ALBERTO IGNACIO VELAZQUEZ ELIZONDO y Otros.

Expediente 1302/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2024.

Datos del expediente

Expediente
1302/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
02/01/2024

Partes del expediente

  • ALBERTO IGNACIO VELAZQUEZ ELIZONDO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Agréguese la razón de imposibilidad para emplazar a los terceros interesados; en atención a lo manifestado por el fedatario de la adscripción requiérase al juez responsable para que en el término de tres días, legalmente computado, envíe todo lo actuado en el juicio de origen desde el uno de noviembre del año pasado hasta el día en que reciba este requerimiento. NOTIFÍQUESE

  2. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1302/2023, promovido por ********************, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Octavo Civil de la Ciudad de México; así como, del Secretario, Directora General de Asuntos Jurídicos, Subsecretario de Operación Policial, Director Ejecutivo de Asistencia Legal, Apoyos y Mandamientos Oficiales, Subdirector de Ejecución de Mandamientos y Apoyo Oficial y Directora Ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo Diligencias, todos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que los quejosos reclaman la omisión de cumplir con lo sentenciado en el juicio ordinario civil **/** del índice del Juzgado Vigésimo Octavo Civil de la Ciudad de México, así como el que no se le proporcionen elementos de seguridad pública para llevar a cabo la diligencia de lanzamiento ordenada. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se negó la suspensión provisional, las autoridades responsables rindieron sus informes previos; finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. Las autoridades responsables, al rendir su informe previo, negaron la existencia del acto que se les reclama. Sin embargo, la negativa de las autoridades responsables se desvirtúa; lo anterior, ya que respecto de la autoridad ordenadora Juzgado Vigésimo Octavo Civil de la Ciudad de México, al tratarse de una omisión de no ejercer sus facultades jurisdiccionales, la carga de la prueba es para ésta, quien debe acreditar lo contrario, es decir, la ejecución del lanzamiento ordenado en el juicio de origen, de conformidad con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o. de la Ley de Amparo. No obstante ello, el juez responsable se limitó a negar el acto reclamado, sin acompañar los elementos de convicción con los que se acredite su actuación a fin de desvirtuar el no hacer que se le atribuye; por lo que, debe tenerse por cierto el acto y, en consecuencia, el de las autoridades ejecutoras. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la tesis 1a. CLXXV/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2009181, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR. El artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada prevé que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto, salvo que sea violatorio de garantías en sí mismo, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a las autoridades para demostrar su constitucionalidad. En esas condiciones, cuando en el juicio de amparo se reclama que la autoridad no ha desplegado sus facultades, se genera una presunción de inconstitucionalidad que ésta debe desvirtuar. Así, dicho acto tiene el carácter de omisivo, lo cual implica un hecho negativo, es decir, que la autoridad no ha realizado algo, por lo que debe acompañar las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de su facultad, esto, en concordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el que se precisa que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la falta de ejercicio de sus facultades, es la autoridad quien debe probar lo contrario." SEGUNDO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. Los quejosos son parte material en el juicio de origen, por lo que acreditan su interés para efectos de la suspensión de amparo. TERCERO. NEGACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Más allá de que el acto reclamado es de carácter omisivo y/o negativo, es improcedente otorgar la suspensión, pues a criterio de este órgano no se satisface lo previsto en el artículo 147 de la Ley de Amparo, respecto de la posibilidad jurídica de restitución. De tal suerte que para determinar la procedencia de la medida cautelar constitucional, deben estar satisfechos los requisitos legales que la rigen, como son: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) la no afectación al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021263, que dice: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." En el caso, no es posible otorgar la medida cautelar solicitada, ya que de hacerlo se contravendría el artículo 147 de la Ley de Amparo, pues no existe posibilidad jurídica de restitución, ya que ello implicaría obligar a la autoridad responsable a emitir una determinación en un sentido opuesto al que se reclama, por lo que una eventual restitución provisional de los derechos no podría ser retrotraída en el caso de que no prosperara la acción de amparo, porque habría implicado la emisión de un nuevo acto en un sentido totalmente distinto al combatido, por lo cual se actualiza la excepción prevista en la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.). En efecto, el acto reclamado es la omisión de cumplir con lo sentenciado en el juicio ordinario civil 286/2019 del índice del Juzgado Vigésimo Octavo Civil de la Ciudad de México, así como el que no se le proporcionen elementos de seguridad pública para llevar a cabo la diligencia de lanzamiento ordenada. Por ello, si se concediera la medida cautelar, implicaría ordenar a las autoridades responsables realizar actuaciones en sentido opuesto a lo combatido, a fin de proscribir la dilación que refiere en la ejecución de la sentencia emitida en el proceso natural, lo que jurídicamente resulta inviable, pues de no resultar favorable a la quejosa la sentencia que se dicte para resolver el fondo del asunto del que deriva el presente incidente de suspensión, no existiría posibilidad jurídica de restitución, ya que la sentencia de amparo no puede tener por efecto dejar insubsistente un acto que no fue combatido y que surgiría con posteridad a la presentación de la demanda constitucional. Lo anterior, se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2026730, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." Por lo expuesto, lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIONAL DEFINITIVA. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a ********************, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Octavo Civil de la Ciudad de México; así como, del Secretario, Directora General de Asuntos Jurídicos, Subsecretario de Operación Policial, Director Ejecutivo de Asistencia Legal, Apoyos y Mandamientos Oficiales, Subdirector de Ejecución de Mandamientos y Apoyo Oficial y Directora Ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo Diligencias, todos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta ciudad, por los motivos expuestos en esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta; en consecuencia, agréguense los comunicados de las autoridades responsables, mediante los cuales rinden su informe justificado en los términos que precisan; y el Juez responsable acompaña las constancias que refiere, con lo que se ordena dar vista a las partes para los efectos conducentes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Acorde al estado procesal de autos y conforme a la certificación de cuenta, fórmese el cuaderno auxiliar I, e infórmese a las partes que su consulta podrá realizarse físicamente en este órgano jurisdiccional; lo anterior con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por lo que hace a la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a los delegados que señala. Asimismo, se le tiene invocando las causales de improcedencia y sobreseimiento que menciona, las cuales serán materia de estudio al dictarse la sentencia en este juicio. Ahora bien, del estado procesal de autos se advierte que se reservó el señalamiento de los terceros interesados, hasta en tanto se tuvieran a la vista las constancias del juicio de origen, lo que ahora acontece; en consecuencia, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como terceros interesados a ..., ..., ..., ..., ..., ... y ..., mismos que podrán ser emplazados en el domicilio ubicado en: ... en la Ciudad de México. Por otro que, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio señalado, y efectúe su llamamiento. Se habilitan días y horas inhábiles, con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia incidental señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Lo anterior, porque el secretario encargado del despacho, licenciado ..., actúa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, esto es, únicamente con facultades para proveer cuestiones de mero trámite o urgentes; luego, la celebración de la audiencia señalada para el día de hoy no podría calificarse como un acto con las características apuntadas, dada su naturaleza y trascendencia en el proceso constitucional. Al respecto se cita la tesis I.7o.C.63 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, de octubre de 2010, novena época, en materia común, cuyo rubro y texto son: "SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SIN AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CARECE DE FACULTADES PARA PROVEER SOBRE EL ESCRITO DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. Doctrinariamente se ha considerado que un acuerdo de mero trámite es aquel que no implica un pronunciamiento de derecho con relación a las cuestiones planteadas, esto es, decisiones que no establecen o definen una situación particular de las partes dentro del procedimiento o que reconozcan a favor de ellas un derecho, ya sea procesal o sustantivo. Ahora bien, la persona que suple al Juez de Distrito en sus funciones de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tiene limitadas sus atribuciones para únicamente practicar diligencias urgentes y dictar providencias de mero trámite; en este sentido debe concluirse que el secretario encargado del despacho no está facultado para resolver sobre el escrito de ofrecimiento de pruebas, en virtud de que no se trata de una diligencia de carácter urgente y tampoco de una providencia de mero trámite puesto que tal acuerdo contiene una posición que decide la situación procesal planteada y trasciende al resultado del fallo; además, de acuerdo con los artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo, es en la audiencia constitucional donde debe proveerse sobre la admisión y, en su caso desahogo de las pruebas; acto que el secretario encargado del despacho en términos del artículo 43 de la ley orgánica invocada no puede llevar a cabo, si no cuenta con la correspondiente autorización del Consejo de la Judicatura Federal. Hipótesis diferente a lo que acontece respecto a los alegatos cuya determinación sí es de mero trámite." Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano