Alberto Gonzalez Ortolachip

Expediente 493/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
493/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Alberto Gonzalez Ortolachip
  • JOSÉ ALEJANDRO HERNÁNDEZ MARRERO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción II, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con apoyo en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Ahora bien, en el presente sumario constitucional se tuvo por no presentada la demanda de amparo, y, en acuerdo inicial de ocho de abril de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, se concedió la suspensión de plano; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo siete, punto "7.4" relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, el proveído donde se concedió la suspensión de plano y esta determinación. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 18 del Acuerdo General multicitado, en concordancia con el capítulo siete, punto "7.6" del manual citado en párrafos que anteceden, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de esta determinación y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los siguientes noventas días, se procederá a depurar el expediente, conservando las constancias correspondientes. Una vez terminado el proceso de depuración, este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; al cumplir diez años de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, la Dirección General de Archivo y Documentación podrá ejecutar la destrucción material de aquél, previa autorización de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, agréguense a los autos, para que obre como corresponda, la razón de imposibilidad de notificación de veinte de mayo de dos mil veintidós, asentada por la Actuaria Judicial adscrita, por medio de la cual manifiesta la imposibilidad de notificar los oficios 15259/2022 y 15260/2022 dirigidos al Director General de Control y Verificación Migratoria y al Director de Resoluciones Migratorias, ambas del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca, pues al momento de intentar su entrega, fue informada que dichas autoridades no existen. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales consiguientes, sin que sea necesaria la reexpedición de los aludidos oficios, pues del estado de autos se advierte que los quejosos Alberto González Ortalachip y José Alejandro Hernández Marrero desistieron del presente juicio de amparo; en consecuencia, se ordena detener cualquier tipo de comunicación con las autoridades Director General de Control y Verificación Migratoria y al Director de Resoluciones Migratorias, ambas del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la diligencia de doce de mayo de dos mil veintidós, realizada por la actuaria judicial adscrita, por la que notificó a los quejosos Alberto González Ortalachip y José Alejandro Hernández Marrero, la determinación de doce de mayo de dos mil veintidós y los requirió para que manifestaran si ratificaban la demanda de amparo que Idalberto González Castro y Sandra Nava Jiménez promovieron a su favor. Visto su contenido, se advierte que los quejosos manifestaron desistirse del presente juicio de amparo y firmaron de puño y letra la constancia de notificación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda origen de este expediente; por tanto, se ordena dejar sin efecto las providencias decretadas, en auto del pasado uno de diciembre. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables. Por lo expuesto, se deja insubsistente la consulta que mediante proveído de doce de mayo de dos mil veintidós, se ordenó realizar a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, pues a ningún fin práctico llevaría su realización. Por tanto, infórmese esta circunstancia al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA AL AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintidós. Reingreso Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio de la Secretaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, por medio del cual informa que, mediante auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, ese juzgado no aceptó la competencia que este juzgado declinó a su favor en proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, para conocer de la demanda de amparo promovida por Idalberto González Castro y Sandra Nava Jiménez, a favor de Alberto González Ortolachip y José Alejandro Hernández Marrero, lo que remite el expediente 538/2022 que formó con motivo de esa demanda. Téngase por recibido el juicio de amparo en que se actúa; acúsese recibo y glósese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Consulta Como se anticipó, el homólogo federal manifiesta no aceptar la competencia declinada a su favor por este juzgado, sin embargo, no se comparte el criterio planteado. Para sostener que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Idalberto González Castro y Sandra Nava Jiménez, a favor de Alberto González Ortolachip y José Alejandro Hernández Marrero, quien provee tomó en consideración los hechos siguientes: i) Que Idalberto González Castro y Sandra Nava Jiménez, promovieron juicio de amparo a favor de Alberto González Ortolachip y José Alejandro Hernández Marrero contra el Instituto Nacional de Migración y otras autoridades, de la que conoció en primer momento el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. ii) En proveído de ocho de abril de dos mil veintidós, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, radicó la demanda de amparo, la que registró con el número de expediente 437/2022, concedió la suspensión de oficio y de plano y declinó competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Idalberto González Castro y Sandra Nava Jiménez, a favor de Alberto González Ortolachip y José Alejandro Hernández Marrero, pues estimó que el Juez competente, lo era el Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno. iii) Mediante auto de veinte de abril de dos mil veintidós, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en Salina Cruz, radicó la demanda de amparo promovida por Idalberto González Castro y Sandra Nava Jiménez, a favor de Alberto González Ortolachip y José Alejandro Hernández Marrero, asimismo, la registró con el número de expediente 223/2022, sin que se haya pronunciado respecto de la suspensión de plano solicitada, al haberse concedido mediante auto de ocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 437/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. iv) El veintidós de abril de dos mil veintidós, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, declinó competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Idalberto González Castro y Sandra Nava Jiménez, a favor de Alberto González Ortolachip y José Alejandro Hernández Marrero, por estimar que el juez competente, lo era el Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec en turno, por razón de territorio, lo consideró así, al encontrase los directos quejosos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración ubicadas en inmediaciones del municipio de San Agustín de las Juntas, Oaxaca. Lo anterior, permite establecer que la naturaleza de los actos reclamados, los ubica dentro de los supuestos del artículo 37 de la Ley de Amparo, aunado a que existe un expediente de deportación que crea un antecedente, que además, se refiere al mismo acto reclamado, por lo que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que dispone: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) II. Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos; (...)". No obstante esas consideraciones, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, manifiesta no avocarse al conocimiento del asunto de su competencia, bajo el argumento fundamental de que si bien la demanda motivo de la controversia se presentó ante su potestad, su expediente ya fue archivado, sin embargo, dicho argumento no encuentra sustento legal para rechazar la competencia declinada a su favor, pues incluso formó un nuevo expediente para no aceptar la competencia declinada en su favor por conocimiento previo. Por lo que este juzgado respetuosamente no comparte el criterio esgrimido por el Juzgado Segundo de Distrito, lo anterior en virtud que el hecho de que el juzgado de mérito haya declinado competencia en un primer momento, no desvincula los actos reclamados del expediente de deportación dentro del cual tuvieron su origen, por el contrario, ese acto es el motivo generador de un conocimiento previo, y, además, la circunstancia respecto a que archivó el expediente 437/2022 de su índice, no es óbice, pues el haber conocido primigeniamente de la demanda de amparo, no lo limita a recibir la demanda para asignarle y crear un nuevo número de expediente tal como lo hizo en asignándole el 538/2022. Por tanto, este Juzgado insiste que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer del presente asunto, en virtud que se actualiza un criterio de relación previsto en la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en virtud que los actos reclamados en este juicio de amparo son los mismos reclamados en el juicio de amparo 437/2022 del índice del citado juzgado, que tienen sus orígenes en el expediente de deportación relativo a los directos quejosos Alberto González Ortolachip y José Alejandro Hernández Marrero. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 129/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento ochenta y nueve, del tomo XXXII, septiembre de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que es del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TURNO. EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL RETURNO DE LOS ASUNTOS. El Acuerdo General 48/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse, entre otros supuestos, en el del inciso b) del citado artículo, acerca de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía. Por tanto, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin salvedad, excepción o límite a su inaplicación, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos; antes bien, se hace énfasis en que cualquier recurso que haya sido del conocimiento en cualquier vía deberá enviarse al Tribunal que conoció anteriormente, de donde se sigue que el conocimiento previo es amplio y simple, es decir, se actualiza de forma primordial cuando existe un pronunciamiento anterior en cuanto al fondo del asunto, pero cuando no lo haya puede configurarse, inclusive, si lo hubiere desechado, declarado su incompetencia, o remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acatamiento a la facultad de atracción que esta última haya ejercido. Además, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; sino igualmente cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo". En consecuencia, realícese la consulta correspondiente a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal a efecto de que resuelva a qué órgano de control constitucional corresponde conocer de la demanda de amparo presentada por Idalberto González Castro y Sandra Nava Jiménez, a favor de Alberto González Ortolachip y José Alejandro Hernández Marrero, para lo cual, en atención a la contingencia sanitaria derivada por la enfermedad de Covid19 que se vive a nivel mundial, en términos de lo previsto en el numeral 27 del Acuerdo General 22/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo, en el contexto de la contingencia por el virus Covid-19, remítanse las constancias necesarias con firma electrónica, vía correo electrónico institucional de este Juzgado al diverso alejandra.mendoza.nunez@correo.cjf.gob.mx. Prevención y apercibimiento al directamente agraviado. No obstante lo anterior, de autos se advierte que mediante razón de veintiuno de abril de dos mil veintidós, el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, asentó la imposibilidad de requerir a los directos quejosos Alberto González Ortolachip y José Alejandro Hernández Marrero, para que manifestaran si ratificaban la demanda de amparo promovida a su favor, sin embargo, fue informado que los quejosos se encuentran en en la ciudad de Oaxaca. En esas condiciones, se comisiona al (la) actuario (a) Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional para que se haga presente en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración ubicadas en inmediaciones del municipio de San Agustín de las Juntas, Oaxaca, específicamente donde se encuentran los directos quejosos Alberto González Ortolachip y José Alejandro Hernández Marrero y al momento de la diligencia realice lo siguiente: a). Notifique a Alberto González Ortolachip y José Alejandro Hernández Marrero, este proveído. b). De fe de las condiciones físicas en que se encuentran Alberto González Ortolachip y José Alejandro Hernández Marrero y, los requiera para que manifieste si cuenta con alguna lesión que no esté a la vista, debiendo asentar tales circunstancias en la razón que para el efecto realice. c). Los requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su nombre por Idalberto González Castro y Sandra Nava Jiménez, dicho lapso de tiempo, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, con el apercibimiento que de no ratificarla, se procederá conforme a los párrafos cuarto y quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, requiérase a las oficinas en el estado de Oaxaca del Instituto Nacional de Migración, para que una vez que se notifique esta determinación, de inmediato, informe el lugar en que se encuentren encuentran los directos quejosos Alberto González Ortolachip y José Alejandro Hernández Marrero, con el apercibimiento, que de no cumplir con ello se les impondrá una multa de cincuenta veces de unidades de medida y actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Suspensión de plano. Este Juzgado no hará pronunciamiento respecto de la suspensión de plano solicitada en favor de los quejosos, pues aquella fue concedida mediante auto de ocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 437/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Vinculación de expediente. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, solicítese al titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio, que de no tener inconveniente, autorice la consulta del expediente electrónico relativo al juicio de amparo 437/2022 de su estadística, ello a efecto de que este órgano jurisdiccional obtenga las constancias conducentes, a fin de proveer lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE, VÍA ELECTRÓNICA AL AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por medio del cual hace del conocimiento el auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, por el que declinó competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Idalberto González Castro y Sandra Nava Jiménez, a favor de Alberto González Ortolachip y José Alejandro Hernández Marrero. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo previsto por el normativo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 493/2022. Este Juzgado no hará pronunciamiento respecto de la suspensión de plano solicitada en favor de los quejosos, pues aquella fue concedida mediante auto de ocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 437/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. En atención a las constancias remitidas, este Juzgado considera carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Idalberto González Castro y Sandra Nava Jiménez, a favor de Alberto González Ortolachip y José Alejandro Hernández Marrero, en términos del artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 37 de la Ley de Amparo por las siguientes consideraciones: Que Idalberto González Castro y Sandra Nava Jiménez, promovieron juicio de amparo a favor de Alberto González Ortolachip y José Alejandro Hernández Marrero contra del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades, de la que conoció en primer momento el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. En proveído de ocho de abril de dos mil veintidós, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, radico la demanda de amparo, registrándola con el número de expediente 437/2022, concedió la suspensión de oficio y de plano y declinó competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Idalberto González Castro y Sandra Nava Jiménez, a favor de Alberto González Ortolachip y José Alejandro Hernández Marrero, pues estimó que el Juez competente, lo era el Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno. Mediante auto de veinte de abril de dos mil veintidós, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en Salina Cruz, radicó la demanda de amparo promovida por Idalberto González Castro y Sandra Nava Jiménez, a favor de Alberto González Ortolachip y José Alejandro Hernández Marrero, asimismo, la registró con el número de expediente 223/2022, sin que se haya pronunciado respecto de la suspensión de plano solicitada, al haberse concedido mediante auto de ocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 437/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. El veintidós de abril de dos mil veintidós, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, declinó competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Idalberto González Castro y Sandra Nava Jiménez, a favor de Alberto González Ortolachip y José Alejandro Hernández Marrero, por estimar que el juez competente, lo era el Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec en turno, por razón de territorio, lo consideró así, al encontrase los directos quejosos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración ubicadas en inmediaciones del municipio de San Agustín de las Juntas, Oaxaca. Al respecto, debe precisarse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Ahora bien, debe precisarse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, más no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis emitida por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso.". De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]". De lo anterior se obtiene en forma explícita que el juicio de amparo, se promoverá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar donde el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente; al respecto el numeral 37 de la Ley de Amparo, textualmente señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Ahora, del texto transcrito, se obtiene que para delimitar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, se desprenden tres reglas, a saber: 1) Primer párrafo. La competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquél en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Segundo párrafo. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o empiece a ejecutarse en un Distrito y siga desarrollándose en otro, la competencia se surtirá a favor del juzgador ante el que se presente la demanda; 3) Último párrafo. Cuando el acto o actos reclamados no requieren de ejecución material, la competencia se surtirá a favor del juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a los dos primeros supuestos respecto del último, es que en aquéllos el acto controvertido requiere ejecución material, en tanto que en el tercero no. Bajo ese contexto, de la demanda de amparo que promovieron Idalberto González Castro y Sandra Nava Jiménez, a favor de Alberto González Ortolachip y José Alejandro Hernández Marrero, se advierte que los actos que se reclaman encuadran en el supuesto contenido en la última parte del artículo 37 de la Ley de Amparo. Ya que los actos consistentes en la deportación de los directos quejosos a su país de origen pueden ejecutarse en cualquier Distrito. Por lo que en el caso, el Juez Segundo de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es competente para para conocer de la demanda de amparo promovida por Idalberto González Castro y Sandra Nava Jiménez, a favor de Alberto González Ortolachip y José Alejandro Hernández Marrero, pues como se expuso, mediante proveído de ocho de abril de dos mil veintidós, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, radico la citada demanda de amparo, la registró con el número de expediente 437/2022, y se pronunció respecto de la suspensión de plano y de oficio solicitada por los quejosos. Por consiguiente, con apoyo en el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 37 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito, declara que carece de competencia legal, para conocer y resolver este juicio de amparo y, por ello, declina competencia a favor del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, por ser el Juzgado que conoció en un primer momento de la demanda de amparo promovida por Idalberto González Castro y Sandra Nava Jiménez, a favor de Alberto González Ortolachip y José Alejandro Hernández Marrero. Se solicita que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia propuesta; con las constancias respectivas fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Domicilio de la parte quejosa. Como lo solicita la parte quejosa se autoriza el usuario "sandranava73", que menciona para la consulta del expediente electrónico, así como, para ser notificado, de conformidad con los numerales 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 que rige del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En ese orden, instrúyase a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las gestiones administrativas correspondientes, a efecto que los referidos usuarios puedan consultar el expediente por la vía electrónica y para que el primero de los usuarios sea notificado de los autos que se dicten en este asunto. Asimismo, se tienen como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sandra Nava Jiménez, por no contar con cédula registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante Los Órganos Jurisdiccionales, es decir, para el único efecto de oír y recibir notificaciones. Limitación que se realiza hasta en tanto acrediten contar con dicho registro. Asimismo, se tienen a la parte promovente, proporcionando correo electrónico, el cual se toma únicamente como medio de contacto. Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en el ordinal 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal requiérase a las demás partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que dichos datos serán únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4º y 17 de la Constitución Federal, 3º, 15, 27, fracción II y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente correo oficial 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano