Alberto Grasida Hernández

Expediente 782/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
782/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
14/07/2022

Partes del expediente

  • Alberto Grasida Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de julio de dos mil veintidós. Agréguense las constancias señaladas en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio de las cuales, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, informa que se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Alberto Grasida Hernández, aceptando la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, acusando el recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, conforme a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se determinó que carece de competencia para conocer de la demanda de amparo origen del expediente en que se actúa, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso j) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de julio de dos mil veintidós. Registro de demanda. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 782/2022. Incompetencia. Vista la demanda de amparo promovida por Alberto Grasida Hernández, contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca y otras autoridades, que hace consistir en la orden de aprehensión y su ejecución material. Ahora bien, debido que la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente se debe considerar, si en el caso, la demanda de amparo promovida por Alberto Grasida Hernández, da motivo para que este juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a las autoridades que señala como responsables, de no hacerlo así, es inconcuso que se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. En ese contexto, los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, en su parte relativa dice: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.[.]." Ahora bien, tomando en consideración que de la lectura de la demanda se advierte que este órgano jurisdiccional, así como los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, residentes en San Bartolo Coyotepec, fueron señaladas como autoridades responsables por la parte quejosa; con apoyo en los aludidos preceptos, este órgano de control constitucional declara carecer de competencia legal para conocer del asunto, pues no puede ser juez y parte en el mismo procedimiento, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo para evitar dilaciones, remítase la demanda y copia simple de la misma a la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, a efecto que por su conducto sea turnado al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la citada población en turno. Solicítese al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz competente el acuse de recibo correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que una vez que se tenga conocimiento del Juzgado de Distrito competente, realice la vinculación del expediente electrónico correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes. Ahora, toda vez que los actos reclamados, no se traducen en actos de los que alude el artículo 48 de la Ley de la materia, conforme al cual en los casos de notoria incompetencia del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda, se limitará a proveer sobre la suspensión del acto reclamado cuando se trate de actos de los mencionados en el artículo 15 de la propia legislación, remitiendo, sin proveer sobre la admisión de la demanda, los autos al Juez de Distrito que considere competente; sino, en el diverso supuesto, (esto es, que no se trate de los actos a que alude el artículo 15 de la Ley de Amparo), que dispone que recibida la demanda, el Juez de Distrito, sin proveer sobre su admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, la remitirá con sus anexos al Juez de Distrito que corresponda; de ahí, que si los actos reclamados, no se tratan de ninguno de los actos a que se refiere el artículo 15 de la invocada ley (que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales), no puede proveerse sobre la suspensión del acto reclamado, pues, no se está en el supuesto de un mandamiento de captura que constituya un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento judicial, como lo establece el invocado normativo 15 de la ley de materia. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica y por autorizados únicamente para tales efectos a las personas que refiere, debido a que no cuentan con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Se tiene al quejoso proporcionando un correo electrónico y un número telefónico, los cuales -de ser necesario- se utilizarán para mantener contacto con este órgano jurisdiccional y la citada parte procesal en relación a este asunto, no así como un medio para practicar notificaciones. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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