Alberto Misael Ruis Florean

Expediente 1432/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 44 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1432/2022
Año
2022
Actuaciones
44
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Fiscal General de Justicia del Estado
  • Alberto Misael Ruis Florean

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1432/2022 y su acumulado 485/2023, promovido por ********************en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, el quejoso es propietario de un vehículo de motor, el cual fue reportado como robado; con motivo de ello, las autoridades responsables dictaron órdenes por las cuales pretenden privarlo de la posesión y propiedad de ese vehículo, así como de su libertad personal, cuya ejecución atribuye a las responsables que señala como ejecutoras. Por ello, estima que aquéllas violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Dicha demanda se turnó el mismo día a este órgano jurisdiccional, quedando registrada con el progresivo 1432/2022; la cual, previó desahogo de prevención, se admitió a trámite el cinco de enero de dos mil veintitrés. Posteriormente, el diez de mayo del año en curso, el quejoso presentó demanda de amparo contra los mismos actos y autoridades. Dicha demanda se turnó al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, dando origen al juicio de amparo 474/2023, y, en proveído de once de mayo, la returnó a este Juzgado al actualizarse un criterio de relación por conocimiento previo. Este Juzgado se avocó al conocimiento de la demanda y la radicó con el número de expediente 485/2023. Luego, mediante proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés, se ordenó la acumulación del juicio de amparo 485/2023 al 1432/2022 en que se resuelve. Previa solicitud a las autoridades responsables de sus informes justificados; intervención otorgada al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y señalamiento de día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, aquella tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de las demandas de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables [por las cuales se admitió a trámite] lo siguiente: Fiscal General del Estado. Coordinador de las Mesas Especializadas de Robo de Vehículos, adscrita a la Fiscalía Especializada a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General de Justicia en el Estado. Fiscal o encargado de la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos de Alto Impacto. Director de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Fiscal de Justicia encargado de la Fiscalía de Robo de Vehículos, dependiente de la Dirección de Averiguaciones Previas de la Fiscalía General del Estado. Comandante o encargado de la Guardia Nacional en el Estado de Oaxaca. Orden privativa de libertad personal dentro de la carpeta de investigación ********************: Orden de cateo en su domicilio dictada en su contra. La orden de detención del vehículo de motor marca: Ford, línea: Escape xls, modelo: dos mil ocho, color: verde salvia, versión: cuatro puertas, combustible: gasolina, número de serie: 1FMCU02Z08KE73373, número de motor: sin número, clave vehicular: 0491301. La orden privativa de libertad (orden de aprehensión, detención o arresto). Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones. Ejecución material de las órdenes privativas de libertad y posesión del vehículo de motor. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Las autoridades responsables rindieron su informe justificado en el sentido siguiente: No. Autoridad responsable Sentido Foja 1 Fiscal General del Estado Niega 45 2 Coordinador de las Mesas Especializadas de Robo de Vehículos adscrita a la Fiscalía Especializada a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General de Justicia Del Estado Niega 59, 71 y 196 3 Fiscal o Encargado de la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos de Alto Impacto Niega 62 4 Director de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca Niega 61 y 189 5 Fiscal encargado de la Fiscalía de Robo de Vehículos dependiente de la Dirección de Averiguaciones Previas de la Fiscalía General del Estado Niega 68 6 Primer subinspector, Oficial Sv. Coordinación Estatal Oaxaca de la Guardia Nacional Niega 219 7 Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones Niega 65 y 190 Sin que el quejoso hubiese desvirtuado dichas negativas. En ese contexto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [...]" Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia del acto anteriormente precisado, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." No es óbice para quien resuelve que al rendir su informe justificado, el Coordinador de las Mesas Especiales de Robo de Vehículos, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, manifestó la existencia de una carpeta de investigación por el delito de robo especifico de la unidad de motor marca Ford, tipo Escape XLS, color verde salvia, con placas de circulación TMW2175 del Estado de Oaxaca, número de serie 1FMCU02Z08KE73373, sin número de motor, que se tramita ante la Mesa Uno de la Unidad Especializada en Combate al Robo de Vehículos de la Fiscalía General citada. Ello, porque al contar este juzgado con copia certificada de esa carpeta de investigación, únicamente se advierte existe una denuncia y que se está investigando el hecho que la ley contempla como el delito de robo específico de la unidad de motor referida; sin embargo, a la fecha de la presentación de las demandas de amparo, no existe determinación que haya ordenado el aseguramiento del vehículo o por la que se pretenda privar de su libertad al quejoso. Máxime, el quejoso no desahogó la vista que se le concedió en proveído de veinticinco de mayo pasado, en el que se le requirió para que manifestara si era su voluntad ampliar su demanda de amparo y señalar como autoridad responsable al titular de la Mesa Uno de la Unidad Especializada en Combate al Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, llevador de la carpeta de investigación ********************, no obstante estar notificado personalmente de esa determinación judicial. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************en términos del apartado V de esta resolución. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo para que las partes se impongan del contenido del proveído de dieciséis de octubre del año en curso, en el que se desechó la prueba testimonial ofrecida por el quejoso. Por lo tanto, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere, por lo que se fijan las doce horas con cuarenta y cinco minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que el dieciséis del mes y año en curso, se dictó un proveído en el que se desechó la prueba testimonal ofrecida por el quejoso, sin que a la fecha obre constancia que acredite que las partes quedaron notificadas de dicha determinación. Por lo tanto, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere, por lo que se fijan las doce horas con quince minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos se advierte que en auto de quince de mayo de dos mil veintitrés se reservó acordar respecto a la prueba testimonial ofrecida por el quejoso Alberto Misael Ruiz Florean, por lo tanto, se ordena levantar dicha reserva y al efecto se provee: Primero, debe establecerse que para el ofrecimiento de la prueba testimonial, el artículo 119, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, indica que se deberá: Exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos. Proporcionar el nombre de éstos. El domicilio de los testigos cuando no los pueda presentar. En el caso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis de la que derivó la jurisprudencia la P./J. 17/2018 (10a.) señaló que del artículo 119 de la Ley de Amparo, se desprende que para el ofrecimiento de la prueba testimonial, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. Al tenor de lo anterior, se estableció que para la admisión de la prueba testimonial, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. En ese sentido, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. La facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas. En ese tenor, éste juzgador estima que debe desecharse la prueba testimonial, porque no se proporcionó el interrogatorio sobre el cuál versaría dicha prueba, como lo dispone el artículo 119 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 17/2018, con registro digital 2017133, de rubro: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA DA A LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)". Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas." Aunado a que el quejoso tampoco ofreció el nombre de las personas que rendirían su testimonio. En consecuencia, se desecha la prueba testimonial ofrecida por el quejoso. Finalmente, para dar oportunidad a que las partes se imponga de este proveído, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere, por lo que se fijan las diez horas del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente a las partes. (SE NOTIFICA POR LISTA LA PARTE QUEJISA PREVIO AVISO QUE SE LE DEJO)

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