Alberto Morales Bracamonte

Expediente 909/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
909/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Alberto Morales Bracamonte

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexos presentados por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante los cuales da cumplimiento al requerimiento efectuado en dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa dicha autoridad, a las cuales se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, en las que se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de las documentales agregadas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en lo siguiente: "(.) IV.- ACTO RECLAMADO. - 1. Señalo como primer acto reclamado el auto de fecha 15 de junio del 2022 mediante el cual la responsable marcada con el inciso A) se sirve señalar nueva fecha para el desahogo de la prueba TESTIMONIAL OFRECIDA POR LA PARTE DEMANDADA Y A CARGO DE LOS C.C. JOSE MANUEL CONTRERAS VINDIOLA, EFRAIN YAÑEZ TANORI Y MARIO ALBERTO AGUIRRE BUSTAMANTE, señalando las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, misma fecha que es excesivamente lejana y se contrapone a todo término legal existente. 2. Señalo como segundo acto reclamado la omisión en la que han incurrido ambas responsables tanto la ordenadora como ejecutora, en la notificación a los testigos de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, toda vez que el expediente se encuentra con una extrema inactividad procesal derivada de dichas omisiones, limitándose únicamente a señalar nueva fecha tras nueva fechas por varios años, situación que se podrá advertir de los antecedentes del acto reclamado y de informe que en su oportunidad se sirvan remitir las señaladas como responsables." Al rendir su informe justificado, el presidente y el actuario, ambos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, aceptaron los actos reclamados, pues así se advierte de sus respectivos informes. Asimismo, la autoridad mencionada en primer término, manifestó que el once de agosto de dos mil veintidós dictó un auto, en el que se señaló nueva fecha para las testimoniales de las que se duele el quejoso, con lo que subsanó dicha irregularidad. Luego, dicha autoridad, hizo llegar las constancias de notificación concernientes a los testigos mencionados con anterioridad. También, de las constancias que anexaron a sus informes, así como de lo narrado por el quejoso en su demanda, se advierte lo siguiente: El seis de mayo de dos mil trece, la responsable dictó en el juicio laboral de origen 2141/2012, auto de admisión de pruebas, donde, en lo que interesa, fueron admitidas las que se plasman en la siguiente tabla, así como las actuaciones que recayeron a dichos medios de prueba: Prueba admitida Persona a cargo Foja y fecha en la que se advierte que se atiende la notificación Fecha designada para su desahogo conforme al acuerdo de once de agosto de dos mil veintidós Testimonial Emilio Robles Ruiz Foja 30. -dieciséis de agosto de dos mil veintidós- Diez horas del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós Testimonial Jorge Laborín Gálvez Foja 31. - dieciséis de agosto de dos mil veintidós - Diez horas del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós Testimonial José Manuel Contreras Mendiola Foja 32. -diecisiete de agosto de dos mil veintidós, imposibilidad de notificación- Once horas del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós Testimonial Efraín Yáñez Tánori Foja 34. -diecisiete de agosto de dos mil veintidós- Once horas del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós Testimonial Mario Alberto Aguirre Bustamante Foja 33. -diecisiete de agosto de dos mil veintidós- Once horas del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós Atento a lo apenas reproducido, se observa que las gestiones a fin de notificar a los testigos fueron realizadas posteriormente a la fecha de presentación de la demanda de amparo (seis de julio de dos mil veintidós), por lo que existía como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. Cuestiones que se corroboran de las pruebas documentales que acompañaron a sus informes justificados, así como aquellos en alcance. Ahora bien, con respecto al acto reclamado incrustado anteriormente en primer término, se advierte que la autoridad a la que se le atribuye dicho acto, realizó las acciones conducentes, como se denota de la última columna de la tabla ilustrativa. Luego, por lo que refiere al acto reclamado mencionado en segundo término, se hace patente que las notificaciones que le concernían a los absolventes que se designaron en el citado auto de seis de mayo de dos mil trece dictado en el expediente de origen, fueron llevadas a cabo las acciones correspondientes, como se desprende de la tabla en mención. En esa medida, quien resuelve determina que cesaron los efectos del reclamo constitucional, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda se evidenció la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de realizar los actos tendentes de efectuar las notificaciones respectivas para lograr el desahogo de las pruebas testimoniales admitidas en el multicitado auto de seis de mayo de dos mil trece, dictado en el juicio obrero génesis; no obstante, la Junta y el actuario responsables realizaron las acciones propensas que les confieren sus facultades para subsanar las irregularidades reclamadas por el impetrante de amparo. De modo que aquellas conductas de las que se dolía la parte quejosa, han quedado subsanadas, cuestiones que se corroboran en líneas anteriores; pues se han efectuado acciones conducentes, es decir, la Junta responsable regularizó las fechas asignadas para el desahogo de las consabidas testimoniales dentro del término legal previsto en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, y el fedatario público notificó y razonó a los absolventes señalados para la celebración de las diligencias que les corresponden, por tanto se considera que se restituyó al peticionario de amparo en el goce de su derecho conculcado, pues los efectos de las aludidas omisiones reclamadas cesaron. De ahí, que con tales actuaciones desplegadas por las responsables se actualiza la causal de improcedencia analizada, pues cesaron los efectos del reclamo constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Es necesario dilucidar que, no pasa inadvertido para quien resuelve la eventualidad relativa a que, respecto del ciudadano José Manuel Contreras Mendiola, no fue posible su notificación en el juicio de origen; sin embargo, tal eventualidad no corresponde a una conducta actual omisiva por parte del fedatario del órgano responsable, pues como es posible percatarse de las constancias que integran el asunto en que se actúa, este acató la orden del tribunal responsable y pretendió notificar a dicha persona; sin embargo, por razones ajenas a su voluntad y oficio, no fue posible tal llamamiento, según se desprende de la razón actuarial levantada, por lo que el ahora quejoso se encuentra en posibilidad de manifestar lo que a su derecho convenga; de modo que actualmente no existe certidumbre en torno a que dicho órgano ejecutor vaya a desplegar una conducta omisa en lo futuro, pues en todo caso, de materializarse posteriormente alguna omisión por parte de las autoridades responsables, el promovente estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Se cita al respecto, en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." Bajo las condiciones apuntadas, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Audiencia constitucional sin efectos. Atento a lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y nueve minutos del veinte de septiembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese personalmente; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Informes justificados. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados rendidos el presidente y el actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Requerimiento a la junta responsable. Con fundamento en el artículo 75, de la Ley de Amparo, requiérase al actuario notificador responsable, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita en copia certificada las constancias de notificación de los testigos ofrecidos dentro del juicio laboral 2141/12. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento audiencia constitucional. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la aludida audiencia y se fijan las nueve horas con treinta y nueve minutos del veinte de septiembre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de julio de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo. 2. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Alberto Morales Bracamonte, en contra de los actos reclamados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora y otra autoridad. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente -previa solicitud del código QR, el cual puede ser generado a través del sistema de "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea-. 4. Informes. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades señaladas como responsables rindan su informe justificado, lo que deberán hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que haga llegar sus informes o cualquier comunicación dirigida al órgano. 5. Apercibimiento a las autoridades responsables. Apercíbaseles que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, se presumirá cierto el acto que se les reclama, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Además, en términos del numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 6. Requerimiento a las autoridades. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir su informe con justificación, comuniquen si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto combatido, así lo hagan saber a este juzgado. En el entendido que no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, ello de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la legislación reglamentaria. 7. Prevención a las autoridades. En caso de que las autoridades se nieguen a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 8. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 9. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. 10. Tercero interesado. Debido a la naturaleza omisiva del acto reclamado, se estima que no existen terceros interesados. 11. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las autoridades responsables para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. Por lo que respecta a la parte quejosa, se le tiene proporcionando como medio de comunicación no procesal, el correo electrónico que refiere en su escrito de demanda. 12. Incidente de suspensión. Sin necesidad de tramitarse por separado y duplicado el incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado por la parte quejosa. 13. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 14. Autorizados. En el caso que la parte quejosa sea el patrón, se tienen por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En la inteligencia que, dado el evento que la parte quejosa recaiga en el trabajador, se autoriza para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, con las facultades conferidas en el párrafo primero del precepto en cita. 15. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal, y humana que menciona; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. En cuanto a requerir a la responsable por las constancias que integran el juicio laboral de origen, dígase que deberá estarse a lo acordado en el punto "4. Informe", de la presente determinación. 16. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 17. Comunicación a las responsables de las resoluciones que se le notificarán por oficio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10ª), se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 18. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 19. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 20. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 21. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 22. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese; y, personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por oficio a las responsables y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano