Alberto Jesús Herrera López
Expediente 348/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 348/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/09/2022
Partes del expediente
- Alberto Jesús Herrera López
- Todas las Partes
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; ni conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente; y, al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veinticinco de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en atención a su contenido, instrúyase a la Oficial Judicial "A" adscrita, a efecto de que habilite la vinculación de los expedientes electrónicos y sea posible su consulta. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México a, veinte de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en atención a su contenido, instrúyase a la Oficial Judicial "A" adscrita, a efecto de que habilite la vinculación de los expedientes electrónicos y sea posible la consulta del mismo por el homólogo federal. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por *********, en nombre de *********, contra actos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, regístrese el número de juicio 348/2022-III, y fórmese expediente electrónico e impreso. Improcedencia El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese tenor, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por su parte el artículo 22 constitucional, en la parte conducente, establece: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.". Ahora bien, el artículo 6o. de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". En tanto que, el precepto 15 de la ley de la materia, refiere: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.". De lo antes transcrito, se advierte que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos anotados. Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo antes transcrito, se advierte que el juicio de amparo puede ser promovido por cualquier persona cuando se reclamen, entre otros, actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; sin embargo, dicha circunstancia tiene como condición esencial y, por ello imprescindible, que el quejoso se encuentre imposibilitado para instar la acción de amparo. En el caso, de la lectura integral de la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en: - Omisión de proporcionar atención médica a ******** ( afectación en rodilla). De lo anterior, se advierte que el acto que se reclama no se encuentra en los supuestos del artículo 15 de la ley de la materia, aunado a que tampoco se desprende que se encuentre imposibilitado para ejercer la acción de amparo por propio derecho, toda vez que, en el apartado de antecedentes del acto reclamado la promovente refiere: "1.- La suscrita no pude asistir a visita el día viernes pasado quince de abril de dos mil veintidós. 2.- El día domingo próximo pasado diecisiete de abril de dos mil veintidós, la suscrita acudí al centro penitenciario en que se encuentra mi hijo ********** para intentar verlo aunque no me tocara visita, lo que me fue negado y comprendo, y al pedir que por lo menos le entregaran algunos alimentos me fue negado con el argumento por personal de Custodia que mi hijo no podía comer cualquier cosa porque tenía muy hinchada su rodilla, que no podía caminar por todo el ácido úrico que se le ha derramado y que hasta le podrían amputar su pierna de continuar comiendo mucho como come, ya que lo que así les dan de comer son puros embutidos porque no hay otra cosa y la atención médica no puede ser de otra forma porque se trata de presos, y al pedirle que le entregaran sus alimentos se negaron a ello, diciéndome que no me tocaba la visita ese día.". De lo anterior se desprende que en el caso, no se satisface la condición establecida en el artículo 15, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que no se colige que el directo quejoso *********, se encuentre imposibilitado material y/o físicamente para promover por propio derecho la demanda de amparo. En ese sentido, si la demanda de amparo no está signada por A******** quien, se itera, no se advierte se encuentre imposibilitado para promover por propio derecho-, sino por *********, en representación de aquél, y como se apuntó, no se está en el supuesto de la última parte del primer párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, para la procedencia de la presentación de la demanda por conducto de un tercero, es inconcuso que no se satisface el requisito establecido por el artículo 5o., fracción I de la Ley de Amparo; razón por la cual, para efectos de la tramitación de esta controversia, quien suscribe la demanda no está legitimada para interponer el juicio de amparo a nombre o representación del quejoso. No se soslaya que el numeral 6o. de ese ordenamiento dispone que el juicio de amparo podrá ser promovido por conducto de representante; sin embargo, dicho concepto no debe atenderse de manera aislada, sino vinculada con el artículo 15 de la ley de la materia. Cabe resaltar, que en el improbable supuesto de considerar lo contrario y que se le diera trámite a la demanda en que se actúa, se actualizaría la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que no se advierte que el directo quejoso haya agotado el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La citada porción normativa, recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga al justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto o actos de autoridad que le causen afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Sobre ese tópico, cabe mencionar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas; en lo que interesa, cobra importancia las controversias que pueden conocer los Jueces de Ejecución, a saber: "Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad.". Ahora bien, en contra de la omisión de brindar atención médica en la rodilla del directo quejoso, se podrá interponer una controversia judicial en contra de la determinación administrativa; la cual deberá ser analizada por el Juez competente. Ahora bien, para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita prevé que las personas privadas de su libertad y, demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus derechos, entre ellos la multicitada omisión de brindar atención médica en términos de lo establecido en los artículos 107 a 110 de la ley en consulta. Sin que obste a lo anterior, que si bien dicha ley hace alusión a la ejecución de las sentencias, cabe precisar que su artículo 1o., dispone lo siguiente: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; (.).". Es decir, en tratándose a los actos inherentes a la vida en internamiento, ya sea por prisión preventiva o ejecución de una pena será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así las cosas, como parte de la implementación del nuevo sistema de reinserción social, y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas, y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; y establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de esa ejecución penal; cuyas disposiciones, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, de ahí que esta ley resulte operable para las autoridades penitenciarias y jurisdiccionales de la Ciudad de México, en cualquier etapa del procedimiento penal. En efecto, la citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera, se establece, de manera específica, que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad alguna, ante el director del centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Incluso, las autoridades penitenciarias deben auxiliar a la persona privada de su libertad para formular el escrito correspondiente, cuando así le sea solicitado; asimismo, en dicho procedimiento el interesado podrá ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Por otra parte, el artículo 114 de la citada ley especial penal, señala que el director del centro de reclusión está obligado a resolver sobre las peticiones en el plazo de cinco días y notificar su determinación en uno no mayor a veinticuatro horas; asimismo, si dicha resolución es adversa a los intereses de la persona privada de su libertad que haya solicitado la petición administrativa, éste podrá formular controversia dentro del término de los diez días siguientes a la fecha de la notificación, ante el Juez de Ejecución; pero si los actos que se reclaman son continuos o permanentes, podrán plantearse en cualquier momento. Por su parte, el artículo 115 de la citada ley nacional, establece: "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega.". Entonces, si las peticiones hechas valer sobre actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, las cuales de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. De ahí, que se insiste que para acudir al juicio de amparo la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible a través del medio de defensa previsto en la ley en comento, sin que se traten de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Merecen invocarse por los temas que se analizan, la jurisprudencia y tesis aislada, siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". "SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN.". "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.". "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.". En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 6o. y 15 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda. Domicilio y autorizado de la parte quejosa Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo; no así los números telefónicos ni el correo electrónico que proporciona, al no estar contemplados para tal efecto en la Ley de Amparo. Por autorizado a la persona que promueve la demanda, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acredite estar facultado para ejercer dicha profesión; y, de no ser así, conforme al numeral 24, párrafo segundo, del invocado ordenamiento legal. Dato de contacto Asimismo, se tiene como medio de comunicación no procesal, en su caso, los números telefónicos y el correo electrónico que se proporcionan. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese y personalmente.
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