Alberto Godofredo Hernández García

Expediente 575/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 21 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
575/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
08/10/2019

Partes del expediente

  • Alberto Godofredo Hernández García
  • Tribunal Unitario del Vigésimo Octavo Circuito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Finalmente, toda vez que en el expediente en que se actúa obra un cuaderno de antecedentes, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo del acuerdo citado en el párrafo que precede, procédase a su destrucción, una vez que hayan transcurrido más de seis meses de haberse archivado este asunto.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de siete de junio de dos mil diecinueve el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 3/2013, 52/2008 y 42/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del oficio STCCNO/835/2018 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del citado Consejo, dictó sentencia en el amparo directo 575/2018, en la cual concedió a Alberto Godofredo Hernández García la protección constitucional en los términos siguientes: "(.) a efecto de restituirlo en el pleno goce "de sus derechos fundamentales violados, la autoridad "responsable deberá: 1) Dejar insubsistente la sentencia "reclamada; 2) Conforme a lo destacado en esta "ejecutoria respecto del trámite de la fase de segunda "instancia, lleve a cabo la audiencia pública para "resolver la misma, la cual, en cumplimiento al principio "de contradicción, iniciará con el otorgamiento del uso "de la voz al apelante o su defensa para que puedan "controvertir, reafirmar o incluso modificar los motivos de "agravio formulados, modulando el debate respectivo; y "3) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción deberá "resolver lo que en derecho corresponda, explicando de "manera oral la sentencia emitida, con la exposición de "los fundamentos y motivaciones que sustenten el "sentido de la determinación adoptada, además de emitir "posteriormente la versión escrita de esa resolución, en "términos de lo establecido en el artículo 67 del Código "Nacional de Procedimientos Penales. (.)" (foja 102 vuelta). Este órgano colegiado, por auto de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve tuvo por recibido el oficio 1468/2019, de dieciocho de julio (sic) del mismo año, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por el que remitió el amparo directo 575/2018 con la sentencia dictada en el mismo, el toca 69/2018, la carpeta administrativa relativa a la causa penal 35/2017, testimonio de la carpeta administrativa (SIPE) 54/2018, así como un disco compacto que contiene la resolución reclamada y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió al Tribunal Unitario del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo e informara del mismo (foja 164). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento de la ejecutoria de amparo (fojas 178 a 181, 185 y de la 192 a 224), con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 225), haciendo manifestaciones al respecto el quejoso Alberto Godofredo Hernández García (fojas 230 a 234). En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia lo siguiente: 1. Mediante proveído de dieciséis de julio de dos mil diecinueve el Secretario del Tribunal Unitario del Vigésimo Octavo Circuito, autorizado para desempeñar funciones de Magistrado -en procesos de amparo, civil y penal tradicional-, por vacaciones del titular, requirió a la Juez Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala a efecto de que señalara fecha para la celebración de la audiencia de apelación (fojas 178 a 181). 2. Por oficio 508/2019 de veintidós siguiente la Secretaria del Tribunal Unitario del Vigésimo Octavo Circuito, habilitada en funciones de asistente de constancias y registro de tribunal de Alzada, informó que se señalaron las diez horas con treinta minutos del cinco de agosto de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la "Sala 2" de audiencias del Centro de Justicia Penal de este Distrito Judicial (foja 185). 3. Mediante oficio 523/2019 de dos de agosto del mismo año el Magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Octavo Circuito informó que en auto de la misma fecha dejó insubsistente la resolución emitida el tres de octubre de dos mil dieciocho (foja 192). 4. El seis siguiente, remitió constancia del acta de la audiencia relativa, así como el disco óptico que contiene el audio y video de la misma (fojas 193 a 196), del cual se advierte lo siguiente: a) El Magistrado del Tribunal de Alzada reiteró la insubsistencia de la resolución dictada el tres de octubre de dos mil dieciocho (11:19 horas de la parte 2 de la videograbación). b) Entre las once horas con veinticuatro minutos y las once horas con cuarenta y nueve minutos se desarrolló el contradictorio ordenado en la sentencia protectora, para tal efecto el Magistrado del Tribunal de Alzada, modulando debate, concedió el uso de la voz a la parte apelante, quien modificó y amplió los agravios propuestos, asimismo, concedió el uso de la voz a la fiscalía, quien dio contestación a las manifestaciones de la defensa. c) Luego de un receso de diez minutos, se pronunció la explicación de la sentencia de segundo grado, cuya emisión concluyó a las doce horas con veintidós minutos del cinco de agosto de dos mil diecinueve, en la que, con plenitud de jurisdicción, desestimó los argumentos hechos valer por la defensa y confirmó la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala -en su carácter de juez de control-, dentro de la causa penal 35/2017, en la que se resolvió la procedencia del procedimiento abreviado y se condenó a Alberto Godofredo Hernández García, por el delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso b), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 5. Finalmente, el ocho de agosto de dos mil diecinueve el Tribunal de Alzada emitió la versión escrita de la sentencia dictada en audiencia llevada a cabo el cinco anterior (fojas 198 a 223). De lo anterior se concluye, que atento a lo resuelto por la autoridad ordenadora, en el caso concreto ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Ahora bien, el quejoso Alberto Godofredo Hernández García al desahogar la vista que se le otorgó con el informe del cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 230 a 234) sostiene que ésta no está cumplida porque el tribunal de alzada no debió desechar la prueba que ofreció en la audiencia de segunda instancia, por las razones siguientes: No se trata de una prueba superviniente como incorrectamente lo adujó el magistrado responsable sino que se ofreció en términos del artículo 484, incisos a) y b) del Código de Procedimientos Penales Federales, por ser indispensable para sustentar los agravios que planteó en segunda instancia. Fue ofrecida oralmente dentro de la audiencia prevista en el artículo 476 del código adjetivo invocado, por lo que no se está en presencia de una "resolución de mero trámite" sino de una determinación tomada dentro de la propia audiencia, por lo que se debió admitir dicho medio de convicción. Fue incorrecto el argumento consistente en que había quedado firme la determinación de desechar la prueba al no haberse impugnado a través del recurso de revocación, lo que constituye una deficiencia y lesiona los derechos humanos del justiciable, dado que dicho recurso es procedente contra resoluciones de mérito trámite, lo que no se actualiza en la especie. Como se ve, el quejoso esencialmente controvierte la determinación de la autoridad responsable de desechar la prueba documental ofrecida dentro en la audiencia de segunda instancia, sin embargo, dichos argumentos resultan inatendibles ya que al otorgarse la protección constitucional, como se vio en los párrafos que anteceden, se le confirió a la autoridad responsable libertad de jurisdicción para que, después de celebrar la audiencia se segunda instancia, resolviera lo que en derecho correspondiera al dictar la sentencia oral respectiva. No es inadvertido que, como lo sostiene el quejoso, en la ejecutoria de amparo se precisó que en la audiencia de segunda instancia es posible ofrecer pruebas para resolver el medio de impugnación, por lo que ante la expectativa de que alguna de las partes tuviera interés de ofertar alguna prueba ello justificaba realizar la audiencia de segunda instancia a efecto de llevar a cabo el debate verbal respectivo; sin embargo, tales argumentos en modo alguno deben considerase como un efecto de la ejecutoria de amparo, sino únicamente las razones por las cuales el tribunal constitucional consideró que, en el caso, era necesaria la celebración de la audiencia de segunda instancia con lo que dio cumplimiento el tribunal de alzada. De ahí que, se reitera, resultan inatendibles los planteamientos realizados por el quejoso en el sentido de que no está cumplida la sentencia de amparo. Resulta ilustrativas a lo anterior las jurisprudencias 2a./J. 115/2008 y 2a./J. 14/2016 (10a.), sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros y textos siguientes: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES "LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL "CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, "EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE "JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. "Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la "materia de la inconformidad se circunscribe a examinar "la determinación que tuvo por cumplida la sentencia "protectora. En ese sentido, si la protección "constitucional se concedió contra una sentencia o laudo "por irregularidades procesales o formales y para el "efecto de que, con libertad de jurisdicción, la "responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los "agravios de la inconforme encaminados a combatir la "decisión emitida por aquélla son inoperantes por "plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo "por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que "la nueva resolución no es materia de la inconformidad". "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON "INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS "CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA "EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE "ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la "Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la "jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al "no existir, además del recurso de inconformidad, otro "medio de defensa para garantizar la efectividad de la "sentencia protectora o corregir los posibles excesos o "defectos en su observancia, corresponde al juzgador "vigilar, a través de ese medio de impugnación, la "satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades "responsables, dejando a salvo del estudio únicamente "las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. "En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de "inconformidad debe atender a los alcances fijados por la "acción constitucional, así como al límite señalado en la "ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni "defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por "la autoridad responsable en aspectos novedosos que no "fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si "bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo "establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el "exceso en que incurra la responsable al dictar la "resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo "obliga a estudiar si las consecuencias generadas con "motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio "en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben "tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la "concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el "cumplimiento de la autoridad responsable sobre "cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; "de ahí que los agravios formulados para impugnar "dichos argumentos resulten ineficaces". Notifíquese, personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión; y por oficio al Agente del Ministerio Público adscrito al tribunal responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Eduardo Iván Ortiz Gorbea, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy fe. M'JEHF/S'JAPS/Ncpc*

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de diecinueve de agosto del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, haciéndolo el quejoso Alberto Godofredo Hernández García; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, dos de septiembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido para los efectos legales procedentes el escrito de cuenta, signado por el quejoso Alberto Godofredo Hernández García, mediante el cual, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, realiza manifestaciones respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo dado por la autoridad responsable en el presente asunto.

Quedan 17 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · 6,390 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano