Alberto Rodriguez Portillo

Expediente 905/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
905/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • Alberto Rodriguez Portillo

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de julio de dos mil veintidós. Recepción de demanda, formación y registro de expediente Por recibida la demanda promovida por ALBERTO RODRÍGUEZ PORTILLO, contra actos de ERIK FERNANDO MUNGUIA MIRELES, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO Y/O AGENTE FISCAL ADSCRITA A LA UNIDAD DE TRAMITE COMUN MESA CINCO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, con copias y anexos que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 905/2022-I. Desechamiento De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; así como que se tiene la certeza plena de que la circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Luego, del análisis de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: De expuesto con anterioridad, se desprende que el quejoso reclama la determinación de seis de mayo de dos mil veintidós, dictada por ERIK FERNANDO MUNGUIA MIRELES, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO Y/O AGENTE FISCAL ADSCRITA A LA UNIDAD DE TRAMITE COMUN MESA CINCO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, mediante la cual negó decretar el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación de origen, al encontrarse la misma en fase de investigación y en consecuencia continuó con la integración de la misma. Causa de improcedencia que se configura Al respecto, se considera que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Por su parte, el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5o, fracción I, de la Ley de Amparo a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley" Del primero de los artículos transcritos, se desprende que para la procedencia de la acción constitucional, es menester que ésta se siga a instancia de la parte agraviada, esto es, quien acuda a solicitar la protección de los Tribunales Federales, debe ser aquél que resienta un agravio. Por su parte, el segundo de los dispositivos, confirma lo que el imperativo constitucional establece, virtud a que prevé que el juicio de amparo deberá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique la ley o acto que de cada autoridad se reclama. Luego, por agravio personal y directo se entiende la lesión o afectación de los derechos de una persona, a través de una resolución judicial o cualquier acto de autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un derecho, y éste es el significado que se emplea en los numerales 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de los tribunales federales. Lo anterior se explica en virtud que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el juicio de amparo como un medio de defensa de los derechos sustantivos, para proteger a los individuos contra la acción del Estado que sea lesiva de los derechos fundamentales. Al respecto conviene precisar, que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, el Agente del Ministerio Público es la autoridad encargada de realizar la investigación ante la comisión de un delito. Ahora bien, en relación con esto último, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público". Del texto constitucional trascrito se desprende que la persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público en representación de la sociedad; por lo tanto, debe colegirse que dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no forma parte de los derechos fundamentales de los gobernados, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a dicha institución. De ahí, que las actuaciones de las autoridades responsables tendentes a la integración y consignación de averiguación previa o carpeta de investigación, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, pues son de orden público, excepción hecha cuando en aquella se ordenara un acto privativo de la libertad, posesiones o derechos. En esas condiciones, el acto reclamado consistente en el proveído mediante la cual se negó decretar el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación de origen y en consecuencia se continuó con la integración de la misma, no le depara perjuicio alguno al solicitante del amparo, ya que dichas actuaciones no implican que se le haya privado de su libertad, posesiones o derechos; además, como ya se dijo, la facultad del Ministerio Público para la persecución e investigación de los delitos no es un derecho que forme parte de la esfera jurídica de los quejosos, sino que es un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a la institución mencionada; por lo que debe decirse, la resolución sobre el ejercicio de aquélla, no le irroga perjuicio alguno, virtud a que ésta se materializaría una vez que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resuelve procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Resulta aplicable la tesis aislada VI.3o.8 P, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 203374 de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 21 constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales." En ese sentido, la resolución mediante la cual se niega decretar el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación de origen y en consecuencia se continua con la integración de la misma, no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, pues en todo caso, forma parte de la facultad de investigación de la Fiscalía del Ministerio Público. Ello es así, puesto que dichas actuaciones no tienen como finalidad restringir la libertad personal de la parte quejosa, ni siquiera de manera momentánea, sino la de allegarse de elementos a fin de estar en aptitud de determinar si se configuran o no los ilícitos materia de la indagatoria, de ahí que no se esté en presencia de un acto que afecte a las personas involucradas en la misma. De igual forma tiene aplicación al caso la jurisprudencia I.2o.P. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 226462, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." De ahí que la averiguación previa o fase previa de investigación constituye medularmente una investigación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el Juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales, en ejercicio de las funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional de la autoridad investigadora. Resulta ilustrativa por las razones en ella expuesta la tesis 1a. CXXXV/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 180028, de rubro y texto siguientes: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Asimismo, la diversa tesis XXVII.3o.48 P (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Consultable en la página 1947, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Décima Época, registro 2015500, que dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." Decisión En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda en cuestión. Luego, no se soslaya a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 9/2021 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Undécima Época, con registro digital 2023205, de rubro "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA INDUDABLE Y MANIFIESTA PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE REVOCA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y ORDENA CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN", virtud a que en dicho criterio se estableció que no se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda promovida en contra del auto que revoca la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal y ordena la continuación de la investigación, al estimar que la reapertura de la investigación, ordenada por el Juez de Control, con la finalidad de posibilitar el ejercicio de la acción penal, constituye un acto susceptible de generar afectaciones al imputado, pues la determinación de no ejercicio de la acción penal provocó un cambio favorable en la situación jurídica del imputado; situación que en el caso en estudio no acontece, virtud a que no existe en favor del aquí quejoso una determinación favorable previa a la determinación reclamada; es decir, no se trata de una reapertura de investigación que pudiera trastocar su seguridad jurídica. Autorizado en términos amplios Se autoriza a la persona que señala para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, al precisar los datos de su cédula profesional y encontrarse registrada en el Sistema de control respectivo. Autorización de usuario para consulta del expediente electrónico y de notificaciones electrónicas Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, con el usuario proporcionado, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a ella por dicho medio. Lo anterior, en tanto que si bien proporciona domicilio para oír y recibir notificaciones, sin embargo, de igual forma solicita la practica de notificaciones electrónicas; de modo que al existir esa imprecisión y considerando que nos encontramos en un contexto de privilegiar la tramitación del juicio en línea como herramienta para evitar contagios a causa de la "COVID-19", se considera apropiado que las notificaciones se lleven a cabo de manera electrónica. Lo anterior, sin perjuicio de que el promovente reitere la intención de que se practiquen en el domicilio señalado, ante lo cual deberá excluir que puedan llevarse a cabo por vía electrónica. Uso de medios electrónicos Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Exhortación a las partes para continuar el juicio en línea De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); asimismo, se les hace saber que no se recibirán promociones, informes o escritos por correo electrónico, toda vez que la Ley de Amparo no reglamenta este medio como correspondencia legal entre las partes y el juzgado. Notifíquese personalmente por vía electrónica.

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