Alberto Flores Sanchez

Expediente 701/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
701/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • Alberto Flores Sanchez
  • Oficial de Tránsito Número 37383 Adscrita A la Dirección de Tránsito Y Vialidad Municipal
  • Marco Antonio Medina Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, en el sentido que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a diez horas con cuarenta minutos del cuatro de febrero de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Francisco Javier Ibarra Rivera, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias existentes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como las constancias de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que se trata para los efectos legales correspondientes. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio, consistentes en las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. Con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que las partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior, se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual, lo conducente, ahora, es dictar el fallo relativo. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Alberto Flores Sánchez y Marco Antonio Medina Salazar, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "III. - AUTORIDAD RESPONSABLE: a) Agente número 37383 ANA NAOMI ROBLES RIOS y/o oficial de tránsito, adscrita a la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal y/o Dirección General de Vialidad y Movilidad Urbana Municipal; con sede en esta ciudad. b) Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, con sede en esta ciudad. c) Tesorería Municipal de Torreon, Coahuila. IV. ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada como a) diversa responsable reclamo: a) Del Agente número 35757, le reclamo: la boleta de infracción número V-426273, de fecha siete de junio de dos mil veintiuno, emitida por un agente de tránsito y conjunta multa, la cual es inconstitucional por carecer de fundamento y motivación. b) De la Dirección de Tránsito y Vialidad, la boleta de infracción toda vez que es inconstitucional por carecer de fundamento y motivación. c) De la Tesorería Municipal, de esta Ciudad de Torreón, lo recaudado mediante el pago que se efectuó mediante recibo con número de folio 01152535 A, de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, por lo tanto la devolución de la cantidad de $492.91 (cuatrocientos noventa y dos pesos 91/100 m.n.)". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal, registrándose con el número 701/2021-I. Por acuerdo de once de junio de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo, al considerarse que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, pues contra el acto reclamado procedía el juicio contencioso administrativo, contemplado en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa promovió recurso de queja, cuyo conocimiento, por cuestión de turno, correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual en sesión pública ordinaria de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, declaró fundado el medio de impugnación de referencia. En virtud de lo anterior, mediante auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII del Acuerdo General 3/2013, con relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, la demanda de amparo fue presentada en el lugar en el cual este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa, es el siguiente: De la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, y Ana Noami Robles Ríos, en su calidad de agente 37383, adscrita a dicha dirección: i. La boleta de infracción V-426273 de siete de junio de dos mil veintiuno; ii. El retiro de la placa de circulación FB79519; y, De la Tesorería Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza iii. El cobro por concepto de multa del recibo de pago con número de folio 01152535-A por la cantidad de $492.91 (cuatrocientos noventa y dos pesos 91/100 moneda nacional) derivado de la boleta de infracción referida. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados por la parte quejosa a la Dirección de Tránsito y Vialidad y Tesorería Municipal, ambos de Torreón, Coahuila de Zaragoza, en sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se les reprocha consistentes en la boleta de infracción V-426273 de siete de junio de dos mil veintiuno, así como el cobro por concepto de multa del recibo de pago con número de folio 01152535-A por la cantidad de $492.91 (cuatrocientos noventa y dos pesos 91/100 moneda nacional) derivado de la boleta de infracción referida, respectivamente. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Existencia que se corrobora con las documentales en copia certificada que las referidas responsables adjuntaron a sus informes con justificación, las cuales tienen valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de reproducciones certificadas de actuaciones realizadas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Además, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados atribuidos a Ana Noami Robles Ríos, en su calidad de agente 37383, adscrita a Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, en virtud de que no rindió el informe justificado correspondiente, no obstante haber sido legalmente notificada al respecto. Máxime que la diversa autoridad responsable denominada Dirección de Tránsito y Vialidad, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, acepto la existencia de los actos reclamados. Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto atacado por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los numerales 5º, fracción I, y 6º, todos de la Ley de Amparo, tal como se demostrará. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". En principio, es necesario señalar que de los preceptos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 5º y 6º, ambos de la ley de la materia, se desprende que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, el cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. La porción normativa en comento es la siguiente: "Arti´culo 107. Las controversias de que habla el arti´culo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetara´n a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguira´ siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal cara´cter quien aduce ser titular de un derecho o de un intere´s legi´timo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera juri´dica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden juri´dico. Trata´ndose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debera´ aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" Sobre lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 45/2018, señaló que, de acuerdo al contexto constitucional, el principio de "instancia de parte agraviada" que impera en el juicio de amparo, significa que sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercerlo. De los preceptos en cita, se aprecia que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico de la parte quejosa. Entonces, para acreditar tal extremo, se puede ofrecer cualquier medio de prueba previsto por las leyes que resulte idóneo, pero de ninguna manera basta para demostrarlo el hecho de presentar la demanda de amparo, pues ello sólo implica la pretensión de incitar al órgano jurisdiccional, empero, no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan el interés jurídico del gobernado quejoso, pues esa afectación debe probarse de manera fehaciente y no de forma presuntiva. Así, se tiene que los supuestos que integran el interés jurídico son dos: el primero, la existencia y titularidad de un derecho, y el segundo, el resentimiento de un perjuicio en aquél proveniente de un acto de autoridad. Asimismo, cabe destacar que los litigantes en un juicio son parte de éste, que se les denomina actor y demandado, y son aquellas a quienes desde ese momento les nace el derecho a que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente; dicho en otros términos, parte es todo aquél que pide o contra el cual se pide en juicio una declaración de derecho; por tanto, son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya para demostrar su acción, ya para sus excepciones, así como de impugnar todos los acuerdos o resoluciones que les agravie, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son las únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano correspondiente, demandando el cese de esa violación. Por otra parte, conforme a la reforma del artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se amplió el concepto de interés de parte agraviada bajo el que se definía el interés jurídico para promover el juicio de amparo, al incorporar el concepto de interés legítimo, cuando se alegue que el acto reclamado transgrede derechos reconocidos en la Constitución Federal, y con ello se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Interés legítimo es aquel interés -individual o colectivo- cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, y que de anularse el acto que se reclama producirá un beneficio o efecto positivo en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea actual o futuro pero cierto. El interés legítimo requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no como una simple posibilidad, ya sea porque esa intromisión es directa o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Dicho de otro modo, el interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Por consiguiente, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, más no hipotético. Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 60, que establece lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". En el caso, el presente juicio constitucional fue promovido por propio derecho por Alberto Flores Sánchez, contra el acto reclamado consistente en el retiro de la placa de circulación FB79519, sin que se inadvierta de las constancias que obran en autos, que dicho quejoso acredite el agravio personal y directo que en su caso le haya ocasionado el acto reclamado, pues la única prueba exhibida por el referido quejoso en su demanda de amparo es la documental relativa a la boleta de infracción V-426273, de siete de junio de dos mil veintiuno, la cual se encuentra a nombre del diverso quejoso Marco Antonio Medina Salazar. En esas condiciones, y toda vez que dicho quejoso no acreditó la existencia de un agravio personal y directo en esta instancia; resulta improcedente el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los numerales 5º, fracción I, y 6º, todos de la Ley de Amparo; consecuentemente, se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la mencionada legislación. Sin que obste a lo anterior que en su demanda de amparo, la parte quejosa haya solicitado la documental vía informe a cargo de la Administración Local de Recaudación y/o Control Vehicular, con residencia en esta ciudad, a efecto de que dicha autoridad informará el nombre del titular de las placas FB79519, puesto que en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se determinó desechar de plano la citada documental virtud de que no acreditó haber solicitado ante la autoridad responsable la referida documental, o en caso contrario, haya acreditado que se haya negado a entregar la documental solicitada. Por otra parte, las autoridades responsables Dirección de Tránsito y Vialidad y Tesorería Municipal, ambos de Torreón, Coahuila de Zaragoza, consideran que se actualiza diversa causal de improcedencia en el juicio en que se actúa, en tanto que la parte quejosa Marco Antonio Medina Salazar, previo a instar la acción constitucional, debió promover el recurso de inconformidad, o en su caso, el juicio contencioso administrativo previsto en los artículos 1 y 2 de la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 3 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, en virtud de que ese medio ordinario de defensa no es optativo, sino obligatorio para el promovente de amparo. El anterior argumento resulta fundado en atención a lo siguiente. Respecto del acto reclamado consistente en la emisión de la boleta de infracción V-426273 de siete de junio de dos mil veintiuno, suscrita por la agente adscrita a la Dirección de Tránsito y Vialidad de esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". El precepto trascrito pone de manifiesto, la regla general que rige la procedencia del juicio de amparo, referente al principio de definitividad, que consiste en la obligación de la parte quejosa de hacer valer, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto que, en su opinión, le irroga perjuicio, en la inteligencia de que si dicho agraviado no satisface tal presupuesto, el juicio será improcedente. De acuerdo con el propio numeral se advierte, que los gobernados se encuentran exentos de agotar dicho principio en el supuesto de que la ley de la materia, no prevea la suspensión del acto reclamado, o previéndolo exija mayores requisitos que los que requiere la ley de amparo para la concesión de la suspensión definitiva, o bien cuando el acto reclamado carece de fundamentación. Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia P./J. 3/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Enero de 2001, página 8, que señala lo siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo". Por su parte, el artículo 2 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, disponen lo siguiente: "Artículo 2. Procede el juicio contencioso administrativo previsto por la presente Ley contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. Las autoridades de la Administración Pública, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley". "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios o recursos que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; II. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y organismos fiscales autónomos estatales y municipales en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; III. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales y municipales; V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VI. Las que se dicten en materia de pensiones, sea con cargo al erario estatal o al Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Dirección de Pensiones para los Trabajadores de la Educación o los organismos públicos descentralizados para la administración de las pensiones de los servidores públicos municipales o a la Dirección de Pensiones para los Trabajadores de la Educación; VII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, de adquisiciones, de arrendamientos y de servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública estatal o municipal, ya sea centralizada, paraestatal y paramunicipal, así como las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos estatales y municipales; VIII. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; IX. Las que requieran el pago de garantías a favor del Estado o de sus municipios, así como de sus entidades paraestatales o paramunicipales; X. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de las leyes aplicables; XI. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; XII. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, y demás disposiciones aplicables, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XIII. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos estatales, municipales y de los organismos públicos autónomos, en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos; XIV. Las resoluciones de la Contraloría Interna del Instituto Electoral de Coahuila que impongan sanciones por faltas administrativas no graves, en términos de las disposiciones aplicables; XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; XVI. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren contrarias a la ley". Asimismo, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, contiene un capítulo VI, que regula lo relativo a la suspensión de la ejecución del acto impugnado, en el cual se contienen los artículos 59 al 66, que disponen lo siguiente: "Artículo 59. La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan, sólo podrá ser decretada por el Pleno o las Salas Unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza en el ámbito de sus competencias, quien lo hará del conocimiento inmediato de las autoridades demandadas para su cumplimiento". "Artículo 60. La suspensión podrá ser solicitada por el actor en cualquier etapa del juicio, y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con su ejecución ya iniciada. Tratándose de actos en los que no se haya analizado el fondo de la cuestión planteada, la suspensión podrá abarcar los actos que dieron origen a tal resolución. No se otorgará la suspensión, si es en perjuicio del interés público o si se contravinieren disposiciones del orden público. La suspensión también podrá consistir en la orden de custodia del folio del predio, al Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza, cuando se trate de un juicio de nulidad o lesividad, relacionados con el desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el fondo del asunto y la protección del patrimonio de terceros". "Artículo 61. El Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, podrá decretar la suspensión con efectos restitutorios, en cualquiera de las fases del procedimiento hasta antes de la sentencia respectiva, cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, lo cual deberán acreditar y en su caso, podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes. Cuando se solicite la suspensión para la realización de actividades reguladas, que requieran de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso y el demandante no exhiba dicha documental no se otorgará la misma". "Artículo 62. En contra del incumplimiento de las autoridades a la suspensión concedida, procederá el recurso de queja ante el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. La suspensión podrá ser revocada cuando se acredite que variaron las condiciones bajo las cuales se otorgó". "Artículo 63. Tratándose de créditos fiscales, se concederá la suspensión, debiéndose garantizar el importe ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, en alguna de las formas y con los requisitos previstos en el Código Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Si la suspensión fue concedida, dejará de surtir sus efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que quede notificado el auto que la hubiere concedido". "Artículo 64. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el demandante otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Para que surta efectos la suspensión, el actor deberá otorgar la garantía mediante billete de depósito o fianza, hipoteca, prenda o en cualquier otra forma que garantice la reparación de los daños y perjuicios". "Artículo 65. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero da a su vez garantía en las formas permitidas en el artículo 64. En este caso se restituirán las cosas al estado que guardaban antes de la suspensión y procederá el pago de los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la garantía que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el demandante". "Artículo 66. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión a que se refieren los artículo 64 y 65, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala correspondiente, dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia, a cual dará vista a las demás partes por un término de cinco días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los cinco días siguientes, en la que dictará la sentencia que corresponda. Contra la resolución procede el recurso de reclamación ante el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza". De la intelección de los ordinales mencionados, se advierte que cuando el acto se reclame provenga de una autoridad administrativa, y entre otros, se impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales y municipales, la parte afectada debe interponer juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, en vía de nulidad. En ese sentido, es el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, el que constituye el medio de defensa ordinario que pudiera nulificar el acto que se reclama la parte quejosa, previo a la interposición del juicio de amparo. Efectivamente, la parte quejosa debió agotar primeramente el juicio contencioso administrativo antes de acudir al juicio de amparo, ya que en términos de la fracción IV del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, dicho tribunal conoce, entre otros, de los actos de autoridades administrativas que, como en el caso concreto, son los actos administrativos en que se impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales y municipales. Por consiguiente, debido a que los actos reclamados se tratan de actos de autoridad administrativa que impone una multa por infracción a las normas administrativas municipales de tránsito, lo que así se evidencia de lo señalado por la parte quejosa, en su contra procede el juicio contencioso administrativo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J.27/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 28, marzo de 2016, tomo II, página 1194, que señala lo siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria". Máxime, que a través de la promoción del juicio contencioso administrativo pueden suspenderse los efectos del acto combatido, ya que la ley que lo rige prevé dicha medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, regula lo relativo a la Suspensión de la Ejecución del Acto Impugnado, y no establecen mayores requisitos a los previstos para tal efecto en el juicio de amparo. Del análisis comparativo de los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y 128, 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo se concluye lo siguiente: i. En ambas legislaciones, cuando la suspensión es solicitada al promover la demanda, es suficiente que la autoridad competente determine si están satisfechos los presupuestos para otorgarla. ii. Tanto el artículo 60 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como el diverso 130 de la Ley de Amparo permiten al interesado solicitar la medida suspensional sin algún límite procesal más que el dictado de la resolución respectiva. iii. Conforme al artículo 59 el Pleno o las Sala Unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, deberá conceder o negar la paralización de la ejecución del acto impugnado, mientras que en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional competente para resolver al respecto es aquel que conoce del juicio, acorde con lo dispuesto por los diversos 125 y 138 de la Ley de Amparo, en cuanto a que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte en los casos de la competencia de los jueces de distrito, los que decidirán en la audiencia incidental sobre la concesión o la negativa de dicha medida. iv. Tanto el artículo 60 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como los artículos 128, fracción II, 131 y 139 de la Ley de Amparo, exigen para el otorgamiento de la medida que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, lo que en la Ley de Amparo se traduce en la demostración del interés para obtener la paralización por parte del solicitante, lo cual conforme a la citada Ley de Amparo debe acreditar. v. Ambos ordenamientos consignan, esencialmente, que si la concesión de la medida cautelar es susceptible de causar daños o perjuicios a terceros, se concederá condicionada al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía bastante para reparar el daño e indemnizar al tercero, en el evento que no obtenga resolución favorable. vi. El artículo 63 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y el artículo 135 de la Ley de Amparo, prevén que en las demandas de nulidad que involucren cobro de créditos tributarios, la suspensión de la ejecución del acto impugnado surtirá efectos si se constituye garantía del interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por las leyes hacendarias. vii. Conforme a la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, en vigor a partir del cuatro de octubre siguiente, en relación con el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, tratándose del amparo en materia administrativa, no será necesario agotar previamente el medio ordinario de defensa si establece un plazo mayor que el previsto por la ley reglamentaria del juicio constitucional para el otorgamiento de la suspensión provisional -artículo 107, fracción IV, primer párrafo-. En términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 139 de la Ley de Amparo, el juzgador cuenta con el término de veinticuatro horas para resolver si admite o desecha la demanda de amparo, y además, decidir si concede o niega la paralización de los actos reclamados, esto es, dentro del lapso de veinticuatro horas debe proveer sobre la admisión y también sobre el otorgamiento de la medida cautelar. Por otro lado, de conformidad con el artículo 51 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, tratándose del juicio contencioso administrativo, el magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar, dentro del término de veinticuatro horas desde el momento en que le fue turnada la demanda. Del análisis comparativo entre ambas instituciones se desprende que, los requisitos para otorgar la suspensión en el juicio de amparo son similares a aquellos que prevé la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para la paralización de la ejecución del acto impugnado; consecuentemente, la parte quejosa puede solicitar la medida una vez que promueva el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, o durante su tramitación, hasta en tanto no se dicte sentencia firme. Por tanto, es claro que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto combatido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.130/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 2, página 1446, que establece lo siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Máxime, que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX de la Ley de Amparo, pues en la especie, a la parte quejosa no le reviste el carácter de persona extraña a juicio. Además que la ley por la cual se puede nulificar el acto reclamado no exige mayores requisitos ni plazo legal para suspenderlo, que los previstos en la Ley de Amparo, como ya quedó precisado; los actos reclamados no son del orden penal, no se está en alguno de los casos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; aunado a que no se reclama la inconstitucionalidad de alguna ley, pues del análisis de la demanda no se observa que alegue la inconstitucionalidad de algún ordenamiento diverso. No pasa inadvertido para este órgano judicial que la parte quejosa aduce violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales; sin embargo, si bien es cierto que el principio de definitividad, de conformidad con el artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal, admite como una de sus excepciones aquella que opera cuando solamente se aleguen, en contra del acto reclamado, violaciones directas a ese ordenamiento, también lo es que no tiene aplicación cuando tales argumentos se mezclan con alegatos relativos a la transgresión a preceptos secundarios. Ello es así, puesto que, si al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, se hace valer la transgresión directa de preceptos constitucionales, el afectado no queda relevado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria aplicable, pues de lo contrario, imperaría el arbitrio de la parte quejosa, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Ley Fundamental, junto con la transgresión a preceptos secundarios podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Orienta lo expuesto, la jurisprudencia PC.IV.A. J/28 A (10a.), sostenida por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 34, septiembre de 2016, tomo II, página 895, que señala lo siguiente: "BOLETA DE INFRACCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA POR TRANSGREDIR ALGUNA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA MUNICIPAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO, LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN EN AQUÉLLA DEBE SER ABSOLUTA. De conformidad con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales las leyes prevean medios de impugnación por los que sea posible anularlos, revocarlos o modificarlos. Sin embargo, en la tesis aislada 2a. LVI/2000, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció diversas excepciones a esa regla, entre otras, la relativa a que el juicio de amparo procede sin tener que agotar el juicio o recurso ordinario si el acto reclamado carece de fundamentación. Sin embargo, la falta de fundamentación debe ser absoluta y no indebida o insuficiente, pues en este supuesto, aun y cuando el acto reclamado carezca en parte de tales requisitos o hechos inadecuados para fundar el acto, exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se reconozca la aplicación del orden jurídico y existan datos suficientes para conocer el recurso ordinario que debe interponerse, debe exigírsele al gobernado que agote los medios de defensa correspondientes. Lo que no acontece cuando en la boleta de infracción que impone una multa por transgredir alguna disposición reglamentaria exista una ausencia total de preceptos, pues tener actualizado ese supuesto, significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esa carencia (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impediría hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de sus motivos y fundamentos no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario". En efecto, aunque hay ocasiones en las que el afectado no tiene obligación de agotar previamente a la promoción del amparo los recursos ordinarios que la ley del acto prevé, ello ocurre cuando únicamente aduce violaciones directas a la Constitución Federal; sin embargo, si no alega solamente ese tipo de violaciones, sino también la de preceptos legales, es incuestionable que no se está en el caso de excepción al principio de definitividad mencionado, toda vez que sólo se carece de la oportunidad de hacer valer recursos ordinarios cuando en el acto de molestia no se precisan los motivos que lo originan ni se cita disposición legal alguna. Por ello, si la parte quejosa conoce cuál es la ley que se le está aplicando, y sabe exactamente de qué autoridad emanan los actos reclamados, entonces no se encuentra en el estado de incertidumbre que lo autoriza a dejar de observar el principio de definitividad que rige en la materia; destacándose que en el caso, la parte quejosa refiere que la retención de la garantía, es con motivo de un infracción de tránsito impuesta por la dependencia señalada como autoridad responsable, lo cual evidencia el conocimiento integral de los aspectos ya señalados. Resulta aplicable por las consideraciones que expresa, la jurisprudencia XXI.2o. J/6, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 83, de noviembre de 1994, página 87, que establece lo siguiente: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional". En esas condiciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX de la ley de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo al diverso acto reclamado, consistente el cobro por la cantidad de $492.91 (cuatrocientos noventa y dos pesos 91/100 moneda nacional), atribuidos al Tesorero Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, al no haberse combatido por vicios propios. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI. 2o. J/7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo II, segunda parte-2, julio diciembre de 1988, página 690, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". En cuanto a lo aquí resuelto, similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión 297/2019. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.

  3. Principal

    se notifica por lista a la parte quejosa. Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/29/2022 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en las cuales se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión, prórroga, modificación y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; en el entendido que la última de las mencionadas es la vigente, por lo cual, se regresa al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Audiencia constitucional. Atento a lo anterior, se señalan las diez horas con cuarenta minutos del cuatro de febrero de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual podrá practicarse mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, sin menoscabo de que pueda llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, de conformidad con los artículos 5°, fracción II, 25 y 26, todos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Entrega de oficios. Reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/29/2022 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en las cuales se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión, prórroga, modificación y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; en el entendido que la última de las mencionadas es la vigente, por lo cual, se regresa al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Audiencia constitucional. Atento a lo anterior, se señalan las diez horas con cuarenta minutos del cuatro de febrero de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual podrá practicarse mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, sin menoscabo de que pueda llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, de conformidad con los artículos 5°, fracción II, 25 y 26, todos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Entrega de oficios. Reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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