Alberto Cortés Mendoza
Expediente 704/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 704/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Alberto Cortés Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
PRAL 704/2023 MESA 1 Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número *********; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, sede San Bartolo Coyotepec, remitido en la misma fecha, por razón de turno, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, *********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos reclamados siguientes: a) El no contestar las peticiones administrativas para tener audiencia con el director general. b) El no cumplir con la resolución firme en la controversia ********* para efecto de que lo valore el ************ y le proporcione lentes graduados. c) El no cumplir con la resolución firme en la controversia ******** para efecto de que se le imparta la preparatoria completamente gratuita y se le impartan los exámenes en un término razonable. d) El no contestar las peticiones para que le renueven los tenis ortopédicos que el traumatólogo le prescribió el cuatro de abril de dos mil veintiuno. e) Los malos tratos crueles e inhumanos que se generan a consecuencia de las violaciones mencionadas y que, dicen, degradan su dignidad humana. Que atribuyó a las autoridades responsables: 1. Director general del Centro Federal de Readaptación Social número trece Cps-Oaxaca. 2. Director del Área Técnica; y, 3. Coordinador del Área Médica, de dicho centro de reclusión. Bajo protesta de decir verdad la parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4, 8, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro y prevención de la demanda de amparo. En el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca se ordenó registrar la demanda de amparo con el número **********, no se concedió la suspensión de oficio de los actos reclamados y se previno a la parte quejosa a fin de que precisara los actos que reclamaba a cada una de las autoridades responsables y ante qué autoridad se tramitaban las controversias judiciales relativas. Tercero. Cumple prevención y se admite demanda de amparo. Mediante diligencia de notificación realizada el tres de junio de dos mil veintitrés a la parte quejosa, cumpliendo con la prevención formulada, manifestó que los actos que reclama son: a) No dar el debido cumplimiento a la resolución dictada en la controversia judicial ***********, por el que aduce se ordena valorarlo por la especialidad de ******** y se le proporcionen lentes graduados b) No dar el debido cumplimiento a la resolución dictada en la controversia judicial ***********, por el que refiere se ordena impartirle la instrucción escolar de nivel preparatoria de forma gratuita y la aplicación de los exámenes correspondientes. c) Omisión de contestar su petición para que se le dé audiencia con el director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "Cps-Oaxaca". d) Omisión de contestar su petición para que se le renueven tenis ortopédicos prescritos por el traumatólogo el ************. Ante lo cual, en proveído de seis de junio del año en curso se admitió a trámite la promoción inicial constitucional, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se citó a las partes para la audiencia constitucional. Cuarto. Remisión por separación de juicios. Por auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés la secretaria encargada del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca: a) Determinó la separación de juicios, por tratarse, dijo, de actos reclamados desvinculados entre sí, por emanar de controversias judiciales distintas, y consideró que se debían integrar tres nuevos expedientes, entre ellos, el relativo a la falta de cumplimiento a la resolución dictada en la controversia judicial PEC **********, en la que se ordenó valorar al quejoso por la especialidad de ********** y se le ****************. b) Y ordenó remitir copia certificada del juicio de amparo respectivo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, dándosele tratamiento de nuevo asunto para el turno correspondiente, que tocó a este órgano jurisdiccional. Quinto. Se registra demanda de amparo y se admite separación de juicios planteada. Por acuerdo de veinte de julio de dos mil veintitrés: I. Se tuvo por recibido el oficio número 13241/2023, de la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el que remitió copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo **********, de su índice. II. Se aceptó la separación de juicios planteada, avocándose al conocimiento del mismo, con el número de expediente *******, únicamente respecto al acto reclamado relativo a la falta de cumplimiento a la resolución dictada en la controversia judicial PEC***********, en la que se ordenó valorar al quejoso por la especialidad de ************* y se le ***********. III. Se ordenó continuar con el trámite el juicio de amparo y se tuvieron por válidas todas las actuaciones que se practicaron en ese juicio. IV. Se determinó: Que no era procedente solicitar el informe justificado a las autoridades responsables, en razón de que fueron requeridos en ese auto admisorio y agregados mediante acuerdo de seis de julio de dos mil veintitrés, por la autoridad declinante. Notificarle personalmente esos informes al quejoso **********, recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número trece, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Solicitar a la delegada en Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, designara un defensor público federal al quejoso ************, con la finalidad de que lo asesorara jurídicamente en la sustanciación de este juicio de amparo. V. Se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a las partes para la audiencia constitucional. Sexto. Designación de defensor. Por auto de veintisiete de julio de dos mil veintitrés se tuvo a la titular de la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública informando que designó a la licenciada ************, defensora Pública Federal adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, para que representara en este juicio de amparo al aquí quejoso ************. Séptimo. Audiencia constitucional. Y, previo trámite del procedimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, reformado por el diverso Acuerdo General 30/2022, por tratarse de un asunto de naturaleza penal, y el quejoso se encuentra privado de su libertad en un centro de reclusión ubicado en *************, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda de amparo, es: El incumplimiento a la resolución dictada en la controversia judicial PEC **********, en la que se ordenó valorar al quejoso por la especialidad de ********* y, dependiendo del resultado, se le **********. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, coordinador Médico del Centro Federal de Readaptación Social número trece, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye. Lo que queda corroborado con las constancias que remitió el administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca (autoridad no responsable), de las que se advierte que mediante resolución de ************, dictada en la controversia **********, ordenó requerir al director general y al director Técnico del referido centro penitenciario, para que una vez que causara ejecutoria esa determinación: a) Remitiera dentro del plazo de quince días hábiles, las constancias actualizadas que acreditaran que ********** había sido atendido por un médico en la especialidad de oftalmología y remitir la constancia relativa. b) Dependiendo del resultado de esa revisión, su cumplimiento debía realizarse dentro del plazo de quince días hábiles, esto es, para el caso de que el experto terminara que sólo requería el justiciable unos lentes graduados, debería de proporcionárselos o bien, si era una intervención quirúrgica, debería generar las condiciones para que se llevara a cabo. c) Remitiera la constancia con la que se acreditara el seguimiento puntual de manera periódica cada treinta días naturales, hasta que se diera de alta. En esas condiciones, como la responsable no fue parte de la referida controversia, es inconcuso que tampoco puede existir incumplimiento a la resolución ahí dictada; por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo SE SOBRESEE EN ESTE JUICIO DE AMPARO por cuanto a dicha autoridad se refiere. Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables: 1º Director general del Centro Federal de Readaptación Social número trece y 2º Encargado de la Dirección Técnica de ese centro penitenciario. Al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, ya que, señalaron, mediante oficio *********, informaron lo conducente al Centro de Justicia Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal. Ahora, como lo que se le reclama es el incumplimiento a la resolución dictada en la controversia judicial PEC *********, en la que se ordenó valorar al quejoso por la especialidad de ********* y se le **********, se tiene por cierta esa omisión, ya que de las constancias que remitió el administrador de ese Centro de Justicia Penal Federal, se advierte que: a. Mediante resolución de ************, dictada en la controversia ***********, se ordenó requerir al director general y al director Técnico del referido centro penitenciario, acreditaran que *********** había sido atendido por un médico en la especialidad de ***********, por lo que las requirió para que cumplieran. b. Las autoridades penitenciarias comunicaron al juez de la controversia lo procedente. c. El interno y su defensa se inconformaron contra ese cumplimiento. d. Se encuentra pendiente que se remitan los autos al juez de Ejecución para que determine si se cumplió o no con esa resolución. Por tanto, se tienen por ciertos los actos que se les atribuyen. Quinto. Causa de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si existe alguna causa de improcedencia, por ser su estudio de oficio y preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. El quejoso reclama el incumplimiento a la resolución dictada en la controversia judicial PEC *********, en la que se ordenó valorar al quejoso por la especialidad de ******** y, dependiendo del resultado, se le ************. Antecedentes del asunto. De las constancias que remitió la autoridad responsable, con pleno valor probatorio en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que los antecedentes del asunto, son: 1. Mediante resolución de **********, dictada en la controversia ***********, el administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca (autoridad no responsable), ordenó requerir a las aquí responsables, director general del Centro Federal de Readaptación Social número trece y director Técnico de ese centro, una vez que causara ejecutoria esa determinación: a) Remitieran dentro del plazo de quince días hábiles, las constancias actualizadas que acreditaran que ********* había sido atendido por un médico en la especialidad de *********** y remitir la constancia relativa. b) Dependiendo del resultado de esa revisión, su cumplimiento debía realizarse dentro del plazo de quince días hábiles, esto es, para el caso de que el experto terminara que sólo requería el justiciable unos lentes graduados, debería de proporcionárselos o bien, si era una intervención quirúrgica, debería generar las condiciones para que se llevara a cabo. c) Remitieran la constancia con la que se acreditara el seguimiento puntual de manera periódica cada treinta días naturales, hasta que se diera de alta. 2. El director general del Centro Federal de Readaptación Social número trece y encargado de la Dirección Técnica de ese centro penitenciario, mediante mediante oficio *************, informaron lo conducente al Centro de Justicia Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, mismo que dio vista al quejoso y a su defensa para que manifestaran lo procedente. 3. Además, las autoridades interpusieron recurso de apelación contra la resolución del administrador del referido Centro de Justicia Penal Federal, pendiente de resolverse. 4. Por acuerdo de ******** el referido administrador determinó que, para turnar el expediente al juez de Ejecución y se pronunciara respecto del cumplimiento que dio el director general del Centro Federal de Readaptación Social número trece, así como el director Técnico de ese centro penitenciario, según acuerdos de ****************, instruyó al notificador de su adscripción ingresara al sistema las constancias de notificaciones respectivas. Esta es la última actuación en esa controversia. Ahora, los artículos 120 a 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal disponen: "Capítulo V Procedimiento Jurisdiccional Artículo 120. Principios del procedimiento Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. La persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales; mientras que la Autoridad Penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del Centro o de la persona que ésta designe. El promovente podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuncia a un derecho fundamental. Artículo 121. Partes procesales En los procedimientos ante el Juez de Ejecución podrán intervenir como partes procesales, de acuerdo a la naturaleza de la controversia: . Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Artículo 123. Auto de inicio Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: . Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia. Artículo 125. Reglas de la audiencia Previo a cualquier audiencia, el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a participar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio. Las audiencias serán presididas por el Juez de Ejecución, y se realizarán en los términos previstos en esta Ley y el Código. Artículo 126. Desarrollo de la audiencia La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes: . Artículo 128. Efectos generales Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento, extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. El juez establecerá un calendario para la instrumentación progresiva de la resolución, previa audiencia a las partes. Artículo 129. Ejecución de la resolución La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. Cuando la Autoridad Penitenciaria responsable del Centro no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes". Así, la controversia judicial inicia con un escrito de la persona privada de su libertad en un centro penitenciario, en el que manifiesta su inconformidad contra un acto u omisión de las autoridades penitenciarias, en el que, previa sustanciación, el juez de Ejecución dicta una resolución que se ejecuta una vez que quede firme. Además, prevé un procedimiento para establecer si la resolución ha quedado cumplida o no, pues la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad su cumplimiento, y I) Si ésta manifiesta haber cumplido con la resolución, el juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente para que, dentro del término de tres días, manifieste lo que a su interés convenga, y para el caso de que: 1º No hubiere expresado alguna objeción, el juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. 2º Si manifiesta su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el juez de Ejecución notificará a la autoridad penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. II) Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la autoridad penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. III) Cuando la autoridad penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. IV) Cuando la autoridad penitenciaria responsable del centro de reclusión no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento y aplicará, en su caso, las medidas de apremio conducentes. De ahí que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado". Pues para se actualice esa hipótesis de improcedencia se requiere que: a) Sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) El recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) El recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Y para establecer si en el caso existe un medio de defensa legal que constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto reclamado, se invoca el criterio que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió al resolver la contradicción de tesis 57/2018, en el que sostuvo que de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Que este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión. También sostuvo que se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. Luego, señaló, que ese mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Ello originó la jurisprudencia de datos de localización y rubro siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2018548 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230 Tipo: Jurisprudencia OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". De esa manera, la controversia judicial a que se refiere la Ley Nacional de Ejecución Penal consta de diversas etapas, y es un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, pueda reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento; por tanto, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar ese mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por su parte, el artículo 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (transcrito) prevé, en la controversia judicial, la etapa de ejecución de las resoluciones dictadas por las omisiones en las condiciones de internamiento, a través de un procedimiento que culmina con una determinación en la que se establece si han quedado o no cumplidas esas resoluciones. En el caso, el interno, aquí quejoso, presentó un escrito ante la autoridad judicial en el que reclamó omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, como lo es su salud, que atribuyó a las autoridades penitenciarias, lo que originó se iniciara la controversia judicial que derivó en una resolución del administrador del Centro de Justicia Penal Federal, mismo que determinó debía requerirse a las autoridades para que valoraran al quejoso por parte de un especialista en oftalmología y, de requerir lentes, se lo proporcionaran; en tanto la autoridad penitenciaria dijo haber cumplido con esa resolución, y al dársele vista, el interno se inconformó, encontrándose pendiente que el juez de Ejecución resuelve si está cumplida o no esa resolución, conforme a lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es obvio que es improcedente este juicio de amparo, porque el quejoso optó por el procedimiento a que se refiere ese numeral 129, en el que el juez de Ejecución resolverá si quedó o no cumplida la resolución ************, dictada en la controversia ***********, y sólo hasta que se determine lo procedente, podrá promoverse la acción constitucional, en tanto ese medio de impugnación tendrá por efecto, modificar, revocar o nulificar el acto que aquí reclama, consistente en el incumplimiento a la referida resolución por parte de las autoridades penitenciarias, ahora señaladas como responsables. Se invoca en apoyo, por tratar sobre el tema y por identidad jurídica sustancial, la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2006919 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: (I Región) 4o.11 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, página 1162 Tipo: Aislada IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL QUEJOSO, EN EL JUICIO DE NULIDAD, OPTÓ POR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL Y ÉSTE AÚN NO CONCLUYE. De la naturaleza jurídica y de las facultades del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal establecidas, en términos generales, en los artículos 122, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y 1o. de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que tiene plena autonomía para dictar sus fallos, así como para hacer efectivas sus determinaciones, con las atribuciones que la ley establece, a fin de dar cumplimiento al artículo 17 constitucional. En estas condiciones, el artículo 133 de la ley orgánica mencionada regula el procedimiento para cuando se considere que una resolución no ha quedado debidamente cumplida, en los casos de exceso o defecto, repetición de la resolución anulada, o bien, omisión en su cumplimiento, a lo cual, una vez sustanciado el recurso de queja, la Sala resolverá si la autoridad cumplió o no la sentencia y, si no lo hizo, la requerirá nuevamente para que la acate en un plazo de cinco días, también la amonestará y prevendrá y, en el supuesto de incumplimiento, le impondrá una multa. Por tanto, es improcedente el juicio de amparo que se promueva cuando el quejoso, en el juicio de nulidad, haya optado por el procedimiento anterior y éste aún no concluya, en términos del artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, ya que será hasta el momento en que se dicte la resolución en la cual se determine cumplida la resolución del juicio contencioso administrativo, o bien la imposibilidad jurídica o material para ello, que podrá promoverse la acción constitucional, pues el recurso ordinario establecido en el citado artículo 133 puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado". Como consecuencia, con fundamento, además, en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por *************, contra: El incumplimiento a la resolución dictada en la controversia judicial PEC ************, en la que se ordenó valorarlo en la especialidad de ********* y, dependiendo del resultado, se le ************. Que atribuye a las autoridades: 1º Coordinador Médico del Centro Federal de Readaptación Social número trece; 2º Directo general y 3º Encargado de la Dirección Técnica de ese centro penitenciario. En términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente; al quejoso en el lugar en el que se encuentra privado de su libertad. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 704/2023 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad informa. Agréguese el oficio recibido en línea y firmado electrónicamente por el administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, residente en este municipio, por el que cumple con requerimiento efectuado en proveído de nueve de noviembre del año en curso, y comunica que el expediente relativo a la controversia judicial ********, no ha sido turnado a la jueza de Ejecución para que se pronuncie respecto del cumplimiento que dio el director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece Cps-Oaxaca a la resolución emitida el **********, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL. 704/2023 MESA 1* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Requerimiento de constancias. Vistos los autos, advirtiéndose que mediante acuerdo de seis de octubre de dos mil veintitrés se ordenó agregar el oficio del administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, por el que remitió copia auténtica de diversas constancias deducidas de la controversia ********************, entre las que se encuentra la relativa al proveído de ********************, en el que ordenó dar vista a la defensa, Fiscalía Federal y al interno, aquí quejoso, ********************, con el oficio del director general del Centro Federal de Readaptación Social número trece Cps-Oaxaca, en relación con el cumplimiento que dijo haber dado a la resolución emitida el ********************, y transcurrido ese plazo turnaría el asunto a la jueza de Ejecución para que se pronunciara al respecto. En tanto que el quejoso reclama en esta instancia constitucional la omisión de dar cumplimiento a la resolución emitida el ********************, dictada en la controversia judicial ********************, que atribuyó al director general del referido centro penitenciario, y diversas autoridades. En esas condiciones, a fin de acordar lo procedente, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se solicita al administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, comunique en el plazo de tres días, a) si ya turnó el asunto a la jueza de Ejecución y b) si esa autoridad judicial se pronunció respecto del cumplimiento que dio el director general del Centro Federal de Readaptación Social número trece Cps-Oaxaca, respecto de la resolución emitida el ********************, en la controversia judicial ********************, según acuerdo que emitió el ********************. Diferimiento de audiencia constitucional. Por lo anterior, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, la que se difiere y se fijan las doce horas con un minuto del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe..
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PRAL. 704/2023 MESA 1* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Diferimiento de la audiencia constitucional. Vistos los autos, advirtiéndose que se encontraban señaladas las diez horas con veintiún minutos del veintitrés de octubre del año en curso, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo; misma que no pudo desahogarse, ya que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés fueron declarados inhábiles, en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado por el secretario Ejecutivo del Pleno mediante circular 28/2023, y a través del "AVISO DE SUSPENSIÓN DE LABORES" firmado por los coordinadores de a) magistrados de Circuito y b) jueces de Distrito, ambos del Decimotercer Circuito, de fecha veinticinco del mes actual, relacionado con la circular 29/2023 del referido secretario Ejecutivo del Pleno. En esas condiciones, se difiere la referida audiencia constitucional y, en su lugar, se fijan las diez horas con veintiún minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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