Alberto Guzman Chavez

Expediente 1114/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1114/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
18/12/2017

Partes del expediente

  • Alberto Guzman Chavez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de que la certificación que antecede, asentada por el Secretario de este Juzgado Federal, se advierte que la parte promovente de amparo, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de seis de diciembre de dos mil diecisiete, de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, dentro del término concedido en el numeral 98 de la Ley en cita, proveído en el cual SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, ARCHÍVESE el presente Juicio de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra el acto que reclama del Juez Único Civil de Partido de Yuriria, Guanajuato y otras autoridades, que estima violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 1114/2017-I.2, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el diverso numeral 61 fracción XII, del cuerpo de leyes invocado es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Asimismo, la fracción I, del artículo 107 de la Constitución General de la República, dispone: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En concordancia a la anterior disposición, el diverso artículo 5°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica: Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. De la interpretación de los numerales transcritos se desprende que para promover el juicio de amparo, es condición indispensable que la parte que resienta una lesión a sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas que el acto autoritario afecta su esfera de derechos otorgados por la ley, en atención a que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que es necesario, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, que el acto reclamado transgreda un derecho sustantivo consagrado en la Constitución General a favor del quejoso, lo cual refleja que el interés jurídico para ocurrir al amparo sólo lo tienen las personas directamente agraviadas por la ley o el acto que estimen violatorio de sus derechos, pues el derecho de promover el juicio de amparo es personalísimo. Lo anterior implica que para que surja el derecho de un particular para solicitar el amparo en contra de un acto, es necesario que se individualice el efecto de la misma, en aquel que lo promueve. En el caso, para exponer el significado y diferencia del interés jurídico e interés legítimo para la procedencia del Juicio de Amparo en materia Civil, conviene citar la Tesis I.13o.C.12 C (10a.) del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Común, Civil, página 2040, que dispone: INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias. Se tiene pues que, interés legítimo, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto, de conformidad con lo expuesto en el artículo 5°, preceptúa que el primero (jurídico) consiste en un derecho subjetivo y el segundo (legítimo) se refiere a una situación frente al orden jurídico. Expuesta la diferencia entre los conceptos de interés jurídico y legítimo para la procedencia del juicio de amparo, se procederá a demostrar porque se actualiza la causa de improcedencia en análisis. En el caso, debe precisarse que del análisis integral de la demanda de amparo que nos ocupa, se obtiene que el acto del que se duele el promovente Alberto Guzmán Chávez, NO afecta su interés jurídico ni legítimo para la promoción del juicio de amparo indirecto; atento a las siguientes consideraciones: **, aduce que el siete de septiembre de dos mil once, DONO en favor de su padre ***, el inmueble identificado como Lote ***, de Yuriria, Guanajuato. Precisa que en la Cláusula Sexta de la Escritura Pública seis mil quinientos cincuenta y seis, pasada ante la Fe del Notario Público número Cuatro de Yuriria, Guanajuato (acto a través del cual protocolizó la donación), se reservó "EL USO Y USUFRUCTO VITALICIO" respecto del bien inmueble materia de la donación, estando de acuerdo la parte donataria. Documental que adjunta en certificación expedida por el Registro público dela Propiedad y del Comercio de Yuriria, Guanajuato. Agrega que en ningún momento ha dejado de poseer el inmueble respectivo. Refiere que el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, se le notificó el proveído de diez de noviembre del actual, dictado por el Juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, en los autos del Expediente ****, relativo al Juicio Hipotecario promovido por su hermano ***, contra su padre ***, en el que se señaló fecha para que tuviera verificativo en almoneda pública, la audiencia de remate respecto del inmueble ahí hipotecado; precisamente el que dono a su padre y refiere tener en posesión, derivado de haberse reservado para sí, el uso y usufructo vitalicio. Es con motivo de tal notificación que asegura haberse enterado del trámite de dicho juicio al parecer, hipotecario, así como de la determinación de sacar a remate el inmueble que aduce poseer derivado de haberse reservado para sí el uso y usufructo vitalicio del mismo; y derivado de haberse enterado de la existencia de dicho controvertido, es que acude a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal; sin embargo, aduce que derivado de ese usufructo, debía en consecuencia llamársele a ese juicio como parte, para defender ese derecho. Expuesto lo anterior, se precisa porque es que sobreviene la causal de improcedencia invocada, lo que se hace como sigue: El Código Civil del Estado de Guanajuato en su artículo 1077, define al usufructo como el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos. Enseguida, los diversos numerales 1078, 1083 y 1084, del referido Código Civil del Estado de Guanajuato, precisan que el usufructo podrá constituirse como en el caso, por voluntad de las partes, que será vitalicio si el título constitutivo no expresa lo contrario, así como que los derechos y obligaciones del usufructuario y de propietario se arreglarán por el título respectivo. Los numerales en cita en su literalidad, disponen: Art. 1077. El usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos. Art. 1078. El usufructo puede constituirse por la ley, por voluntad del hombre o por prescripción. Art. 1083. Es vitalicio el usufructo si el título constitutivo no expresa lo contrario. Art. 1084. Los derechos y obligaciones del usufructuario y del propietario se arreglan en todo caso por el título constitutivo del usufructo. Ahora bien, teniendo a la vista el instructivo en que se transcribió el auto de diez de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, en los autos del Expediente C0457/2017, relativo al Juicio Hipotecario promovido por su hermano Enrique Guzmán Chávez, contra su padre Miguel Guzmán Cisneros, en el que se señaló fecha para que tuviera verificativo en almoneda pública, la audiencia de remate respecto del inmueble ahí hipotecado; se obtiene que la razón por la que se le notificó ese auto, lo fue porque según lo anotó la Juez, del certificado de propiedad agregado por el ahí actor para estar en posibilidad de celebrar esa audiencia de remate, se desprendió que a Alberto Guzmán Chávez, ES USUFRUCTUARIO DEL INMUEBLE OBJETO DE REMATE. En este orden, el propio Código Civil del Estado de Guanajuato, en su artículo 1102, reconoce en favor del usufructuario el derecho de acudir a la audiencia de remate del inmueble respectivo, para hacer valer derecho al tanto; numeral que en su literalidad dispone: Art. 1102. El usufructuario goza del derecho del tanto y en su caso del de retracto salvo que el adquirente sea algún copropietario. Lo que deriva en que, la razón por la que se le notificó la fecha en que tendrá verificativo la audiencia de remate en el Juicio Hipotecario ***, del índice del Juzgado Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, lo fue únicamente en términos de lo dispuesto por el artículo 1102, del código Civil del Estado de Guanajuato, esto es, para que si es su deseo, haga valer su derecho al tanto y adquirir para si la propiedad de ese inmueble. Enseguida, NO puede considerarse que la notificación realizada impere un llamamiento oportuno o tardío como parte a ese Juicio Hipotecario ***, puesto que se insiste, de la lectura del proveído de diez de noviembre, dictado por el Juzgado Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, NO SE OBTIENE QUE EL USUFRUCTO EN SI HAYA SIDO MATERIA DE LA LITIS; de ahí que NO SE ESTÉ en la diversa hipótesis establecida en el artículo 1084 del Código Civil del Estado de Guanajuato; caso en que debía habérsele señalado como demandado para participar como parte de ese controvertido. El referido artículo 1084 del Código Civil del Estado de Guanajuato; establece: Art. 1086. El usufructuario tiene derecho de ejercitar todas las acciones y excepciones reales, personales o posesorias, y de ser considerado como parte en todo litigio, aunque sea seguido por el propietario o contra éste, siempre que en él se interese el usufructo. Fijado lo anterior, es claro en consecuencia que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo; toda vez que el trámite del Juicio Hipotecario ***, del índice del Juzgado Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, NO VERSO SOBRE EL USUFRUCTO que respecto del inmueble identificado como Lote 12, de la Manzana 1, de la Zona 1, del Ejido Yuriria, de Yuriria, Guanajuato, adquirió en la escritura pública seis mil quinientos cincuenta y seis, pasada ante la Fe del Notario Público número Cuatro de Yuriria, Guanajuato (acto a través del cual protocolizó la donación); de ahí que no exista derecho alguno del que se le prive o incluso se le moleste. Lo anterior es así, derivado de que, como se ha puesto en evidencia, en el tan citado Juicio Hipotecario ***, del índice del Juzgado Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, NO CONTROVIRTIÓ el usufructo que ***, ante este Tribunal acredita tener respecto del inmueble identificado como Lote 12, de la Manzana 1, de la Zona 1, del Ejido Yuriria, de Yuriria, Guanajuato; siendo que si bien la propiedad de ese bien raíz puede transferirse a diversa persona, derivado de la audiencia de remate señalada en ese juicio, el posible adquiriente no adquiriría de manera plena el goce y disposición del bien raíz, puesto que NO SE LE IMPIDE CON ELLO EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE USUFRUCTO, pues al haberse constituido en escritura pública con anterioridad incluso al trámite del juicio hipotecario, y al haberse reconocido por el juzgado civil de origen, no puede invalidarse, extinguirse ni disminuirse. Por su contenido, se transcribe la tesis XIV.2°.72C, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998, Materia Civil, página 745, del tenor literal siguiente: EMBARGO. EL USUFRUCTUARIO VITALICIO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMARLO PORQUE TAL MEDIDA NO DISMINUYE NI INVALIDA SU DERECHO AL MOMENTO DE LA TRABA. Atento lo dispuesto por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, ha de concluirse que el embargo practicado en los bienes de quien los detenta en su carácter de usufructuario vitalicio no afecta su interés jurídico al momento de la traba, ya que esto sería así, de producirse diverso acto que le impidiera el ejercicio de ese derecho, lo que no ocurre con la citada medida, ya que ésta únicamente surte efectos para los fines del juicio ejecutivo mercantil, sin invalidar ni disminuir el usufructo referido. Resulta ilustrativa también, la diversa tesis XXX.1o.7 C del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Materia Civil, Página 1527, de rubro y texto siguientes: USUFRUCTO VITALICIO. LA VENTA EN ALMONEDA JUDICIAL DEL INMUEBLE EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, NO IMPLICA LA EXTINCIÓN DE ESA PRERROGATIVA DE USO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2195 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. El artículo 2195 del Código Civil del Estado de Aguascalientes dispone que la venta judicial de un inmueble pasará al comprador libre de todo gravamen. No obstante, cuando sobre dicho bien pesa un usufructo vitalicio constituido, desde antes de la venta en almoneda judicial en un juicio ejecutivo mercantil que no se ha extinguido, el comprador no adquiere de manera plena el goce y la disposición del bien raíz, atento a que el usufructuario continúa con esa prerrogativa de uso. Por tanto, será hasta la muerte del usufructuario cuando el nudo propietario consolide de manera plena su derecho de propiedad pues, estimar lo contrario, implicaría una forma diversa de extinción del usufructo, de las establecidas en el artículo 1050 del citado código. Entonces, si en el procedimiento de origen no se controvierte el derecho de usufructo que el promovente ***, tiene respecto del inmueble identificado como Lote 12, de la Manzana 1, de la Zona 1, del Ejido Yuriria, de Yuriria, Guanajuato; se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, y en consecuencia se desecha la demanda de amparo promovida. Circunstancia que incluso no variaría de admitir la demanda de amparo y tramitar esta instancia Constitucional por sus fases procesales, al ponerse en evidencia se insiste, que el usufructo del que goza el promovente ***, no está en disputa en el Juicio Hipotecario ***, del índice del Juzgado Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato. Téngase al promovente señalando los estrados de este Tribunal Federal para el efecto de oír y recibir notificaciones y como autorizado para tal fin al Licenciado ***, en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional si se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que los autoriza para ejercer la profesión de abogado. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo; autorización que se hace extensiva al Juez de Distrito que por razón de turno corresponda diligenciar la comunicación oficial que se ordena en el párrafo inmediato anterior.

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