Alberto López Piedras

Expediente 91/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
91/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
04/02/2021

Partes del expediente

  • Alberto López Piedras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte (fojas 72 a 81), en la que se determinó el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena archivo, así como realizar anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente depurable y sin relevancia documental. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 18, del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; por haberse negado por una parte la protección constitucional en el juicio; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 18, penúltimo párrafo del citado acuerdo, dentro de los siguientes noventa días deberá depurarse el expediente principal y solicitar la transferencia del mismo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas del expediente. Devolución de documentos. De igual manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días para recoger el documento que, en su caso, hubiere exhibido; apercibida que de no hacerlo así, dicho documento será depurado junto con las constancias aludidas. Devolución de expediente. Finalmente, devuélvase al Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, copia certificada del expediente 671/2017 de su índice, mismos que obran por separado en un tomo de pruebas; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno: Apizaco, Tlaxcala, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte (fojas 72 a 81), en la que se determinó el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena archivo, así como realizar anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente depurable y sin relevancia documental. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 18, del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; por haberse negado por una parte la protección constitucional en el juicio; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 18, penúltimo párrafo del citado acuerdo, dentro de los siguientes noventa días deberá depurarse el expediente principal y solicitar la transferencia del mismo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas del expediente. Devolución de documentos. De igual manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días para recoger el documento que, en su caso, hubiere exhibido; apercibida que de no hacerlo así, dicho documento será depurado junto con las constancias aludidas. Devolución de expediente. Finalmente, devuélvase al Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, copia certificada del expediente 671/2017 de su índice, mismos que obran por separado en un tomo de pruebas; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a treinta de noviembre de dos mil veinte.****************************************S E N T E N C I A********************VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto ********************, promovido por********************; y,********************R E S U L T A N D O********************PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías.****************************************Por escrito presentado el cinco de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día,********************, demanda el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes:****************************************AUTORIDADES RESPONSABLES:************************************************************"III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo las Siguientes:****************************************ORDENADORA.- Ciudadano Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con domicilio [.]****************************************EJECUTORA.- Ciudadano Diligenciario de los Expedientes nones del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con domicilio [.]". (sic)****************************************ACTO RECLAMADO:****************************************"IV.- ACTO RECLAMADO.- De la Autoridad Ordenadora reclamo la Falta de emplazamiento por no ser oído y vencido a juicio, dentro del expediente número ********************, radicado en el Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial De Cuauhtémoc, referente al Juicio de Interdicto de Retener la Posesión, de igual forma reclamo de la autoridad ejecutora, el Diligenciario de los expedientes nones del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, la omisión de notificar el expediente número ********************, por no ser emplazado y vencido en juicio, así como las consecuencias legales y jurídicas que surjan del acto reclamado". (sic)************************************************************SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados.********************El promovente del amparo manifestó que se violaron en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes.********************TERCERO. Trámite del juicio de amparo.********************Por acuerdo de seis de febrero de dos mil veinte (fojas 24 a 27), este juzgado de Distrito registró la demanda de amparo con el número de juicio 91/2020-II, y previamente a proveer sobre su admisión, requirió al promovente para que aclarara su demanda en los siguientes términos:********************"[.]********************1) Cuál es el estado procesal que guarda el juicio ********************, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, relativo al interdicto de retener la posesión; es decir, la etapa procedimental en la que se encuentre o si actualmente se encuentra concluido; y,****************************************2) Informe si interpuso algún medio ordinario de defensa en contra del auto de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, por el cual no se acordó de conformidad su incidente de nulidad de todo lo actuado por falta de emplazamiento, mismo que le fue notificado el quince de enero de dos mil veinte. [.].".****************************************Lo anterior, bajo el apercibimiento que de ser omiso en desahogar el requerimiento formulado, se tendría por no presentada la demanda de amparo.********************Requerimiento que mediante ocurso de dieciocho de febrero del año que transcurre (foja ********************), se tuvo por desahogada en su totalidad la prevención a que se alude en los párrafos que anteceden, por lo que en proveído de veinte de febrero de dos mil veinte (fojas 32 a 34), este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, por lo que pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional.****************************************CUARTO. Ampliación demanda de amparo.********************Por auto de tres de septiembre de dos mil veinte (fojas ********************a********************), se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de quince días manifestara si era su deseo o no ampliar su demanda de amparo respecto al contenido de los informes justificados que rindieron las autoridades responsable; lo cual no aconteció, por lo tanto en audiencia constitucional celebrada en la presente data, se hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó continuar el procedimiento respecto del acto reclamado y autoridades responsables inicialmente señaladas. ****************************************QUINTO. Audiencia constitucional. ********************La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede.********************C O N S I D E R A N D O.****************************************PRIMERO. Competencia.****************************************Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción Vl, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero del dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que se encuentra dentro de la jurisdicción donde este Juzgado de Distrito ejerce su competencia.********************SEGUNDO. Precisión del acto reclamado.********************En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".********************En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y a las constancias que integran el presente juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama:****************************************La falta de emplazamiento al Interdicto de Retener la Posesión ********************, del índice del ********************.****************************************Señalado el acto reclamado, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de los mismos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto siguiente: ****************************************"SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." ****************************************TERCERO. Existencia de los actos reclamados.********************Son ciertos los actos reclamados atribuidos al Juez y Diligenciario del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; lo anterior, es debido a que su existencia fue admitida expresamente por las mismas al rendir su respectivo informe con justificación (fojas 47 y 48).****************************************Es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 206, tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice lo siguiente:****************************************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en el confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.".****************************************Lo anterior se corrobora con las documentales que remitió el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc (con las que se formó un tomo de pruebas); de las que se advierte la existencia de los actos reclamados, constancias que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, cuentan con pleno valor probatorio, al tratarse de certificaciones de documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones.********************Sustenta lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, parte SCJN, materia común, con el registro 394182, de título y contenido siguientes: ********************"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena".********************CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo.********************Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido:****************************************"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:********************I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;********************II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;********************III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;********************IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.".********************En ese orden de ideas, toda vez que los actos reclamados no encuadran en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días.****************************************Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: ****************************************a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame;****************************************b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; ****************************************c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo.****************************************Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis.****************************************En el caso concreto, el quejoso manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el quince de enero de dos mil veinte, por lo cual el plazo de quince días transcurrió del dieciséis de enero al siete de febrero de dos mil veinte, previo descuento de los días inhábiles. ****************************************Lo cual se esquematiza a continuación:********************ENERO DE 2020 ****************************************Lunes********************Martes********************Miércoles********************Jueves********************Viernes********************Sábado********************Domingo****************************************13********************14********************15********************Se ostentó sabedor del acto reclamado********************16********************Día 1********************17********************Día 2****************************************18********************Día inhábil********************19********************Día inhábil****************************************20********************Día 3********************21********************Día 4********************22********************Día 5********************23********************Día 6********************24********************Día 7********************25********************Día inhábil********************26********************Día inhábil****************************************27********************Día 8********************28********************Día 9********************29********************Día 10********************30********************Día 11************************************************************Día 12********************************************************************************************************************************************FEBRERO DE 2020 ****************************************Lunes********************Martes********************Miércoles********************Jueves********************Viernes********************Sábado********************Domingo********************************************************************************************************************************************1********************Día inhábil********************2********************Día inhábil****************************************3********************Inhábil en términos del artículo 74, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo********************4********************Día 13********************5********************Inhábil en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo y presenta demanda de amparo ********************6********************Día 14********************7********************Día 15****************************************8********************9********************************************************************************En consecuencia, es evidente que la promoción del amparo estuvo en tiempo, pues se hizo el cinco de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, según se advierte de la papeleta respectiva.****************************************QUINTO. Causales de improcedencia.****************************************Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo.****************************************Sirve de apoyo la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262 del Apéndice de 1985, Quinta Época, Tomo VII, Materia Común, del rubro y texto: ****************************************"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.".****************************************Ahora bien, respecto a la falta de emplazamiento al juicio de Interdicto de Retener la Posesión ********************, del índice del ********************, este juzgado de Distrito considera que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo, que estatuyen:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)********************"XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados.****************************************"Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: ********************I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.********************(.).".********************"Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. ********************El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.".****************************************De la transcrita fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal.********************De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela.****************************************Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente.****************************************A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto reclamado de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente.****************************************Es decir, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta la esfera jurídica del o de los peticionarios del amparo.****************************************Lo que interpretado en proposición contraria, significa que el amparo sólo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva dichos intereses jurídicos del accionante constitucional. ****************************************Por tanto, no basta que la parte quejosa afirme que el acto reclamado perjudica sus intereses, sino que es preciso, además, que en el juicio constitucional se encuentre demostrado que el acto imputado incida de manera real y objetiva en sus intereses y se demuestre fehacientemente tal situación. ****************************************Al respecto resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.T J/38K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página ********************, Tomo 52, Abril de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con la voz y el rubro: ****************************************"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas.".****************************************En el caso, como se señaló, del análisis íntegro de la demanda de garantías, ampliación de la misma, así como de las constancias que anexaron las autoridades responsables a sus informes con justificación, puede colegirse que el impetrante del amparo acude al presente juicio de amparo a reclamar, en esencia:********************La falta de emplazamiento al juicio interdicto de retener la posesión ********************, del índice del ********************.****************************************Ahora bien, de un análisis a las constancias que remitieron las autoridades responsables como anexo a su informe con justificación, consistentes en copia certificada del juicio de interdicto de retener la posesión ********************, del índice del ******************** (documentales públicas aludidas que cuentan con eficacia demostrativa plena de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°, párrafo segundo), no se advierte, a la data en que se dicta la presente sentencia, que se afecte la esfera jurídica de la parte quejosa con la tramitación del mismo, pues no existe determinación alguna respecto a que se le prive de la posesión y/o propiedad del predio denominado "Tequixquital lote 38", ubicado en la comunidad de Santa Justina Ecatepec, Municipio de Ixtlahuaca de Mariano Matamoros, Tlaxcala. ********************Dicho en otras palabras, para que la parte quejosa pueda ser oída debe demostrar su interés jurídico, es necesario que justifique con pruebas idóneas que los actos reclamados a las responsables afectan su esfera jurídica, pues de esa manera justificará su interés jurídico para ser oída en defensa de sus derechos (como pretende), ya que de no acreditarlo no tendría por qué ser escuchada en el juicio generador de los actos que reclama.********************Así, al examinar las constancias del juicio de interdicto de retener la posesión ********************, del índice del ********************, se evidencia que:****************************************Oscar Zempoalteca Sánchez (tercero interesado) mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, demando interdicto de retener la posesión en contra de Florencio Licona Pérez (tercero interesado), a efecto de que evitar actos de perturbación respecto a la posesión del predio denominado "Tequixquital lote 38", ubicado en la comunidad de Santa Justina Ecatepec, Municipio de Ixtlahuaca de Mariano Matamoros, Tlaxcala (fojas 1 a 16, tomo de pruebas).****************************************Por auto de seis de octubre de dos mil diecisiete, la Juez Cuarto del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, registró el aludido juicio con el número ********************, de su índice (foja 9, ídem),, se declaró competente para conocer del mismo y señaló las nueve horas del veinticinco de octubre siguiente, para el desahogo de la prueba testimonial a efecto de demostrar la posesión que adujo detentar misma que se celebró en la data de referencia (fojas 10, vuelta a 15).****************************************El dieciséis de noviembre posterior, el juez responsable ordenó el emplazamiento de Florencio Licona Pérez (tercero interesado) y decreto respecto a dicho demandado que las cosas deberían mantenerse en el estado en que se encontraban en el momento de su emplazamiento, es decir, respecto del bien inmueble hasta que se resolviera dicho juicio de interdicto de retener la posesión (foja 17, ídem).****************************************Dicho emplazamiento ocurrió el diez de enero de dos mil dieciocho (fojas 18 a 22, ídem).****************************************Por escrito presentado el tres de diciembre de dos mil diecinueve, el ahora quejoso interpuso incidente de nulidad de todo lo actuado por falta de emplazamiento (fojas 120 a 1********************, ídem); sin embargo, por auto de dieciséis de diciembre siguiente, no fue acordado de conformidad por la juez responsable toda vez que al mismo no le fue reclamada prestación alguna o hecho por el actor (foja 132, ídem).****************************************Asimismo, es dable precisar que del informe justificado que rindió el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, manifestó que en el juicio de interdicto de retener la posesión ********************, de su índice no se ha dictado sentencia definitiva. ****************************************Por otra parte, de un análisis a las constancias que integran el presente juicio de amparo, en específico a las documentales que exhibió el ahora quejoso, se advierte que exhibió como documentales públicas: ****************************************a) La sentencia de ocho de agosto de dos mil diecinueve, dictada en autos del expediente ********************, relativa al Juicio Civil de Usucapión del índice del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, promovido por el quejoso********************, en contra de ******************** por la que adquirió la propiedad del predio denominado "Tequexquital, lote 38", ubicado en la comunidad de Santa Justina Ecatepec, Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala (fojas 6 a 7).****************************************b) Auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, por la cual se declaró que la sentencia citada con antelación causó ejecutoria (fojas 13 vuelta y 14).****************************************c) Certificado de inscripción registral RP27TA-94JE88-WP33A9, de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, respecto a la aludida sentencia de usucapión y predio de referencia (foja 28, ídem). ****************************************Tal como se advierte, aun cuando el quejoso acredita la propiedad del predio denominado "Tequexquital, lote 38", ubicado en la comunidad de Santa Justina Ecatepec, Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, debe indicarse, como se señaló con antelación, que los actos reclamados en el juicio de interdicto de retener la posesión ********************, del índice del ********************, no ocasionan afectación alguna a su esfera jurídica, pues no existe acto tendente a privarlo de la propiedad que detenta (esta última otorgada en el diverso juicio de usucapión ********************, relativa al Juicio Civil de Usucapión del índice del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc), habida cuenta que no se ha dictado la sentencia definitiva correspondiente.****************************************Aunado a ello, debe indicársele al quejoso que la tramitación del juicio de interdicto de retener la posesión (iniciado por auto de radicación de seis de octubre de dos mil dieciséis), no le ocasiona un agravio personal y directo, pues adquirió la propiedad del bien inmueble materia de dicho litigio posterior a dicha data, esto es, el ocho de agosto de dos mil diecinueve, fecha en la cual se dictó sentencia en el expediente ********************, relativa al Juicio Civil de Usucapión del índice del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, promovido en contra de ******************** misma que causó ejecutoria el diecisiete de septiembre siguiente.****************************************En ese orden de ideas, es importante establecer, que quien sufre agravio con el otorgamiento de propiedad al quejoso en el juicio de usucapión de referencia, lo es el tercero interesado ******************** quien en el juicio de interdicto de retener la posesión del cual deriva el acto reclamado, funge como actor al ostentarse como propietario del bien inmueble denominado "Tequexquital, lote 38", ubicado en la comunidad de Santa Justina Ecatepec, Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, claro está, todo ello promovido con antelación a la data en que el quejoso adquirió la propiedad del bien objeto de litigio.****************************************Lo anterior provoca la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer el juicio de amparo, con fundamento en el arábigo 63, fracción V, de la ley de la materia.****************************************Resulta aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, página 147, cuyo texto y rubro: ********************"INTERÉS JURÍDICO, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO ACREDITARSE LA AFECTACIÓN DEL. La causa de improcedencia prevista en la fracción V del Artículo 73 de la Ley de Amparo, puede configurarse con posterioridad a la presentación a la demanda de garantías, puesto que el quejoso puede, desde la presentación de la demanda, hasta antes de que concluya la correspondiente audiencia constitucional, presentar las pruebas idóneas para acreditar que el acto reclamado afecta sus intereses jurídicos, y si en el referido lapso procesal no acredita o no se encuentra comprobada tal situación debe sobreseerse en el juicio por configurarse la causa de referencia.".********************Atento a lo anterior, al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto por las causas de improcedencia analizadas, no resulta jurídicamente permisible entrar al estudio del fondo de los conceptos de violación, hechos valer por el impetrante del amparo.****************************************Tiene aplicación, la jurisprudencia del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 2863, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-Septiembre 2011, Registro: 1004254, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PRUEBAS RELACIONADAS CON EL FONDO DEL NEGOCIO. NO PROCEDE SU ESTUDIO.".****************************************Cabe señalar, que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo en el que se actúa, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal que contempla los principios de interpretación conforme a los derechos humanos y pro persona, al disponer lo siguiente:****************************************"Artículo 1. [.] Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.********************Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.".****************************************El principio de interpretación conforme a los derechos fundamentales, exige del órgano jurisdiccional optar por aquella interpretación de la ley aplicable que derive un resultado que sea acorde a los mismos, en caso de que la norma secundaria sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles, buscando siempre la protección más amplia de los gobernados.****************************************Así, según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción.****************************************Sin embargo, en el caso, es innecesario realizar la interpretación que impone el numeral constitucional, pues las normas citadas son claras y congruentes con el orden jurídico nacional y supranacional, resultando evidente la actualización de la causal de improcedencia; aunado a que, desde la perspectiva del principio pro homine, no podría flexibilizarse el análisis de la causa de improcedencia que, en este asunto, se actualiza, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tal aspecto, por sí mismo, es insuficiente para declarar procedente lo improcedente.****************************************Orienta lo considerado, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en la página 487, del Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro: 2005717, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.".****************************************Y, la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, impresa en la página 909, del Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2007621, de rubro: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.". ****************************************Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos ******************** de la Ley de Amparo, se ********************RESUELVE:********************ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por********************, respecto de los actos precisados en el considerando segundo, y por las razones expuestas en el diverso quinto de esta sentencia

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de treinta de noviembre de dos mil veinte: Apizaco, Tlaxcala, a treinta de noviembre de dos mil veinte.****************************************S E N T E N C I A********************VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto ********************, promovido por********************; y,********************R E S U L T A N D O********************PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías.****************************************Por escrito presentado el cinco de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día,********************, demanda el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes:****************************************AUTORIDADES RESPONSABLES:************************************************************"III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo las Siguientes:****************************************ORDENADORA.- Ciudadano Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con domicilio [.]****************************************EJECUTORA.- Ciudadano Diligenciario de los Expedientes nones del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con domicilio [.]". (sic)****************************************ACTO RECLAMADO:****************************************"IV.- ACTO RECLAMADO.- De la Autoridad Ordenadora reclamo la Falta de emplazamiento por no ser oído y vencido a juicio, dentro del expediente número ********************, radicado en el Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial De Cuauhtémoc, referente al Juicio de Interdicto de Retener la Posesión, de igual forma reclamo de la autoridad ejecutora, el Diligenciario de los expedientes nones del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, la omisión de notificar el expediente número ********************, por no ser emplazado y vencido en juicio, así como las consecuencias legales y jurídicas que surjan del acto reclamado". (sic)************************************************************SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados.********************El promovente del amparo manifestó que se violaron en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes.********************TERCERO. Trámite del juicio de amparo.********************Por acuerdo de seis de febrero de dos mil veinte (fojas 24 a 27), este juzgado de Distrito registró la demanda de amparo con el número de juicio 91/2020-II, y previamente a proveer sobre su admisión, requirió al promovente para que aclarara su demanda en los siguientes términos:********************"[.]********************1) Cuál es el estado procesal que guarda el juicio ********************, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, relativo al interdicto de retener la posesión; es decir, la etapa procedimental en la que se encuentre o si actualmente se encuentra concluido; y,****************************************2) Informe si interpuso algún medio ordinario de defensa en contra del auto de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, por el cual no se acordó de conformidad su incidente de nulidad de todo lo actuado por falta de emplazamiento, mismo que le fue notificado el quince de enero de dos mil veinte. [.].".****************************************Lo anterior, bajo el apercibimiento que de ser omiso en desahogar el requerimiento formulado, se tendría por no presentada la demanda de amparo.********************Requerimiento que mediante ocurso de dieciocho de febrero del año que transcurre (foja ********************), se tuvo por desahogada en su totalidad la prevención a que se alude en los párrafos que anteceden, por lo que en proveído de veinte de febrero de dos mil veinte (fojas 32 a 34), este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, por lo que pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional.****************************************CUARTO. Ampliación demanda de amparo.********************Por auto de tres de septiembre de dos mil veinte (fojas ********************a********************), se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de quince días manifestara si era su deseo o no ampliar su demanda de amparo respecto al contenido de los informes justificados que rindieron las autoridades responsable; lo cual no aconteció, por lo tanto en audiencia constitucional celebrada en la presente data, se hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó continuar el procedimiento respecto del acto reclamado y autoridades responsables inicialmente señaladas. ****************************************QUINTO. Audiencia constitucional. ********************La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede.********************C O N S I D E R A N D O.****************************************PRIMERO. Competencia.****************************************Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción Vl, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero del dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que se encuentra dentro de la jurisdicción donde este Juzgado de Distrito ejerce su competencia.********************SEGUNDO. Precisión del acto reclamado.********************En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".********************En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y a las constancias que integran el presente juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama:****************************************La falta de emplazamiento al Interdicto de Retener la Posesión ********************, del índice del ********************.****************************************Señalado el acto reclamado, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de los mismos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto siguiente: ****************************************"SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." ****************************************TERCERO. Existencia de los actos reclamados.********************Son ciertos los actos reclamados atribuidos al Juez y Diligenciario del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; lo anterior, es debido a que su existencia fue admitida expresamente por las mismas al rendir su respectivo informe con justificación (fojas 47 y 48).****************************************Es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 206, tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice lo siguiente:****************************************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en el confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.".****************************************Lo anterior se corrobora con las documentales que remitió el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc (con las que se formó un tomo de pruebas); de las que se advierte la existencia de los actos reclamados, constancias que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, cuentan con pleno valor probatorio, al tratarse de certificaciones de documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones.********************Sustenta lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, parte SCJN, materia común, con el registro 394182, de título y contenido siguientes: ********************"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena".********************CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo.********************Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido:****************************************"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:********************I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;********************II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;********************III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;********************IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.".********************En ese orden de ideas, toda vez que los actos reclamados no encuadran en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días.****************************************Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: ****************************************a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame;****************************************b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; ****************************************c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo.****************************************Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis.****************************************En el caso concreto, el quejoso manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el quince de enero de dos mil veinte, por lo cual el plazo de quince días transcurrió del dieciséis de enero al siete de febrero de dos mil veinte, previo descuento de los días inhábiles. ****************************************Lo cual se esquematiza a continuación:********************ENERO DE 2020 ****************************************Lunes********************Martes********************Miércoles********************Jueves********************Viernes********************Sábado********************Domingo****************************************13********************14********************15********************Se ostentó sabedor del acto reclamado********************16********************Día 1********************17********************Día 2****************************************18********************Día inhábil********************19********************Día inhábil****************************************20********************Día 3********************21********************Día 4********************22********************Día 5********************23********************Día 6********************24********************Día 7********************25********************Día inhábil********************26********************Día inhábil****************************************27********************Día 8********************28********************Día 9********************29********************Día 10********************30********************Día 11************************************************************Día 12********************************************************************************************************************************************FEBRERO DE 2020 ****************************************Lunes********************Martes********************Miércoles********************Jueves********************Viernes********************Sábado********************Domingo********************************************************************************************************************************************1********************Día inhábil********************2********************Día inhábil****************************************3********************Inhábil en términos del artículo 74, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo********************4********************Día 13********************5********************Inhábil en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo y presenta demanda de amparo ********************6********************Día 14********************7********************Día 15****************************************8********************9********************************************************************************En consecuencia, es evidente que la promoción del amparo estuvo en tiempo, pues se hizo el cinco de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, según se advierte de la papeleta respectiva.****************************************QUINTO. Causales de improcedencia.****************************************Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo.****************************************Sirve de apoyo la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262 del Apéndice de 1985, Quinta Época, Tomo VII, Materia Común, del rubro y texto: ****************************************"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.".****************************************Ahora bien, respecto a la falta de emplazamiento al juicio de Interdicto de Retener la Posesión ********************, del índice del ********************, este juzgado de Distrito considera que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo, que estatuyen:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)********************"XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados.****************************************"Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: ********************I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.********************(.).".********************"Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. ********************El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.".****************************************De la transcrita fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal.********************De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela.****************************************Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente.****************************************A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto reclamado de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente.****************************************Es decir, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta la esfera jurídica del o de los peticionarios del amparo.****************************************Lo que interpretado en proposición contraria, significa que el amparo sólo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva dichos intereses jurídicos del accionante constitucional. ****************************************Por tanto, no basta que la parte quejosa afirme que el acto reclamado perjudica sus intereses, sino que es preciso, además, que en el juicio constitucional se encuentre demostrado que el acto imputado incida de manera real y objetiva en sus intereses y se demuestre fehacientemente tal situación. ****************************************Al respecto resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.T J/38K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página ********************, Tomo 52, Abril de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con la voz y el rubro: ****************************************"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas.".****************************************En el caso, como se señaló, del análisis íntegro de la demanda de garantías, ampliación de la misma, así como de las constancias que anexaron las autoridades responsables a sus informes con justificación, puede colegirse que el impetrante del amparo acude al presente juicio de amparo a reclamar, en esencia:********************La falta de emplazamiento al juicio interdicto de retener la posesión ********************, del índice del ********************.****************************************Ahora bien, de un análisis a las constancias que remitieron las autoridades responsables como anexo a su informe con justificación, consistentes en copia certificada del juicio de interdicto de retener la posesión ********************, del índice del ******************** (documentales públicas aludidas que cuentan con eficacia demostrativa plena de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°, párrafo segundo), no se advierte, a la data en que se dicta la presente sentencia, que se afecte la esfera jurídica de la parte quejosa con la tramitación del mismo, pues no existe determinación alguna respecto a que se le prive de la posesión y/o propiedad del predio denominado "Tequixquital lote 38", ubicado en la comunidad de Santa Justina Ecatepec, Municipio de Ixtlahuaca de Mariano Matamoros, Tlaxcala. ********************Dicho en otras palabras, para que la parte quejosa pueda ser oída debe demostrar su interés jurídico, es necesario que justifique con pruebas idóneas que los actos reclamados a las responsables afectan su esfera jurídica, pues de esa manera justificará su interés jurídico para ser oída en defensa de sus derechos (como pretende), ya que de no acreditarlo no tendría por qué ser escuchada en el juicio generador de los actos que reclama.********************Así, al examinar las constancias del juicio de interdicto de retener la posesión ********************, del índice del ********************, se evidencia que:****************************************Oscar Zempoalteca Sánchez (tercero interesado) mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, demando interdicto de retener la posesión en contra de Florencio Licona Pérez (tercero interesado), a efecto de que evitar actos de perturbación respecto a la posesión del predio denominado "Tequixquital lote 38", ubicado en la comunidad de Santa Justina Ecatepec, Municipio de Ixtlahuaca de Mariano Matamoros, Tlaxcala (fojas 1 a 16, tomo de pruebas).****************************************Por auto de seis de octubre de dos mil diecisiete, la Juez Cuarto del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, registró el aludido juicio con el número ********************, de su índice (foja 9, ídem),, se declaró competente para conocer del mismo y señaló las nueve horas del veinticinco de octubre siguiente, para el desahogo de la prueba testimonial a efecto de demostrar la posesión que adujo detentar misma que se celebró en la data de referencia (fojas 10, vuelta a 15).****************************************El dieciséis de noviembre posterior, el juez responsable ordenó el emplazamiento de Florencio Licona Pérez (tercero interesado) y decreto respecto a dicho demandado que las cosas deberían mantenerse en el estado en que se encontraban en el momento de su emplazamiento, es decir, respecto del bien inmueble hasta que se resolviera dicho juicio de interdicto de retener la posesión (foja 17, ídem).****************************************Dicho emplazamiento ocurrió el diez de enero de dos mil dieciocho (fojas 18 a 22, ídem).****************************************Por escrito presentado el tres de diciembre de dos mil diecinueve, el ahora quejoso interpuso incidente de nulidad de todo lo actuado por falta de emplazamiento (fojas 120 a 1********************, ídem); sin embargo, por auto de dieciséis de diciembre siguiente, no fue acordado de conformidad por la juez responsable toda vez que al mismo no le fue reclamada prestación alguna o hecho por el actor (foja 132, ídem).****************************************Asimismo, es dable precisar que del informe justificado que rindió el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, manifestó que en el juicio de interdicto de retener la posesión ********************, de su índice no se ha dictado sentencia definitiva. ****************************************Por otra parte, de un análisis a las constancias que integran el presente juicio de amparo, en específico a las documentales que exhibió el ahora quejoso, se advierte que exhibió como documentales públicas: ****************************************a) La sentencia de ocho de agosto de dos mil diecinueve, dictada en autos del expediente ********************, relativa al Juicio Civil de Usucapión del índice del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, promovido por el quejoso********************, en contra de ******************** por la que adquirió la propiedad del predio denominado "Tequexquital, lote 38", ubicado en la comunidad de Santa Justina Ecatepec, Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala (fojas 6 a 7).****************************************b) Auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, por la cual se declaró que la sentencia citada con antelación causó ejecutoria (fojas 13 vuelta y 14).****************************************c) Certificado de inscripción registral RP27TA-94JE88-WP33A9, de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, respecto a la aludida sentencia de usucapión y predio de referencia (foja 28, ídem). ****************************************Tal como se advierte, aun cuando el quejoso acredita la propiedad del predio denominado "Tequexquital, lote 38", ubicado en la comunidad de Santa Justina Ecatepec, Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, debe indicarse, como se señaló con antelación, que los actos reclamados en el juicio de interdicto de retener la posesión ********************, del índice del ********************, no ocasionan afectación alguna a su esfera jurídica, pues no existe acto tendente a privarlo de la propiedad que detenta (esta última otorgada en el diverso juicio de usucapión ********************, relativa al Juicio Civil de Usucapión del índice del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc), habida cuenta que no se ha dictado la sentencia definitiva correspondiente.****************************************Aunado a ello, debe indicársele al quejoso que la tramitación del juicio de interdicto de retener la posesión (iniciado por auto de radicación de seis de octubre de dos mil dieciséis), no le ocasiona un agravio personal y directo, pues adquirió la propiedad del bien inmueble materia de dicho litigio posterior a dicha data, esto es, el ocho de agosto de dos mil diecinueve, fecha en la cual se dictó sentencia en el expediente ********************, relativa al Juicio Civil de Usucapión del índice del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, promovido en contra de ******************** misma que causó ejecutoria el diecisiete de septiembre siguiente.****************************************En ese orden de ideas, es importante establecer, que quien sufre agravio con el otorgamiento de propiedad al quejoso en el juicio de usucapión de referencia, lo es el tercero interesado ******************** quien en el juicio de interdicto de retener la posesión del cual deriva el acto reclamado, funge como actor al ostentarse como propietario del bien inmueble denominado "Tequexquital, lote 38", ubicado en la comunidad de Santa Justina Ecatepec, Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, claro está, todo ello promovido con antelación a la data en que el quejoso adquirió la propiedad del bien objeto de litigio.****************************************Lo anterior provoca la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer el juicio de amparo, con fundamento en el arábigo 63, fracción V, de la ley de la materia.****************************************Resulta aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, página 147, cuyo texto y rubro: ********************"INTERÉS JURÍDICO, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO ACREDITARSE LA AFECTACIÓN DEL. La causa de improcedencia prevista en la fracción V del Artículo 73 de la Ley de Amparo, puede configurarse con posterioridad a la presentación a la demanda de garantías, puesto que el quejoso puede, desde la presentación de la demanda, hasta antes de que concluya la correspondiente audiencia constitucional, presentar las pruebas idóneas para acreditar que el acto reclamado afecta sus intereses jurídicos, y si en el referido lapso procesal no acredita o no se encuentra comprobada tal situación debe sobreseerse en el juicio por configurarse la causa de referencia.".********************Atento a lo anterior, al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto por las causas de improcedencia analizadas, no resulta jurídicamente permisible entrar al estudio del fondo de los conceptos de violación, hechos valer por el impetrante del amparo.****************************************Tiene aplicación, la jurisprudencia del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 2863, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-Septiembre 2011, Registro: 1004254, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PRUEBAS RELACIONADAS CON EL FONDO DEL NEGOCIO. NO PROCEDE SU ESTUDIO.".****************************************Cabe señalar, que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo en el que se actúa, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal que contempla los principios de interpretación conforme a los derechos humanos y pro persona, al disponer lo siguiente:****************************************"Artículo 1. [.] Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.********************Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.".****************************************El principio de interpretación conforme a los derechos fundamentales, exige del órgano jurisdiccional optar por aquella interpretación de la ley aplicable que derive un resultado que sea acorde a los mismos, en caso de que la norma secundaria sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles, buscando siempre la protección más amplia de los gobernados.****************************************Así, según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción.****************************************Sin embargo, en el caso, es innecesario realizar la interpretación que impone el numeral constitucional, pues las normas citadas son claras y congruentes con el orden jurídico nacional y supranacional, resultando evidente la actualización de la causal de improcedencia; aunado a que, desde la perspectiva del principio pro homine, no podría flexibilizarse el análisis de la causa de improcedencia que, en este asunto, se actualiza, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tal aspecto, por sí mismo, es insuficiente para declarar procedente lo improcedente.****************************************Orienta lo considerado, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en la página 487, del Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro: 2005717, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.".****************************************Y, la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, impresa en la página 909, del Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2007621, de rubro: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.". ****************************************Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos ******************** de la Ley de Amparo, se ********************RESUELVE:********************ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por********************, respecto de los actos precisados en el considerando segundo, y por las razones expuestas en el diverso quinto de esta sentencia

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