Alberto Francisco Gutiérrez Oropeza
Expediente 685/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 21 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 685/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 21/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Primer Tribunal Colegiado Regional del Tercer Circuito Con Sede En Caborca Sonora
- Alberto Francisco Gutiérrez Oropeza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiuno de junio de dos mil dieciocho. CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIAVisto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ALBERTO FRANCISCO GUTIÉRREZ OROPEZA, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Sin que obste a la anterior determinación el hecho de que no se cuente con el acuse del oficio 10297, dirigido a la autoridad responsable Primer Tribunal Colegiado Regional del Tercer Circuito en Caborca, Sonora, con el cual se le remitió copia certificada de la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, toda vez que de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, aquella autoridad responsable sólo estará legitimada para recurrir los fallos de amparo que afecten el acto que de cada una de ella haya reclamado, y en el caso, se desprende que dicha resolución no afecta a las citadas autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 22/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas veintitrés del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de dos mil tres, con número de registro electrónico 183709, que, a la letra, dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." SE REMITEN CONSTANCIAS Por otra parte, devuélvanse las constancias remitidas por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado Regional del Tercer Circuito, con sede en Caborca, Sonora, en apoyo a su informe justificado, las cuales obran en un tomo anexo al presente expediente, mismas que fueron agregadas mediante proveído de dieciocho de enero de dos mil dieciocho (foja 217), en virtud de ser innecesarias en el presente juicio de amparo dado lo determinado en el presente proveído. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo negado. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías, para que el antedicho Centro proceda a la destrucción del mismo. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Por otra parte, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se negó la suspensión provisional y definitiva, acorde con al segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías. Por otro lado, en términos de la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA PARTE QUEJOSA De igual modo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo no mayor a noventa días, recoja los documentos que fueron exhibidos en el presente juicio, y en caso de no hacerlo en el plazo señalado, podrán ser destruidos de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Finalmente, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Herzel Godínez Salas, que autoriza y da fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEIDO DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a veintiuno de junio de dos mil dieciocho. CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIAVisto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ALBERTO FRANCISCO GUTIÉRREZ OROPEZA, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Sin que obste a la anterior determinación el hecho de que no se cuente con el acuse del oficio 10297, dirigido a la autoridad responsable Primer Tribunal Colegiado Regional del Tercer Circuito en Caborca, Sonora, con el cual se le remitió copia certificada de la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, toda vez que de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, aquella autoridad responsable sólo estará legitimada para recurrir los fallos de amparo que afecten el acto que de cada una de ella haya reclamado, y en el caso, se desprende que dicha resolución no afecta a las citadas autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 22/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas veintitrés del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de dos mil tres, con número de registro electrónico 183709, que, a la letra, dice: SE REMITEN CONSTANCIAS Por otra parte, devuélvanse las constancias remitidas por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado Regional del Tercer Circuito, con sede en Caborca, Sonora, en apoyo a su informe justificado, las cuales obran en un tomo anexo al presente expediente, mismas que fueron agregadas mediante proveído de dieciocho de enero de dos mil dieciocho (foja 217), en virtud de ser innecesarias en el presente juicio de amparo dado lo determinado en el presente proveído. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo negado. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías, para que el antedicho Centro proceda a la destrucción del mismo. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Por otra parte, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se negó la suspensión provisional y definitiva, acorde con al segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías. Por otro lado, en términos de la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA PARTE QUEJOSA De igual modo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo no mayor a noventa días, recoja los documentos que fueron exhibidos en el presente juicio, y en caso de no hacerlo en el plazo señalado, podrán ser destruidos de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Finalmente, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Herzel Godínez Salas, que autoriza y da fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el telegrama de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado Regional del Tercer Circuito, con sede en Caborca, Sonora, mediante el cual acusa recibo del oficio 10297, por el que se le remitió copia certificada de la sentencia de veintinueve de mayo del presente año; lo anterior, para los efectos legales conducentes. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, intégrese al juicio en que se actúa, el cuadernillo que quedó en sustitución del original, con motivo de encontrarse los autos del presente juicio, en estudio para dictar la sentencia correspondiente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), Y 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, Y QUE EN LO CONDUCENTE DICE: RESUELVE: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE...
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