Alberto Rios Flores
Expediente 801/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 23/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alberto Rios Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
23-11-2021 Vistos los autos y la certificación que antecede se aprecia que en sentencia de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Alberto Ríos Flores, y que dicha determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable 1. Juez de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla (Joel Daniel Baltazar Ávalos), para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo en la que se determinó lo siguiente: "(.) Efectos de la concesión. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Alberto Ríos Flores, para que el 1. Juez de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla (Joel Daniel Baltazar Ávalos), en la carpeta administrativa penal 216/2017/TEHUACÁN, de su índice, una vez que la sentencia quede firme y se le requiera su cumplimiento dentro del pazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente: a. Deje sin efectos las resoluciones dictadas en las audiencias orales de veintinueve de julio de dos mil veintiuno y de uno de agosto de dos mil veintiuno, relativas a: i) formulación de imputación; ii) vinculación a proceso; y, la ii) imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; únicamente por cuanto hace al aquí quejoso. b. Siguiendo los lineamientos emitidos en esta sentencia, nombre un intérprete (oficial o práctico, según sea el caso) conocedor de la lengua Náhuatl, a fin de que asista al imputado durante el desarrollo de la audiencia o audiencias correspondientes. c. Señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al dictado de las resoluciones reclamadas, para que con las formalidades de ley, al momento de individualizarse las partes, pregunte al imputado si pertenecen a algún pueblo o etnia indígena y de ser afirmativa la respuesta le pregunte el nombre de ésta; y también le pregunte si habla alguna lengua o dialecto distintos al español y de ser afirmativa la respuesta que diga cuál es. c.1. En caso que el quejoso se autoadscriba como indígena, deberá cuestionarlo si desea ser asistido por el intérprete previamente solicitado conocedor de su lengua y cultura. c.1.1. En caso afirmativo, previo cercioramiento de su pericia en la lengua y cultura de que se trate, el experto deberá aceptar y protestar el cargo, y estar presente en el desarrollo de toda la audiencia fungiendo como su auxiliar a fin de garantizar que puedan tener conocimiento y comunicación en la misma. c.1.2. Para el caso que el quejoso de viva voz renuncie a la asistencia de dicho intérprete, entonces el juez deberá dejar registro de ello, debiendo dar intervención al perito intérprete, a fin de corroborar su voluntad y lo innecesario de su intervención; además, deberá cerciorarse que el defensor designado, tenga conocimiento de la lengua y cultura indígena del imputado. d. Hecho lo anterior, continuará con los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia, donde resolverá con libertad de jurisdicción el debate planteado por las partes. e. Para el caso de que el imputado, aquí quejoso, diga que no pertenece a un ningún pueblo indígena, la autoridad responsable después de cerciorarse que éste cuentan con una defensa técnica en la audiencia inicial, dictará las resoluciones que correspondan sin variar el sentido de las anteriores, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales; y, f. Remita las constancias con las que acredite lo anterior a este juzgado de Distrito. (.) Se apercibe a la citada autoridad responsable, que de no cumplir dentro de los términos que se señalan, o bien informar el impedimento que tenga para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento del dictado del presente auto. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerle la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta por este órgano de control constitucional, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector que nos ocupa; toda vez que al tratarse del 1. Juez de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla (Joel Daniel Baltazar Ávalos), cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, por tanto, carece de superior jerárquico, lo anterior, atendiendo al criterio contenido en la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. Ahora, toda vez que el quejoso Alberto Ríos Flores tiene su domicilio en Tehuacán, Puebla, donde refirió guarda prisión preventiva domiciliaria (foja 17), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al quejoso el presente proveído, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en el domicilio ubicado en la calle Miguel Hidalgo número 4825, colonia Tehuantepec, Tehuacán, Puebla; b) Notifique al promovente Alberto Ríos Flores el presente acuerdo y le corra traslado con copia autorizada del mismo; y, c) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Asimismo, dígasele al Juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Con el apercibimiento, que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; queda a cargo de la secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Notifíquese personalmente al quejoso (vía despacho); por lista al autorizado en términos amplios y a la parte tercero interesada, y por oficio a la autoridad responsable, a la agente del Ministerio Público (tercera interesada Alicia Fernández Rodríguez), y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio del Encargado del Despacho del Juzgado Penal de Tehuacán, Puebla, mediante el cual, devuelve diligenciado el despacho 504/2021 (orden 668/2021), de este índice, pues se advierte que el cuatro de noviembre del año en curso, se notificó al quejoso ********************, la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el presente sumario constitucional; de lo que toma conocimiento el suscrito juez federal. Dese de baja la aludida comunicación oficial y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cúmplase...
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San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito presentado de manera electrónica por ********************, autorizado de la parte quejosa en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual, solicita el acceso al expediente electrónico de este asunto. Atento a lo anterior, dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, tomando en consideración que en términos de los artículos 35 y 55, del acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, según lo dispuesto por el primer numeral, las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, debiendo cumplir las formalidades que señala dicho artículo; sin embargo, la autorización formulada por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, deberá contener expresamente tal facultad. Similar situación ocurre con lo dispuesto por el artículo 55, del mencionado Acuerdo General, que dispone que las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello, conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, cumpliendo con los lineamientos que señala el segundo párrafo del citado numeral 55. Ahora, conforme al contenido del artículo 12 de la Ley de Amparo , el quejoso o el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien solo quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. De lo anterior, tenemos que el promovente, al ser autorizado por la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, cuenta con las facultades que dicho precepto le otorga; sin embargo, no fue autorizado de forma expresa para poder solicitar el acceso al expediente electrónico; por tanto, resulta improcedente autorizar su petición en ese sentido. Notifíquese por lista al ocursante y a las demás partes.
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S E N T E N C I A: V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 801/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Alberto Ríos Flores; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitido el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, a este Juzgado Tercero de Distrito de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Alberto Ríos Flores, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes (fojas 2 y 3): ..... Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Alberto Ríos Flores respecto del acto que reclamó al 1. Juez de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla (Joel Daniel Baltazar Ávalos), consistente en el auto de vinculación a proceso pronunciado en su contra en audiencia de uno de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta administrativa penal 216/2017/TEHUACÁN, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio tumultuario, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Francisco Guzmán Padilla, representado por su progenitora, en virtud de lo manifestado en el considerando séptimo de esta resolución y para los efectos narrados en el diverso considerando octavo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando noveno de este fallo. Notifíquese la presente resolución, junto con el acta de audiencia: personalmente al quejoso (vía despacho); por lista al autorizado en términos amplios y a la parte tercero interesada, esta última en virtud de lo acordado en el acta de audiencia, y por oficio a la autoridad responsable, a la agente del Ministerio Público (tercera interesada Alicia Fernández Rodríguez), y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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