ALBERTO FUENTES MUÑIZ y Otros.
Expediente 1157/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1157/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- ALBERTO FUENTES MUÑIZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Al no ser atendido el citatorio por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, promovida por ***, en su carácter de apoderado legal de***. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II , del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2° , se declara que dicha determinación ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE EN CINCO AÑOS. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN DE LA PARTE QUEJOSA. Toda vez que la parte quejosa, adjunto documentales al presente juicio de amparo; por tanto, se le requiere para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltas. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, dichas documentales seguirán la suerte del expediente principal.
- Principal
CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, promovida por ***, en su carácter de apoderado legal de***. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II , del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2° , se declara que dicha determinación ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE EN CINCO AÑOS. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN DE LA PARTE QUEJOSA. Toda vez que la parte quejosa, adjunto documentales al presente juicio de amparo; por tanto, se le requiere para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltas. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, dichas documentales seguirán la suerte del expediente principal.
- Principal
Al no atender el citatorio la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veintidós de diciembre actual, que en lo conducente dice: Vista la demanda de cuenta promovida por ***, en su carácter de apoderado legal de ***, personalidad que se le reconoce en términos de lo indicado en el artículo 6º, en relación con el ordinal 11 de la Ley de Amparo, toda vez que lo acredita con copias certificadas relativas al expediente número **/2017//L1/CF/IND, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. En atención a lo indicado en el párrafo que antecede, se tiene a ***, en su carácter de apoderado legal de ***, solicitando el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, que estima violatorio de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 1157/2017-I.2, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado; asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo que nos ocupa, conforme lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, se obtiene que la misma resulta improcedente, por lo que procede desecharla. El artículo 113 de la Ley de Amparo, a la letra dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la relación de hechos que hace la parte quejosa en su demanda de amparo, manifiesta que presentó escrito el día treinta de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, solicitando la regularización del procedimiento y se ejecutara en contra de la demandada, dieciséis días de mora en base a la pena convencional de ** pesos diarios, pactados al no haber cumplido con el convenio celebrado por las partes en el juicio **/2017/L1/CF/IND, el seis de septiembre de dos mil diecisiete. Escrito que se acordó el día veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en el sentido de no acceder el presidente de la Junta responsable, a lo solicitado por el apoderado de los trabajadores. Acuerdo de veintiocho de noviembre del presente año, que constituye en términos del artículo 74 de la Ley de Ampao, la materia del reclamo constitucional. De lo expuesto se desprende, en relación con el precisado acto reclamado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por el numeral 113 del mismo ordenamiento legal antes citado. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De lo anteriormente trascrito, se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra de actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, y en atención al Principio de Definitividad que rige el Juicio de Amparo, la parte quejosa previo a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquéllos, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr incluso que desapareciere de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. De lo inicialmente expuesto, es claro que los solicitantes del amparo, reclaman en esta vía constitucional, el proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, emitido en el juicio laboral número **/2017/L1/CF/IND), por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Celaya, Guanajuato, en el que no accedió a lo solicitado por la parte actora en su escrito de treinta de octubre del mismo año, esto es, la regularización del procedimiento y se ejecutara en contra de la demandada, dieciséis días de mora por cada uno de los actores, que como pena convencional de *** pesos diarios, se estipuló al no haber cumplido con el convenio celebrado entre las parte en el mencionado juicio laboral, el seis de septiembre del presente año; sin embargo, previamente a promover el juicio de amparo, los promoventes del amparo estaban obligadas a agotar el RECURSO DE REVISIÓN, a que se refiere el artículo 849, de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece: Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Luego, toda vez que respecto del acto impugnado procede el recurso de revisión, la parte quejosa debió interponer el citado medio de impugnación, previo a la instauración del juicio de amparo, pues este tiene como efecto, modificar o revocar el acto tildado de inconstitucional y, al no hacerlo así, es claro que soslayó agotar el Principio de Definitividad, conforme al cual, el acto reclamado debe ser atacado previamente, mediante los recursos o medios de defensa establecidos en la Ley que rige ese acto, siendo por ende, indispensable para la procedencia del juicio de amparo, el cumplimiento de aquél principio, pues resulta evidente que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común; de ahí que no se cumpla con el requisito de definitividad rector de todo juicio de garantías, además que en caso concreto, no se está en el caso excepcional a que se refiere el artículo 107, fracción VII, de nuestra Carta Magna, actualizándose así la causal de improcedencia invocada. Es aplicable la jurisprudencia número 986, impresa a fojas 678, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del tenor literal siguiente: RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir el juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También es aplicable, la tesis de jurisprudencia consultable a fojas 361, Tomo VI, segunda parte-1, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN.- Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal para los terceros extraños y aquéllos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, de deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Consecuentemente, al quedar evidenciado que sobre el particular se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, es procedente desechar la demanda de amparo promovida por ***. Se tiene domo domicilio de los quejosos, para recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en *** Celaya, Guanajuato. De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa, en el domicilio indicado. Lo cual deberá realizarse por conducto del actuario adscrito a este juzgado federal. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por todo lo anterior, conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la Repúblico, en relación con los numerales 61, fracción XVIII, y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por ***, por las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente proveído.
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