Alberto Ortega Ramírez

Expediente 1113/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1113/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Alberto Ortega Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    ***EN DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIECISÉIS DEL MES Y AÑO EN CURSO, SE NOTIFICA A **********, PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, EL ACUERDO DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS Y LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE A LA LETRA DICEN: "Ciudad de México, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México con el que remite el testimonio de la resolución del amparo en revisión 669/2022 de su estadística y el expediente citado al rubro, sin que sea el caso acusar recibo, en razón de que así lo precisa el citado tribunal colegiado. Comuníquese a las partes que el tribunal colegiado resolvió: "[.] PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión adhesivo interpuesto por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en términos del tercer considerando de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos octavo y décimo de esta sentencia. [.]" De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones en el libro electrónico. Glósense solamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación. Efectos de la resolución Ahora, del análisis de la ejecutoria de amparo emitida por el órgano colegiado, se desprende que se concedió el amparo para los siguientes efectos: "[.] De acuerdo con las consideraciones expuestas, lo procedente es conceder la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para los efectos siguientes: a) Las autoridades fiscales competentes del Gobierno de la Ciudad de México ubiquen a la parte quejosa en el rango que le corresponde de la tabla establecida en la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, con base en el valor catastral del inmueble precisado en la demanda de amparo, siguiendo la mecánica del tributo, obtengan el impuesto a cargo del ejercicio fiscal dos mil veinte y, del resultado del monto a pagar, se le deberá descontar el 25% -veinticinco por ciento- correspondiente al subsidio previsto para el rengo "G" del inciso b) del artículo segundo del acuerdo reclamado; y, b) La cantidad obtenida se restará al monto del tributo que pagó del ejercicio Fiscal dos mil veinte y el resultado será la cantidad a devolver, debidamente actualizada. [.] Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, como autoridad vinculada al cumplimiento, así como a la mencionada secretaría en su carácter de superior jerárquico, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, acrediten con documentos fehacientes haber cumplido con los extremos del fallo protector que fueron precisados con antelación. Asimismo, se requiere a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios para que dentro de ese plazo y bajo el mismo apercibimiento, informe qué Administración Tributaria, será la encargada de realizar la devolución de la cantidad que resulte con motivo de la mecánica establecida en los efectos de la ejecutoria relativo al inmueble en que tributa el quejoso en la cuenta predial ********************. A efecto de que las autoridades requeridas se impongan del contenido de dicha determinación, remítasele copia de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 669/2022 del índice del tribunal colegiado precisado. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se realizará lo siguiente: a) Se impondrá a cada una de las autoridades una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización vigente, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258, todos de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la ley de la materia. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se hace referencia en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen su puesto seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos del artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido de que: 1. Las autoridades vinculadas al cumplimiento deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando la autoridad lleve a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, b) los procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo, lo anterior, tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se le impondrán las sanciones previstas en la propia ley, esto es, una multa y, en su caso, la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Notifíquese y personalmente al quejoso." Y "PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión adhesivo interpuesto por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en términos del tercer considerando de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos octavo y décimo de esta sentencia. [.]". NOTIFÍQUESE.***

  2. Incidental

    EN ESTA MISMA FECHA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL ACUERDO DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE:"Ciudad de México, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por el subdirector divisional de Administración Tributaria en Parque Lira de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por el que informa que realizó el cálculo y determinó la cantidad actualizada susceptible de ser devuelta en relación con la cuenta predial ***** asimismo, solicita diversa información bancaria con la finalidad de realizar la transferencia electrónica, así como el nombre de quien deberá emitir el documento crediticio que expida. Ahora, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la quejosa para que en el plazo de tres días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo, realice lo siguiente: a) Manifieste lo que a su derecho convenga con la cantidad propuesta por la autoridad vinculada en cumplimiento a la sentencia de amparo. b) Remita datos de la institución bancaria, número de cuenta y clave bancaria estandarizada (CLABE) necesariamente a nombre de la quejosa y registro federal de contribuyentes (RFC). En el entendido que una vez trascurrido el plazo otorgado, sin que la quejosa desahogue el requerimiento de que se trata, se le tendrá por conforme con la cantidad determinada por la autoridad vinculada en el oficio ******************** de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, y con base en esa cantidad se formularán los requerimientos de cumplimiento de sentencia, asimismo, de no remitir la información solicitada se requerirá a la autoridad obligada al cumplimiento de la sentencia para que el monto sea devuelto mediante aviso de pago, lo que traería como consecuencia retraso en el cumplimiento. Finalmente, dígasele a la autoridad oficiante que el documento crediticio que expida deberá ser a nombre de la quejosa ********************. Notifíquese, y personalmente a la quejosa con copia del oficio ******************** de ocho de noviembre de dos mil veintitrés.."NOTIFÍQUESE

  3. Incidental

    Ciudad de México, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio que remite quien se ostenta como apoderada legal de la empresa de mensajería ******Mexicana, sociedad anónima de capital variable, por el que en atención al requerimiento de trece de octubre de este año, informa que dio por terminadas las gestiones de búsqueda en relación a la guía ********************, con código de rastreo ********************, a través de la que se hizo entrega del oficio 25197/2023, de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, al que se anexó el juicio de amparo 5560/2015 y sus acumulados 6431/2015, 6444/2015 y 6456/2015, así como el oficio de expresión de agravios con número de folio 2654, relativo al recurso de revisión interpuesto por el presidente de la república en contra de la sentencia dictada. Asimismo, manifiesta que el resultado de la búsqueda fue que se trata de una entrega no reconocida por el destinatario, por lo que lo declaró como extraviado, anexando a su oficio la constancia de recepción de denuncias expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por la que denuncia lo descrito. En consecuencia, se solicita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que tenga a bien informar el estado procesal en que se encuentra la denuncia registrada con folio 5616052, de la cual se ordena remitirle copia simple, lo anterior a fin de acordar lo conducente. Cabe mencionar que la responsabilidad administrativa recae en la persona moral denominada ********Mexicana, sociedad anónima de capital variable, por lo cual en su momento se solicitará la intervención del fiscal Ejecutivo Asistente (antes Agente del Ministerio Público de la Federación) para que realice la denuncia correspondiente por la pérdida, robo o extravío de actuaciones judiciales. Esto de conformidad con lo que se dispone en el artículo 24 del Reglamento de Paquetería y Mensajería: "Artículo 24. El Permisionario será responsable por el retraso, pérdida, robo, extravío, daños, faltantes, destrucción de los paquetes o por cualquier otro daño o perjuicio que pueda originarse con motivo de la prestación del servicio de paquetería y mensajería, excepto en casos fortuitos o de fuerza mayor en términos de la legislación aplicable y en lo particular, de acuerdo con los términos establecidos en la propia Carta de Porte o Guía." En vista de lo señalado con anterioridad, dado que existe una falta del original del expediente de este juicio de amparo y que del estado procesal de autos se advierte que este juzgado realizó diversos requerimientos y gestiones para la búsqueda y localización de los autos originales de este juicio, agotándose los medios necesarios para ese fin, por tanto, con el propósito de evitar mayores dilaciones procesales y de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 70 de la Ley de Amparo, se ordena descargar del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) las actuaciones y constancias del expediente electrónico del juicio de amparo 5560/2015 y sus acumulados 6431/2015, 6444/2015 y 6456/2015, para formar el expediente impreso, y se continúe con la tramitación del juicio. Finalmente, del estado procesal de autos se tiene que por acuerdo de catorce de febrero de este año, se tuvo al presidente de la República interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, por lo que se ordenó distribuir entre las partes copia del oficio de agravios y una vez realizado, se remitiera el juicio de amparo al tribunal colegiado del vigésimo quinto circuito en turno, por lo que en obvio de mayores dilaciones procesales, remítase al referido tribunal la copia certificada del oficio de agravios y de este juicio de amparo, ordenada en términos de los párrafos que anteceden, para la resolución del recurso mencionado. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la justicia Federal y el quince de octubre de ese año, se recibió el oficio remitido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que remitió copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión 277/2019 en la que se confirmó la sentencia. En ese sentido, en términos de lo que se establece en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requirió el cumplimiento de la sentencia a la Dirección General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Cabe señalar que se concedió el amparo de la justicia Federal para los efectos siguientes: [.] Sexto. Efectos del amparo. En atención a lo razonado en el considerando que antecede, con fundamento en el artículo 74, fracción IV y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo a ********************, para el efecto de que el Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (autoridad vinculada al cumplimiento) y el Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación de la Ciudad de México (autoridad demandada): 1. Den cumplimiento a la sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, dictada por la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, hoy Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en el expediente IV-16411/2016 de su índice, la cual fue modificada y confirmada por la Sala Superior de ese Tribunal en la resolución de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de apelación 7164/2016 y su acumulado 7165/2016, esto es: a) Que han realizado los trámites necesarios para la anotación en el expediente personal del actor, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue destituido de manera injustificada. b) Que acrediten que han realizado el pago al actor de la indemnización correspondiente al monto de tres meses de la remuneración que venía percibiendo, así como las demás prestaciones a las que tenga derecho, entendiéndose como las remuneraciones diarias ordinarias, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, o cualquier otro concepto que el servidor público dejó de percibir por la prestación de sus servicios, desde el momento en que se concretó su destitución del cargo hasta que se realice el pago correspondiente.[.]". Así, por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veinte, en atención a la solicitud de la directora general de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se tramitó el incidente innominado en etapa de cumplimiento, el que fue resuelto el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno y se determinó que la citada autoridad debe entregar al quejoso la cantidad de $******************** por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones, así como diferencias de la nómina de profesionalización, disponibilidad y perseverancia, del periodo que comprende de dos mil once a treinta de junio de dos mil veintiuno, respectivamente. Ahora, por acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por interpuesto el recurso de queja de la directora general de Recursos Humanos de la citada fiscalía, en contra de la resolución de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno relativa al incidente innominado, medio de impugnación que conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y en sesión ordinaria virtual de ocho de junio siguiente lo declaró infundado, por lo que el cuatro de julio de dos mil veintitrés, se requirió el cumplimiento de la sentencia a la citada autoridad, ordenándosele el pago al quejoso la cantidad de $************************* Por consiguiente, por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a la directora de Operación y Control de Pago de la mencionada fiscalía, remitiendo copia certificada de la planilla de liquidación a nombre del quejoso, por la cantidad de $************************ En ese sentido, en acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés se recibió el escrito de la autorizada del quejoso, en el que manifestó que recibió el cheque expedido en su favor por el monto señalado con antelación y precisó que se encuentra pendiente de pago el periodo comprendido del uno de julio de dos mil veintiuno al veinte de febrero de dos mil veintitrés, por lo que este juzgado de Distrito determinó que ese periodo también debe pagarse, en consecuencia, en auto de nueve de marzo de este año, se requirió a la directora general de Recursos Humanos de la citada fiscalía para que exhibiera la planilla de liquidación respecto de ese periodo. De manera que, por determinación de dos de mayo de dos mil veintitrés se tuvo a la directora de Operación y Control de Pago de la mencionada fiscalía, remitiendo copia certificada de la planilla de liquidación que contempla el periodo del uno de julio de dos mil veintiuno al veinte de febrero de dos mil veintitrés, documentales con la que se dio vista al quejoso para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. En razón de lo cual, en auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés se recibió el escrito del quejoso en el que manifestó que se encuentra conforme con la cantidad de $******************** establecida en la planilla de liquidación descrita en el párrafo que antecede, por lo que se requirió a la autoridad correspondiente y a su superior jerárquico el cumplimiento de la sentencia, es decir, efectuaran el pago del monto mencionado. Luego, por oficio recibido el ocho de junio de este año la Dirección General Jurídica Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que se agotaron los medios de defensa (visto bueno y/o procedencia de pago). Por tanto, en acuerdos de doce y diecisiete de julio, dieciocho y treinta de agosto, seis, dieciocho y veintidós de septiembre y cuatro de octubre, todos de este año se requirió el cumplimiento de la sentencia a la directora general de Recursos Humanos y al director general de Programación, Organización y Presupuesto, ambos de esa institución, la suficiencia presupuestal para el pago de la cantidad establecida en la planilla de liquidación que contempla el periodo del uno de julio de dos mil veintiuno al veinte de febrero de dos mil veintitrés, lo que evidencia que la sentencia aún no ha sido cumplida. Aunado a lo anterior, el Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, ha sido omiso en informar y acreditar que realizaron las anotaciones en el expediente personal del quejoso ******************** y en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (antes Registro Nacional de Seguridad Pública), que fue destituido de manera injustificada. En consecuencia, considerando que el cumplimiento de las sentencias es de orden público y este juzgado de Distrito está obligado a vigilar su cabal cumplimiento, con fundamento los artículos 192, párrafo segundo y 197, de la Ley de Amparo, con copia de las constancias que se estimen necesarias, requiérase a ***********, directora general de Recursos Humanos, a Paulino Rodríguez López, director general de Programación, Organización y Presupuesto y a **********, Coordinadora General de Administración, está en su calidad de superior jerárquico, así como al Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, todas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días contado a partir de que queden legalmente notificadas de esta determinación cumplan con los efectos de la sentencia, en los siguientes términos: 1. **********, directora general de Recursos Humanos y Paulino Rodríguez López, director general de Programación, Organización y Presupuesto, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: a) Remitan la suficiencia presupuestal para el pago de la cantidad de $******************** establecida en la planilla de liquidación que contempla el periodo del uno de julio de dos mil veintiuno al veinte de febrero de dos mil veintitrés. 2. Laura Ángeles Gómez, Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en su calidad de superior jerárquico: Ordene a ************, directora general de Recursos Humanos y ************, director general de Programación, Organización y Presupuesto, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que expidan la suficiencia presupuestal por la cantidad de $******************** establecida en la planilla de liquidación que contempla el periodo del uno de julio de dos mil veintiuno al veinte de febrero de dos mil veintitrés. 3. Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación de la Ciudad de México: a) Remitan las constancias con las que acrediten que realizaron las anotaciones en el expediente personal del quejoso ******************** y en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (antes Registro Nacional de Seguridad Pública), que fue destituido de manera injustificada. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se realizará lo siguiente: a) Se impondrá a las autoridades una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a criterio de esta juzgadora no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo expuesto, se hace del conocimiento que aun cuando dejen sus puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duraron sus encargos y por tal razón, podrán ser consignadas en términos del artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido de que: 1. Las autoridades vinculadas al cumplimiento deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos de lo señalado en el artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando la autoridad lleve a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, b) los procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo, lo anterior tiene fundamento en lo previsto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Finalmente, agréguense a los autos los oficios que remiten la representación del director general de Programación, Organización y Presupuesto y el delegado de la directora general de Recursos Humanos, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por los que solicitan prórrogas para dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, en atención su petición, dígaseles que deberán estarse a lo acordado en esta fecha. Notifíquese.

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