Alberto Isaac Gómez Enrique
Expediente 703/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 703/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/02/2022
Partes del expediente
- Alberto Isaac Gómez Enrique
- ALBERTO ISAAC GÓMEZ ENRIQUE y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el Secretario del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, por el que se remite testimonio de la resolución de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictada en el conflicto competencial C.C.P. 2/2022, formado con motivo del conflicto planteado en el presente asunto; sentencia en la que se determinó: "ÚNICO. El Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer de la demanda promovida por *************, contra las autoridades y los actos precisados en el antecedente I de esta ejecutoria.". Remítase el acuse respectivo. Ahora bien, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. Valoración documental De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un EXPEDIENTE AUXILIAR (cuaderno de antecedentes); en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el apartado 8.1.1, fracción I, inciso a), del aludido Manual, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a diez de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio por medio del cual fueron remitidos los autos originales del juicio de amparo 703/2021-IV, para que resuelva el conflicto competencial planteado por este órgano de control constitucional. Asimismo, comunica que se avoca del conocimiento del conflicto competencial planteado, registrándolo con el número C.C.P. 2/2022, lo que se toma de conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, comunica el auto de veintiséis de noviembre último, dictado en autos del juicio de amparo 1565/2021-pj-a, de su índice, por medio del cual el juzgado de su adscripción determinó no aceptar la competencia que declinó este Juzgado, por las razones que ahí expone. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. No obstante, este juzgado federal insiste en declararse legalmente incompetente, por las razones y consideraciones expuestas en el proveído de veintisiete de octubre último, dictado en el presente juicio de amparo. De la lectura del acuerdo de veintiséis de noviembre último, dictado por el Juzgado oficiante, se colige que determinó no aceptar la competencia para conocer del presente asunto, bajo el argumento toral de que el acto reclamado tendrá ejecución dentro de la Ciudad de México, por lo que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, consistente en que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde trate de ejecutarse el acto reclamado; ya que refiere que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, señaló que su domicilio se encuentra dentro de la jurisdicción territorial de éste juzgado, que es donde tendrá ejecución las ordenes reclamadas, por lo que según dice éste juzgado de distrito es quien debe de conocer del presente asunto; soslayando que el domicilio del promovente no es el parámetro para fincar la competencia de un órgano jurisdiccional. Ahora bien, de las constancias de autos se desprende lo siguiente: El quejoso ************ señaló como actos reclamados las órdenes de aprehensión y detención así como su ejecución. Por auto de trece de septiembre último, se tuvo por recibida la demanda de amparo con motivo de la incompetencia declinada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en esa misma data, se previno al quejoso para que señalara si existe alguna autoridad ejecutora que tenga su residencia en esta Ciudad de México, sin que haya señalado autoridad ejecutora alguna en esta jurisdicción. El veintisiete de octubre siguiente este juzgador acordó lo conducente y consideró que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que las autoridades responsables señaladas por el justiciable, no tienen residencia en esta Ciudad de México, y se precisó que aun cuando haya referido que el acto habría de ejecutarse en esta ciudad, el quejoso no designó autoridad con residencia en este lugar que dé competencia a este juzgado. De ahí que en la especie, se haya considerado que se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que las ordenes reclamadas habrán de ejecutarse en el Estado de Morelos, sin que de autos se advierta participación alguna de autoridad o acto de ejecución que dé competencia a este Juzgado de Distrito de la Ciudad de México, pues se itera, a pesar de que se previno al quejoso para que señalara autoridad con residencia en esta ciudad no lo hizo, de ahí que la sola designación del domicilio en el cual el quejoso adujo se pretendió ejecutar el acto reclamado sea insuficiente para fincar competencia a este juzgado. Son aplicables en lo conducente, los criterios jurisprudenciales que se citan: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables.". "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar.". Motivo por el cual, este Juzgado de Distrito, insiste en que la competencia legal por razón de territorio, se surte a favor del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca. Por lo que con fundamento en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante atento oficio y previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítanse los presentes autos al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, EN TURNO, para que determine lo conducente respecto a la contienda de competencia suscitada. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa por auto de trece de septiembre último, a efecto de que desahogara la prevención formulada en autos, sin que hiciera manifestación alguna; en ese sentido, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y el presente trámite se seguirá únicamente de las autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda. Competencia. Por otra parte, al ser una cuestión de orden público y, por tanto, de estudio preferente, se analiza lo relativo a la competencia legal de este órgano jurisdiccional para conocer del presente juicio de amparo. Atento a la demanda de amparo se puede advertir que la parte quejosa reclamó la ORDEN DE DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN; entonces, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de garantías, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Es de precisarse que este juzgado de distrito considera carecer de competencia legal para conocer del presente asunto por cuestión de territorio, en atención a lo siguiente: La competencia constitucional de los jueces de Distrito, está prevista por el precepto 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el diverso 37, párrafo primero de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:...VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse.". Ley de Amparo. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Conforme lo dispuesto por este numeral, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) Será competente el del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, al tratarse de un acto consistente en una orden de detención y/o aprehensión, así como su ejecución, mismas que requieren una ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, es menester precisar que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la ORDEN DE DETENCIÓN Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN ASÍ COMO SU EJECUCIÓN; mismas que reclama a diversas autoridades del Estado de Morelos, a saber: -FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON SEDE EN EL ESTADO DE MORELOS. -COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE MORELOS.. De lo anterior se advierte que no hay actos que ejecutar en esta jurisdicción, ya que las autoridades responsables se encuentran fuera de la jurisdicción de este juzgador, es decir que el acto se llevará a cabo en otra jurisdicción (Estado de Morelos). Asimismo, se previno al justiciable a efecto de que señalara autoridades responsables dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito, y no lo hizo, como se advierte de la certificación de cuenta. Por tanto, se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Entonces, el acto reclamado que incide en la esfera jurídica del quejoso al tratarse de actos privativos de la libertad que necesariamente requieren una ejecución material, en todo caso, sería realizada en el Estado de Morelos, de ahí que la competencia conforme a los artículos descritos en párrafos anteriores le corresponde al Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno. Por tanto, al ser una ORDEN DE DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN, los actos que por esta vía se reclaman, este asunto se ubica en la primera regla de competencia del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que el juez de distrito competente para conocer de este juicio de garantías es aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se ejecute dicho acto. Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia de cuyo y texto siguiente son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables.". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, 48 y 217 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo procedente es remitir el juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito en turno, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada; solicitándole a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta la competencia declinada. Notifíquese.
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