Alberto Javier Duran Ruvalcaba

Expediente 679/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
679/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
06/08/2018

Partes del expediente

  • Alberto Javier Duran Ruvalcaba

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del veinte de julio del año en curso (fojas 19 a 27), en el que desechó la demanda de amparo promovida por Alberto Javier Durán Ruvalcaba y Jesús Renato Zúñiga Monjaraz; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos aportados por la parte quejosa; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, los documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veinte de julio de dos mil dieciocho.Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Alberto Javier Durán Ruvalcaba y Jesús Renato Zuñiga Monjaraz, contra actos de la Directora de la Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 679/2018-III. Se desecha demanda de amparo. En tal virtud de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte como actos reclamados los siguientes: La inconstitucionalidad del artículo 46 del Código Civil del Estado de Tlaxcala; y E acuerdo de cuatro de junio de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente administrativo 00689/2018 del índice de la Directora de la Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala. Expuesto lo anterior, con apoyo en lo establecido en el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." (No. Registro: 186,605, Tesis aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Julio de 2002, Tesis: 2ª. LXXI/2002, Página: 448.) Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el siguiente criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido."(Novena Época, Registro: 196923, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Enero de 1998, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 9/98, Página: 898.) En ese orden de ideas, es conveniente tener en cuenta que se advierten como actos reclamados por los quejosos los siguientes actos: La inconstitucionalidad del artículo 46 del Código Civil del Estado de Tlaxcala; y E acuerdo de cuatro de junio de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente administrativo 00689/2018 del índice de la Directora de la Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala. Asimismo, en los antecedentes que constituyen el acto reclamado los quejosos manifestaron lo siguiente: "V. Hechos: Bajo protesta de decir verdad manifestamos que el día 31 de mayo de 2018 acudimos a la Dirección de la Coordinación de Registro Civil del Estado de Tlaxcala, a solicitar por escrito la celebración de nuestro matrimonio, ese día se nos recibió el escrito respectivo y en fecha 11 de junio de la presente anualidad, se nos notificó la respuesta en sentido negativo. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que se anexan." En este sentido, es oportuno destacar que los quejosos se duelen de la inconstitucionalidad del artículo 46 del Código Civil del Estado de Tlaxcala; así como, el acuerdo de cuatro de junio de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente administrativo 00689/2018 del índice de la Directora de la Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala. En virtud de lo anterior, se advierte que respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de cuatro de junio de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente administrativo 00689/2018 del índice de la Directora de la Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, fuera de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, puede presentarse en los plazos que prevé este último numeral, en los cuales existen tres hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente el en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, o incluso, al en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo XXXIII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a enero de 2011, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad de la parte quejosa con él. Ahora, en el presente caso la parte quejosa reclama: El acuerdo de cuatro de junio de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente administrativo 00689/2018 del índice de la Directora de la Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala. Del cual, señala que fue notificada el once de junio de dos mil dieciocho, tal como se corrobra de la constancia de notificación que anexaron a su escrito de demanda (foja 18), en términos del artículo 75, inciso d), de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, por lo que dicha notificación surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el doce de junio siguiente, de conformidad con el precepto legal 79, fracción I, de la invocada ley, por lo cual el plazo de quince días transcurrió del trece de junio al tres de julio de dos mil dieciocho, previo descuento de los días inhábiles, tal como se pone de manifiesto en el siguiente calendario: JUNIO DE 2018 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 11 Día que se notificó 12 Surte efectos 13 Día uno 14 Día dos 15 Día tres 16 Día inhábil 17 Día inhábil 18 Día cuatro 19 Día cinco 20 Día seis 21 Día siete 22 Día ocho 23 día inhábil 24 Día inhábil 25 Día nueve 26 Día diez 27 Día once 28 Día doce 29 Día trece 30 día inhábil Julio DE 2018 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 Día inhábil 2 Día catorce 3 día quince Consecuentemente, si el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del trece de junio al tres de julio de dos mil dieciocho y la parte quejosa presentó su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, hasta el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, tal como lo revela el sello de la citada oficina de correspondencia; por tanto, debe concluirse que es extemporánea la presentación del juicio de amparo, pues es inconcuso que se presentó fuera del plazo de quince días que tenía para impugnar el acto que reclama. Lo mismo acontece, con la impugnación de la inconstitucionalidad del artículo 46 del Código Civil del Estado de Tlaxcala, cuyo primer acto de aplicación se atribuye en el acuerdo dictado el cuatro de junio de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente administrativo 00689/2018 del índice de la Directora de la Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala, el cual fue notificado el once de julio del año en curso, pues al no ser procedente el amparo en contra del primer acto de aplicación, ello se traduce en un impedimento para este órgano de control constitucional para resolver la inconstitucionalidad del citado precepto legal. Resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia(s): Común, Página: 235, Registro 191311, de la literalidad siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y autorizados. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala para tales efectos en su escrito de demanda. Y, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Arturo Cerón Zamora, en virtud de que cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, así como, las restantes personas. Asimismo, se tiene como presentante común a Alberto Javier Durán Ruvalcaba, en términos del artículo 13 de la ley de la materia, sin perjuicio de que posteriormente pueda ser sustituido. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Notificación a la autoridad responsable Por otra parte, para el caso de que la autoridad se encuentre gozando de su primer periodo vacacional, con apoyo en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado para que, una vez que ésta se reincorpore a sus labores, se constituya en las oficinas de la misma y haga entrega del oficio que al efecto se gira. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe

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