Alberto Ruiz Aguiñiga
Expediente 360/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 360/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alberto Ruiz Aguiñiga
Actuaciones
- Principal
ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción ya que se desechó la demanda; asimismo, carece de relevancia documental; por tanto, una vez cumplidos tres años a partir del día de la fecha, procédase a su destrucción. Devuélvanse a la autoridad responsable los tres legajos de copias certificadas que adjuntó a su informe.
- Principal
Agréguese a los autos la razón del actuario adscrito, en la que hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; lo anterior, en virtud que no localizó el número de la calle proporcionado para tal efecto, como se aprecia de la imagen siguiente: Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar al quejoso por medio lista, el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y una impresión del mismo para agregarse al expediente físico.
- Principal
Recibe expediente. Visto el oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta los autos originales del cuadernillo de amparo directo 148/2021, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Alberto Ruiz Aguiñiga, las constancias que se glosaron a tal cuadernillo, y el oficio en el que comunica que ese órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de amparo. Atento al contenido del comunicado de mérito, este tribunal asume el conocimiento del asunto; por lo que acúsese de recibo. Con las constancias que se adjuntan al oficio de cuenta, se ordena formar un tomo de pruebas, respetando su folio, sello y rúbrica, agregando únicamente la carátula para su debida identificación. Consideraciones previas. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causa de improcedencia, manifiesta e indudable, por lo que se realizará el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.1 Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser 1 Tesis jurisprudencial I.13°.A. J/6, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2004, tomo XX, Novena Época, Materia Común, página 1631. materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.2 Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo 3. En principio, es conveniente precisar que la parte quejosa elevó su petición de amparo contra las autoridades y actos siguientes: 2 Tesis jurisprudencial I.60.C.J/19, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 1999, tomo X, Novena Época, Materia Común, página 730. 3 Tesis jurisprudencial P./J.40/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, tomo XI, Novena Época, Materia Común, página 32. Así, tanto de los apartados preinsertos, como de la lectura integral de la demanda que ahora nos ocupa, se puede destacar lo siguiente: 1. El acto reclamado emerge en un juicio ejecutivo mercantil, tramitado ante un juzgado de primera instancia. 2. El acto que causa agravio a la parte quejosa lo es la posible orden que se emita de requerir el pago y embargar bienes del peticionario de amparo en el aludido controvertido de origen. 3. Y, el quejoso figura como parte demandada dentro del referido juicio. Actualización de una causal de improcedencia. Precisado lo anterior, este juzgado estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Conforme al precepto transcrito el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Cabe ponderar que dicha disposición legal consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual es obligación del gobernado interponer en contra de las resoluciones judiciales que estima lesivas de sus derechos, los recursos establecidos en las leyes ordinarias, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como es el juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número I.6o.C. J/37 cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías."4 Razonamientos al caso concreto. En efecto, dicha causa de improcedencia se actualiza al caso concreto toda vez que ?como ya se dijo? el acto reclamado lo compone la posible orden que se emita para requerirle del pago de lo reclamado en el juicio mercantil 439/20195, donde el quejoso figura como parte demandada y, en caso de no hacerlo, se embarguen bienes propiedad del peticionario de amparo, para cubrir el adeudo que se reclama en dicho juicio. Al respecto, como ha quedado precisado, el acto reclamado emerge de un juicio ejecutivo mercantil; en ese orden, el artículo 1334 del Código de Comercio establece lo siguiente: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". 4 Del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 5 Del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, que sobre pago de pesos y otras prestaciones demandó la persona moral Hermanos Batta, Sociedad Anónima de Capital Variable frente al quejoso y otra. Del primer párrafo del precepto transcrito se observa que contra los autos dictados por juez de primera instancia procede el recurso de revocación siempre que no sean apelables. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que, cuando se quiera recurrir un auto de exequendo, éste deberá ser impugnado mediante la promoción del recurso de apelación en aquellos negocios en los que se reclame por concepto de suerte principal un monto mayor a $705,379.03 (setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 M.N.)6, mientras que, cuando el monto que se ventile en los juicios ejecutivos mercantiles sea inferior a dicha cantidad, para ser recurrido procederá el recurso de revocación. Lo anterior como se encuentra sustentado las tesis jurisprudenciales que a continuación se citan: JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable 6 De conformidad con el precepto 1339 del Código de Comercio, que reza así: Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $705,379.03 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. (.) en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente.7 REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012).De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno).8 7 Registro digital: 2011695, Tipo: Jurisprudencia, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Civil, Tesis: 1a./J. 12/2016 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 979 8 Registro digital: 2005047, Tipo: Jurisprudencia, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Civil, Tesis: 1a./J. 70/2013 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 401 En el caso concreto, el quejoso señala como acto reclamado la posible orden que se emita para requerirle del pago de lo reclamado en el juicio mercantil 439/2019 donde el quejoso figura como parte demandada y, en caso de no hacerlo, se embarguen bienes propiedad del peticionario de amparo, para cubrir el adeudo que se reclama en dicho juicio; de igual modo, se tiene que el juicio mercantil de origen, la suerte principal -según lo manifestado por el propio quejoso bajo protesta de decir verdad- asciende a $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional); de lo que se sigue que, el acto combatido tiene su origen en un negocio de cuantía menor9, es decir, en un juicio ejecutivo mercantil cuyo monto por concepto de suerte principal es menor a los $705,379.03 (setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 M.N.) que dispone el artículo 1339 del Código de Comercio, motivo por el cual las determinaciones dictada en el mismo, no pueden ser combatidas mediante el recurso de apelación, en estricto acatamiento al último de los preceptos legales en comento. Sin embargo, acorde con las consideraciones expuestas en párrafos precedentes y jurisprudencias invocadas, el acto reclamado puede ser combatido a través del recurso de revocación. En esa tesitura, si el acto reclamado antes descrito tenía reparación mediante el recurso de revocación y éste no se agotó antes de acudir al juicio de amparo 9 Acorde con el artículo 1340 del Código de Comercio que dispone lo siguiente: Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $705,379.03 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. debe estimarse que la promovente de amparo incumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que le causan perjuicio. Es decir, si el auto emitido por la autoridad responsable es legalmente recurrible, pero la promovente no agotó el medio de defensa previsto en la ley, esa circunstancia, por sí misma, evidencia la violación a uno de los principios rectores del juicio de amparo: la definitividad. En tales condiciones, toda vez que la ley ordinaria concede vía para inconformarse respecto del acto reclamado de acuerdo en el artículo 1334 del Código de Comercio, sin que haya sido previamente agotado, lo conducente es desechar la demanda de amparo que se provee. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 678, Tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto: RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como la jurisprudencia número I.6o.C. J/37 cuyo rubro y texto son: |AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.10 No se soslaya que, para sostener la procedencia del juicio de amparo, la parte quejosa hubiera invocado la jurisprudencia 6/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO"; pues si bien el criterio es orientador en el sentido de la procedencia en cuanto a la irreparabilidad del acto (naturaleza del acto), también lo es que ello no significa que debe soslayarse el principio de definitividad, como así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 11/201811, del texto: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la 10 Del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 11 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro digital 2017117 cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Desechamiento. En esas condiciones, resulta inconcuso que en el caso cobra vigencia la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, procede DESECHAR DE PLANO la presente demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. sí como la jurisprudencia J/2312, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de los promoventes del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.)13, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.)14, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica: DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE 12 Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, tomo XXIV, junio de 2006, página 921. 13 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 3, tomo I, febrero de 2014, página 487. 14 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, página 1641. CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. No obsta a lo anterior, que algunos de los criterios invocados en párrafos anteriores se hayan emitido conforme a los artículos de la Ley de Amparo abrogada, toda vez que son de idéntico contenido a los que se invocan en esta determinación, debido a que regulan la improcedencia del juicio constitucional en tratándose de resoluciones en la etapa de ejecución de sentencia. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Jorge Alberto Torres Avalos, Oscar Octavio Maldonado Herrera y Edgar Moisés Méndez Rocha, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así a Julio César Mendoza Castro, a quien solo se le concede una autorización restringida, porque no colma el aludido requisito. Habilitación de días y horas inhábiles y autorización de firma de oficios. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Condiciones para llevar a cabo las notificaciones que se entregan. A fin de llevar a cabo la notificación de este proveído, se conmina a los actuarios de la adscripción, a fin de que tales diligencias se realicen tomando en consideración los lineamientos a que se refiere el Acuerdo General 21/202015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en específico la fracción IV, del numeral 2, que resulta aplicable por identidad jurídica sustancial, mismo que señala: Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: (.) IV. El emplazamiento en los juicios nuevos que no se hubiese podido practicar antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, se realizará de manera escalonada, debiendo concluirse a más tardar el 1 de octubre de 2020. Así como las disposiciones de dicho acuerdo plenario contenidas en el diverso artículo 23, que determina lo siguiente: Artículo 23. Notificaciones. A reserva de que la práctica de notificaciones se rija por las leyes que resulten aplicables a cada materia y tipo de asunto, los órganos jurisdiccionales deberán tomar en cuenta lo siguiente: Cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior con la finalidad de salvaguardar la salud tanto de las partes, como del personal adscrito a este órgano jurisdiccional. 15 Reiterados en el acuerdo 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. JUZGADO 4° DE DISTRITO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a la parte quejosa, a que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejoso, autoridades responsables y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: a. Consultar constancias. b. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. c. Notificarse. d. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órgano jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía Para el caso de que a las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: a. El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. b. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. c. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. d. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. e. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del día de hoy, tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes16. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC). Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: 16 Cfr. "Artículo 12. Oficialías de partes comunes (en adelante "OPC"). En cada edificio sede de órganos jurisdiccionales se habilitarán OPC para la recepción de promociones presentadas físicamente, las cuales se colocarán en los espacios que las respectivas administraciones de los edificios señalen, previa opinión de la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, atendiendo a su accesibilidad para el público en general y a la necesidad de evitar que quienes acuden a presentar promociones y carecen de una cita, transiten hacia áreas cerradas en las que podrían generar mayor concentración de personas. Operarán con las siguientes reglas: - - - I. Las OPC replicarán la división de turnos, en el entendido de que la del turno matutino prestará servicios de las 9:00 a las 14:00, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las 15:00 a las 19:00, solo para los órganos que laboren por las tardes". (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii)La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v)Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial17. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: 1. El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. 2. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. Anotaciones y digitalización. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y una impresión del mismo para glosar al expediente físico
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