalado por alguna persona en carpeta de investigación tendiente a incriminarme, con independencia de que el suscrito lo solicitara, diversas a las carpetas de investigación *** y su acumulada **** radicadas en la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales y **** radicada con el Fiscal Quinto Especializado adscrito a la Coordinación de Fiscales Especializados en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos". DESECHAMIENTO Ahora bien, una vez que es analizada la demanda de amparo de que se trata, este juzgado advierte de oficio que se actualiza de forma manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII en relación con el diverso 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, en relación a lo manifestado por el quejoso consistente en la integración de alguna carpeta de investigación instaurada en su contra o cualquier investigación en la que aparezca como indiciado. En efecto, los citados dispositivos establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "ARTÍCULO 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los preceptos transcritos se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de los gobernados, es decir, en contra de aquéllos que no provocan, una afectación definitiva a la esfera jurídica, del impetrante de amparo. Por su parte, los numerales 16 y 21 de la Constitución General de la República disponen: "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." "ARTÍCULO 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función." De los artículos constitucionales citados, se advierte que la persecución de los delitos es de interés público y que corresponde a los agentes del Ministerio Público investigar los hechos probablemente delictuosos, para determinar en su caso si ha lugar o no a ejercer la acción penal en contra del aquí quejoso, cuando encuentran que se reúnen los elementos necesarios; cabe señalar que durante esta etapa del procedimiento penal, el Ministerio Público, actúa como órgano acusador y los indiciados no tienen la calidad de partes, pues como se dijo el representante social investiga hechos, para tratar de determinar la identidad de los probables responsables, además que la determinación del Ministerio Público en el sentido de que se ha cometido un delito y de que los indiciados probablemente participaran, sólo constituye una opinión que no obliga a la autoridad judicial competente, a resolver en un sentido determinado. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica de los gobernados, pues no les irroga un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad; dado que la integración de la carpeta de investigación es de orden público, pues la sociedad está interesada en la investigación de los hechos que pueden constituir un delito. De ahí que, la integración de la carpeta de investigación, así como los actos inherentes a la misma, como lo es la integración de alguna carpeta de investigación instaurada en su contra o cualquier investigación en la que aparezca como indiciado, no son susceptibles de impugnación por la vía de amparo indirecto, pues no constituyen actos de imposible reparación, pues como quedó precisado líneas arriba, de conformidad con el artículo 21 constitucional, es facultad del Ministerio Público iniciar la carpeta de investigación que den como resultado hechos constitutivos de delitos. ****En efecto, de los antecedentes que manifestó la parte quejosa en su escrito de demanda se advierte que se encuentran en etapa de integración e investigación de los hechos denunciados en la carpeta de investigación que cita. Lo cual demuestra por sí, que no se le irroga perjuicio al quejoso y aún en el caso de que el fiscal determinara que los hechos en comento son probablemente constitutivos de delito y que el indiciado probablemente los cometió; ello, sólo constituye una opinión que no obliga al Juez de Control competente a resolver en determinado sentido. No se soslaya el hecho que los actos reclamados pueden tener vinculación con cuestiones relativas a la garantía de defensa, en razón de que éstos no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que sus efectos pueden ser reparados; sin embargo, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del máximo tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica. ****Así es, como uno de los criterios que da sustento a esta determinación constituye jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, es de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, no es susceptible de someterse al control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio, por órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, como lo es este juzgado de distrito, de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador común cuando viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Por tanto, la integración de alguna carpeta de investigación instaurada en su contra o cualquier investigación en la que aparezca como indiciado, no le ocasiona un perjuicio al aquí quejoso para la procedencia del juicio de amparo, ya que es necesario que el acto reclamado le cause una afectación en su esfera jurídica. Por lo que, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico o legítimo; puesto que la integración de una carpeta de investigación para la judicialización de la misma constituye la labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan el derecho de oponerse a su función; pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Además, porque el numeral 21 constitucional, consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de investigar los delitos, dentro de la fase del proceso penal, denominada etapa preliminar o de investigación. Por otra parte, respecto a la omisión de notificarle la integración de alguna carpeta de investigación instaurada en su contra o cualquier investigación en la que aparezca como indiciado, este juzgado advierte de oficio que se actualiza de forma manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Al respecto conviene precisar que el principio de definitividad a que se refiere la fracción invocada, consiste en un requisito de procedibilidad de la pretensión, según el cual, para impugnar un acto por la vía del juicio de amparo, deben agotarse necesariamente todos los recursos ordinarios o medios de defensa que regula la ley del acto reclamado. Ahora, del contenido de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable de notificarle la integración de alguna carpeta de investigación instaurada en su contra o cualquier investigación en la que aparezca como indiciado; por lo cual, debe decirse que en este asunto se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo, debió hacer valer contra el auto combatido en esta instancia constitucional el medio de defensa correspondiente. Luego, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es evidente que la referida omisión por parte de la responsable de notificarle la integración de alguna carpeta de investigación instaurada en su contra o cualquier investigación en la que aparezca como indiciado, no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues contra la citada omisión, procede el medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene por objeto que el juez de control revise las omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria. Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 258, establece lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Ahora, el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público, entre otras cosas, sobre la abstención de investigar, el no ejercicio de la acción penal, esto es, se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Por tanto, si la parte quejosa se duele de la omisión de notificarle la integración de alguna carpeta de investigación instaurada en su contra o cualquier investigación en la que aparezca como indiciado; el quejoso previo a promover el amparo biinstancial, debió interponer el medio ordinario de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene el indiciado para impugnar dicha omisión; ya que dicho recurso tiene como finalidad de que el juez de control revise las omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria. Bajo esas condiciones, como el quejoso, no agotó el principio de definitividad, previo a la promoción del amparo indirecto, respecto a la omisión de notificarle la integración de alguna carpeta de investigación instaurada en su contra o cualquier investigación en la que aparezca como indiciado, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; se reitera que procede desechar la demanda de amparo. ****Cabe precisar, que no pasa desapercibido para este juzgador, que el acto reclamado pudiera tener una ejecución de imposible reparación; sin embargo, se reitera ello no implica una excepción al principio de definitividad, pues la ley que rige el acto contempla un recurso por el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que ahora se reclama; el cual debió agotar la parte quejosa previamente a comparecer a la instancia constitucional. De igual forma, no pasa inadvertido para este juzgado de distrito, que la propia Ley de Amparo, prevé determinadas excepciones al principio de definitividad y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello; en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas; sin embargo, no se actualiza ninguna de ellas, como se verá enseguida: I. Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; dicha excepción no se actualiza al no reclamarse esos actos en este asunto. II. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; hipótesis que tampoco se actualiza por virtud de que no se reclaman esos actos por la parte quejosa. III. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; hipótesis que en el presente caso no se actualiza, toda vez que como se desprende de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el promovente figura como indiciado en la carpeta de investigación. IV. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; excepción que no se surte por virtud de que el medio de defensa no requiere mayor interpretación por virtud de que está claramente definido, por lo que su fundamento es suficiente. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. ****Por consiguiente, al surtirse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XVIII, de la ley de amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. ****Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que al efecto indica en esta ciudad y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **** y en términos restringidos del citado numeral, a ****, toda vez que sus cédulas no se encuentran en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. Asimismo, se tiene por autorizadas para los efectos que precisa a las diversas personas que menciona. Por otra parte, tomando en consideración que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: ****; así también solicita se le notifique en línea al usuario que menciona ***; en consecuencia, requiérase al quejoso para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste en cuál de los dos domicilios se le harán las notificaciones de este juicio, toda vez que no puede señalar ambos, apercibido que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo que se indica, se tendrá como tal el señalado en autos. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en este expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al quejoso.
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