Alberto Fernández Magaña
Expediente 451/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 451/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Alberto Fernández Magaña
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado actual de autos, se advierte que respecto de la demanda de amparo promovida por el quejoso Alberto Fernández Magaña, remitida por este juzgado al Juez de Distrito en turno en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, fue turnada al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, la cual quedó radicada con el número 303/2019; de igual manera después de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), respecto del juicio de amparo 303/2019, se advierte que por auto de catorce de junio de dos mil diecinueve, el citado juez admitió a trámite la demanda remitida por este órgano jurisdiccional; en consecuencia, se toma nota de lo anterior en el presente asunto para los efectos legales conducentes. Lo asentado en la certificación secretarial, se toma como información válida para emitir la presente determinación judicial, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; aunado a que el Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, instauró el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), como mecanismo informático de uso obligatorio para todos los órganos del Poder Judicial de la Federación, -con las salvedades ahí consideradas-, mismo que es actualizado con los datos aportados por el trámite de los asuntos ante dichas instancias jurisdiccionales. Esto se corrobora en la tesis I.1o.A.14 K (10a.), por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, intitulada: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO." También, en la tesis I.15o.A.13 A (10a.), del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del siguiente rubro: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). VALOR PROBATORIO DE LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA." CALIFICACIÓN DEL CUADERNILLO En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno de antecedentes del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno de antecedentes del presente juicio de garantías. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese. Así lo acuerda y firma José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Jesús Javier Segovia Sánchez, que autoriza y da fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a siete de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito con sede en Tijuana, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por Alberto Fernández Magaña, por considerar que carece de competencia para conocer de la misma, por los razonamientos vertidos en la resolución de tres de junio de dos mil diecinueve. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En tal virtud, se ordena formar el expediente respectivo y realizar su registro en el Libro Uno de Juzgado, con el número de expediente 451/2019-4A; asimismo, por lo que respecta al cuadernillo del toca 1920/2018, se ordena la apertura de un tomo de pruebas, para su mejor manejo y cuidado del mismo. INCOMPETENCIA Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: La sentencia de fecha 26 de marzo de 2019, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, donde se confirma en grado de apelación la sentencia interlocutoria de fecha 2 de julio de 2018, dentro del expediente 1076/2005, radicado en el Juzgado Primero de lo Familiar del Partido Judicial de Ensenada, Baja California." Por su parte, el artículo 37, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado artículo establece diversas reglas a fin de fijar la competencia, la cual, en lo que aquí interesa, es la prevista por el primer párrafo del citado precepto; es decir, la que se surte a favor de un Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama la resolución recaída a un recurso de apelación que confirma la procedencia y ejecución de una interlocutoria que ordena la liquidación de una sociedad conyugal. Cabe destacar que conforme a los resolutivos plasmados en la sentencia de dos de julio de dos mil dieciocho (foja 436 vuelta y 437 del cuaderno de pruebas anexo), se determinó que a María Trinidad Botello Ávila, le correspondía el 50% de diversos bienes inmuebles, en tanto que al aquí quejoso Alberto Fernández Magaña, le pertenecía el 50% restante; por lo cual, una vez que causara ejecutoria dicha determinación, se procedería a la liquidación de los bienes que integran el caudal correspondiente, a través del trámite previsto por el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Consecuentemente, en la sentencia de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (acto reclamado), se confirmó el fallo antes referido y además, se condenó al apelante (aquí quejoso) al pagó de las costas causadas en ambas instancias, al existir dos sentencias adversas conformes de toda conformidad (foja 480 a 486 del cuaderno de pruebas anexo). De lo anteriormente reseñado, resulta inobjetable que la resolución reclamada sí conlleva una ejecución, pues además de que confirma una determinación que ordenó la partición de diversos bienes, también estableció el pago de las costas respecto a su promovente. Es aplicable al caso, la tesis I.7o.A.43 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1194, tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, bajo el rubro y texto: "COMPETENCIA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO TIENE EJECUCIÓN POR SÍ MISMO, SINO QUE LA TIENE EN FORMA INDIRECTA, PARA DEFINIR QUÉ JUEZ ES EL QUE DEBE CONOCER DEL ASUNTO, HA DE SEGUIRSE LA REGLA PREVISTA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo invocado establece la competencia de los Jueces de Distrito en atención a la ejecución del acto reclamado y, en forma particular, en su último párrafo prevé que es competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material. Esta hipótesis no se actualiza cuando el acto reclamado en el juicio de amparo consista en una resolución que resuelve un medio de defensa ordinario, interpuesto en contra de una determinación dictada por un órgano inferior, ya que si bien es verdad que aquélla no tiene ejecución por sí misma, lo cierto es que al confirmar la resolución emitida en primera instancia, que a su vez declaró la legalidad del acto de la autoridad administrativa que creó, extinguió o modificó derechos del gobernado, queda expedita la facultad de dicha autoridad para ejecutar el acto que originó la controversia, circunstancia que conlleva una ejecución indirecta del acto que se reclama en el juicio de garantías, pues interfiere en la esfera jurídica del particular. En consecuencia, cuando el acto reclamado por sí mismo no tenga ejecución inmediata, pero sí de manera indirecta, debe considerarse que se surte la hipótesis competencial prevista en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, en el sentido de que es competente legalmente para conocer del asunto el Juez en cuya jurisdicción debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." En tal virtud, en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia se surte a favor de un Juez de Distrito en turno en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, pues es en dicho lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado, dado que la resolución reclamada lleva inmersa una ejecución material que es susceptible de suspenderse en caso de solicitarse la medida cautelar relativa, lo cual, incluso se encuentra fortalecido con el capítulo de suspensión provisional formulado por el quejoso en su escrito de demanda (foja 20), mismo que fue acordado favorablemente por la Sala responsable mediante auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve (foja 35). Las anteriores consideraciones tienen sustento en la jurisprudencia 2a./J. 192/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 606, tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, perteneciente a la Novena Época, bajo el rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN QUE APRUEBA UNA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADIQUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DEBA EJECUTAR EL ACTO. Cuando en la demanda de garantías se reclama la resolución recaída a un recurso de apelación que aprueba la planilla de liquidación de intereses moratorios fijada por un Juez de primera instancia, debe considerarse que dicha sentencia lleva inmersa una ejecución material que es susceptible de suspenderse en caso de solicitarse la medida cautelar relativa, siendo sus efectos que el fallo no se ejecute, esto es, que no se obligue al pago de los intereses, debiendo permanecer las cosas en el estado que guardan. En estas condiciones, independientemente de que la Sala responsable no sea la que en su momento requiera el pago ni lleve a cabo el embargo respectivo en caso de desacato, la resolución combatida sí es ejecutable, pues lo que se determina es la cantidad cierta que una de las partes en el juicio natural debe pagar por concepto de intereses moratorios y, por ende, se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer del juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." En consecuencia, este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa; por lo cual, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, remítase la demanda y sus anexos a la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, en turno, con sede en Ensenada, previo cuaderno de antecedentes de las citadas constancias que se forme; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Similares consideraciones sustentó este juzgado federal en el juicio de amparo 34/2019, mismas que fueron confirmadas en el conflicto competencial 4/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado de este Decimoquinto Circuito. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase por señalados los estrados de este juzgado federal a fin de oír y recibir notificaciones, así como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mauricio Quevedo Sánchez. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · 9,683 expedientes
- Alberto Eduardo Hirostroza Orilzuela1523/2022
- Alberto Eutimio Ortiz Osuna191/2016
- Alberto Eutimio Ortiz Osuna196/2016
- Alberto Eutimio Ortiz Osuna195/2016
- Alberto Eutimio Ortiz Osuna193/2016
- Alberto Eutimio Ortiz Osuna197/2016
- Alberto Francisco Gutiérrez Oropeza685/2017
- Alberto Francisco Gutiérrez Oropeza271/2019
- Alberto Francisco Gutierrez Oropeza336/2019
- Alberto Francisco Gutierrez Oropeza436/2019
- Alberto Garcia Orozco762/2020
- Alberto Garcia Orozco589/2014