Alberto Hazael Flores Arreazola

Expediente 133/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
133/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • Alberto Hazael Flores Arreazola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 162 signado por el Secretario de Acuerdos de la Quinta Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, a través del cual acusa recibo del oficio 28140/2021, de nuestro índice, mediante el cual se le informó el fallo emitido en el presente asunto; por tanto, en términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. En otro aspecto, toda vez que las autoridades ya quedaron notificadas del fallo emitido en el juicio que nos ocupa, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. Por tanto, de conformidad con el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y toda vez que no existen documentos originales agregados al presente expediente, se determina que el presente cuaderno es susceptible de depuración, ya que se negó la protección constitucional solicitada; además, a juicio de este Juzgado de Distrito no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento, únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, por lo que se destruirán el resto de las actuaciones al considerarse que no tienen relevancia documental. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, tres de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, en atención a que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia terminada de engrosar el dos de julio de dos mil veintiuno, emitida por este órgano jurisdiccional, por la que se negó el amparo y protección de la justicia federal; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo respectivo de las autoridades responsables, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la ley de la materia, éstas solo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la misma afectara el acto que les fue reclamado; lo que no acontece en la especie, dado el sentido del fallo dictado y la naturaleza del acto reclamado en el presente juicio constitucional. Finalmente, una vez que se recaben los acuses de recibo de los oficios con los que se notificó la sentencia terminada de engrosar el dos de julio de dos mil veintiuno, se acordara lo respectivo al archivo del presente asunto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Armando González Urbina, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho por ausencia del titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 133/2021-II, promovido por Alberto Hazael Flores Arreazola, contra actos del Magistrado titular de la Quinta Sala Unitaria en Materia Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado a las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, ante el secretario de guardia de este Juzgado de Distrito, mismo que registró el veinticinco siguiente, la parte quejosa de mérito solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y acto reclamado que se expresan: Autoridades responsables: Ordenadora: Magistrado titular de la Quinta Sala Unitaria en Materia Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ejecutora: Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta localidad. Acto reclamado: ". La resolución número siete de fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dictada por la Quinta Sala Unitaria en Materia Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas dentro del toca 07/2021, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el suscrito quejoso en contra de la interlocutoria de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, la cual resolvía el incidente no especificado sobre aclaración de sentencia, planteado por el propio quejoso, dentro del expediente 31/2018, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre pensión Alimenticia y Reglas de Convivencia promovidas por Diana Aracely Estrada Cantú, y Alberto Hazael Flores Arrezola, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado." (sic) Asimismo, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 4 y 16 constitucionales. SEGUNDO. En proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de garantías, se registró en el libro de gobierno con el número 133/2021-II, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables y se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; asimismo, se ordenó emplazar a la tercero interesada; además, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrado este asunto, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece, en razón de que el acto reclamado lo constituye una resolución de la autoridad responsable que tiene ejecución en esta ciudad. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, se tiene que el acto que la parte quejosa Alberto Hazael Flores Arreazola, combate, consiste en: La resolución de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, emitida por el Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materia Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el cual confirmó la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veinte, pronunciada por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta localidad, en la que resolvió improcedente el incidente no especificado sobre aclaración de sentencia, planteado por Alberto Hazael Flores Arreazola, dentro del expediente 31/2018, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre pensión alimenticia y reglas de convivencia promovidas por Diana Aracely Estrada Cantú y el aludido quejoso. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Por cuestión de técnica jurídica, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, previamente a analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, debe precisarse la existencia o inexistencia de los mismos, tal como lo señala la jurisprudencia número XVIII.2°.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, correspondiente a la Octava Época, publicada en la página sesenta y ocho, del Tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro indica: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." El Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materia Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuye. Lo cual se corrobora con las documentales que anexó el magistrado responsable, a su informe justificado, a las que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tratarse de documentos públicos. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por otra parte, el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta localidad, no rindió el informe justificado que se le solicitó, pese a que obra constancia de la que se advierte que recibió el oficio 8536/2021, con sello de recepción de dos de marzo de dos mil veintiuno, por medio del cual se le solicitó el citado informe. Por tanto, en términos del artículo 117 tercer párrafo, ultima parte, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se analizan las causales de improcedencia por ser de orden público y prioritario en el juicio de garantías, como lo establece el numeral 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; disposición que ha sido interpretada conforme al texto de la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con registro electrónico 394770 y visible en la página 553, del tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por ello, este tribunal estima que no concurre motivo de improcedencia que imposibilite el análisis del fondo en este asunto, ya sea invocada por las partes o de oficio. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Al no haberse invocado causales de improcedencia, ni advertirse la actualización de alguna por verificar, procederá a avocarse al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, cuya transcripción es innecesaria dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor, ni algún otro dispositivo impone al juzgador la obligación de transcribirlos o sintetizarlos para proceder a su examen, ni se advierte la necesidad de ello para responderlos. Lo anterior acorde a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, correspondiente a Mayo de 2010, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En ese contexto, la parte quejosa expone en su apartado de conceptos de violación que el magistrado responsable en la resolución que reclama deviene de una incorrecta fundamentación y motivación, así como afecta el interés superior del menor, lo anterior vulnerando los artículos 4 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, dado que la acción planteada inicialmente consistió en la presentación de un incidente no especificado sobre aclaración de sentencia en el expediente judicial 31/2018 relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Pensión Alimenticia y Reglas de Convivencia promovidas por el aquí quejoso y la tercero interesada, toda vez que se advirtió un error en la redacción, puesto que se plasmó para satisfacer las necesidades de las menores, la cantidad de "25,000.00 (seis mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) mensuales". En ese tenor, señala que el juez responsable declaró improcedente el incidente planteado, argumentando que no era la vía correcta, por lo que se interpuso recurso de apelación; resolución que confirmó el tribunal de alzada, en el cual fundamento su determinación de manera sustancial en el numeral 451 del Código de procedimientos civiles del estado de Tamaulipas. A su vez, señala que la autoridad responsable está obligada a entrar al estudio del fondo del asunto, toda vez que al no hacerlo así, afecta y violenta el interés superior del menor. Por su parte, el magistrado responsable manifestó que se hizo una correcta apreciación de las constancias procesales y se aplicó exactamente la ley de la materia; aunado a que su resolución si está debidamente fundada y motivada. En tales condiciones, es menester destacar los artículos 113, 114, 115, 120, 121, 451 y 874 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, que dicen: "ARTÍCULO 113.- Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, y resolver todos los puntos que hayan sido objeto del debate. Cuando sean varios los aspectos litigiosos, se hará la debida separación de cada uno de ellos. Al pronunciarse la sentencia, se estudiarán previamente las excepciones que no destruyan la acción, y si alguna de éstas se declara procedente, se abstendrán los tribunales de entrar al fondo del negocio, dejando a salvo los derechos del actor. Si dichas excepciones no se declaran procedentes, se dedicarán sobre el fondo del negocio, condenando o absolviendo, en todo o en parte, según el resultado de la valuación de las pruebas que haga el juzgador. ARTÍCULO 114.- En la sentencia no podrá concederse a una parte lo que no haya pedido, salvo disposición expresa. ARTÍCULO 115.- Toda sentencia debe ser fundada. Las controversias judiciales se resolverán conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de la primera, conforme a los principios generales del Derecho. Cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea aplicable la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios, y no a favor del que pretenda obtener lucro, procurándose observar la mayor igualdad entre las partes. El silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, no autoriza a los jueces o tribunales para dejar de resolver las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito. El tribunal tendrá libertad para determinar cuál es la ley aplicable y para fijar el razonamiento o proceso lógico de su determinación, sin quedar sobre estos puntos vinculado a lo alegado por las partes. ARTÍCULO 120.- Cuando la sentencia contenga omisiones sobre puntos discutidos, errores materiales o de cálculo, o ambigüedades o contradicciones evidentes, cualquiera de las partes podrá pedir que se integren o aclaren estos puntos. ARTÍCULO 121.- La petición se formulará por escrito en el que con toda precisión se exprese la falta que se reclame, pudiendo sugerirse la forma para subsanarla. La aclaración puede pedirse sólo una vez y dentro de los dos días siguientes a la notificación de la sentencia. El juez decidirá de plano en tres días lo que estime procedente, pero sin variar en lo esencial la resolución. La petición de aclaración suspende el término para la apelación, que comenzará a correr de nuevo, una vez notificada la resolución correspondiente, contra la que no cabe recurso. ARTÍCULO 451.- En la providencia no se permitirá discusión sobre el derecho de percibir alimentos. Cualquier reclamación sobre dicho aspecto y su monto se sustanciará en juicio sumario y entretanto se seguirá abonando la suma señalada. ARTÍCULO 874.- Las declaraciones emitidas por los jueces en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, no entrañan cosa juzgada, ni aun cuando, por haber sido objeto de recurso, hayan sido confirmadas. Declarado un hecho mediante estos procedimientos, se presume cierto, salvo prueba en contrario; y los terceros que adquieran derechos de aquéllos en cuyo favor se ha hecho la declaración judicial, se presume que lo han hecho de buena fe, no mediando prueba en contrario." (lo subrayado es propio) Una vez precisado lo anterior, debe destacarse que la parte quejosa alude que existió un error al plasmar la cantidad para satisfacer las necesidades de las menores, puesto que se asentó lo siguiente: "$25,000.00 (seis mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) mensuales"; es decir, resulta evidente que existe un error en lo que se asentó en el convenio sobre guarda y custodia, respecto a la pensión alimenticia y reglas de convivencia, el pasado diez de enero de dos mil dieciocho, en la cláusula tercera, relativo a la pensión alimenticia (visible en fojas 203 y 204). Asimismo, también se observa que si bien la parte quejosa alude que el monto era de $6,250.00 (seis mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, lo cierto es que la aquí tercera interesada manifestó ante el juez de origen que la cantidad era de $25,000.00 (veinticinco mil pesos) mensuales; es decir, existe una controversia con el monto de la pensión, por lo que tal aclaración no resulta evidente como lo pretende hacer valer el quejoso, sino más bien se actualiza lo previsto por el numeral 451 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, toda vez que cualquier reclamación sobre dicho aspecto y su monto se sustanciará en juicio sumario. Aunado a ello, no se afecta el interés superior de los menores involucrados dado que como lo dispone el referido artículo la reclamación sobre la pensión alimenticia y su monto se sustanciará en juicio sumario y entretanto se seguirá abonando la suma señalada, de ahí que en caso de cualquier controversia que se suscite, no se afecta el interés superior de los infantes. Es por ello, que le asiste la razón al magistrado responsable en establecer que la vía para resolver lo atinente al monto de la pensión alimenticia se deberá llevar a cabo en la vía sumaria, de ahí que resulten infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, puesto que se aprecia que la autoridad responsable si fundó y motivó su resolución. Negativa que se hace extensiva respecto al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta localidad, en atención a que el acto que se le atribuye no se impugnó por vicios propios, sino en vía de consecuencia del reclamado a la autoridad ordenadora por el cual se negó el amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia número II. 1°. J/12, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, visible en la página 41, Tomo 82, Octubre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico número 394610, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios". Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, fracción IV, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alberto Hazael Flores Arreazola, respecto del acto que reclamó al Magistrado de la Quinta Sala Unitaria en Materia Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta localidad, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firmó el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, terminada de engrosar hasta el dos de julio de dos mil veintiuno, quien actúa asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    De conformidad con el articulo 27 fracción II, inciso b) de la ley de amaro, notifico a la tercero interesada Diana Aracely Estrada Cantú, la resolución con engrose de dos de julio de dos mil veintiuno, por medio de lista, por no haber acudido a recibir la notificación en comento de manera personal.

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