Alberto Manzo Suárez
Expediente 484/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Alberto Manzo Suárez
- Servicios Educativos del Estado de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Certificación. El treinta de octubre de dos mil veintitrés, Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar que el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió, del cuatro al dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo; lo anterior se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. El treinta de octubre de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años al haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años al haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, trece de octubre de dos mil veintitrés. Se agrega escrito. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito y anexos de cuenta presentado por el autorizado de la parte quejosa, toda vez que de las manifestaciones que realiza, así como del estado de autos, se observa que mediante resolución constitucional de ********************, se dilucidó la Litis planteada en el presente sumario. Por cuanto hace a la petición de que se remita el presente expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en atención a lo establecido en el numeral 193 de la Ley de Amparo, dígasele que la sentencia emitida se encuentra pendiente de causar ejecutoria, asimismo que se encuentran expeditos sus derechos para interponer los medios de impugnación que la ley de la materia prevé, en caso de considerarlo pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución Constitucional En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido del secretario Jesús Emmanuel Trejo Michel, con quien actúa, declara abierta la presente audiencia conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de admisión, constancias de emplazamiento a juicio de las partes, informe justificado de las autoridades responsables; a lo que el juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, al rendir informe con justificación en representación de las autoridades responsables; asimismo, la presuncional en su doble aspecto -legal y humana- y la instrumental de actuaciones anunciadas por el impetrante. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su propia naturaleza la probanza aludida. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que ninguna parte los formuló. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por perdido el derecho de las partes para expresarlos; se cierra esta fase y al no existir diligencia pendiente que desahogar, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Mediante escrito de demanda recibido el ********************, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora y remitido por razón de turno a este órgano jurisdiccional el mismo día, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos atribuidos a la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno de esta entidad y a Servicios Educativos del Estado de Sonora. Radicación, desechamiento y recurso de queja. El ********************, se consideró improcedente el escrito de demanda y en consecuencia se determinó desechar el mismo. Inconforme con tal resolución, el impetrante promovió recurso de queja que se radicó bajo número ******************** de la estadística del Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, el cual fue declarado fundado en sesión de ******************** y se ordenó la devolución de los autos a este juzgador para proveer lo conducente. Admisión. Por auto de ********************, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución dictada por el tribunal de alzada en la queja ********************; en consecuencia, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se concedió la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia Constitucional, misma que previo diferimiento, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: La omisión de dar respuesta a la petición que formuló el quejoso ante la dirección general de procesos de nómina de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora el ********************, donde se solicitó la expedición de copias simples de diversos comprobantes fiscales digitales por internet -CFDI-y expediente administrativo del solicitante, con motivo de los pagos y retenciones de impuestos derivadas de la terminación de su relación laboral. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado, no obstante haber negado su existencia al rendir su informe justificado, las autoridades responsables por conducto del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; toda vez que la existencia del mismo, se advierte de las manifestaciones que realiza al respecto; certeza que se corrobora con las constancias que remitió, actuaciones a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, ya que se tratan de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que la ley le asigna. Al respecto, no pasa inadvertido para este juzgador el argumento esgrimido por la autoridad responsable en el sentido de que previo a la presentación de la demanda, se había cumplido con la obligación que le impone el artículo 8° Constitucional, al haber emitido el oficio ******************** de ********************, mismo que refiere no obra constancia de su notificación en virtud de la negativa de recibirlo, externada por el autorizado del quejoso al tener conocimiento del contenido del mismo. Sin embargo, la razón levantada por los funcionarios adscritos a las responsables, asentada en dicho ocurso, no tiene el alcance de generar convicción en el suscrito respecto de lo en ella afirmado, en virtud de que no fue debidamente circunstanciada -no establece el lugar en el que se constituyeron-, ni tampoco se establece si los mismos cuentan con fe pública para llevar a cabo este tipo de notificaciones o si en su defecto, fueron asistidos por testigos, aunado a que tampoco se plasmó el cargo que ostentan a fin de que este órgano jurisdiccional estuviese en aptitud de analizar sus facultades legales. Causas de improcedencia En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, quien resuelve se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Pues si bien, en el caso concreto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, el suscrito estima que también se actualiza la diversa hipótesis de inejercitabilidad de estudio preferente, contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, párrafo primero y 5, fracción II, estos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que establecen a la letra: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". De los preceptos legales citados así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. Los tribunales federales han definido el concepto de autoridad responsable, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, sostuvo el criterio de que eran quienes disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. En el primer supuesto, se identifica la calidad de autoridad con la disposición de la fuerza pública, mientras en el segundo, quienes disponen de ella tienen calidad de autoridad sin excluir que puedan tener esa naturaleza quienes no dispongan de esa fuerza (particulares). En relación con esto, al analizar el concepto de autoridad responsable o particular responsable en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en la ejecutoria de veintiséis de marzo de dos mil catorce, de la contradicción de tesis 4/2014, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Tercero del Segundo Circuito, Tercero del Tercer Circuito, Segundo, Sexto y Décimo Séptimo del Primer Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: "Aun cuando el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece establece que: '... para los efectos de esta ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general'; lo cierto es que la procedencia del juicio, en esos términos, está condicionada a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra a subordinación." Posteriormente, la misma Segunda Sala del Alto Tribunal, en la ejecutoria de treinta de abril de dos mil catorce, dictada en el amparo directo en revisión 736/2014, en lo que interesa expresó: "Que en tratándose de juicios promovidos bajo la vigencia de la nueva Ley de Amparo, existe un nuevo paradigma respecto del concepto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio constitucional. [...] Que en términos del artículo 5o. de la Ley de Amparo vigente, es autoridad responsable la que, independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, prevé una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Que a través de la disposición citada, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas y se señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [...] Que este tribunal y la doctrina constitucional han sostenido que en el Estado existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: de subordinación, de supraordinación y la de coordinación [.] Que, con base en las notas distintivas de cada uno de los tipos de relaciones jurídicas que existen en el Estado, atendiendo al marco conceptual que dio origen al texto de la vigente Ley de Amparo, es que, como se indicó en el asunto citado, en cada caso concreto debe analizarse si los actos de que se trata, pueden reputarse como provenientes de autoridad." De lo transcrito se advierte que para la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, la identificación del sujeto "autoridad" y del sujeto "particular que realiza actos equivalentes a los de autoridad", en la Ley de Amparo vigente se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan en el seno del Estado, a saber: Subordinación; son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes; Supraordinación; debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; y, Coordinación; son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. De suerte que será autoridad para efectos del juicio de amparo, se insiste, aquélla que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, las características que distinguen a una autoridad para los efectos del amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Las consideraciones expuestas tienen sustento en la jurisprudencia 2a./J 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089; que señala: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De acuerdo con lo anterior, para que el acto de un órgano sea conceptualizado como de autoridad para los efectos de este medio procesal de tutela constitucional debe originarse con motivo de una relación de supra a subordinación; es decir, entre sujetos colocados en diferentes planos, por un lado, los particulares y, por otro, el Estado investido con su imperio. Así, para identificar si un acto se generó dentro de una relación de supra a subordinación deberá tener las características siguientes: 1. Ser unilateral, porque para su existencia y eficacia no requiere del concurso o la colaboración del gobernado frente al cual se ejerce; esto es, su emisión sólo depende de la voluntad de la autoridad. 2. Ser imperativo, lo cual implica que la voluntad del gobernado quedará sometida a lo dispuesto por el ente público, esto es, el acto se impone aun en contra de la voluntad del particular. 3. Ser coercitivo, ya que podrá constreñir al gobernado para hacer respetar el mandato de la autoridad; en otras palabras si el acto no se acata en forma voluntaria se podrá lograr su cumplimiento de manera coactiva a través de los mecanismos que la ley establezca, incluso mediante el uso de la fuerza pública en ciertos casos. Así, las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En términos de estas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos fundamentales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que derivan de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de este juicio constitucional. Bajo esas premisas es inconcuso que no cualquier acto proveniente de un ente público será susceptible de ser reclamado en el juicio constitucional, sino sólo aquél por medio del cual se afecten situaciones jurídicas abstractas -norma general- o concretas con efectos particulares -acto en estricto sentido u omisión-, que es imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de tal forma que se evidencien las características descritas. Por tanto, a través del juicio de amparo únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con tal carácter, a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación que se hayan aducido en su contra. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema tratado emitió la tesis 2a. XXXVI/99, cuyo rubro es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." En ese sentido, es importante poner de relieve que para nuestro Alto Tribunal resulta innegable que el sistema jurídico autoriza que los organismos públicos, en algunos supuestos, actúen como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios previstos a esos efectos y que en otros casos, emitan actos de autoridad susceptibles de combatirse mediante el juicio de amparo. En ese orden de ideas, afirmó que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, los que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social de tal magnitud, que actualicen una relación de supra a subordinación. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a las instancias administrativas o jurisdiccionales ordinarias para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o previstas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, esto es, existe bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, conviene acotar que el promovente reclama la omisión de dar respuesta a la petición que formuló el quejoso ante la dirección general de procesos de nómina de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora el ********************, en el que solicitó la expedición de copias simples de diversos comprobantes fiscales digitales por internet -CFDI- y expediente administrativo del solicitante, con motivo de los pagos y retenciones de impuestos derivadas de la terminación de su relación laboral. Sin embargo, como se dejó asentado, tal acto reclamado, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, no puede ser combatible a través del juicio Constitucional, puesto que se está en presencia de reclamos que tienen que ver con la solicitud derivada de la relación que existió entre la quejosa en su carácter de trabajador y, las autoridades señaladas como patrón, en virtud de la relación de coordinación que los unió. En efecto, contrario a lo que sostiene el inconforme, el acto reclamado no reúne las notas características de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque fue combatido con motivo de la relación de naturaleza laboral que unió a las autoridades responsables con el quejoso. Esto es, las citadas autoridades, a pesar de ser entes públicos, en este caso no actuaron o dejaron de actuar investidas de facultades o poderes de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales concretas de modo imperativo, sino que su actuación derivó de los derechos y obligaciones laborales existentes entre el impetrante con motivo de la relación que los unió, y que dio paso a la solicitud, cuya omisión de contestación se combate. Al respecto, es preciso dejar patente que al resolver la contradicción de tesis 14/2000-PL, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el punto jurídico a dilucidar estribaba en establecer si era procedente el juicio de amparo contra la violación al derecho de petición que se atribuye a un funcionario o empleado público cuando dicha petición se refiera a aspectos relativos a una relación de derecho privado, es decir si el derecho de petición consagrado en el artículo 8° Constitucional implicaba la obligación del servidor público de dar contestación a la petición que un particular le formule en torno a una relación en que no actúe como sujeto de derecho público y si, por ende, la relación existente entre ellos era relevante para su solución. El Pleno del Alto Tribunal, concluyó que si era relevante definir la relación jurídica entre el justiciable y el ente público -autoridad desde el punto de vista formal- a fin de determinar la procedencia del juicio Constitucional. Arribó a dicha conclusión, partiendo de la consideración de que si es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que se manifiestan los derechos humanos susceptibles de control Constitucional, al colocarse el gobernado como titular de los mismos frente a los actos de autoridad, cuyo ejercicio y poder de imperio debe modularse para analizar su conformidad con la Norma Fundamental, entonces, concretamente en el derecho de petición, la naturaleza jurídica de la relación entre el formulante y el ente público al que se dirige, es determinante para efectos de determinar la procedencia del juicio de amparo. Así se establece en la tesis jurisprudencial P./J. 42/2001, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 126, Registro digital: 189914. Novena Época, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." (Énfasis propio) Bajo tales premisas, se concluye que el acto reclamado a las autoridades responsables no reúne las notas características de actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que lo cierto, se insiste, es que la petición elevada por el impetrante obedece a la relación laboral que existió entre éste y las autoridades responsables. En otras palabras, la omisión de contestar la petición efectuada tiene como origen una relación de carácter laboral, que posicionó a las autoridades señaladas en una relación de derecho privado, lo que al tenor del criterio jurisprudencial citado, permite concluir que dichos entes actuaron en un plano de igualdad con el aquí quejoso. En efecto, a pesar de que las responsables tienen el carácter de dependencias públicas, ello no significa que en la especie hayan creado, modificado o extinguido, de manera unilateral, ante sí o por sí la situación jurídica de la quejosa, sino que la omisión que por esta vía se combate, al pertenecer al derecho privado, y derivar de una contienda laboral en la que se sometió a escrutinio de la Junta el conflicto obrero relativo, puede ser subsanada a partir del requerimiento realizado por la autoridad jurisdiccional competente, lo que revela que no tienen la calidad de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo y, por ende, el acto reclamado no es susceptible de combatirse a través de esta vía. Apoya lo determinado, la tesis I.3o.T.3 L (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito que reza: "CONSTANCIAS DE RETENCIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE TIENE FACULTAD PARA RESOLVER SOBRE SU ENTREGA POR PARTE DEL PATRÓN EN EL JUICIO LABORAL. De los artículos 31, fracción IV y 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos, 26 del Código Fiscal de la Federación y 110, párrafo primero; 113, párrafos primero y tercero; 116, primer párrafo; 117, primer párrafo, fracción II; y, 118, fracciones I a III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, salvo los casos de excepción, los patrones tienen el carácter de auxiliares de la administración pública federal en la recaudación del impuesto sobre la renta derivado de una relación laboral y tienen la obligación de retener el causado, por lo que el monto del tributo deben enterarlo ante la autoridad hacendaria; bajo ese tenor, es evidente que las Juntas de Conciliación y Arbitraje cuentan con la facultad para resolver sobre la entrega de constancias de retención del pago de impuestos por parte del patrón en el juicio laboral, al tratarse únicamente de las constancias que demuestran que dicho patrón enteró a la autoridad hacendaria la retención de aquellos que realizó al trabajador por cuestión de impuesto sobre producto del trabajo y, por ende, está obligado a entregarlas al trabajador en los términos precisados en el referido artículo 118, puesto que la solicitud de su exigencia está justificada por la necesidad de conocer las retenciones efectuadas en el año, para pedir, en su caso, la devolución, lo cual, de ser procedente, deberá tramitarse ante la autoridad correspondiente." (No. de Registro: 167961, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, página: 1677). (Negritas de origen) Aunado a lo anterior, como se mencionó al inicio de este considerando, si bien cesaron los efectos de la omisión controvertida, en virtud de la notificación vía correo electrónico del diverso oficio ********************, emitido por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, en respuesta a la petición de ********************, formulada por el solicitante de amparo y presentada el ********************, atendiendo a lo considerado, resulta innecesario dar vista al impetrante con la contestación realizada a fin de que amplie su demanda en contra de la misma. Es menester precisar, que en el caso resultan aplicables por mayoría de razón las tesis 2a./J. 93/2018 (10a.) y 2a./J. 66/2016 (10a.), de texto y rubros siguientes: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. El juicio de amparo procede cuando se pone en evidencia que el funcionario o empleado público obligado a contestar una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responderla, pues esto supone una violación al derecho relativo reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un ente público y está facultado para emitir actos por medio de los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le atribuya la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto para garantizar la protección efectiva del derecho indicado, con la finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta, en el entendido de que respecto de ésta no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos, sino que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la ley mencionada. (No. de Registro: 2017817, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página: 1021). INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. (No. de Registro: 2011948, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página: 898). Lo anterior en virtud de que como se precisó con antelación, no existe derecho de petición alguno derivado de la omisión reclamada que amerite tutela Constitucional, pues ésta no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas específicas, al derivar de una relación del derecho privado, y por ende, tampoco existe la posibilidad de someter a escrutinio Constitucional su contestación. Lo anterior es así, ya que si tratándose de omisiones que versan respecto de las atribuciones que les otorga la ley a las autoridades responsables, como aconteció en los asuntos que analizó la Segunda Sala del Alto Tribunal y cuyas consideraciones se plasmaron en las citadas tesis, determinó que en materia de pensiones o del destino de los recursos de los trabajadores, las actividades realizadas por el Instituto del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, derivaban de la Ley relativa y por ende, debía protegerse el derecho de petición relativo, sin emprender el análisis de la contestación relativa, con mayor razón resulta improcedente su análisis, cuando no existe derecho de petición que proteger, como acontece en la especie. En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia en estudio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se deberá decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Decisión. En consecuencia, al actualizarse entre otras, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, párrafo primero y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a contrario sensu, respecto de la omisión reclamada, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento, procede sobreseer en el biinstancial. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve. Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto precisado en el apartado III, por las razones expuestas en diverso V de esta resolución. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte la imposibilidad para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional programada para esta fecha, toda vez que se encuentra pendiente que transcurra el término previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que la partes se impongan del contenido del informe agregado el pasado ocho de septiembre. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para esta data y se fijan las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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