Alberto Juárez Galindo
Expediente 315/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 315/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/03/2022
Partes del expediente
- Alberto Juárez Galindo
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que el licenciado Martín Eduardo Silguero Muñoz, Procurador Auxiliar en funciones adscrito a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del estado de Tamaulipas, en su carácter de apoderado legal de los quejosos Alberto Juárez Galindo, Rubén Olmedo Juárez, Celso Zúñiga Martínez, Pedro Valles Ramos y Patricia Zúñiga Martínez, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el diecisiete de marzo del año en curso, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de demanda de amparo signado por el licenciado Martín Eduardo Silguero Muñoz, Procurador Auxiliar en funciones adscrito a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del estado de Tamaulipas, en su carácter de apoderado legal de los quejosos Alberto Juárez Galindo, Rubén Olmedo Juárez, Celso Zúñiga Martínez, Pedro Valles Ramos y Patricia Zúñiga Martínez, por medio del cual comparece ante este órgano jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad que ahí menciona; en consecuencia, regístrese en el libro respectivo con el número 315/2022-V. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, pues se advierte la improcedencia de la misma, numeral el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Analizada íntegramente la presente demanda de garantías, como las copias que anexa el promovente del amparo, este órgano de control constitucional, estima que debe desecharse por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6º, de la Ley de Amparo, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su represente legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los actos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Ello es así en atención a que del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la misma no se encuentra signada con firma autógrafa por el promovente, circunstancia ésta que genera que no exista iniciativa de la parte agraviada, conforme al último numeral en cita, puesto que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí o por su representante. Por lo tanto, si la demanda de amparo respectiva, que aparece promovida por el licenciado Martín Eduardo Silguero Muñoz, Procurador Auxiliar en funciones adscrito a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del estado de Tamaulipas, en su carácter de apoderado legal de los quejosos Alberto Juárez Galindo, Rubén Olmedo Juárez, Celso Zúñiga Martínez, Pedro Valles Ramos y Patricia Zúñiga Martínez, no se evidencia que éste haya estampado su firma autógrafa en la demanda de garantías, esto es, debe constar en original la firma de quien promueve, lo que no sucede en el presente caso, pues del análisis de la misma se aprecia que es copia de la demanda, en la que no aparece firma autógrafa que diera validez al citado ocurso, por lo que debe considerarse que la acción constitucional no fue ejercitada por parte legítima, y ese documento se estima privado, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6o., de la Ley de Amparo, y en consecuencia con fundamento en el numeral 113, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO, POR MANIFIESTA Y NOTORIA IMPROCEDENCIA, LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ANALIZA. Se estima de aplicación la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito visible en la página 315, Tomo X, del mes de octubre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." Igualmente, resulta aplicable la Tesis del anterior Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 44, 86 Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FIRMA NECESARIA DE QUIEN PROMUEVE POR ESCRITO ANTE AUTORIDAD. Cuando alguna promoción jurídica requiere que se haga por escrito, es requisito indispensable que contenga la firma autógrafa del promovente, pues de lo contrario debe considerarse como un simple papel en el que no se incorporó expresión de voluntad, y por ende, la autoridad que la reciba debe desestimarla de plano, sin que cuando se trata de promoción de demanda de amparo deba prevenirse al promovente para que la signe, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la Ley de Amparo, ni tratarse de omisión a alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 de la misma Ley." Con fundamento en el último párrafo del artículo 21, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente asunto. Por otro lado, se tiene como domicilio de la agraviada para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.
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