Alberto Manuel Ávila Duarte
Expediente 3987/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 3987/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/10/2017
Partes del expediente
- Alberto Manuel Ávila Duarte
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a once de octubre de dos mil diecisiete. Vistas las copias certificadas de los oficios remitidos por la autoridad responsable, los autos de catorce, y treinta y uno de julio, veintidós y veintinueve de agosto, todos de dos mil diecisiete y demás constancias relativas al Cuaderno Genérico 5/2016 de Carácter Principal, de las que se advierte que en relación con todos los quejosos y juicios de amparo respecto de los que fue requerida la responsable en diversos autos emitidos en ese cuaderno, a fin de proveer sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, señala que los contribuyentes a los que les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, son únicamente los que a continuación se precisan: No. Juicio de amparo Quejoso Sentencia 1 8050/2015 ********** Treinta de marzo de dos mil diecisiete 2 2391/2016 acumulado al 2390/2016 ********** Dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis Ahora bien, en la sentencia de este asunto, se resolvió, entre otras cuestiones, conceder el amparo y protección de la justicia federal para el siguiente efecto: "En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Por tanto, si la autoridad responsable, únicamente realizó procedimiento de fiscalización electrónico en contra de las contribuyentes señaladas y en relación con los juicios de amparo indicados con antelación y entre ellos no se encuentra la parte quejosa ni este asunto, razón por la cual no existen actos que dejar insubsistentes, se determina que no existe materia para el cumplimiento del juicio, en cuanto al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, a saber el único punto por el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de ahí que tampoco pueda emitirse la determinación en términos de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Con lo anterior, se da vista a la parte quejosa por el término de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, para que, de ser el caso, manifieste lo que a su interés legal convenga, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo y una vez transcurrido el plazo, con o sin manifestación alguna, se proveerá lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a catorce de agosto de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, mediante el cual promueve incidente por incumplimiento de la suspensión definitiva otorgada por este juzgado; atento a su contenido, dígasele que no resulta necesario tramitarlo, pues únicamente es suficiente precisar los alcances y efectos de la suspensión definitiva concedida. En ese sentido, al respecto se establece que mediante resolución interlocutoria de ocho de abril de dos mil quince, este órgano jurisdiccional concedió la suspensión definitiva en los términos y para el efecto siguiente: "De la transcripción anterior se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí procede conceder la suspensión contra la aplicación y ejecución de los artículos 17-K y 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ya que con ello no se afecta el orden público ni se causa perjuicio al interés social, pues si bien es cierto que los deberes impuestos a los contribuyentes en dichos numerales, consistentes en emplear el buzón tributario como mecanismo de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria e ingresar mensualmente su información contable en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, forman parte del conjunto de medidas implementadas por el legislador a fin de que los procedimientos de recaudación y fiscalización sean más ágiles y eficientes, lo cierto es que la concesión de la medida cautelar no significa que los contribuyentes dejen de cumplir con sus obligaciones fiscales ni impide que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación. La contradicción de tesis referida, dio lugar a la jurisprudencia 2ª./J. 2/2015 (10ª.) definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, página 1760, que a la letra señala: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17 K Y 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014).El análisis del proceso legislativo que culminó con la adición y modificación de los anteriores preceptos por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013 y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, permite establecer que procede conceder la suspensión en contra de su aplicación, al no contravenirse disposiciones de orden público ni afectarse el interés social, ya que las obligaciones que se imponen a los contribuyentes, consistentes en emplear el buzón tributario como medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria y enviar de manera mensual su información contable mediante la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, si bien forman parte de las medidas implementadas a fin de agilizar los procesos de recaudación y fiscalización, lo cierto es que la concesión de la medida cautelar no impide que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales de presentar promociones, solicitudes y avisos e incluso desahogar los requerimientos que la autoridad hacendaria le formule en forma directa, ya sea mediante documento impreso o a través de otros medios electrónicos en documento digital, ni tampoco que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación; habida cuenta que ésta puede notificar a los contribuyentes los actos y resoluciones que emita a través de los mecanismos ordinarios previstos para tal efecto, solicitando la información contable para verificar el cumplimiento de las obligaciones a través de los procedimientos de fiscalización, como son la revisión de gabinete y la visita domiciliaria." Ahora bien, debe tomarse en consideración que existe una normatividad complementaria que atañe a aspectos específicos, derivados de las disposiciones materia de los razonamientos que anteceden, como parte de la cual se integra incluso, entre otras, la Ley de Ingresos de la Federación para dos mil quince, y que resulta trascendente respecto de esta resolución porque de un modo u otro obligan al contribuyente a sujetarse al sistema denominado buzón tributario, así como a las denominadas contabilidad electrónica, en sus diversos aspectos inherentes tanto al registro como a la remisión, y revisión electrónica; por tanto, la conclusión alcanzada comprende también a esas diversas disposiciones que en uno u otro aspecto, inciden en la situación jurídico tributaria de la parte quejosa en relación con la obligación de registrar y enviar mensualmente su información contable por medios electrónicos, particularmente a través del buzón tributario y, por tanto, deben seguir la misma suerte que las disposiciones complementadas. Considerarlo de otro modo implicaría dejar sin materia el juicio de amparo, particularmente si se considera que expresa o implícitamente involucra lo relativo a buzón tributario, registro electrónico de contabilidad, remisión de la contabilidad a través del buzón tributario, revisión electrónica y preliquidación, por lo que, excluir de los alcances y efectos de la medida cautelar cualquiera de esos rubros, conllevaría inevitablemente la sujeción del contribuyente quejoso a la regulación inherente a todos los demás y, consecuentemente, a dejar sin materia el juicio de garantías...." En consecuencia, con la finalidad de no generar incertidumbre jurídica, se precisa que tal como se desprende del texto y contexto de la resolución, el alcance y efecto relativo consiste en que la autoridad fiscal no podrá exigir que la quejosa ingrese su contabilidad electrónica mensualmente a través del denominado buzón tributario, además, el referido medio de comunicación electrónica no podrá ser utilizado de manera oficiosa por la autoridad para notificarles cualquier acto o resolución que emita, menos aquellos que resulten perjudiciales para los contribuyentes. Se precisa que la suspensión otorgada no implica que el citado medio de comunicación deba suspenderse totalmente por la autoridad, ya que deberá quedar habilitado a efecto de que, de optar por ese medio, la quejosa pueda realizar otras operaciones, tales como presentar promociones, solicitudes, avisos y consultar su situación fiscal, casos en los que la autoridad podrá dar respuesta o solución por el mismo medio o vía electrónica. Sin que pueda considerarse que el otorgamiento de la medida solicitada implique que los contribuyentes queden relevados de la obligación de llevar los registros contables de manera electrónica, ni que la autoridad exactora esté impedida para ejercer sus facultades de comprobación o verificación, siempre y cuando sea por un medio distinto a la vía electrónica. En ese sentido, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente de aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, informe a este órgano jurisdiccional el cumplimiento a la medida cautelar concedida; apercibido que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, dentro del plazo señalado para ello, se le impondrá una multa a la cantidad que resulte equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación al artículo 259 Ley de Amparo; por lo que una vez que transcurra el plazo concedido provéase lo conducente. Notifíquese.
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