Alberto Flores Salgado

Expediente 1828/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1828/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
18/12/2017

Partes del expediente

  • Alberto Flores Salgado

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente ***, hubiese recurrido el auto de trece de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso, mediante la cual pide la devolución del documento que anexo a su demanda; en consecuencia con fundamento en lo establecido en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no ha lugar a acordar favorable su petición en el sentido de que se le haga devolución de dicho documento, toda vez que le será devuelto una vez que quede firme el acuerdo dictado el trece de noviembre del año en curso, sin perjuicio de que pueda solicitar copia certificada del mismo. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial, en la que se hace constar la imposibilidad para notificar personalmente el acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecisiete, a la parte quejosa, por los motivos expuestos; en consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte, el auto de referencia y subsecuentes, por medio de las listas de acuerdos que se fijan en un lugar visible de este Juzgado Federal. Notifíquese. Cuernavaca, Morelos, a trece de noviembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Alberto Flores Salgado, contra actos de la Directora General de Servicios de Salud de Morelos, de quien reclama la omisión de dar contestación al escrito presentado el siete de septiembre del año en curso, en el que solicitó sea tomado en consideración para el pago de un estímulo económico a realizarse el mes de noviembre del año en curso, de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1828/2017-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la ley en consulta, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos transcritos, se infiere que no es posible admitir la demanda de amparo, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observara, tienen el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I. Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual éstos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. II. Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte y por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Es por ello que, la relación entre la Directora General de Servicios de Salud de Morelos, y el quejoso, no corresponde a la de autoridad y gobernado, sino a una relación que deriva entre particulares, dada la existencia de una relación laboral con el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos. Máxime que, como se desprende de la petición elevada ante la autoridad señalada como responsable, manifiesta que el pago del estímulo al que aduce es acreedor, es un derecho de trabajador y una obligación patronal. Es por ello que, si por tales servicios existe un acuerdo entre dichos particulares, entonces será en alguna otra instancia en donde se ventile la problemática de la omisión por parte de dicha autoridad de dar contestación a la petición en el que el quejoso solicitó sea tomado en consideración para el pago de un estímulo económico a realizarse el mes de noviembre del año en curso, así como sus consecuencias jurídicas, y no mediante esta vía constitucional. Es aplicable en lo que interesa, la tesis 42, publicada en la página 31 del Tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Esto es así, ya que el pago de salarios y el otorgamiento de estímulos y recompensas corresponde en quien reside la potestad de decisión sobre la situación laboral de sus empleados, pero como ya se dijo, ésta deriva del vínculo entre patrón y trabajador, pero no como actos de autoridad, sino de empleador, sin que se actualice la hipótesis establecida en el artículo 5, fracción II, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Por consiguiente, no tienen el carácter de autoridades cuando realizan actos que tienen como origen una relación laboral con sus trabajadores y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que ellos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de origen laboral, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el Estado y sus trabajadores, es del ámbito competencial de los Tribunales de Trabajo, previa demanda que entre ellos hagan valer. Es aplicable al caso la Tesis aislada, emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia(s): Laboral, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Quinta Época, LXXXV, Página: 510, que señala: "TRABAJADORES DEL ESTADO, RELACIONES CONTRACTUALES DE LOS. Si se reclama en amparo la orden por la que se puso a disposición de la Comisión Mixta de Escalafón, cierta plaza, así como la ejecución de esa orden y la boletinación y exámenes correspondientes; debe decirse que las relaciones entre los trabajadores al servicio del Estado y los titulares de las dependencias del Ejecutivo, en lo que se refiere a la aplicación y cumplimiento del Estatuto Jurídico para los Empleados al Servicio de los Poderes de la Unión, son de orden contractual, pues regulan la forma en que se han de prestar los servicios y demás actividades de dichos trabajadores, sin que en esas relaciones los titulares intervengan con carácter de autoridad; de tal suerte que por éste, es improcedente el juicio de garantías, ya que éste, por su propia naturaleza, sólo tiende a garantizar a los individuos contra los actos de autoridades que violen en su perjuicio las garantías otorgadas por nuestra Constitución Federal. Por otra parte, los actos reclamados, atribuidos al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Mixta de Escalafón, deben ser discutidos en su legalidad, ante el Tribunal de Arbitraje, como lo dispone el artículo 99, fracción I, del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues a dicho tribunal se le ha conferido jurisdicción para dirimir las controversias que se susciten respecto a la aplicación de dicho estatuto, lo que no puede hacer esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues por medio del juicio constitucional sólo puede establecerse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados." Luego, debido a que los actos que se reclaman en esta vía, no son susceptibles de analizarse a través del juicio de amparo, ello no significa que se deje al promovente en estado de indefensión, ya que tiene expedito el derecho de acudir ante el tribunal laboral correspondiente para deducir lo que a través de esta vía pretende. Lo anterior queda debidamente corroborado con la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en sus artículos 1, 2, 43 y 114, donde establece lo siguiente: "Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio. Artículo 2.- El trabajador al servicio del Estado es la persona física que presta un servicio en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Dirección General de Legislación. Subdirección de Informática Jurídica Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las anteriores instituciones. DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. Artículo 43.- Los trabajadores del Gobierno del Estado y de los Municipios tendrán derecho a: I.- Percibir el salario asignado en el presupuesto anual de egresos para el cargo que desempeñan; II.- Conservar el empleo, el cargo o comisión de los que sean titulares, mientras no incurran en algunas de las causas de separación que señala la presente Ley; III.- Ser ascendido en los términos del escalafón; IV.- Disfrutar de licencias y vacaciones; V.- Disfrutar de los beneficios de la seguridad social que otorgue la Institución con la que el Gobierno o los Municipios hayan celebrado convenio; VI.- Disfrutar de los beneficios que otorgue el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, en su caso; VII.- La evaluación de su desempeño laboral y el otorgamiento de estímulos y recompensas que se otorguen conforme a lo dispuesto en el reglamento que los rige; VIII.- La capacitación permanente para elevar sus condiciones de vida y eficiencia en la prestación del servicio; IX.- La justificación de sus faltas de asistencia dentro de los plazos y conforme a los procedimientos establecidos en el reglamento que rige; X.- Obtener traslado, permuta, reubicación, reasignación o cambio de adscripción, mediante solicitud por escrito y previa verificación de su viabilidad, justificación y autorización, por problemas de salud o cuestiones personales que lo justifiquen; XI.- Tener conocimiento de las causas de traslado, comisión o remoción; XII.- La reinstalación en su puesto o algún otro equivalente, en los casos de ausencia por enfermedad, licencia sin goce de salario o comisiones sindicales; XIII.- Pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada y por invalidez; XIV.- Pensión a los beneficiarios del trabajador fallecido; XV.- Seguro de vida; XVI.- La percepción hasta por el importe de doce meses de salario mínimo general, a los familiares del trabajador fallecido por concepto de apoyo para gastos funerales; XVII.- Los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la realización del trabajo; y XVIII.- Las demás que les confieran otras Leyes. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Artículo 114. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores; para conocer de los conflictos respectivos que surjan entre el sindicato y un Poder Estatal o Municipio, incluido el procedimiento de huelga; para conocer de los conflictos que surjan entre los diversos sindicatos y para llevar a cabo el registro y cancelación de los sindicatos de trabajadores al servicio de los tres Poderes del Estado o de los Municipios." (Énfasis añadido). En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por tanto SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Alberto Flores Salgado, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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