Alberto Gerardo Marcos Batarse
Expediente 171/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 171/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Alberto Gerardo Marcos Batarse
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diez de octubre de dos mil veintitrés. Oficio. Por recibido el oficio signado por la autoridad responsable, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio. Recurso de revisión. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el referido medio de impugnación, por lo que, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, a efecto de que substancie el recurso de mérito, anexando el original y copias del escrito de interposición del recurso y agravios, para los efectos legales correspondientes. Traslado. Con excepción de la parte recurrente, distribúyanse entre las demás partes copia del referido medio de impugnación, para los efectos legales correspondientes. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que corresponda. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica al quejoso. Torreón, Coahuila de Zaragoza; diez de octubre de dos mil veintitrés. Oficio. Por recibido el oficio signado por la autoridad responsable, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio. Recurso de revisión. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el referido medio de impugnación, por lo que, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, a efecto de que substancie el recurso de mérito, anexando el original y copias del escrito de interposición del recurso y agravios, para los efectos legales correspondientes. Traslado. Con excepción de la parte recurrente, distribúyanse entre las demás partes copia del referido medio de impugnación, para los efectos legales correspondientes. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que corresponda. Notifíquese personalmente.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las trece horas con diez minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión de la licenciada Cindy Sarahit Rojas Robles, secretaria que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la secretaria da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, del mismo modo, se da cuenta con el auto de uno de agosto de dos mil veintitrés y se certifica que el término ahí indicado le transcurrió a la parte quejosa del nueve al veintinueve de agosto de la presente anualidad sin que ampliara su demanda de amparo. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata y se hace efectico el apercibimiento formulado en proveído de uno de agosto de dos mil veintitrés. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, Mais Inmuebles, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su administrador único Alberto Gerardo Marcos Batarse, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- H. Congreso del Estado del Estado de Coahuila de Zaragoza 2.- C. Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza. 3.- C. Tesorero Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza. IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- Del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza se reclama: a).- El Decreto 394 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el día 30 de diciembre de 2022, en el que se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construcción del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal de 2023. b).- La aprobación y expedición de los artículos 2, 6-A, 10, 11, 12 y 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal de 2023, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el día 27 de diciembre de 2022. 2.- Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, se reclama la promulgación y orden de expedición de los artículos 2, 6-A, 10, 11, 12 y 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal de 2023, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el día 27 de diciembre de 2022. 3.- Del C. Tesorero Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, reclamo la aplicación de los artículos 2, 6-A, 10, 11, 12 y 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal de 2023, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el día 27 de diciembre de 2022, así como la aplicación Decreto 394 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el día 30 de diciembre de 2022, en el que se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construcción del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal de 2023, en consecuencia la expedición y cobro de los recibos oficiales que corresponden a Impuesto Predial, Impuesto Sobre el Pavimento, Impuesto por Mantenimiento, Mejoramiento y Equipamiento del Cuerpo de Bomberos de los Municipios, Impuesto por Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico, e Impuesto por otros servicios municipales". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señalo que los derechos humanos que, en su concepto, se violaron son los contenidos en el artículo 31, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo y, se registró con el número 171/2023-I-B; se solicitaron los informes justificados, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se fijó hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Luego, en proveído de uno de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, y manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Delegación Regional de Catastro, con sede en esta ciudad, sin que desahogara la vista en mención. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, en el caso se reclaman normas generales con motivo de su primer acto de aplicación que tuvo lugar en la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal. Se invoca, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, enero de 2003, página 324, cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE". SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: i. La discusión, aprobación, promulgación, expedición y aplicación del decreto 394, que contiene las Tablas de Valores de Suelo y Construcción del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés; ii. La aprobación y expedición de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal de 2023, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el día 27 de diciembre de 2022. Respecto de los mencionados decretos, específicamente los relativos a las leyes de ingresos, reclama el contenido de los artículos siguientes: -Artículo 2, numeral 1, relativo al cálculo del impuesto predial, con base a los valores catastrales. -Artículo 6-A, relativo al impuesto al pavimento y, -Artículos 10, 11 y 12 que contienen las contribuciones por mantenimiento, mejoramiento y equipamiento del cuerpo de bomberos, conservación del centro histórico y otros servicios municipales. Lo anterior con motivo del cobro contenido en los recibos de pago con números de folio 125-13 de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, y 125-49, 125-51 y 125-52, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, relativos al pago del impuesto predial, así como, impuesto al pavimento, limpieza, mantenimiento al cuerpo de bomberos, conservación del centro histórico y otros servicios municipales, expedidos por la Tesorería Municipal de Torreón. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos. La autoridad responsable Tesorería Municipal de Torreón, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aplicación de las normas impugnadas. En el caso, aunque dicha autoridad reconoció los actos en cuestión, tal afirmación se desvirtúa con la propia naturaleza de dichos actos, ya que estos estriban sobre el cobro del impuesto, lo que, desde luego, no derivó de las facultades de la precitada autoridad sino de la voluntad de la parte quejosa al momento de pagar las contribuciones relativas al pago del impuesto predial, así como, de pavimento, mantenimiento al cuerpo de bomberos, mantenimiento y conservación de centro histórico y otros servicios municipales motu proprio, y no con base en un principio de ejecución emitido por una autoridad determinada; es decir, se autoliquidó la contribución. Se dice esto, pues la erogación realizada por la parte quejosa fue espontánea, sin que ello implicara la participación de la mencionada autoridad responsable, de ahí que, el pago del impuesto predial, así como, de pavimento, mantenimiento al cuerpo de bomberos, mantenimiento y conservación de centro histórico y otros servicios municipales, se realizó en acatamiento a las obligaciones fiscales del contribuyente derivada de la propia ley, y no de algún requerimiento formulado por la citada autoridad, es decir, simplemente la parte quejosa se autoaplicó los dispositivos cuestionados, pues su reclamo es de naturaleza heteroaplicativa. Cuestión que se corrobora con los recibos con números de folio 125-13 de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, y 125-49, 125-51 y 125-52, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, cuyos documentos gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, materia común, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora". Es aplicable la tesis VII.1o.C.4 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, página 433, tomo VI, julio de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". Bajo esa óptica, deben tenerse como inexistentes los actos reclamados a la citada autoridad responsable, sin que deba desestimarse ese hecho para acreditar la aplicación de las leyes impugnadas, ante la salvedad precisada, debe decretarse el sobreseimiento del juicio respecto de ella, de conformidad con lo previsto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. En el caso, las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, al rendir sus correspondientes informes justificados, reconocieron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aprobación, expedición y promulgación de los preceptos cuestionados, respectivamente, lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Ahora, no debe perderse de vista que las leyes no son objeto de prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se pueda invocar por el suscrito como hecho notorio, de conformidad con los artículos 86 y 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el contenido en la tesis 214, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual puede ser consultada en la página 205, Tomo XV-I, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, que estatuye: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Así como la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, visible en la página 260, de contenido y rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. La Tesorería Municipal de Torreón, con residencia en esta ciudad, sostiene que se actualizan las causales de improcedencia contenidas en el artículo 61, fracciones VI, IX, XI y XXIII. Se desestiman dichas causales toda vez que no formula argumento que pueda este órgano jurisdiccional estudiar, ya que solamente se concreta a sostener la constitucionalidad del impuesto reclamado sin que al efecto, precise razonamiento alguno a fin de acreditar la actualizaron de alguna de las causales propuestas. Apoyado lo anterior, en la jurisprudencia 2a./J. 137/2006 de la Segunda la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 365, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." En ese sentido, el suscrito no advierte se actualice alguna causa de improcedencia de oficio, ni ninguna otra alegada por las partes, por lo que es procedente examinar la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de fondo. La parte quejosa en sus motivos de disenso refiere que las tablas de valores de suelo y construcción para el Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, resultan inconstitucionales, al transgredir el principio de legalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El mencionado numeral 31, fracción IV, Constitucional, establece lo siguiente: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." En ese sentido, el referido artículo establece que es obligación de los mexicanos, contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió las jurisprudencias de rubro: "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY." e "IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL"; en las que consideró que el respeto a la garantía de legalidad tributaria exige que la carga impositiva esté prevista en una ley, por las siguientes razones: a) Para evitar que quede al margen de la arbitrariedad de las autoridades exactoras, la fijación del tributo, quienes sólo deberán aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas antes de cada caso concreto. b) Impedir el cobro de impuestos imprevisibles. c) Evitar el cobro de impuestos a título particular; y, d) Para que el particular pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien precise los elementos del tributo. a) Análisis jurídico de los artículos 2, numeral 1, 6-A, 10, 11 y 12 de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. El artículo 2, numeral 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, es del tenor siguiente: "Artículo 2.- Para determinar la cantidad a pagar por el Impuesto Predial, se estará a lo establecido por el Libro Primero Título Segundo, Capitulo Primero del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, aplicando las tasas siguientes: 1. Este impuesto se calculará aplicando al valor catastral las tarifas precedentes". Una vez precisado lo anterior, conviene destacar que el impuesto predial es una contribución cuyo objeto grava la riqueza manifestada por la posesión o la propiedad del suelo, así como de las construcciones adheridas a él, por lo que dicha contribución encuadra en la clasificación de los denominados "impuestos reales". La estructura normativa que regula la integración de sus elementos no se encuentra exclusivamente en la legislación ordinaria, sino que además tiene fundamento en el artículo 115 constitucional, que en su fracción IV, establece la integración y libre administración de la hacienda de los Municipios, la cual se conforma entre otros ingresos, de las percepciones obtenidas por las contribuciones que los Estados impongan a la propiedad inmobiliaria, entre las cuales destaca el impuesto predial. Asimismo, el referido precepto dispone que los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Cabe reiterar que las tablas de valores unitarios a las que hace referencia el precepto mencionado revisten una importancia fundamental en la integración de los elementos que conforman el impuesto predial ya que impactan la base gravable de la contribución, por lo que las normas que contengan dichas tablas deben respetar las garantías constitucionales de justicia tributaria previstas en el artículo 31, fracción IV, constitucional. En relación con el impuesto predial, el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, en sus artículos 35 y 36, establecen que el valor catastral sirve de base para el cálculo del impuesto predial y que la tasa o tarifa aplicable a este impuesto será la que se establezca en la Ley de Ingresos Municipal. Los mencionados numerales establecen: "ARTÍCULO 35.- Servirá de base para el cálculo de este impuesto el valor catastral de los predios. Se entiende por valor catastral el asignado a los inmuebles, en los términos de la Ley General de Catastro y la Información Territorial para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Cuando no exista valor catastral y se trate de predios rústicos, ejidales, comunales, federales, estatales o municipales destinados a la agricultura, explotación de productos forestales, ganadería, minería y otros afines, la base será el valor de la producción anual comercializada. ARTÍCULO 36.- La tasa o tarifa aplicable a este impuesto será la que al efecto establezca la Ley de Ingresos Municipal". Por su parte, la Ley General de Catastro y la Información Territorial, en sus arábigos 28 a 45, establecen lo relativo al valor catastral y la elaboración de las tablas de valores unitarios y, de la valuación de predios. De lo anterior, se desprende la estrecha vinculación que existe entre las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción y la base del Impuesto Predial consistente en el valor catastral del inmueble, ya que este último se obtiene mediante la aplicación de los valores contenidos en las tablas referidas, de ahí que estas últimas, al formar parte integrante de la base gravable, deban respetar los principios constitucionales que rigen a las contribuciones. Es así, pues el impuesto predial, al tratarse de una contribución que grava la propiedad o posesión del suelo y las construcciones adheridas a él, refleja en su base gravable una cuantificación numérica, que es expresión de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, y que se aprecia atendiendo a las características del bien inmueble de que se trate, lo que se concreta por medio del establecimiento de las referidas tablas de valores catastrales. Ahora bien, las Tablas de Valores de Suelo y Construcción para el Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que sirven para determinar la ubicación del inmueble; se aprobaron de la manera siguiente: Recibo de pago con números de folio 125-13 de veintitrés de enero de dos mil veintitrés. (.) Recibo de pago con número de folio 125-49, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés. (.) Recibo de pago con número de folio 125-51, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés. (.) Recibo de pago con número de folio 125-52, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés. (.) Mientras que las Tablas de Valores de Suelo y Construcción para el Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que sirven para determinar la ubicación del inmueble; se aprobaron de la manera siguiente: De la apreciación de las tablas señaladas, se advierte que en lo relativo a "TIPOLOGÍAS DE CONSTRUCCIONES", se dividieron en cinco tipos, de los cuales en la segunda y tercera columna de cada una de ellas, se establecen las características del inmueble objeto de gravamen que permiten su clasificación en un tipo determinado, entre otras: cimientos, muros, techos, pisos, acabados, fachada, instalaciones, lámina, tierra, relleno, madera, ladrillo piedra, mármol y concreto; mientras que la cuarta columna señala "2023" (referente al valor), del cual no se precisa qué hacer con dicha cantidad. Asimismo, en lo relativo a los "DEMÉRITOS POR EDAD" se establece un porcentaje según los años de la edificación del inmueble: de 0 a 5 años, 6 a 10 años, 11 a 20 años, 21 a 30 años, 31 a 41 años y respecto a los "DEMÉRITOS POR ESTADO DE CONSERVACIÓN" se fija otro porcentaje dependiendo si el inmueble se encuentra en buenas, regulares o malas condiciones. Atento a lo anterior, para determinar la carga tributaria correspondiente al impuesto predial en un hecho tributario concreto, primero se ubica la colonia, fraccionamiento o ejido en que se encuentra su inmueble correspondiente y entre qué vialidades se ubica. Posteriormente se debe ubicar el inmueble en alguna de las cinco tipologías de construcciones y atendiendo a cada una de las características señaladas en la segunda y tercera columnas, se determina un valor preliminar correspondiente. Enseguida, se calcula el demérito del predio atendiendo a los años de edificación y finalmente se categoriza su estado de conservación en "bueno, regular o malo", a efecto de determinar el porcentaje que le corresponde. Y es aquí donde la infracción al principio de legalidad tributaria comienza advertirse, ya que los parámetros que debe observar la autoridad administrativa para clasificar determinado tipo construcción y los deméritos por edad y estado de conservación no están establecidos en la norma reclamada o una distinta que sirva de parámetro. Por el contrario, por lo que hace a los tipos de construcciones, dentro de la característica denominada "FACHADA"; (sin, sencilla, mediana, lujosa y muy lujosa); así como en los deméritos por estado de conservación (bueno, regular o malo), no se encuentra definidos parámetros objetivos como, ejemplificativamente, pudieran ser el tipo de materiales o acabados de una fachada, su estilo arquitectónico o en cuanto al estado de conservación el tiempo transcurrido desde su edificación o remodelación. De ello se advierte la incertidumbre inserta en la mecánica de cálculo para categorizar la construcción existente en un inmueble en las clasificaciones relevantes para la determinación de la base gravable, dejando margen a la arbitrariedad en la elección que efectúe sobre dichos tópicos la autoridad administrativa a quien corresponde determinar la carga tributaria concreta. En este sentido, tomando en consideración que la garantía de legalidad tributaria exige que todos los elementos de la contribución se encuentren establecidos en una ley en sentido formal y material y, por otra parte, que los valores unitarios constituyen un elemento que incide en la base gravable del impuesto predial, por ser uno de los factores que se integran al cálculo del valor catastral, resulta lógico concluir que los criterios conforme a los cuales resulta aplicable uno u otro monto, también deben estar contenidos en ley. Cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la facultad otorgada a la autoridad administrativa para obtener un valor que incida en la base del impuesto, no implica una violación a la garantía de legalidad tributaria, siempre que se trate de un valor obtenido por un órgano técnico con base en los datos observados a lo largo del tiempo y mediante un análisis comparativo; como se advierte de la jurisprudencia 2a./J.155/2006, de rubro: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. SU ALCANCE CUANDO EL LEGISLADOR FACULTA A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA ESTABLECER EL VALOR DE UN FACTOR DE ACTUALIZACIÓN QUE INCIDE EN EL MONTO DE LA BASE GRAVABLE O EN LA CUANTÍA DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ACCESORIA." No obstante, en el caso que nos ocupa, no debe perderse de vista que como se señaló anteriormente, la facultad para establecer los valores unitarios se encuentra regulada en el artículo 115, fracción IV, constitucional y deriva de una coordinación entre los Ayuntamientos y las legislaturas estatales, aunado a que del análisis de las tablas de valores unitarios de mérito se observa que los valores sí fueron fijados por el legislador, sin embargo los criterios para su aplicación a los distintos inmuebles no fueron definidos. De lo hasta aquí expuesto se advierte que las Tablas de Valores de Suelo y Construcción para el Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, transgreden el principio de legalidad tributaria. Ahora, a pesar de la inconstitucionalidad mencionada, ello no implica que la parte quejosa, deje de pagar el impuesto predial, sino por el contrario, atendiendo a que la violación constitucional se genera por virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a los inmuebles, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que se aplique el monto de menor cuantía, es decir, deberá calcularse considerando el valor más favorable a la parte quejosa en cada uno de los aspectos a considerar para el cálculo del impuesto, a saber, sector o zona de ubicación del inmueble; el tipo de construcción; el demérito por edad y conservación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 17/2012 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 1, de la Décima Época, con registro digital 2000421, de rubro y contenido siguientes: "PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS, BASE DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2010 Y 2011, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. Las tablas de valores catastrales unitarios del referido municipio contenidas en los decretos publicados en el periódico oficial de la entidad el 31 de diciembre de 2009 y 2010, respectivamente establecen la descripción del tipo de construcción adherida al suelo objeto del impuesto predial, de cuyo estudio se advierten cinco categorías básicas, a saber, habitacional, comercial, industrial, recreativo y equipamiento urbano; así como dos subclasificaciones, la primera atendiendo su calidad: superior, mediana, económica, corriente y precaria; y la segunda, atendiendo su estado de conservación: excelente, bueno, regular, malo y pésimo. Sin embargo, los parámetros que debe observar la autoridad administrativa para clasificar determinada construcción atendiendo su calidad y estado de conservación no están establecidos en la norma, lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica al contribuyente, provocando que uno de los elementos de la contribución pueda elegirse discrecionalmente por la autoridad administrativa, lo que transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se permite un margen de arbitrariedad a la autoridad para la determinación de la base gravable del impuesto. Lo anterior no implica que los contribuyentes dejen de pagar el impuesto predial sino que, atendiendo a que la violación constitucional se genera por la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado tipo de construcción, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consistirá en que se aplique el monto de menor cuantía, señalado para la respectiva subclasificación de calidad y estado de conservación". El diverso numeral 6-A de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, cuestionada, establece expresamente lo siguiente: "Artículo 6-A. Es objeto de este impuesto la conservación del pavimento en la zona urbana de la ciudad de Torreón, Coahuila en los términos previstos en el Decreto número 51 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el 14 de marzo de 1986 y quinto transitorio del Decreto número 145 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el 25 de septiembre del año 2015. 1. El importe será de $44.65 (cuarenta y cuatro pesos 65/100 M.N.) anuales por cada metro lineal de frente o colindante de las fincas y terrenos con cualquier vialidad de la ciudad de Torreón, Coahuila. El pago se realizará de manera anual. 2. En caso de las fincas y terrenos urbanos destinados a fines habitacionales, que se localicen en las zonas pavimentadas de las colonias populares y cuyos frentes no excedan de ocho metros lineales, el impuesto será de $22.21 (veintidós pesos 21/100 M.N.) anuales por cada metro lineal de frente. 3. El impuesto a que se refiere este capítulo estará a cargo de los propietarios, poseedores a cualquier título de los inmuebles señalados. 4. La Tesorería Municipal por conducto de su Unidad Catastral, clasificará los predios según las categorías descritas, conforme a lo dispuesto por la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza." Para lo que aquí interesa, que para el cálculo que habrá de cubrirse por concepto de impuesto para la conservación del pavimento en la zona urbana del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, se tomará en cuenta lo siguiente: se pagarán $44.65 (cuarenta y cuatro pesos 65/100, moneda nacional), de manera anual, por cada metro lineal de frente o colindante de las fincas y terrenos con cualquier vialidad de la ciudad; asimismo señala que se pagarán $22.21 (veintidós pesos 21/100, moneda nacional) anuales por cada metro lineal de frente, cuando se trate de fincas y terrenos urbanos destinados a fines habitacionales que se localicen en las zonas pavimentadas de las colonias populares y cuyos frentes no excedan de ocho metros lineales. Es fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, debido a que, ciertos parámetros que debe observar la autoridad administrativa para clasificar los predios tampoco están establecidos en las norma reclamada o alguna otra que sirva de parámetro, quedando al arbitrio de la autoridad administrativa establecer los criterios de clasificación respectivos, lo que resulta violatorio de la garantía de legalidad tributaria puesto que se permite un margen de arbitrariedad a favor de dicha autoridad en lo relativo a la determinación de la base gravable del impuesto, particularmente, porque no están definidos los elementos que determinan la categoría de "colonia popular". Aunque es cierto que el artículo 4 de la referida ley dice que la Tesorería Municipal, por conducto de su Unidad Catastral, clasificará los predios según las categorías descritas, "conforme a lo dispuesto por la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza", también lo es que en esta última -o en alguna otra- no se utiliza dicha categoría, tampoco se le atribuye un significado claro e invariable y tampoco se especifica algún procedimiento para atribuirle significado unívoco, lo que sería indispensable para respetar el principio de legalidad tributaria dada la incidencia que dicha categoría tiene en la determinación del impuesto a cargo de un contribuyente concreto. Por ende, ante dicha infracción al referido principio, se advierte que la mecánica de cálculo de la contribución denominada "impuesto para la conservación de pavimentos", también procede conceder el amparo, si bien para el efecto de que ante dicha incertidumbre la parte quejosa sea categorizada entre aquellos a los que resulta aplicable la tasa menor prevista para el pago del impuesto, por las mismas razones invocadas en torno a los efectos. Finalmente, en el Titulo Primero "De las Contribuciones Especiales", Capítulo Séptimo, secciones IV, V y VI, a su vez denominados "Por Mantenimiento, Mejoramiento y Equipamiento del Cuerpo de Bomberos de los Municipios", "Por Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico" y "Por otros servicios municipales" de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, surgen los artículos 10, 11, 12 y 27 que a la letra señalan lo siguiente: "ARTÍCULO 10. Son objeto de esta contribución los pagos realizados por conceptos de impuestos, derechos y en general, de cualquier contribución que se cause conforme al Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila y demás disposiciones fiscales del Municipio, así como sus accesorios; son sujetos de la misma los que se señalan en el artículo 144, del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. 1. Esta contribución se pagará aplicando al total de los pagos realizados la tasa del 1%" "ARTÍCULO 11. Es objeto de esta contribución, para el mantenimiento y conservación del Centro Histórico de los municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, la realización de pagos por concepto del impuesto predial; son sujetos de la misma los que se señalan en el artículo 147-B del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. 1. Se pagará aplicando a la totalidad de los pagos del impuesto predial una tasa de 7%." "ARTÍCULO 12. Son sujetos de esta contribución los establecidos en el artículo 147-G del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila. Es objeto de esta contribución la realización de pagos por concepto de impuesto predial que se cause conforme al Código Financiero y demás disposiciones fiscales del Municipio. La tasa y el rendimiento de esta contribución será la siguiente: I.- Mantenimiento e instalación de señalamientos viales. Se pagará aplicando sobre los pagos del impuesto predial que se realicen la tasa de 1%. II.- Fortalecimiento del sistema de protección civil Municipal. Se pagará aplicando sobre los pagos del impuesto predial que se realicen, una tasa de 1%. III.- Desarrollo Integral de la Familia. Se pagará aplicando sobre los pagos del impuesto predial que se realicen una tasa de 1%. 1. Los ingresos que se obtengan por esta contribución, serán destinados exclusivamente a los fines que se establezcan en las leyes y reglamentos Municipales, y de acuerdo a los requerimientos del mismo". Pues bien, el concepto de violación que la parte quejosa plantea sobre dicha disposición, en lo esencial plantea que el vicio de inconstitucionalidad atribuible, reside en que se dispone como base gravable de la contribución el monto a enterar por concepto de impuesto predial, lo que dista de ser una representación objetiva de la capacidad de contribuir del sujeto de la contribución. En congruencia con lo sostenido en torno a los vicios de inconstitucionalidad de la mecánica de cálculo del impuesto predial, dicho concepto de violación también resulta fundado. Esto es así, en tanto que la base de la contribución se conforma por el monto a pagar por concepto de impuesto predial, en la medida en que la determinación de dicho monto resulta viciada por las razones que llevaron a declarar fundado el concepto de violación primero, es decir, por ser determinado conforme a parámetros proclives a la arbitrariedad, no puede afirmarse que el monto determinado por concepto de impuesto predial sea objetivamente una manifestación válida de la capacidad de contribuir del sujeto del impuesto. Ya que la base de la contribución se conforma por el monto a pagar por concepto de impuesto predial, por lo que la determinación de dicho monto resulta viciada por las razones que llevaron a declarar fundado el concepto de violación primero, es decir, por ser determinado conforme a parámetros proclives a la arbitrariedad, no puede afirmarse que el monto determinado por concepto de impuesto predial sea objetivamente una manifestación válida de la capacidad de contribuir del sujeto del impuesto. Por el contrario, el monto determinado a cargo del sujeto por concepto de impuesto predial sería resultado de un cálculo arbitrario y por ende contrario al principio de legalidad tributaria, a no ser que se sostenga en la tarifa mínima aplicable. En consecuencia, también en lo que toca a la contribución denominada mantenimiento, mejoramiento y equipamiento del cuerpo de bomberos, así como a la de mantenimiento y conservación del Centro Histórico, y otros servicios, procede conceder el amparo, si bien para el efecto de que se determine el impuesto a cargo de la parte quejosa atendiendo exclusivamente al impuesto predial enterado que se calcule conforme a la categorización más favorable a la mínima carga tributaria, según los efectos que se precisan en la concesión del amparo contra dicho impuesto predial. En razón de lo expuesto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, respecto de los Artículos 2, numeral 1, relativo al cálculo del impuesto predial, con base a los valores catastrales, Artículo 6-A, relativo al impuesto al pavimento y, Artículos 10, 11 y 12 que contienen las contribuciones por mantenimiento, mejoramiento y equipamiento del cuerpo de bomberos, conservación del centro histórico y otros servicios municipales, todos de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para que la Tesorería Municipal de Torreón, con sede en esta ciudad, dejando sin efecto la determinación a cargo de la parte quejosa contenida en los comprobante de pago de veintitrés y veintiséis de enero de dos mil veintitrés, con números de folio 125-13, 125-49, 125-51 y 125-52, proceda en los términos siguientes: a) La autoridad responsable Tesorero Municipal de esta Ciudad, a través de la oficina correspondiente, deberá determinar el impuesto predial a pagar a cargo de la referida parte quejosa en relación a los inmuebles precisados en los recibos de pago veintitrés y veintiséis de enero de dos mil veintitrés, con número de folio 125-13, 125-49, 125-51 y 125-52, a nombre de la parte quejosa, tomando en cuenta su categorización más favorable en cuanto a los conceptos fachada y deméritos de conservación debiendo considerar los montos que conlleven a la determinación de la menor cuantía. b) Asimismo, dado que la citada parte quejosa ya efectuó el pago del impuesto predial, deberá devolvérsele el importe que resulte excedente de la mencionada determinación. c) Las cantidades que la autoridad responsable deberá devolver, deberán estar debidamente actualizadas. d) En cuanto a las contribuciones denominadas mantenimiento, mejoramiento y equipamiento del cuerpo de bomberos, así como a la de mantenimiento y conservación del Centro Histórico, y otros servicios, deberá igualmente determinar el monto a pagar conforme a la tasa menor aplicable al monto determinado de impuesto predial a cargo de la parte quejosa que a su vez haya determinado en seguimiento de los efectos que se precisan, ordenando igualmente la devolución del excedente de lo ya enterado. e) Finalmente, deberá abstenerse en lo sucesivo de aplicar en perjuicio de la parte quejosa las categorías normativas tildadas de inconstitucionales. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Mais Inmuebles, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los actos y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Mais Inmuebles, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a uno de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte la participación de la diversa autoridad Delegación Regional de Catastro, con sede en esta ciudad. Vista ampliación de demanda. Por tanto, a fin de no dejar al quejoso en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Delegación Regional de Catastro, con sede en esta ciudad; en la inteligencia que la ampliación deberá colmar los requisitos del numeral 108 de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo se continuará con el trámite del presente juicio de amparo en los términos planteados en su escrito inicial de demanda. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las trece horas con diez minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés, para la celebración de la misma. Notificaciones a autoridad. Asimismo, destáquese a las partes que a partir de este momento procesal, para el caso de que audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 21 del aludido Acuerdo General 21/2020, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · 9,893 expedientes
- Alberto Fernández Rubio187/2022
- Alberto Flores Huape294/2022
- Alberto Flores Sanchez170/2021
- Alberto Flores Sanchez701/2021
- Alberto Fuentes Valerio1108/2022
- Alberto Fuentes Valerio1733/2022
- Alberto Ibarra Mora583/2017
- Alberto J. Juan Giacoman1872/2022
- Alberto López Vega207/2019
- Alberto Luciano Arriaga Garibay548/2020
- Alberto Morales Gonzalez1107/2022
- Alberto Nájera Domínguez1452/2019