Alberto Estrada de Jesús

Expediente 472/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
472/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Alberto Estrada de Jesús

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. En cumplimiento a la ejecutoria dictada por este tribunal colegiado el seis del mes y año en curso, en el recurso de reclamación 22/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, agréguese copia certificada de la misma al expediente en que se actúa para los efectos legales procedentes. Ahora, tomando en consideración que en dicha sentencia se declaró infundado el citado recurso, interpuesto en contra del auto de veintitrés de agosto del año que transcurre, por el cual se desechó la demanda de amparo directo promovida por Alberto Estrada de Jesús, por propio derecho y quien se ostenta como representante de la sucesión de su extinta madre Trinidad de Jesús Pérez; en consecuencia, remítase al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, el expediente agrario 320/2019, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, de autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, en su momento oportuno, conforme a lo establecido en el precepto 21, inciso d) de dicho acuerdo general. Finalmente, atento a lo establecido en el precepto 21 del acuerdo general en comento, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, dos de septiembre de dos mil veintidós. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que con esta fecha se admitió a trámite el recurso de reclamación interpuesto por el quejoso ********************, por propio derecho y quien se ostenta como representante de la sucesión de su extinta madre ********************, contra el auto dictado por la Presidencia de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en el expediente en que se actúa, mismo que se registró con el número 22/2022. Atento a lo anterior, una vez que se resuelva dicho recurso, agréguese copia certificada de la resolución correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta al que se adjunta el proveído de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, con el que informa el estado procesal que guarda el expediente 331/2020 de su índice: Alberto Estrada de Jesús, mediante escrito de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, promovió juicio sucesorio intestamentario a bienes y derechos de su extinta madre Trinidad de Jesús Pérez, asi como la nulidad absoluta de los contratos de cesión de derechos parcelarios celebrados entre la referida ejidataria con Fernando de Jesús Sánchez respecto de las parcelas 187 y 84; el celebrado con Antolín Quiroz del Valle, respecto de la parcela 212; asimismo demanda a Víctor Solís Damasco en su carácter de Sindico Municipal del Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla. Mediante auto de cuatro de enero de dos mil veintiuno, se registró la demanda con número 331/2020, y se previno al accionante, exhibiera en original o copia certificada de los contratos de cesión o enajenación de derechos parcelarios de los que pretende su nulidad; y para encuadrar adecuadamente las acciones ejercitadas al fijarse la litis, teniendo a la vista los diversos juicios agrarios 319/2019 y 320/2019, de su índice, para la correcta instauración y resolución de la acción sucesoria, se le requirió al accionante acreditara tener legitimación procesal y activa, esto es, que de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Agraria, ante el supuesto de no designación de sucesores, acredite el vínculo existente entre su madre Trinidad de Jesús Pérez y Carmelo Estrada, padre del accionante, es decir, exhiba el acta de matrimonio o en su caso acredite que fue concubino de aquella; proporcione su domicilio en que pueda ser emplazado a juicio y en caso de fallecimiento exhiba la correspondiente acta de defunción. Asimismo informa que mediante auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al accionante realizando manifestaciones y exhibiendo diversos documentos, sin que se le haya tenido dando cumplimiento a la prevención, por lo que se le concedieron diez días requeridos para dar cabal cumplimiento. Mediante los diversos autos de veintiséis de mayo; dieciséis de agosto; veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, así cormo nueve de febrero; veintitrés de mayo; y ocho de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a dicho accionante pretendiendo cumplir con lo solicitado en la primigenia prevención, realizando las acciones para lograr la admisión de la demanda, sin que hasta la presente fecha se hayan obtenido resultados favorables dada la falta de interésdel accionante. Ahora bien, del 320/2019 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres se advierten los antecedentes siguientes: 1. Trinidad Pérez de Jesús, por propio derecho, mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres, demandó la inexistencia del contrato de cesión de derechos parcelarios de veinte de noviembre de dos mil diecisiete celebrada ante Trinidad Pérez de Jesús como cedente y Fernando de Jesús Sánchez, como cesionario, respecto de las parcelas ejidales números 84 y 187 del ejido de San Francisco Tepeyecac municipio de San Martin Texmelucan estado de Puebla. 2. Por acuerdo de veinte de agosto de dos mil diecinueve, el citado Tribunal radicó el asunto con el número 320/2019 y admitió a trámite a la demanda ordenado emplazar a juicio a Fernando de Jesús Sánchez, quien contesto la demanda mediante escrito de dieciocho de septiembre del mismo año. 3. Mediante escrito de diecinueve de agosto de dos mil veinte Alberto estrada de Jesús informo al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres que el nueve de julio de ese mismo año había fallecido la actora Trinidad de Jesús Pérez, lo que justificó con copia certificada del acta de defunción correspondiente, solicitando la suspensión del procedimiento. 4. Atento a lo anterior en proveído de diez de septiembre de dos mil veinte, el referido Tribunal Agrario requirió al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla que informara si la extinta Trinidad de Jesús Pérez había designado sucesores de sus derechos agrarios, y en caso afirmativo remitiera copia certificada de la lista de sucesión correspondiente; sin embargo, la respuesta de la encargada de dicho registro fue en sentido negativo. 5. Luego, por determinación de veintisiete de junio de dos mil veintidós, ante la inactividad procesal de las partes, el multicitado Tribunal Agrario declaro la caducidad de la instancia en el juicio y el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. De las constancias que integran el presente asunto, se desprende que: a) Alberto Estrada de Jesús, por propio derecho y en representación de la sucesión de Trinidad de Jesús Pérez, mediante ocurso presentado el quince de julio de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes del tribunal responsable, promovió demanda de amparo directo en contra del referido acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintidós, demanda que fue radicada, con el número 472/2022 del índice de este Tribunal. b) El once de agosto del año en curso se previno al quejoso para que en el plazo de tres días acreditara su personalidad con documento idóneo. c) En cumplimiento de lo anterior mediante escrito presentado ante este tribunal el dieciséis de agosto siguiente, Alberto estrada de Jesús refirió haber promovido juicio sucesorio intestamentario a bienes de Trinidad de Jesús Pérez, el cual fue radicado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres con el número de expediente 331/2020, por lo que se requirió a dicha autoridad para que informara el estado procesal de ese asunto y si se había pronunciado sobre la sucesión a bienes de Trinidad de Jesús Pérez. d) Finalmente, como se dijo al inicio de este acuerdo, en esta fecha se recibió el oficio TUA.33-1623/2022, del índice del Tribunal Unitario Agrario, del que se desprende, en lo sustancial que Alberto Estrada de Jesús no tiene reconocida la personalidad con la que se ostenta, ni ha exhibido documento idóneo con el que acredite ello. Precisado lo anterior, en relación a la procedencia de la demanda de amparo que nos ocupa se acuerda lo siguiente: Los preceptos 61 y 5º de la Ley de Amparo son del tenor siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." "ARTÍCULO 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Conforme al primero de los preceptos citados, la persona que promueva el juicio de amparo debe necesariamente acreditar un interés jurídico o uno legítimo. De acuerdo a la segunda de las normas transcritas, los elementos que constituyen el interés jurídico, por ser el que nos ocupa, son dos: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de manera real de donde deriva el agravio correspondiente. No acreditado alguno de estos dos elementos, inobjetablemente debe concluirse que no se justificó el interés jurídico necesario para promover el juicio de amparo. Cabe destacar que esa afectación, que como segundo elemento se señala, en el caso del interés jurídico, debe ser real, actual y directa, pues así lo destaca el segundo de los numerales transcritos. Además, tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades judiciales, debe aducirse siempre la titularidad de un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa. En otras palabras, tratándose de esa clase de actos, no es admisible aducir un interés legítimo. Tiene aplicación al caso, en lo conducente y únicamente en lo que respecta al interés jurídico , la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1854, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Ahora bien, aunque el concepto de interés jurídico y la figura de la legitimación están estrechamente vinculados, no deben confundirse, pues son perfectamente distinguibles atendiendo al contenido del artículo 6 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del precepto anterior se obtienen, como regla general, dos supuestos para promover el juicio de amparo: El primero, la legitimación, y el interés jurídico concurren en un mismo individuo, quien acude por si a promover el juicio, firmando el escrito de demanda por propio derecho. En el segundo, el sujeto que suscribe la demanda tiene la legitimación para hacerlo (apoderado, representante, defensor) pero no es el titular del interés jurídico afectado con el acto de autoridad, sino que este lo es la persona que representa, quien resiente la afectación en su esfera jurídica, con el acto reclamado (persona moral, procesado, menor de edad, etcétera). En el presente asunto, quien acude a promover el juicio de amparo carece tanto de interés jurídico, como de legitimación, pues no es parte dentro del juicio agrario de origen, por lo que la resolución reclamada, no afecta un derecho subjetivo del que sea titular, no resiente una afectación directa en su esfera jurídica con el acto reclamado; es decir, carece de interés jurídico. Por otro lado, no está acreditado en autos que la autoridad responsable le hubiere reconocido la calidad de representante de la sucesión de Trinidad de Jesús Pérez, la parte actora, por lo que también carece de legitimación. Con base en lo explicado, se pone de manifiesto que en la especie se actualiza la referida causa de improcedencia, en razón de que al no tener reconocida la calidad de parte en el juicio de origen no evidencia la afectación a sus derechos subjetivos. Por tanto, no queda acreditado el interés jurídico, pues como se explicó anteriormente, tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades judiciales, debe aducirse siempre la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directo, lo que en el caso no acontece. Entonces, al concluirse que la determinación que constituye el acto reclamado no afecta el interés jurídico del impetrante, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. De lo antes anotado, es evidente que la demanda de derechos fundamentales que nos ocupa debe desecharse por notoriamente improcedente. Por lo expuesto y con apoyo en el dispositivo 179 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se desecha por improcedente la demanda de amparo promovida por Alberto Estrada de Jesús, por propio derecho y quien se ostenta como representante de la sucesión de su extinta madre Trinidad de Jesús Pérez, contra el auto emitido por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres, el veintisiete de junio de dos mil veintidós, en el expediente agrario 320/2019 de su índice. Notifíquese, por lista al promovente Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, once de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta por el que se rinde informe justificado; asimismo, se remite el original y copia del escrito de demanda de amparo directo promovida por Alberto Estrada de Jesús, por propio derecho y quien se ostenta como representante de la sucesión de su extinta madre Trinidad de Jesús Pérez, contra el auto emitido por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres, el veintisiete de junio de dos mil veintidós, en el expediente agrario 320/2019 de su índice; certificación relativa al artículo 178, fracción I, de la Ley de Amparo; constancias de notificación realizadas a las partes; así como el referido expediente. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Con el oficio de cuenta, el original del escrito de demanda de amparo y anexos fórmese el expediente relativo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como juicio de amparo directo 472/2022; asimismo, tramítese el expediente electrónico del presente asunto, con apego en el artículo 3° de la Ley de Amparo. Acorde con el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegadas a las personas que designa la autoridad responsable. Ahora, como se dijo al inicio del presente acuerdo Alberto Estrada de Jesús, promueve por propio derecho y como representante de la sucesión de su extinta madre Trinidad de Jesús Pérez, sin embargo no anexa a su ocurso ni se advierte de las constancias que integran el expediente agrario 320/2019 la personalidad con la que se ostenta el promovente. Atento a lo anterior, y toda vez que a efecto de que la presidencia de este tribunal colegiado se encuentre en condiciones de determinar lo procedente con relación a la referida demanda de amparo, prevéngase a Alberto Estrada de Jesús, por conducto de uno de los actuarios de este órgano jurisdiccional, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, de conformidad con el artículo 180 de la Ley de Amparo, acredite su personalidad con documento idóneo; apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el numeral citado. Acorde con lo previsto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2º, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala. Asimismo, se tienen por autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la referida ley a Jacinto Urbina Rosas y Gonzalo Flores Urbina, por así solicitarlo expresamente Por lo que respecta a su petición de que se le realicen notificaciones por medio del correo particular y numero de celular que refiere, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su petición pues en términos de la fracción IV del precepto 26 de la Ley de Amparo la notificación se realizará vía electrónica siempre y cuando las partes hayan obtenido la firma electrónica respectiva, en conformidad con lo establecido en el numeral 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. No obstante lo anterior, se tiene al promovente proporcionando el correo electrónico y numero celular que refiere, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 16/2022. En términos de lo dispuesto en el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de la adscripción lleven a cabo las notificaciones en el presente asunto; y de ser el caso procedan en conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De acuerdo a lo establecido en el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 16/2022, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En conformidad con lo establecido en los artículos 6° de la Constitución Federal; 1°, 3°, 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 92 y 93 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; por tanto, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales. Así como que pueden consultar e imprimir en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx los acuerdos y resolución que se dicten en este asunto. Notifíquese a la parte quejosa por única ocasión el presente proveído en el domicilio ubicado en Avenida Juárez número 20, Altos 206, colonia centro, Tlaxcala,. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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