Alberto Emiliano Ávila Martínez
Expediente 1663/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1663/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Alberto Emiliano Ávila Martínez
- Alberto Emiliano Ávila Martínez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1095/2023, promovido por Emma Reyes Medina, por propio derecho; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintitrés, mediante Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, y remitido el día siguiente a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; Emma Reyes Medina, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Presidente Municipal de Tlaxcala. Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala. Tesorera Municipal de Tlaxcala. Director del Periódico Oficial del Estado. Coordinación de Gobierno Abierto del Municipio de Tlaxcala. La Juez Municipal de Tlaxcala. ACTOS RECLAMADOS. Del Presidente Municipal Constitucional de Tlaxcala: La negativa de entregar el refrendo de la Licencia de Funcionamiento número 14444 para el ejercicio fiscal 2023 del restaurant bar Las Palmas y/o Las Palmeras. La inconstitucionalidad del Reglamento de Buen Gobierno en Materia de Venta de Bebidas Alcohólicas de diez de septiembre de mil novecientos ochenta y seis derivado del expediente 2/986 Reglamentos. Del Ayuntamiento de Tlaxcala: La inconstitucionalidad del Reglamento de Buen Gobierno en Materia de Venta de Bebidas Alcohólicas del Municipio de Tlaxcala. La inconstitucionalidad del artículo 107 del Reglamento Interno del Municipio. Del Tesorero Municipal de Tlaxcala: La negativa de Refrendar la Licencia de Funcionamiento número 14444 para el ejercicio fiscal 2023 del restaurant bar Las Palmas y/o Las Palmeras. Del Director del Periódico Oficial del Estado: La publicación del Reglamento de Buen Gobierno en Materia de Venta de Bebidas Alcohólicas del Municipio de Tlaxcala, de diez de septiembre de mil novecientos ochenta y seis y seis de enero de dos mil veintitrés. De la Coordinación de Gobierno Abierto del Municipio de Tlaxcala: La orden de verificar e inspeccionar el restaurant bar Las Palmas y/o Las Palmeras. Del Juez Municipal de Tlaxcala: La suspensión de las actividades del restaurant bar Las Palmas y/o Las Palmeras. Lo anterior, por considerar que tales actos son violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, registrada con el número 1095/2023; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento ministerial y se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que los actos reclamados y las autoridades a quienes se les reprochan tienen su ejecución y residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los Actos Reclamados. Previo al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procederá a fijarlos en forma clara y precisa. De la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: Presidente Municipal de Tlaxcala. Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala. Tesorera Municipal de Tlaxcala. Director del Periódico Oficial del Estado. Coordinación de Gobierno Abierto del Municipio de Tlaxcala. La Juez Municipal de Tlaxcala. ACTOS RECLAMADOS. Del Presidente Municipal Constitucional de Tlaxcala: La negativa de entregar el refrendo de la Licencia de Funcionamiento número 14444 para el ejercicio fiscal 2023 del restaurant bar Las Palmas y/o Las Palmeras. La inconstitucionalidad del Reglamento de Buen Gobierno en Materia de Venta de Bebidas Alcohólicas de diez de septiembre de mil novecientos ochenta y seis derivado del expediente 2/986 Reglamentos. Del Ayuntamiento de Tlaxcala: La inconstitucionalidad del Reglamento de Buen Gobierno en Materia de Venta de Bebidas Alcohólicas del Municipio de Tlaxcala. La inconstitucionalidad del artículo 107 del Reglamento Interno del Municipio. Del Tesorero Municipal de Tlaxcala: La negativa de Refrendar la Licencia de Funcionamiento número 14444 para el ejercicio fiscal 2023 del restaurant bar Las Palmas y/o Las Palmeras. Del Director del Periódico Oficial del Estado, le reclamo: La publicación del Reglamento de Buen Gobierno en Materia de Venta de Bebidas Alcohólicas del Municipio de Tlaxcala, de diez de septiembre de mil novecientos ochenta y seis y seis de enero de dos mil veintitrés. De la Coordinación de Gobierno Abierto del Municipio de Tlaxcala: La orden de verificar e inspeccionar el restaurant bar Las Palmas y/o Las Palmeras. Del Juez Municipal de Tlaxcala: La suspensión de las actividades del restaurant bar Las Palmas y/o Las Palmeras. Tal precisión se realiza de conformidad con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Presidente, Ayuntamiento, Coordinación de Gobierno Abierto y Juez Municipal, todos del Municipio de Tlaxcala y Director del Periódico Oficial del Estado, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado. (fojas 57, 54, 146, 110 y 31, respectivamente). Por otra parte, el Tesorero Municipal de Tlaxcala, negó la existencia del acto reclamado. (Foja 62). Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las diversas manifestaciones que realizó al rendir el informe justificado y con las copias certificadas que exhibieron las demás autoridades responsables y que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al tenor de la tesis de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa promovió recurso de revisión ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, contra los actos reclamados en el presente juicio de amparo y que derivan de la resolución que se reclama al Tribunal administrativo referido. El artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;". El precepto transcrito alude a la circunstancia de que la promoción del recurso o medio de defensa ordinario contra el acto reclamado que se encuentre pendiente de resolución, excluye la procedencia del juicio de amparo, o dicho de otro modo, la causa de improcedencia del juicio constitucional se provoca por la existencia y promoción simultánea del recurso o medio ordinario y el juicio de amparo. De lo anterior, se colige que la intención de la disposición legal de que se trata, es evitar que la acción de amparo y el recurso o medio de defensa ordinario coexistan en cuanto a su iniciación y substanciación procesal, habida cuenta de que los medios de defensa, el ordinario y el constitucional, por vías separadas, podrían culminar con resoluciones contradictorias. Ahora, a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, resulta necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite el amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando al resolver el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Las consideraciones expuestas se encuentran contenidas en la jurisprudencia P./J. 144/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, página 15, que se cita a continuación: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". El primer requisito señalado en el inciso a), consistente en que deba ser la parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad por el cual se solicita el amparo, se satisface en el caso, debido a que, es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que en el juicio de amparo 1323/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, se desprende de las constancias que remitió el Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, que la quejosa reclamó en el recurso de revisión la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés que emitió la Jueza Municipal del Municipio de Tlaxcala en el que determinó: 1.- Cancelar y no renovar la licencia de funcionamiento número 14444 del establecimiento Las Palmas y/o Las Palmeras, ubicado en Privada Malintzi sin número, de la Comunidad de Ocotlán, Tlaxcala. 2.- Clausurar definitivamente la negociación referida, porque se encuentra a cincuenta y siete metros con diez centímetros (57.10 mts) de distancia del Colegio José María Morelos, ubicado en Ocotlán Tlaxcala. Por lo anterior, se advierte que fue la quejosa por su propio derecho, quien interpuso el recurso de revisión en contra el acto de autoridad contra el cual solicita el amparo (fojas 16 a 29); por tanto, es evidente que el objeto del recurso de revisión es el mismo, ya que la propia quejosa impugna en el presente juicio de amparo, la negativa de entregarle el refrendo de la licencia de funcionamiento número 1444, la orden de verificar e inspeccionar su negocio y la suspensión de las actividades de dicha negociación; y con motivo del acto de aplicación, la inconstitucionalidad del Reglamento de Buen Gobierno en materia de Venta de Bebidas alcohólicas del Municipio de Tlaxcala. Por lo que respecta al segundo requisito establecido en el inciso b), consistente en que el recurso se haya admitido y se esté tramitando al resolverse el juicio de amparo, también se satisface, ya que la autoridad responsable previa prevención, por auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, admitió el recurso de revisión con número de expediente 134/2023 del índice de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa (foja 9 a 12 del juicio de amparo 1323/2023), sin que a la fecha se tenga conocimiento que se haya dictado resolución correspondiente. Por lo que hace al tercer requisito citado en el inciso c), relativo a que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, se satisface, porque el recurso que promovió la parte quejosa es el medio idóneo que procede contra los actos reclamados. En efecto, el acto reclamado deriva de un procedimiento administrativo estatal, en el cual le resultan aplicables los artículos 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios que establecen: "Artículo 124. Los actos o resoluciones que emanen de una autoridad administrativa en el desempeño de sus atribuciones, que los interesados estimen antijurídicos, infundados o faltos de motivación, pueden ser impugnados mediante el recurso de revisión, que debe hacer valer por escrito dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación o del que tengan conocimiento del acto o resolución de que se trate". "Artículo 125. Procede el recurso de revisión: I. Contra los actos de autoridades que impongan sanciones que el interesado estime indebidamente fundadas y motivadas; II. Contra los actos de las autoridades administrativas que los interesados estimen violatorios de esta Ley; III. Contra el desechamiento de pruebas dentro del procedimiento administrativo; IV. Contra las resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento, y V. Contra las resoluciones dictadas por la Contraloría General o por los Órganos Internos de Control al resolver el recurso de revocación previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas". Como se ve, en la legislación citada prevé el recurso de revisión como el medio de defensa que tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto impugnado, y que es el medio idóneo de impugnación respecto de los actos reclamados por la quejosa para lograr su insubsistencia legal. En estas condiciones, como la parte quejosa interpuso un medio de defensa contra el acto impugnado en el presente juicio de amparo, el cual se encuentra pendiente de resolver, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia analizada. Ello, dado que el acto reclamado en la presente vía constitucional, no se encuentra firme ya que puede ser revocado, modificado o anulado por el recurso de revisión interpuesto. Lo anterior, pues el objeto de la causa de improcedencia que se actualiza es, como antes se dijo, que no se tramiten simultáneamente diversos medios de impugnación respecto de la misma materia o resolución. Se invoca -en lo conducente- la jurisprudencia, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Primera Parte, página 252, Séptima Época, Materias(s): Constitucional, Común, de rubro y texto siguiente: "LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. SI EL INTERESADO ESCOGE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGAL POR VIRTUD DEL CUAL PUEDA SER MODIFICADO, REVOCADO O NULIFICADO EL PRIMER ACTO DE APLICACION DE LA LEY, OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. De acuerdo con el criterio flexible y equitativo del tercer párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, adicionado por el decreto de 3 de enero de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de treinta de abril del mismo año, en vigor a los ciento ochenta días siguientes al de su publicación (28 de octubre de 1968), si contra el primer acto de aplicación de la ley combatida procede algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la ley a través del juicio de amparo. Sin embargo, si el interesado opta por el recurso o medio de defensa legal, y si ese recurso o medio de defensa legal es procedente, opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, quedando obligado el interesado a recorrer, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses". Lo anterior no implica una denegación de la justicia, pues se insiste, se encuentra en trámite un medio ordinario de defensa, cuya resolución incidirá en el acto reclamado; por ello, deberá estarse a las formalidades rectoras del procedimiento de la ley de la materia. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia III.2o.C.3 K (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Enero de 2013, Libro XVI, Tomo 3, Décima Época, que establece: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Las manifestaciones precedentes cobran aplicación en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, publicada en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". En esas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del numeral 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este juicio, con apoyo en el número 63, fracción V, de la ley en cita, y que se hace extensivo respecto de la inconstitucionalidad que se reclamó del Reglamento de Buen Gobierno en materia de Venta de Bebidas Alcohólicas del Municipio de Tlaxcala y del artículo 107 del Reglamento Interno del Municipio, al estar el estudio de la inconstitucionalidad referida, vinculada entre sí, por lo que, no puede realizarse en forma independiente y en abstracto, en virtud de la conexidad existente entre el ordenamiento y el acto de aplicación que se reclama. Resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 217-228, Primera Parte, página 27, Aislada, de contenido: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya". QUINTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SEXTA. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento del Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. SÉPTIMA. Publicación de datos personales. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Emma Reyes Medina, por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas en el resultado primero, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando de este fallo, al hacerse pública la presente resolución deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, el día de hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la Licenciada Janeth Ávila Sepúlveda, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA:...Apizaco, Tlaxcala, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Alberto Emiliano Ávila Martínez y Fátima Eloisa Ávila Martínez, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federla de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala y otra autoridad. RADICACIÓN DE DEMANDA. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 1663/2023. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. CUESTIÓN PREVIA. Los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, establecen cuáles son los requisitos que debe contener una demanda de amparo en la vía indirecta; así como la obligación de proveer sobre si se desecha, previene o admite tal libelo; con lo cual está implícita la facultad de revisar la demanda y, en su caso, de prevenir a la parte quejosa si de ese análisis se advierte alguna omisión o irregularidad por alguno de los supuestos que establece el artículo 114 citado. Por tanto, en uso de esa facultad, de la lectura del libelo de cuenta se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: ".Acuerdo de fecha seis de noviembre de dos mil veintitrés, en el cual nos hacemos sabedores que existe un laudo de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés." ".Acuerdo de fecha tres de noviembre de dos mil veintitrés, cual sin analizar la totalidad de las documentales exhibidas, ni mucho menos la legitimación de los quejosos, nos hace saber que atento al contenido no ha lugar acordar de conformidad con lo solicitado debido al estado procesal que guardan los autos." ".Laudo de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, así como todo el procedimiento seguido ante la responsable toda vez que no fuimos llamados como terceros interesados." Lo que obliga a prevenir a la parte quejosa para que manifieste con precisión cuál es el acto que desea reclamar a cada autoridad responsable. SE PREVIENE AL PROMOVENTE. En estas circunstancias, a efecto de estar en aptitud de proveer sobre su admisión, con fundamento en el artículo 114 fracción I y IV, en relación con el numeral 108 fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que en el término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve, con las copias necesarias de su escrito aclaratorio: ÚNICO. Precise el acto reclamado y fecha de conocimiento del mismo, ya que de las probanzas que exhibe, se obtiene que comparecieron al juicio laboral 729/2021 desde el diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda. Debiendo acompañar cuatro copias de su escrito aclaratorio, para la debida integración del presente expediente, y para correrles traslado a las partes. DOMICILIO. Ahora bien, como el domicilio que se proporciona se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, no ha lugar a tenerlo por señalado, por lo que las notificaciones que tengan el carácter de personal ordenadas dentro del presente asunto, le serán practicadas mediante lista de acuerdos, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; lo anterior, hasta en tanto no señale un nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Máxime que el diverso domicilio que señala en San Gabriel Cuauhtla, Tlaxcala, se encuentra fuera de la zona conurbada de los municipios de Tlaxcala y Apizaco. No obstante, por única ocasión y dado que se le formuló una prevención, notifíquesele el presente acuerdo de manera personal en el domicilio ubicado en Jaime Torres Bodet número cuarenta y tres (43), Fraccionamiento Los Pinos, San Gabriel Cuauhtla, Tlaxcala. Sirve de apoyo a la determinación adoptada la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala que dice: "Época: Novena Época Registro: 181986 Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Marzo de 2004, página 321 Materia(s): Común DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE ORDENA ACLARARLA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, AUN CUANDO EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO. De lo dispuesto en los artículos 146 y 178, en relación con los numerales 28, fracción II, último párrafo y 29, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se advierte que el proveído por el que se manda aclarar la demanda de garantías debe notificarse en forma personal, a fin de que pueda subsanar las irregularidades de su escrito, aun cuando haya señalado un domicilio para recibir notificaciones fuera del lugar de residencia del órgano jurisdiccional del conocimiento. Lo anterior es así, toda vez que la obligación de señalar domicilio convencional en el lugar del juicio constituye un requisito de la demanda, cuya omisión no puede originar su sanción inmediata, sino el requerimiento previo en el sentido de que, en caso de no cumplir con dicha obligación procesal, las subsecuentes notificaciones, aun las personales, se harán por medio de lista. Además, el auto por el que se manda aclarar una demanda de amparo es de tal trascendencia, que su falta de conocimiento oportuno puede llevar a tenerla por no interpuesta, por lo que debe garantizarse plenamente al quejoso la posibilidad material, no sólo formal, de subsanar las irregularidades de su escrito inicial, pues de lo contrario carecerían de toda eficacia jurídica los requerimientos y apercibimientos contenidos en la prevención, y se atentaría contra el derecho de acción de quien acude al amparo." PROPORCIONA CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico letty_2503@hotmail.com; así como el número telefónico 2463314914; por lo tanto, se tiene dichos medios como una forma especial y expedita de contacto, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación. AUTORIZADOS. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo a J. Reyes Cornejo Morales, Arturo Pulido Pérez y Martha Muñoz Chumacero, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Leticia Hernández Villalobos y Wendy Yamira Huerta García, por no contar con dicho registro. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Finalmente, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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