Alberto Rodriguez Portillo

Expediente 929/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
929/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
20/10/2021

Partes del expediente

  • Alberto Rodriguez Portillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 120/2021. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta de la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, del que se advierte que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, el cual fue registrado con el expediente 120/2021. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el ocurso de cuenta signado electrónicamente por la parte quejosa, por el que interpone recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto que este juzgado emitió la determinación recurrida. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, hágase de su conocimiento en vía de informe justificado, que se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico relativo a este asunto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; remitiéndole para tal efecto el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado. Por tanto, se instruye a la analista jurídico de la adscripción, a fin de que permita la disponibilidad y acceso al expediente electrónico dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Alberto Rodríguez Portillo, contra actos del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial en el Estado y de otra autoridad, con copias y anexo que se acompañan; que estima violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4º, 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el progresivo 929/2021-V y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, examinada la demanda constitucional de que se trata, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación en el diverso 107, fracción IV, interpretados en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, se desprende que el juicio constitucional se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En el caso concreto, el acto que por esta vía se combate consiste en la citación notificada el pasado diez de septiembre, emitida por la autoridad responsable, en la causa penal RI/SLP/EXP-1142/2020, para que el aquí quejoso asista a la audiencia de formulación de imputación que se llevará acabo ante la referida responsable. De acuerdo a esta disposición, en lo que aquí interesa, la citación para asistir a la audiencia inicial por sí sola no es un acto que afecte la libertad personal del requerido, pues se trata de una simple comunicación del juez, a petición del órgano técnico, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de la audiencia en donde se formulará la imputación correspondiente, en donde podrá ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sujeto a alguna o algunas medidas cautelares; por lo que ese acto de comunicación, per se, no incide en la libertad personal del ahora justiciable. De ahí que en contra de esa citación es improcedente el juicio de amparo indirecto, en tanto que se trata de un acto judicial realizado fuera de juicio que no afecta su libertad personal conforme al transcrito artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por tanto, de conformidad con el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de que se trata al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la citada legislación. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Jorge Oswaldo Ibarra Noyola, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se toma nota, para el efecto de entablar comunicaciones no procesales que de aquí deriven, del correo electrónico y del número telefónico proporcionados. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese; hágase personalmente al quejoso.

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