Alberto Gutierrez Cervantes
Expediente 750/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 750/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alberto Gutierrez Cervantes
- Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 750/2023 y su acumulado 751/2023, promovidos por ... por propio derecho y ... por propio derecho y en representación de los infantes con iniciales ... y ...; contra actos de la Cuarta Sala y Juez Décimo Sexto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se acumularon los procesos, admitieron las demandas, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirieron los informes justificados; y, se señaló parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, pues que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza familiar, tramitado ante un Juzgado dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo. Resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el toca ... por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, que revocó la interlocutoria de veintiuno de febrero anterior, emitida en la vía de apremio derivada del juicio de divorcio incausado ..., del índice del Juez Décimo Sexto de la misma especialidad y residencia, que condenó a pagar $994,526.60 (novecientos noventa y cuatro mil quinientos veintiséis pesos 60/100 moneda nacional), por concepto de pensiones vencidas, con apercibimiento de embargo en caso de no hacerlo. Su ejecución. TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron los actos reclamados. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron a los actos reclamados: I. La sentencia de doce de diciembre de dos mil catorce, disolvió el vínculo matrimonial entre ... y ..., y aprobó el acuerdo donde pactaron los alimentos como se indica: "TERCERA.- PENSIÓN ALIMENTICIA.- El señor Gutiérrez conviene y se obliga a entregar a la señora ... por concepto de pensión alimenticia correspondiente a sus menores hijos (.) la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100) mensuales. (.) La cantidad correspondiente a la pensión alimenticia tendrá un incremento anual automático conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México del año calendario inmediato anterior, este incremento se llevará a cabo en el mes de enero de cada año, y deberá ser calculado directamente por el padre." II. El veintisiete de octubre de dos mil veintidós, ... promovió vía de apremio para la declaración de adeudo por $859,906.97 (ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos seis pesos 97/100 moneda nacional) por concepto de pensiones adeudadas; $129,614.82 (ciento veintinueve mil seiscientos catorce pesos 82/100 moneda nacional) por impuesto predial; ordenar el embargo de bienes en caso de incumplimiento; emitir alerta migratoria e inscribir al deudor en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; la cual se admitió el dieciséis de noviembre de ese año. III. En la tramitación de la vía de apremio la quejosa solicitó regularizar el procedimiento para ordenar requerir al demandado cubrir la pensión considerando la actualización inflacionaria. IV. Previa ratificación ordenada, el trece de enero de dos mil veintitrés, se acordó desfavorable la petición. V. Inconforme, la actora interpuso apelación resuelta en sentencia de tres de marzo de dos mil veintitrés, en el toca ..., que modificó el auto impugnado para determinar que el deudor debía pagar la pensión alimentaria por $72,533.96 (setenta y dos mil quinientos treinta y tres pesos 96/100 moneda nacional) por el año de dos mil veintitrés. VI. El veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la vía de apremio, en los términos siguientes: "PRIMERO.- Ha sido procedente la vía elegida por la ejecutante ..., quien NO acreditó su pretensión por los razonamientos precisados en esta resolución. SEGUNDO.- No se aprueba la planilla de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas exhibidas por la ejecutante, por los motivos y razonamientos expuestos en el considerando tercero. TERCERO.- Como consecuencia del resolutivo que antecede, se absuelve a ... de las prestaciones reclamadas por sus (sic) contraria. CUARTO.- No se hace especial condena de gastos y costas." VII. Inconforme, la parte actora interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Sala responsable y el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se determinó: "PRIMERO. Son fundados los agravios hechos valer por ...; en consecuencia, SEGUNDO. Se revoca la sentencia interlocutoria dictada el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, por el C. Juez Décimo Sexto de lo Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el Divorcio, Vía de Apremio, seguido por ... en contra de ..., expediente número ..., para quedar como: "PRIMERO. Ha sido procedente la vía elegida por la ejecutante ..., quién acreditó su pretensión y ...., omitió justificar sus excepciones y defensas. SEGUNDO. Por las consideraciones vertidas en este fallo, se condena a ..., al pago de la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS 60/100 M.N. ($994,526.60 M.N.), por concepto de pensiones definitivas vencidas y no pagadas por el periodo comprendido entre enero de dos mil quince a octubre de dos mil veintidós. TERCERO. Una vez que el presente fallo quede firme, mediante notificación personal, requiérase a ..., para que dentro de los cinco días siguientes a que surta efectos la notificación personal, exhiba ante este juzgado el pago de la cantidad citada, ya sea mediante billete de depósito expedido por Banco del Bienestar o bien la ficha de depósito de la cual se desprenda su pago a la cuenta bancaria de ..., por concepto de pensiones vencidas y no pagadas por el periodo comprendido entre enero de dos mil quince a octubre de dos mil veintidós. Apercibido el obligado que, en caso de no hacerlo así, se le embargaran bienes suficientes de su propiedad, los que se pondrán en depósito de la persona que bajo su responsabilidad señale la parte acreedora, para que con su producto se le haga pago de lo condenado. CUARTO. No se hace especial condena en gastos y costas." Esta determinación constituye el acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación respecto del juicio 750/2023. La parte quejosa alega violaciones a los derechos tutelados en los artículos 4, 14, 16 y 17 Constitucionales, en razón de que: a. Carece de fundamentación porque no se expresaron los cálculos ni las cantidades para obtener la condena ni el factor de actuación inflacionario. a.1. La condena es injustificada por no externar las operaciones aritméticas. Los conceptos de violación son infundados, por los motivos que se expondrán a continuación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los derechos humanos que tutela en favor del gobernado, incluye el de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Lo establecido en el artículo 16 constitucional dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". El contenido formal del derecho humano de legalidad previsto en el artículo invocado, relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. La fundamentación es el deber que tiene la autoridad de expresar los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretenda imponer con el acto de autoridad; y la motivación es la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. En el caso, contrario a lo alegado, la Sala responsable sí justificó aritméticamente las operaciones, pues consideró: - El asunto tiene inmerso el derecho de hijos de las partes de quince y doce años; y el de su progenitora a demandar el incumplimiento a la sentencia de doce de diciembre de dos mil catorce. - La cuantificación oficiosa de la pensión alimenticia debe considerar lo acordado por las partes, el incremento anual acorde al Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Banco de México, valorando el interés superior de los hijos, la protección de la actora en su calidad de mujer, la causa de pedir y a los principios de equidad e igualdad. - En el toca ..., se cuantificó la pensión del año dos mil quince al dos mil veintidós, por ello debe partirse de los montos ahí establecidos, como se indica: AÑO MONTO MENSUAL PENSIÓN CON INCREMENTO DEL INPC MONTO TOTAL ANUAL (12 MESES) MONTO ANUAL ACREDITADO O RECONOCIDO QUE SE PAGO ADEUDADO 2015 $51,065.00 M.N. $612,780.00 M.N. $647,000.00 M.N. SALDO A FAVOR $34,220.00 M.N. 2016 $52,780.00 M.N. $633,360.00 M.N. $550,900.00 M.N. $82,460.00 M.N. 2017 $56,354.00 M.N. $676,248.00 M.N. $637,700.00 M.N. $38,548.00 M.N. 2018 $59,075.94 M.N. $708,911.28 M.N. $671,000.00 M.N. $37,911.28 M.N. 2019 $60,747.78 M.N. $728,973.36 M.N. $698,000.00 M.N. $30,973.36 M.N. 2020 $62,661.33 M.N. $751,935.96 M.N. $588,300.00 M.N. $163,635.96 M.N. 2021 $67,273.20 M.N. $807,278.40 M.N. $452,500.00 M.N. $354,778.40 M.N. 2022 por 10 meses $72,533.96 M.N. $725,339.60 M.N. $404,900.00 M.N. $320,439.60 M.N. TOTAL $994,526.60 M.N. - Cantidad respaldada en las manifestaciones de la actora incidentista realizados en los escritos de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, donde demandó en la vía de apremio al contrario, el recibo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, y sin considerar los rembolsos. - El demandado presentó tablas de pagos, fichas de depósitos y estados de cuenta, reconocidas por la actora. - La materia de la vía de apremio es verificar el pago de los alimentos sentenciados y no la justificación de incumplimiento, pues para ello se tiene a salvo la vía pertinente. Lo anterior se considera constitucional, en razón de que, contrario a lo que indica la parte quejosa, se advierte sí está fundada y motivada la determinación reclamada. Lo anterior es así, porque la autoridad tomó en cuenta los montos de pensión alimenticia determinados en la resolución emitida en el toca ... de tres de marzo de dos mil veintitrés, donde realizó las siguientes operaciones: "Al efecto, se tiene, que en sentencia dictada el doce de diciembre de dos mil catorce, se aprobó el convenio que los divorciantes presentaron en el que en su cláusula tercera se fijó una pensión alimenticia a favor de sus hijos por la suma de CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N. mensuales; así tenemos que el incremento publicado por el BANCO DE MÉXICO, para enero de DOS MIL QUINCE fue del DOS PUNTO TRECE POR CIENTO, por lo que tomando en consideración los CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N. al multiplicarlos por el porcentaje citado arroja una cantidad de UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. que sumados a la primera de las cantidades mencionadas, da un total de CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. Ahora bien, siguiendo el mismo razonamiento, tomamos el monto previo y lo multiplicamos por el porcentaje publicado en DOS MIL DIECISÉIS, el cual fue el TRES PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO, dando un resultado de UN MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 78/100 M.N., que sumado a la pensión del dos mil dieciséis, da un total de CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 11/100 M.N. continuando, tomamos el monto previo y lo multiplicamos por el porcentaje publicado en DOS MIL DIECISIETE, el cual fe de SEIS PUNTO SETENTA Y SIETE POR CIENTO, dando un resultado de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N., que sumado a la pensión del dos mil diecisiete, arroja un total de CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N., ocupamos el monto previo y lo multiplicamos por el porcentaje publicado en DOS MIL DIECIOCHO, el cual fue de CUATRO PUNTO OCHENTA Y TRES POR CIENTO, dando un resultado de DOS MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS 90/100 M.N., que sumado a la pensión del dos mil dieciocho, arroja un total de CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N., ocupamos el monto previo y lo multiplicamos por el porcentaje publicado en DOS MIL DIECINUEVE, el cual fue de DOS PUNTO OCHENTA Y TRES POR CIENTO, dando un resultado de UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 84/100 M.N., que sumado a la pensión de dos mil diecinueve, da un total de SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N., ocupamos el monto previo y lo multiplicamos por el porcentaje publicado en DOS MIL VEINTE, el cual fue de TRES PUNTO QUINCE POR CIENTO, dando un resultado de UN MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 55/100 M.N., que sumado a la pensión de dos mil veinte, da un total de SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 33/100 M.N. tomamos el monto previo y lo multiplicamos por el porcentaje publicado en DOS MIL VEINTIUNO, el cual fe de SIETE PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO, dando un resultado de CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 87/100 M.N. que sumado a la pensión de dos mil veintiuno, da un total de SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. y finalmente, tomamos el monto previo y lo multiplicamos por el porcentaje publicado en DOS MIL VEINTIDÓS, el cual fe de SIETE PUNTO OCHENTA Y DOS POR CIENTO, dando un resultado de CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 76/100 M.N. que sumado a la pensión de dos mil veintidós, da un total de SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. que salvo error aritmético corresponde al monto de la pensión actualizado para el año dos mil veintitrés, para satisfacer las necesidades de sus hijos." De lo expuesto, se advierte que la autoridad de origen sí cumplió con los principios de fundamentación y motivación, con los que debe contar toda resolución judicial, porque se remitió a las operaciones que ya había formulado en el procedimiento, y que están reflejadas en el toca ... de tres de marzo de dos mil veintitrés. Dicho ejercicio judicial está justificado porque se remite a un aspecto firme en el propio proceso, donde se consideró la actualización de valores conforme las cláusulas del convenio pactado por las partes para delimitar el alcance del derecho de los alimentos. Esto es, tomó como base la pensión acordada por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100) mensuales, a la cual aplicó el incremento publicado por el Banco de México, de forma anual por las diferencias adeudadas, de ese factor obtuvo el incremento porcentual para sumarlo a la base resultante del año previo e integrar el monto correspondiente a cada ejercicio anual. Conforme a esas precisiones, contrario a lo alegado, la autoridad sí indicó como obtuvo los parámetros de la condena, así como la metodología de las operaciones, que incluyó la información aportada por las partes. Ahora, como se advierte, la resolución de la vía de apremio tomó como base las consideraciones donde previamente ya se habían cuantificado los pagos que para cada año debía de realizar el deudor, en lo cual la Sala responsable se apoyó directamente en el acto reclamado, porque justamente fue parte de lo solicitado en la vía de apremio (condena de alimentos actualizados). De modo que, al ser un aspecto firme, válidamente la autoridad podía remitirse a esas consideraciones, aunado a que el deudor no aportó constancias para que la autoridad llegara a una conclusión diferente en el acto reclamado, por lo que la base aritmética utilizada por la Sala responsable es apta para resolver porque coincide en tiempo y dinero, que son los años requeridos y la obligación alimentaria litigada. Al respecto, se comparte por analogía jurídica la jurisprudencia I.2o.A. J/39 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 73, enero de 1994, página 57, cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. CUANDO PUEDE CONSTAR EN DOCUMENTO DISTINTO AL QUE CONTENGA EL ACTO RECLAMADO. Una excepción a la regla de que la fundamentación y motivación debe constar en el cuerpo de la resolución y no en documento distinto, se da cuando se trata de actuaciones o resoluciones vinculadas, pues, en ese supuesto, no es requisito indispensable que el acto de molestia reproduzca literalmente la que le da origen, sino que basta con que se haga remisión a ella, con tal de que se tenga la absoluta certeza de que tal actuación o resolución fue conocida oportunamente por el afectado, pues igual se cumple el propósito tutelar de la garantía de legalidad reproduciendo literalmente el documento en el que se apoya la resolución derivada de él, como, simplemente, indicándole al interesado esa vinculación, ya que, en uno y en otro caso, las posibilidades de defensa son las mismas." Ante lo infundado de los conceptos de violación, lo conducente es NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA. En cuanto a los criterios invocados como sustento de los conceptos de violación, no favorecen a la quejosa, puesto que, como se vio, la autoridad sí cumplió con la obligación de fundar y motivar en acto reclamado. Negativa extensiva al reclamo atribuido al Juez responsable, debido a que no se combaten por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad deriva de lo que se atribuye a la autoridad ordenadora, conforme a la jurisprudencia II.1o.J/12 , de la Octava Época, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS." SEXTO. Análisis de los conceptos de violación respecto del acto combatido por lo que ve al proceso 751/2023. La parte quejosa aduce que se violaron los derechos consagrados en los artículos 4, 14, 16 y 17 Constitucionales, en razón de que: a. La autoridad omitió el considerar el cobro del impuesto predial demandado, no obstante la documentación exhibida de la Administración del Gobierno de esta Ciudad, donde se indica esa deuda y lo solicitado en el escrito inicial de la vía de apremio. a.1. No se ordenó la alerta migratoria e inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, aunque está acredita la deuda, lo que rebasa por mucho el periodo de noventa y sesenta días que establecen respectivamente los numerales 309 y 323 Octavus del Código Civil de esta Ciudad, y fracción VI del artículo 48 de la Ley de Migración; máxime que el diverso 941 del Código adjetivo, impone la obligación de suplir la deficiencia de la queja a favor de los acreedores alimentarios. Los conceptos de violación son fundados, por los motivos que se expondrán a continuación. El derecho humano de legalidad implica una observancia ineludible al principio de congruencia y exhaustividad que debe contener toda determinación emitida por una autoridad jurisdiccional; el cual se refleja cuando la autoridad resuelve y contesta todo lo solicitado sin dejar de dar respuesta a lo expresamente planteado, ni añadir cuestiones no hechas valer. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/9 de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." En el caso, la parte actora solicitó condenar al demandado a: "1.-La declaración judicial del adeudo y condena al pago de la cantidad de $859,906.97 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 97/100 M.N.), por Concepto de adeudos de pensiones alimenticias que consideran el incremento anual conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, en los términos pactados en el convenio de divorcio aprobado por su señoría en sentencia definitiva de fecha doce de diciembre de dos mil catorce. 2.-La declaración judicial del adeudo y condena al pago directo en la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, de la cantidad de $129,614.82 (CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 82/100 M.N.), por concepto de adeudo del pago del impuesto predial, desde el año dos mil diecinueve a la fecha, del inmueble ubicado en ... (11 ), casa dos (2), San Jerónimo Líndice, código postal 10200, en esta Ciudad de México, en los términos pactados en el convenio de divorcio aprobado por su señoría en sentencia definitiva de fecha doce de diciembre de dos mil catorce. 3.-En caso de negativa a dar cumplimiento al pago y de las obligaciones pactadas en el convenio de divorcio en la forma reclamada, ordenar el embargo de bienes de los que sea titular el señor ... que permitan cubrir los adeudos que son reclamados. 4.-La emisión de alerta migratoria para que el deudor alimentario ... no pueda salir del territorio nacional hasta que cumpla con el pago de los adeudos relacionados con la pensión alimenticia provisional a favor de los acreedores alimentarios. 5.-La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del señor ... derivado del incumplimiento total de la pensión alimenticia provisional a su cargo." El veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en primera instancia reprobando la planilla de pensiones alimenticias y no pagadas, y como consecuencia tampoco se aprobaron las diversas garantías solicitadas por la actora . Como se advierte de los antecedes la Sala responsable declaró fundados los agravios de la enjuiciante en cuando a la procedencia de la condena liquida, empero, aunque reabordó la litis, lo realizó de manera incompleta, porque no se pronunció específicamente sobre esos puntos puntos 2, 4 y 5 . Lo cual es injustificado, porque no puede desvincularse el reclamo principal, que es el pago de los alimentos de las prestaciones que se omitió estudiar, porque se solicitaron como una garantía de la primera, esto es ante el incumplimiento generalizado de pagos. Lo cual, hace necesario revisar los mecanismos que en concepto de la actora podían ejecutar el pago de alimentos y vencer la resistencia del deudor tanto para ella como para sus dos hijos. Ahora, partiendo de que la autoridad responsable consideró procedente la condena liquida también debió ocuparse de las garantías solicitadas para hacerlo efectivo, porque contaba con los elementos necesarios para decretar las consecuencias que originaron las obligaciones, esto es, el incumplimiento generalizado de pagos alimentarios. Lo anterior, conforme al principio de "favorecimiento de la acción o pro actione", previsto en el artículo 17 constitucional y en el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales forman parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que exige a los órganos judiciales excluir determinadas aplicaciones e interpretaciones de los presupuestos procesales que eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho del litigante a que aquéllos conozcan y resuelvan en derecho sobre la pretensión planteada. Principio que en realidad implica la eliminación no sólo de las decisiones de inadmisión fundadas en una interpretación de la legalidad arbitraria, manifiestamente irrazonable o incluso en error patente, sino también de aquellas que, por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón, revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas de inadmisión preservan y los intereses que sacrifican. De manera que si la autoridad consideró procedente la acción principal, bajo una regla de causa efecto, también debió analizar las demás prestaciones peticionadas, máxime que tampoco impuso modalidades para hacer efectivo el derecho a los alimentos, lo cual dejaría a la voluntad del deudor la satisfacción de la obligación. Sirve de apoyo la tesis aislada 1a. CCVI/2018 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, de registro digital: 2018780, de la Décima Época, que dice: "PRINCIPIO PRO ACTIONE. EN SU APLICACIÓN A CASOS EN LOS QUE NO EXISTA CLARIDAD RESPECTO A SI UN ASUNTO ES O NO JUSTICIABLE, DEBERÁ PREFERIRSE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. Los criterios que establecen que en caso de duda debe favorecerse a la parte trabajadora -pro operario-, a la parte imputada por la comisión de un delito -pro reo- o a favor de quien intenta una acción -pro actione- constituyen cláusulas de cierre que carecen de relación con la selección o construcción del derecho aplicable, ya que tiene que ver con la solución de cuestiones referentes al sentido de un asunto o a aspectos derivados de éste. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 375/2013, sostuvo que el principio in dubio pro actione opera como un criterio para resolver casos de duda en torno a si el Poder Judicial debe o no intervenir en el conocimiento de una cuestión, en términos de su justiciabilidad. Esto es, los órganos jurisdiccionales deben tener claras las facultades y atribuciones que delimitan su ámbito o esfera competencial en función de los medios de impugnación cuyo conocimiento les ha sido constitucional y legalmente conferido; sin embargo, en casos donde no exista claridad respecto a si un asunto es o no justiciable, debe preferirse la protección del derecho de acceso a la jurisdicción. Esto no implica obviar o soslayar requisitos de procedencia o admisibilidad (reglas de competencia), ni omitir interpretaciones que resulten más favorables a las personas (principio pro persona), sino adoptar un criterio de cierre ante la duda acerca de si un requisito de procedencia -que ha sido considerado válido según su interpretación más favorable a la persona- se encuentra o no acreditado, o si un asunto puede encuadrarse dentro de un supuesto de competencia del órgano respectivo. En congruencia, con fundamento en el ordinal 77 de la Ley de Amparo, a fin de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos violados y restablecer las cosas al estado que guardaban, procede declarar la inconstitucionalidad de la resolución reclamada y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia combatida y, en su lugar, dicte otra con plenitud de jurisdicción, donde resuelva la litis de la vía de apremio planteada que dejó de atender. La concesión del amparo se hace extensiva a los actos atribuidos al juez ejecutor, conforme a la jurisprudencia II.3o. J/12 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo cincuenta y cinco, julio de mil novecientos noventa y dos, página cuarenta y uno de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. La justicia de la unión no ampara ni protege a ..., por propio derecho, contra actos de la Cuarta Sala y Juez Décimo Sexto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por los motivos indicados en el diverso penúltimo de este fallo. Segundo. La justicia de la unión ampara y protege a ... por propio derecho y en representación de los infantes con iniciales .... y ...; contra actos de la Cuarta Sala y Juez Décimo Sexto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones y para los efectos indicados en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy uno de diciembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, siendo las once horas del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 750/2023 y su acumulado 751/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demandas de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de los terceros interesados. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ... ofreció la documental, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humano. Al efecto se acuerda: Se admiten y desahogan las probanzas aludidas atento a su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la parte mencionada los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Incidental
Agréguese el escrito de la persona autorizada de la quejosa con facultades amplias que prevé el numeral 12 de la ley de la materia personalidad que se le reconoce por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, en atención a su contenido; deberá estarse a lo acordado el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, toda vez que en esa data se proveyó lo conducente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, es innecesario enviarles oficio, con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.
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