Alberto Rangel Tellez

Expediente 1017/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1017/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
17/02/2022

Partes del expediente

  • Alberto Rangel Tellez
  • Fiscalía Regional de Morelia
  • Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se sobreseyó sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 1.1. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.2. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 1.3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En los autos del cuaderno incidental se concedió la suspensión provisional y se negó definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original y duplicado del cuaderno incidental SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyanse. 1.4. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Toda vez que el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación remitió un legajo de copias certificadas junto a su informe de ley, devuélvase a su lugar de origen; en la inteligencia de que se tendrá como constancia de su entrega, la que se genere con motivo de este acuerdo.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, la siguiente sentencia: Acuerdo: VISTOS, para resolver, el juicio de amparo indirecto 1017/2021, promovido por Alberto Rangel Téllez, por alegada violación de los artículos 14, 16 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia y otras autoridades; al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO. Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama: El citatorio de tres de junio de dos mil veintiuno, expedido al peticionario de amparo por la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, a fin de que comparezca a rendir declaración en la carpeta de investigación con número único de caso 1003202005876. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclaman actos privativos de la libertad cuya ejecución podría ser llevada a cabo dentro del territorio en el que se ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. Las autoridades responsables agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional, Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, en representación del Fiscal General del Estado de Michoacán, Fiscal Regional de Morelia y Fiscal Coordinador y Coordinador General de la Policía de Investigación, todos con sede en esta ciudad, negaron la existencia del acto consistente en pretender privar de la libertad al ahora peticionario de amparo, fuera de procedimiento legal, sin que tal negativa haya sido desvirtuada por el quejoso, dado que no aportó probanza alguna en ese sentido, aunado a que las documentales allegadas al sumario por la agente investigadora, que cuentan con eficacia probatoria plena de conformidad con lo establecido en los artículos 127, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, no revelan la existencia de orden alguna con tales características. Por tanto, se actualiza la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto al acto restrictivo de libertad que se les reclama, dado que el mismo resulta inexistente, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo. CUARTO. Certeza del diverso acto reclamado. La agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, con relación al citatorio impugnado emitido el tres de junio del año actual, por la referida autoridad, para que el peticionario de amparo compareciera en la hora y fecha ahí estipuladas, ante dicha fiscalía a rendir declaración en calidad de imputado en la carpeta de investigación con número único de caso 1003202005876, se tiene que dicha constancia obra en copia con firma autógrafa -exhibida con la demanda de amparo- y en copia certificada -remitida por la propia responsable como justificación a su informe-, lo que permite tener por acreditada la existencia del mismo. QUINTO. Causa de improcedencia. Por ser de orden público y estudio preferente, se analizará de oficio la causa de improcedencia que, en el caso concreto se estima actualizada, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, a saber, la prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". En términos de los preceptos transcritos, el juicio de amparo sólo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva dichos intereses jurídicos, los cuales se definen como el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; así, el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular, es decir, ocasionar un perjuicio directo en su campo de derechos; entendiendo como perjuicio para la procedencia del amparo, aquel acto que produce una lesión u ofensa material a los intereses o derechos de una persona legítimamente tutelados. Ahora bien, precisado el concepto de interés jurídico desde la perspectiva del juicio de amparo, resulta trascendente precisar que derivado de la denuncia presentada ante la autoridad responsable el trece de febrero de dos mil veinte, Rogelio Andrade Valtierra, en cuanto director de la escuela primaria "Benito Juárez", con domicilio conocido en La Cofradía, municipio de Morelia, Michoacán, en contra del ahora peticionario de amparo por la presunta comisión de hechos constitutivos del delito de daño en las cosas, se ordenó la apertura de la carpeta de investigación con número único de caso 1003202005876 y número de expediente MOR/053/22891/2020, en la que se llevaron a cabo diversas investigaciones con relación a los hechos denunciados y a diversos de amenazas que fueron puestos en conocimiento de la autoridad investigadora, por vecinos y padres de familia de la institución educativa en comento. Así, llevadas a cabo las investigaciones que la fiscalía estimó pertinentes, el tres de junio de dos mil veintiuno, se emitió citatorio a nombre del quejoso Alberto Rangel Tellez, para el efecto de que se presentara ante la Representación Social, a las doce horas del nueve de junio referido, con la finalidad de realizar su entrevista ministerial, en calidad de imputado, a fin de integrar la carpeta de investigación de mérito; además, se le indicó que debían comparecer conjuntamente con su abogado; lo anterior, bajo apercibimiento que, de incumplir, se haría acreedor a algún medio de apremio previsto por la legislación adjetiva penal, sin especificar a cuál de ellos se refería. Hecha tal acotación, debe indicarse que el acto reclamado analizado en el presente considerando consistente en la emisión del aludido citatorio, no transgrede los derechos sustantivos del peticionario de amparo, toda vez que la etapa de investigación inicial, es decir, la integración de la carpeta de investigación en el juicio penal acusatorio oral, por regla general, está exenta de control Constitucional, debido a que no afecta el interés jurídico del gobernado. En efecto, en el nuevo sistema procesal penal adversarial, se tiene que la investigación realizada por el agente del Ministerio Público está desformalizada, pues, en términos del artículo 217, en relación con el diverso 260, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Representación Social únicamente debe integrar una carpeta de investigación con el registro de aquellos actos que tengan el carácter de antecedentes de la investigación, que son aquellos de los cuales se generan datos de prueba, para establecer que se cometió un hecho que la ley señale como delito y, la existencia de probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, de los cuales, eventualmente, se producirán pruebas en el juicio oral, según se observa: Lo anterior, se prevé, además, en los artículos 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que permiten advertir que en etapa de investigación, como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, a su vez comprende dos fases, como son la inicial y complementaria; asimismo, que entre las obligaciones del Ministerio Público está las de recibir querellas y/o denuncias sobre hechos que pueden constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los caos autorizados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal, cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño; entonces por regla general, su integración no causa una afectación real y actual a la esfera jurídica de la aquí solicitante de la protección de la justicia federal. Ello, porque será hasta cuando el agente del Ministerio Público se presente ante el Juez de control, y exponga los datos de prueba que se allegó, y solicite la conducción del imputado ante el Juez de control, es en que se formaliza la investigación. En el presente asunto, el acto reclamado es en la etapa de investigación de una carpeta de investigación, cuestión que no evidencia alguna violación a derechos sustantivos y, por tanto, se ubica en la regla general, conforme a la cual, contra actos relativos a la integración de una carpeta de investigación, es improcedente el juicio de amparo, virtud a que no se transgreden derechos sustantivos de la parte quejosa, pues es hasta que dichos actos preliminares se actualizan ante el juez de control, y éste emite una medida cautelar o auto de vinculación a proceso, conforme a lo cual, posiblemente, podría trastocarse algún derecho fundamental del gobernado; ello, porque tal acto no constituye uno restrictivo de libertad, ya que se trata únicamente de una citación, con el objeto de entrevistarlo. Es importante acotar que cuando se cita a una persona en la investigación inicial, a diferencia del anterior sistema (sistema inquisitivo), su declaración no es una prueba o testimonio, sino una entrevista realizada con fines de investigación; por ello, la citación para ser entrevistado, no guarda las mismas formalidades que una citación para rendir una declaración en el sistema escrito; de ahí que se estime que no es un acto que afecte derechos sustantivos. Por tanto, atento a las razones expuestas, es dable concluir que la citación realizada al quejoso, no afecta algún derecho sustantivo del quejoso Alberto Rangel Tellez; sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que en el citatorio de mérito se soslayó indicar, en específico, cuál medio de apremio se aplicaría en su perjuicio en caso de no comparecer, dado que la virtual imposición de algún medio de apremio previsto por la legislación adjetiva penal aplicable, dependería, en un primer momento, de la conducta que despliegue el aquí quejoso, es decir, si comparece o no ante la representación social; y, en un segundo momento, de que la autoridad señalada como responsable, haga efectivo el apercibimiento correspondiente, sin que se tenga prueba fehaciente que establezca con certeza esas condiciones. Es de invocarse, en vía de orientación, la jurisprudencia número 1a./J. 78/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 239, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2018828, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". De ahí que, al no haber demostrado el quejoso que el acto reclamado afecte algún derecho sustantivo de su esfera jurídica; entonces, es evidente que carece del interés jurídico necesario para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado por el quejoso, procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alberto Rangel Téllez, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de este fallo.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, el juicio de amparo indirecto 1017/2021, promovido por Alberto Rangel Téllez, por alegada violación de los artículos 14, 16 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia y otras autoridades; al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO. Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama: El citatorio de tres de junio de dos mil veintiuno, expedido al peticionario de amparo por la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, a fin de que comparezca a rendir declaración en la carpeta de investigación con número único de caso 1003202005876. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclaman actos privativos de la libertad cuya ejecución podría ser llevada a cabo dentro del territorio en el que se ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. Las autoridades responsables agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional, Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, en representación del Fiscal General del Estado de Michoacán, Fiscal Regional de Morelia y Fiscal Coordinador y Coordinador General de la Policía de Investigación, todos con sede en esta ciudad, negaron la existencia del acto consistente en pretender privar de la libertad al ahora peticionario de amparo, fuera de procedimiento legal, sin que tal negativa haya sido desvirtuada por el quejoso, dado que no aportó probanza alguna en ese sentido, aunado a que las documentales allegadas al sumario por la agente investigadora, que cuentan con eficacia probatoria plena de conformidad con lo establecido en los artículos 127, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, no revelan la existencia de orden alguna con tales características. Por tanto, se actualiza la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto al acto restrictivo de libertad que se les reclama, dado que el mismo resulta inexistente, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo. CUARTO. Certeza del diverso acto reclamado. La agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, con relación al citatorio impugnado emitido el tres de junio del año actual, por la referida autoridad, para que el peticionario de amparo compareciera en la hora y fecha ahí estipuladas, ante dicha fiscalía a rendir declaración en calidad de imputado en la carpeta de investigación con número único de caso 1003202005876, se tiene que dicha constancia obra en copia con firma autógrafa -exhibida con la demanda de amparo- y en copia certificada -remitida por la propia responsable como justificación a su informe-, lo que permite tener por acreditada la existencia del mismo. QUINTO. Causa de improcedencia. Por ser de orden público y estudio preferente, se analizará de oficio la causa de improcedencia que, en el caso concreto se estima actualizada, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, a saber, la prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". En términos de los preceptos transcritos, el juicio de amparo sólo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva dichos intereses jurídicos, los cuales se definen como el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; así, el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular, es decir, ocasionar un perjuicio directo en su campo de derechos; entendiendo como perjuicio para la procedencia del amparo, aquel acto que produce una lesión u ofensa material a los intereses o derechos de una persona legítimamente tutelados. Ahora bien, precisado el concepto de interés jurídico desde la perspectiva del juicio de amparo, resulta trascendente precisar que derivado de la denuncia presentada ante la autoridad responsable el trece de febrero de dos mil veinte, Rogelio Andrade Valtierra, en cuanto director de la escuela primaria "Benito Juárez", con domicilio conocido en La Cofradía, municipio de Morelia, Michoacán, en contra del ahora peticionario de amparo por la presunta comisión de hechos constitutivos del delito de daño en las cosas, se ordenó la apertura de la carpeta de investigación con número único de caso 1003202005876 y número de expediente MOR/053/22891/2020, en la que se llevaron a cabo diversas investigaciones con relación a los hechos denunciados y a diversos de amenazas que fueron puestos en conocimiento de la autoridad investigadora, por vecinos y padres de familia de la institución educativa en comento. Así, llevadas a cabo las investigaciones que la fiscalía estimó pertinentes, el tres de junio de dos mil veintiuno, se emitió citatorio a nombre del quejoso Alberto Rangel Tellez, para el efecto de que se presentara ante la Representación Social, a las doce horas del nueve de junio referido, con la finalidad de realizar su entrevista ministerial, en calidad de imputado, a fin de integrar la carpeta de investigación de mérito; además, se le indicó que debían comparecer conjuntamente con su abogado; lo anterior, bajo apercibimiento que, de incumplir, se haría acreedor a algún medio de apremio previsto por la legislación adjetiva penal, sin especificar a cuál de ellos se refería. Hecha tal acotación, debe indicarse que el acto reclamado analizado en el presente considerando consistente en la emisión del aludido citatorio, no transgrede los derechos sustantivos del peticionario de amparo, toda vez que la etapa de investigación inicial, es decir, la integración de la carpeta de investigación en el juicio penal acusatorio oral, por regla general, está exenta de control Constitucional, debido a que no afecta el interés jurídico del gobernado. En efecto, en el nuevo sistema procesal penal adversarial, se tiene que la investigación realizada por el agente del Ministerio Público está desformalizada, pues, en términos del artículo 217, en relación con el diverso 260, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Representación Social únicamente debe integrar una carpeta de investigación con el registro de aquellos actos que tengan el carácter de antecedentes de la investigación, que son aquellos de los cuales se generan datos de prueba, para establecer que se cometió un hecho que la ley señale como delito y, la existencia de probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, de los cuales, eventualmente, se producirán pruebas en el juicio oral, según se observa: Lo anterior, se prevé, además, en los artículos 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que permiten advertir que en etapa de investigación, como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, a su vez comprende dos fases, como son la inicial y complementaria; asimismo, que entre las obligaciones del Ministerio Público está las de recibir querellas y/o denuncias sobre hechos que pueden constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los caos autorizados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal, cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño; entonces por regla general, su integración no causa una afectación real y actual a la esfera jurídica de la aquí solicitante de la protección de la justicia federal. Ello, porque será hasta cuando el agente del Ministerio Público se presente ante el Juez de control, y exponga los datos de prueba que se allegó, y solicite la conducción del imputado ante el Juez de control, es en que se formaliza la investigación. En el presente asunto, el acto reclamado es en la etapa de investigación de una carpeta de investigación, cuestión que no evidencia alguna violación a derechos sustantivos y, por tanto, se ubica en la regla general, conforme a la cual, contra actos relativos a la integración de una carpeta de investigación, es improcedente el juicio de amparo, virtud a que no se transgreden derechos sustantivos de la parte quejosa, pues es hasta que dichos actos preliminares se actualizan ante el juez de control, y éste emite una medida cautelar o auto de vinculación a proceso, conforme a lo cual, posiblemente, podría trastocarse algún derecho fundamental del gobernado; ello, porque tal acto no constituye uno restrictivo de libertad, ya que se trata únicamente de una citación, con el objeto de entrevistarlo. Es importante acotar que cuando se cita a una persona en la investigación inicial, a diferencia del anterior sistema (sistema inquisitivo), su declaración no es una prueba o testimonio, sino una entrevista realizada con fines de investigación; por ello, la citación para ser entrevistado, no guarda las mismas formalidades que una citación para rendir una declaración en el sistema escrito; de ahí que se estime que no es un acto que afecte derechos sustantivos. Por tanto, atento a las razones expuestas, es dable concluir que la citación realizada al quejoso, no afecta algún derecho sustantivo del quejoso Alberto Rangel Tellez; sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que en el citatorio de mérito se soslayó indicar, en específico, cuál medio de apremio se aplicaría en su perjuicio en caso de no comparecer, dado que la virtual imposición de algún medio de apremio previsto por la legislación adjetiva penal aplicable, dependería, en un primer momento, de la conducta que despliegue el aquí quejoso, es decir, si comparece o no ante la representación social; y, en un segundo momento, de que la autoridad señalada como responsable, haga efectivo el apercibimiento correspondiente, sin que se tenga prueba fehaciente que establezca con certeza esas condiciones. Es de invocarse, en vía de orientación, la jurisprudencia número 1a./J. 78/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 239, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2018828, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". De ahí que, al no haber demostrado el quejoso que el acto reclamado afecte algún derecho sustantivo de su esfera jurídica; entonces, es evidente que carece del interés jurídico necesario para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado por el quejoso, procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alberto Rangel Téllez, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de este fallo.

  4. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: Compensación de cargas. Agréguese a los autos el oficio de la Encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, mediante el cual informa sobre la compensación de cargas realizada en cumplimiento al acuerdo de veintiséis de octubre pasado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales y administrativos correspondientes.

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