Alberto Rosas Flores
Expediente 446/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 446/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alberto Rosas Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro orden, ya que resulta innecesario conservar las documentales exhibidas por la autoridad responsable 1. Primera Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Puebla, consistentes en copia certificada de todo lo actuado en el toca 3/2022 de su índice (anexo I), devuélvanse a dicha autoridad. No ha lugar a requerirle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la autoridad responsable indicada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritos. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por lista a la parte tercera interesada, mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio 1330 signado por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, por medio del cual cumple el requerimiento que le fue formulado en auto de veintiséis de mayo pasado, pues remite copia certificada de todo lo actuado en el toca 3/2022 de su índice. Así mismo, en razón al cuantioso número de fojas que conforman las constancias remitidas, que dificulta su manejo y consulta al integrarlo al juicio en que se actúa, se ordena integrarlos en un legajo por separado, y denominarlo anexo I, conservando el folio de origen. En tales condiciones, con base en las constancias de mérito y en el estado que guarda el expediente en que se actúa, esta autoridad Federal decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, al advertir de oficio que en la especie se actualiza una causal de improcedencia notoria y manifiesta. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso Alberto Rosas Flores, señaló como autoridad responsable a la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla y como acto reclamado, el retardo judicial que se traduce en la omisión de resolver el recurso de apelación interpuesto por el peticionario de amparo en contra de la sentencia interlocutoria de seis de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, deducido del proceso 375/2013-I del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. En ese sentido, la autoridad responsable Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado y refirió que por auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dio trámite al recurso de apelación propuesto por el aquí quejoso, en contra de la sentencia interlocutoria de seis de diciembre de dos mil veintiuno, relativo al incidente de libertad por desvanecimiento de datos, deducido del proceso 375/2013-I del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla y que el dos de marzo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia de vista (foja 40). Ahora bien, de la documental que anexó la Sala responsable a su oficio de cuenta, a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el diecisiete de mayo pasado, resolvió el recurso de apelación materia de la litis, dentro del toca 3/2022, confirmando la sentencia interlocutoria de seis de diciembre de dos mil veintiuno, pronunciada por el Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, en autos del proceso 375/2013-I, en el que se negó por vía incidental, la libertad por desvanecimiento de datos al aquí quejoso Alberto Rosas Flores (fojas 107 a 116 del anexo I). Resolución que le fue notificada el veintisiete de mayo del año en curso, tanto al hoy quejoso como a su defensor público (foja 116 vuelta del anexo I). Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tales condiciones, como ya se adelantó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en el retardo judicial de la autoridad responsable de resolver el recurso de apelación interpuesto por Alberto Rosas Flores en contra de la sentencia interlocutoria de seis de diciembre de dos mil veintiuno, relativa al incidente de libertad por desvanecimiento de datos, deducido del proceso 375/2013-I del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla; al haberse dictado la resolución correspondiente el diecisiete de mayo de dos mil veintidós y notificado el veintisiete siguiente. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos transgredidos. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo, aun celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con treinta y dos minutos del quince de junio de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por lista al tercero interesado (en cumplimiento al auto de trece de mayo de dos mil veintidós) y, mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Romina Ortiz Avila, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. INFORME (S) JUSTIFICADO (S) Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable siguiente: No.Autoridades responsables1 Magistrados de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.Con el que se da vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. REQUERIR CONSTANCIAS. Por otro lado, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable para que en el improrrogable plazo de veinticuatro horas contadas a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, remita copia certificada de todo lo actuado dentro del toca 3/2022 de su índice, las cuales resultan necesarias para resolver el presente proveído. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. DIFERIMIENTO. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y dos minutos de esta data, se difiere y en su lugar se señalan las nueve horas con treinta y dos minutos del quince de junio de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese por oficio a la autoridad requerida y, por lista a las demás partes...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a Juan Raúl Sánchez Romero, en su carácter de tercero interesado, en auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, para que señalara domicilio en San Andrés Cholula, Puebla o en la ciudad de Puebla, para oír y recibir notificaciones, sin que lo hubiera hecho. En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el referido acuerdo y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones por medio de lista a la parte tercera interesada, incluso las de carácter personal. Notifíquese por lista a las partes.
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