Alberto Esteban Trujillo Cabrera
Expediente 504/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Alberto Esteban Trujillo Cabrera
Actuaciones
- Principal
pral 504/2021 mesa 3° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de doce de mayo del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra la referida resolución. 1.1. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso b) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este expediente es destruible; así, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. 6. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 504/2021 MESA 3° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida el diez de mayo del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada en este Juzgado el once de mayo siguiente, promovida por *** por propio derecho, contra actos de la presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento Uno en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 504/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(a) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Precisión. Hágase del conocimiento de las partes que, a) respecto a las cuestiones relativas a la atención al público en general, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 4. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, la parte quejosa, en el capítulo relativo a "actos reclamados", manifestó lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: a) El ataque y privación a mi libertad personal al señalarme una fecha en la cual tengo que esperar aproximadamente nueve meses de manera injustificada para la audiencia de debate. b) Como consecuencia la excesiva y prolongada prisión preventiva a la que me encuentro sujeto. c) La violación a mi derecho de presunción de inocencia y de acceso a una justicia pronta y expediente". (Transcripción) Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda de amparo y de sus anexos, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad; sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente de manera que corresponde al juzgador armonizar, además de los datos que emanen del escrito inicial de demanda, toda la información del expediente del juicio de modo que se logre una administración de justicia eficiente, atendiendo no sólo a lo que se desprende de la demanda en su aspecto formal, sino en el aspecto material, dado que la armonía de estos elementos es lo que permitirá una correcta resolución de los asuntos. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, este órgano constitucional advierte que: La parte quejosa reclama de la presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento Uno en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, Oaxaca: Auto en el cual señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de debate. Lo anterior, toda vez que el señalamiento que realizó la parte quejosa en el capítulo relativo al acto reclamado, se advierte que son calificativos de dicho acto y, por tanto, no constituyen dicho acto reclamado; como así lo ilustra la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaveta, Octava Época, enero de 1991, tomo VII, página 69, registro 223603, de rubro: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION". Como se ve, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que, previamente a la promoción de esta vía constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A efecto de demostrar la causa de improcedencia anunciada, resulta necesario precisar que el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Del citado artículo se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por razón del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, siempre que no se trate de alguno de los actos de excepción a que se refiere los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otra parte, el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Del artículo citado se aprecia que contra las resoluciones de mero trámite en las que interviene la autoridad judicial y en cualquiera de las etapas del procedimiento, procede el recurso de revocación. Por tanto, si, en el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado el auto en el cual el juez responsable señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de debate, es inconcuso que contra dicha actuación procede el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el que pudo obtener su modificación. En consecuencia, al no impugnar la parte quejosa tal determinación a través del citado recurso de revocación, antes de promover este juicio de amparo, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en acatamiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 115/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Octubre de 1999, tomo X, registro 193142, de rubro y texto siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Así también, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 175624, del contenido siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En ese contexto, con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el numeral 113, de la Ley de Amparo, se desecha, de plano, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda de amparo promovida por Alberto Esteban Trujillo Cabrera. No impide llegar a la determinación que la parte quejosa debía agotar el principio de definitividad, que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establezca que los derechos humanos deben interpretarse conforme a la propia Constitución y a los Tratados Internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro personae); ya que la aplicación de ese principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales establecidos para la procedencia del juicio de amparo. Aunado a que en el Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que se ha hecho referencia en líneas anteriores. Es aplicable la tesis 1ª. CCLXXVI/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo I, página 530, registro 2002359, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO". 6. Personas autorizadas. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados de la parte quejosa, con facultades amplias, a 1) Erik Carmona López (cédula profesional 6114698) y 2) Mauro Francisco Ramos Martínez (cédula profesional 11994348), toda vez que de la certificación secretarial se advierte que existen registradas cédulas profesionales a su favor, en el Registro Nacional de Profesionistas, que los faculta a ejercer legalmente la profesión de licenciados en derecho. Y, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de dicha ley, a las diversas personas que menciona en su escrito de demanda, por así haberlo solicitado la parte quejosa. 7. Autorización para la consulta y notificación vía Electrónica. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal1, se autoriza a la parte quejosa para accesar al expediente electrónico de este juicio, con el nombre de "Franciscoramosmartinez", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente; asimismo, se ordena realizar las notificaciones que le correspondan vía electrónica, a través del usuario proporcionado; ello, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso numeral 55 del Acuerdo General 12/2020 ya citado. 8. Autorización de correo electrónico y teléfono. Por otro lado, el correo personal y el teléfono proporcionado en la demanda de amparo, no reúnen los requisitos previstos en los artículos 3º y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; sin embargo, debido a la situación de contingencia en que se encuentra el país, se autorizan dichos medios únicamente para que el actuario judicial tenga comunicación especial con la parte quejosa y, en su caso, sirvan como auxiliar para lograr las notificaciones personales. 9. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia en que se encuentra este país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo; asimismo, se le faculta emplear todas las formas de notificación (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 10. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 11. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 12. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 13. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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