Alberto Méndez Blas

Expediente 1001/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1001/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Alberto Méndez Blas

Actuaciones

  1. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1001/2023, promovido por ********************, en su carácter de apoderado legal de********************, en contra de los actos de la autoridad que se menciona más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, la parte quejosa afirma que la autoridad responsable ha sido omisa en dar contestación a su escrito recibido el treinta de junio de dos mil veintitrés. Derivado a lo anterior, estima que la responsable viola en su perjuicio el derecho fundamental reconocido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La parte quejosa presentó su escrito de demanda el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés en las Oficinas de Correspondiente Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. Se recibió en este juzgado de distrito por razón de turno el veintinueve de septiembre del actual, registrándose la demanda bajo el progresivo 1001/2023; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal Federal de la adscripción, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la omisión por parte de una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que el quejoso reclama del director responsable de la obra pública municipal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, lo siguiente: La omisión de dar contestación a su escrito recibido el treinta de junio de dos mil veintitrés, en el cual, solicitó el cambio de usos de suelo de baldío a comercial, así como, el alineamiento y número oficial del lote marcado con el progresivo 30. V. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, por tratarse de omisiones que crean una situación permanente en la esfera jurídica de la parte quejosa, que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, el siguiente criterio: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir su informe justificado, el director responsable de la obra pública municipal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, manifestó que el veintitrés de octubre de este año y mediante oficio ******************** de doce de octubre del actual, otorgó contestación a la solicitud planteada por el aquí quejoso, misma que se recibió el veintitrés de octubre de este año. Por ende, se desvirtúa la negativa y se tiene como cierto el acto reclamado. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, con número de registro 211004, que a continuación se invoca: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo anterior, se corrobora con las documentales que adjuntó a su informe de ley, a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Es aplicable la jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito4 , que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis VI. 2o. J/209, con número de registro 218875, visible a foja 51, Octava Época, Materia Común de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En el presente asunto se advierte que respecto al acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a su escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintitrés; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Las anteriores consideraciones llevan a concluir que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, se requiere lo siguiente: La existencia de un acto de autoridad, el cual el impetrante de amparo estime lesivo de sus garantías; y, en razón de ello, se motive la promoción de la demanda de amparo. Un diverso acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma terminante, al acto reclamado, retrotrayendo las cosas al estado que tenían hasta antes de la promoción de la demanda de garantías. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En el caso concreto, el quejosa reclamó la omisión del director responsable de la obra pública municipal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, de dar contestación a su escrito recibido el treinta de junio del año en curso. En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se anticipó- de las constancias remitidas por la responsable está probado que otorgó contestación mediante oficio ******************** de doce de octubre del actual, notificándose al peticionario el veintitrés de octubre de dos mil veintitrés. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el diverso 63, fracción V de la misma legislación reglamentaria, de las diversas 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por tanto, al no existir motivo para resolver el fondo del asunto, este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en tanto que no se puede alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de la materia del acto reclamado que se impugna. El sentido de esta determinación, impide entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, atento al contenido de la tesis II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, número 70, Octubre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor literal: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Cabe precisar, el análisis de las causas de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, no constituyen una denegación de justicia. IX. DECISIÓN En consecuencia, como no existe prueba en contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede en este asunto es el sobreseimiento. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en su carácter de apoderado legal de********************. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declaró inhábil el período comprendido del dieciocho al veintinueve de octubre del presente año; por tanto, se suspendieron los términos y plazos procesales durante ese plazo. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que para las diez horas del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, por las razones expuestas, no fue posible celebrar la citada audiencia. Por tanto, se fija como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, las once horas con diez minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. (ii) Finalmente, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio del director responsable de la obra pública municipal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado; con lo anterior, dese vista a las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declararon inhábiles los días correspondientes del dieciocho al veintinueve de octubre del presente año; por tanto, se suspendieron los términos y plazos procesales durante ese periodo. Vinculado a lo anterior, del estado de autos se advierte que se encontraban señaladas las doce horas con quince minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, no fue posible su celebración por las razones expuestas. Por tanto, se fijan las doce horas con quince minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veintitrés. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo señalada en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los arábigos 251, 252, 253, 254 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo y regístrese con el progresivo 1001/2023. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente aportados por las partes, y se formará con los instrumentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las actuaciones y promociones electrónicas no se incorporaran al expediente material; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Admisión. Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo presentada por Ubaldo Montes García, en su carácter de apoderado legal de Alberto Méndez Blas, en contra del acto reclamado al director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Personalidad. Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se tiene acreditada la personalidad de Ubaldo Montes García, en su carácter de apoderado del directo quejoso Alberto Méndez Blas, en términos del instrumento número once mil quinientos cuarenta y tres, volumen ciento treinta y uno de veintiséis de mayo del dos mil veintitrés que exhibe. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, porque la parte quejosa no solicitó la medida cautelar. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, que deberá rendir dentro del plazo de quince días. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que lo reclamado sea cierto, se sirvan remitir copias autorizadas, legibles y completas de las constancias y actuaciones que tomó en consideración para emitirlo; apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia, sanción económica que también le será aplicada en caso de que no rindan su informe justificado. Así también, deberá informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo en contra del acto aquí reclamado. Se autoriza al (a) actuario (a) de la adscripción para que la solicitud de informe justificado sea entregada al correo electrónico oficial de las responsables, lo cual deberá ser corroborada por el (la) fedatario (a) por cualquier medio levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Notificación a las autoridades señaladas como responsables. En términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán mediante lista que publica este Juzgado. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se le impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de amparo. Fecha de la audiencia constitucional. Se fijan las diez horas del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia constitucional. Emplazamiento del representante social de la Federación. Se otorga al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele copia simple de la demanda y de esta determinación. Pruebas. Conforme al precepto 119 de la ley reglamentaria, se tiene al impetrante de amparo por exhibida la documental que exhibe en su escrito de cuenta. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto y como autorizados con las facultades restringidas establecidas por el artículo 24 de la ley de la materia a las personas que señala, por no contar con cedula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en el artículo 2°, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al (a) actuario (a) judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Juicio en línea. Toda vez que se advierte la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese.

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