Alberto Crespo Salas
Expediente 463/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 463/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alberto Crespo Salas
- Emilia Barragán Ventura
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a catorce de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el numeral 86, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido el auto en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Causa ejecutoria En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que el acuerdo dictado por este Juzgado de Distrito el diecisiete de junio del presente año, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Se ordena archivo Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se declara que este expediente es susceptible de depuración, toda vez que el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, se concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa; por lo que, deberán conservarse solo las constancias relativas a dicha suspensión. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de junio de dos mil veintiuno. Vista la razón asentada por la fedataria adscrita a este Juzgado de Distrito, en la que hace constar la imposibilidad que tiene para notificar personalmente el auto de diecisiete de junio del presente año, a la parte quejosa, por los motivos expuestos en la razón de cuenta. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte procesal, el auto de referencia y subsecuentes, por medio de la lista de acuerdos que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional; ello hasta en tanto, designe domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Cuernavaca, Morelos o bien, dentro de la zona conurbada. Notifíquese y cúmplase.************* Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Directora General de Litigio y Constitucionalidad y encargada de despacho de la Coordinación General Jurídica en representación del Fiscal General del Estado de Morelos. Asimismo, con apoyo en el ordinal 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados, a los profesionistas que designan las autoridades responsables, y conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tienen por señalados como domicilio procesal los que indican, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Ahora, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran. "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A través del expediente electrónico previsto en la Ley de Amparo vigente, las partes podrán consultar los autos mediante su firma electrónica y el sistema que, para tal efecto, deberá instalar el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos en versión digital y no existe un motivo que justifique negarles que sean ellos quienes realicen su reproducción a través de dispositivos electrónicos. Para tal efecto, no es necesario que soliciten por escrito la autorización para acceder al expediente y digitalizar las constancias de su interés, ya que esa actividad, esencialmente, queda comprendida dentro del concepto de "imponerse de autos", por lo que son aplicables las mismas reglas que, en la práctica, se observan cuando las partes acuden a verificarlos físicamente. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, vistas las constancias que integran el juicio de amparo en el que se actúa se advierte que la parte quejosa reclama la incomunicación, así como la orden de detención y/o retención giradas en su contra y su ejecución; sin embargo, resulta incuestionable que ha cambiado la situación jurídica del quejoso Alberto Crespo Salas, en razón de que del informe rendido por la autoridad responsable se desprende que el seis de mayo del presente año, fue puesto a disposición de la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, por la comisión de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio en la variante de venta y portación de arma de fuego, por lo que se dio inicio a la carpeta de investigación FE/UECS/02/187/2021, emitiéndose el acuerdo de retención y boleta de internación y fue ingresado al área de seguridad de la Agencia de Investigación Criminal. Además, el ocho de mayo de dos mil veintiuno, fue cancelada la custodia dentro de la carpeta de investigación en cita, toda vez que fue puesto a disposición del Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial, con sede en Cuautla, solicitando audiencia para el control de legalidad de detención, formulación de imputación, imposición de medidas cautelares y vinculación a proceso. Por lo que, el ocho de mayo de dos mil veintiuno, la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial, con sede en Cuautla, calificó de legal la detención del quejoso y se fijó como medida cautelar la prisión preventiva en el interior del Centro de Reinserción Social "Morelos", con sede en Xochitepec; continuando con la secuela procesal, el dieciocho de mayo del presente año, se vinculó a proceso al quejoso Alberto Crespo Salas, por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio en la variante de venta. Documentales que merecen valor probatorio pleno de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703. Atento a lo anterior, debe concluirse que se actualiza un cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados; ello es así porque, la autoridad judicial ya resolvió su situación legal dentro de la investigación, dictando auto de vinculación a proceso, por el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio en la variante de venta, el cual es autónomo e independiente. Por lo cual, no se puede analizar la constitucionalidad de los actos que reclama, sin afectar esta última determinación. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, registro 2017544, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del ordinal 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;..." Esto es así, pues del primer párrafo de la fracción XVII, del precepto 61, de la ley en consulta, se desprende que son requisitos para que opere la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, que se actualice lo siguiente: "1.- Que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial ya sea en materia civil, familiar, penal o administrativo, o en un procedimiento seguido en forma de juicio.---2.- Que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquél acto procedimental haya definido su posición frente al órgano jurídico.---3.- Que después de admitida la demanda sobrevenga, en el procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte.---4.- Que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la legalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo.---5.- Que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de éste último.". Esta hipótesis se actualiza en el presente caso, por lo que se permite establecer que al producirse este nuevo acto, se dio un cambio de situación jurídica en relación con los actos que reclama el quejoso, lo que significa que ya pasó la oportunidad legal para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos precedentes al mismo, y las posibles violaciones deben considerarse irreparablemente consumadas, al haber cambiado su situación jurídica con el dictado del auto de vinculación a proceso, tal como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable. Tiene aplicación al caso, por analogía jurídica, la jurisprudencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional". En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, pues aun cuando el quejoso alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cambiado los efectos del acto que señaló como reclamado. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación la jurisprudencia identificada con el número 2ª./J/.10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." mérito de lo antes narrado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Directora General de Litigio y Constitucionalidad y encargada de despacho de la Coordinación General Jurídica en representación del Fiscal General del Estado de Morelos. Asimismo, con apoyo en el ordinal 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados, a los profesionistas que designan las autoridades responsables, y conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tienen por señalados como domicilio procesal los que indican, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Ahora, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran. "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A través del expediente electrónico previsto en la Ley de Amparo vigente, las partes podrán consultar los autos mediante su firma electrónica y el sistema que, para tal efecto, deberá instalar el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos en versión digital y no existe un motivo que justifique negarles que sean ellos quienes realicen su reproducción a través de dispositivos electrónicos. Para tal efecto, no es necesario que soliciten por escrito la autorización para acceder al expediente y digitalizar las constancias de su interés, ya que esa actividad, esencialmente, queda comprendida dentro del concepto de "imponerse de autos", por lo que son aplicables las mismas reglas que, en la práctica, se observan cuando las partes acuden a verificarlos físicamente. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, vistas las constancias que integran el juicio de amparo en el que se actúa se advierte que la parte quejosa reclama la incomunicación, así como la orden de detención y/o retención giradas en su contra y su ejecución; sin embargo, resulta incuestionable que ha cambiado la situación jurídica del quejoso Alberto Crespo Salas, en razón de que del informe rendido por la autoridad responsable se desprende que el seis de mayo del presente año, fue puesto a disposición de la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, por la comisión de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio en la variante de venta y portación de arma de fuego, por lo que se dio inicio a la carpeta de investigación FE/UECS/02/187/2021, emitiéndose el acuerdo de retención y boleta de internación y fue ingresado al área de seguridad de la Agencia de Investigación Criminal. Además, el ocho de mayo de dos mil veintiuno, fue cancelada la custodia dentro de la carpeta de investigación en cita, toda vez que fue puesto a disposición del Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial, con sede en Cuautla, solicitando audiencia para el control de legalidad de detención, formulación de imputación, imposición de medidas cautelares y vinculación a proceso. Por lo que, el ocho de mayo de dos mil veintiuno, la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial, con sede en Cuautla, calificó de legal la detención del quejoso y se fijó como medida cautelar la prisión preventiva en el interior del Centro de Reinserción Social "Morelos", con sede en Xochitepec; continuando con la secuela procesal, el dieciocho de mayo del presente año, se vinculó a proceso al quejoso Alberto Crespo Salas, por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio en la variante de venta. Documentales que merecen valor probatorio pleno de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703. Atento a lo anterior, debe concluirse que se actualiza un cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados; ello es así porque, la autoridad judicial ya resolvió su situación legal dentro de la investigación, dictando auto de vinculación a proceso, por el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio en la variante de venta, el cual es autónomo e independiente. Por lo cual, no se puede analizar la constitucionalidad de los actos que reclama, sin afectar esta última determinación. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, registro 2017544, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del ordinal 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;..." Esto es así, pues del primer párrafo de la fracción XVII, del precepto 61, de la ley en consulta, se desprende que son requisitos para que opere la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, que se actualice lo siguiente: "1.- Que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial ya sea en materia civil, familiar, penal o administrativo, o en un procedimiento seguido en forma de juicio.---2.- Que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquél acto procedimental haya definido su posición frente al órgano jurídico.---3.- Que después de admitida la demanda sobrevenga, en el procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte.---4.- Que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la legalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo.---5.- Que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de éste último.". Esta hipótesis se actualiza en el presente caso, por lo que se permite establecer que al producirse este nuevo acto, se dio un cambio de situación jurídica en relación con los actos que reclama el quejoso, lo que significa que ya pasó la oportunidad legal para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos precedentes al mismo, y las posibles violaciones deben considerarse irreparablemente consumadas, al haber cambiado su situación jurídica con el dictado del auto de vinculación a proceso, tal como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable. Tiene aplicación al caso, por analogía jurídica, la jurisprudencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional". En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, pues aun cuando el quejoso alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cambiado los efectos del acto que señaló como reclamado. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación la jurisprudencia identificada con el número 2ª./J/.10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." mérito de lo antes narrado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días, concedido a la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Morelos, a efecto de que rinda su informe justificado, tal como se desprende del acuse de recibo del oficio 8434/2021, que obra en autos. En consecuencia, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, por lo que se difiere para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
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