Alberto Emiliano Ávila Martínez
Expediente 753/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 37 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 30/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Alberto Emiliano Ávila Martínez
- Guillermina Palacios Ordoñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia con fecha de engrose veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo en el presente juicio de amparo, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es DEPURABLE; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y el presente acuerdo. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma, solicítese la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se negó la suspensión definitiva, en atención a lo ordenado en el citado precepto, procede su destrucción, conforme al artículo 21, fracción c), del citado ordenamiento. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como no originales; en consecuencia, se autoriza desde este momento su devolución en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jesús Federico Rojas Pesquera, que autoriza y da fe.
- Principal
Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 753/2021, promovido por Alberto Emiliano Ávila Martínez, por propio derecho, contra actos de Sonia Oropeza Paul Jefa del Departamento de Pensiones Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Tlaxcala; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito de tres de septiembre de dos mil veintiuno, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado el mismo día siguiente, a este Juzgado de Distrito, Alberto Emiliano Ávila Martínez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: ORDENADORA Sonia Oropeza Paul Jefa del Departamento de Pensiones Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Tlaxcala. ACTOS RECLAMADOS: Las resoluciones para el otorgamiento de pensión de orfandad de veinticinco de marzo y veintinueve de abril, ambas de dos mil veintiuno, emitidas por la Dirección de Pensiones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Tlaxcala, por falta de emplazamiento al procedimiento del que emanan las resoluciones que se combate. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 40 a 45), se admitió la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, quien lo rindió con más de ocho días de anticipación a la audiencia constitucional; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el propio medio oficial el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza laboral; y, porque la autoridad a quien se le reprocha tiene su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Del estudio integral de la demanda de amparo y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado lo siguiente: La falta de emplazamiento al trámite administrativo de pensión por orfandad y como consecuencia las resoluciones para el otorgamiento de pensión de orfandad de veinticinco de marzo y veintinueve de abril, ambas de dos mil veintiuno, emitidas por la Dirección de Pensiones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Tlaxcala. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Jefa del Departamento de Pensiones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tlaxcala, del Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, de las copias certificadas del expediente del asegurado Andrés Alberto Ávila León, con número de seguridad social 0194761692, se advierte la certeza de los actos reclamados, documental a la que se le otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, por tratarse de documentos públicos, expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes. Con el propósito de lograr una mejor comprensión del tema debatido, se estima pertinente realizar una breve semblanza del asunto: 1. Solicitud de pensión de doce de marzo de dos mil veintiuno, de Yazmín Paola Martínez Alcantara, en su carácter de madre de los beneficiarios Fátima Eloísa y Alberto Emiliano, ambos de apellidos Ávila Martínez (fojas 212 a 214). 2. La solicitud de pensión por viudez y orfandad de veinte de abril de dos mil veintiuno, de Guillermina Palacios Ordoñez, realizada en la Unidad Médica Familiar Número Dos de Apizaco, Tlaxcala, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su calidad de concubina del fallecido Andrés Alberto Ávila León, y madre de la beneficiaria Jessey Andrea Ávila Palacios (fojas 221 y 223). 2. La resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, de otorgamiento de pensión a favor de Fátima Eloísa y Alberto Emilio, ambos de apellidos Ávila Martínez (fojas 209 y 210). Esta determinación constituye uno de los actos reclamados. 3. Resolución de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, por la cual se le reconocen como beneficiarios con derecho a pensión o asignación familiar a Jessey Andrea Ávila Palacios, Guillermina Palacios Ordoñez, Eloísa y Emilio ambos de apellidos Ávila Martínez (fojas 207 y 208). Esta determinación constituye el segundo de los actos reclamados. QUINTO. Examen de causal de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, este Tribunal Federal debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que constituyen una cuestión de orden público y estudio preferente, y además, porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la autoridad responsable Sonia Oropeza Paul Jefa del Departamento de Pensiones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tlaxcala, del Instituto Mexicano del Seguro Social, hace valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1º, fracción I, y 5, fracción II, al considerar que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad por encontrase en un plano de igualdad frente al quejoso. Es infundado lo señalado por la responsable, en razón de que su actuar está dentro de los parámetros de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, precepto que establece que la autoridad responsable, tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo que si los actos reclamados consisten en la falta de emplazamiento al trámite administrativo llevado a cabo por la Jefa del Departamento de Pensiones Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Tlaxcala, relativo al asegurado Andrés Alberto Ávila León, en el cual se emitieron las resoluciones reclamadas, en las que se fijaron los porcentajes de la pensión de orfandad, lo que generó una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria para los beneficiarios del indicado asegurado, sin la intervención del hoy quejoso. En consecuencia, resulta claro que la Jefa del Departamento de Pensiones Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Tlaxcala, actuó en una forma unilateral al resolver las solicitudes que le fueron presentadas por los beneficiarios del asegurado Andrés Alberto Ávila León, por lo que su actuar se encuentra en lo establecido por el artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo; lo que permite establecer que es infundada la causal de improcedencia que se hace valer. Es aplicable al respecto por su identidad jurídica, la Jurisprudencia PC.III.A. J/1 A (11a.), sustentada por Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Registro digital 2023434, Undécima Época, Materia: Común, Administrativa, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Agosto de 2021, Tomo IV, página 4331, que dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). CUANDO DECIDE SUSPENDER DERECHOS PENSIONARIOS RELACIONADOS CON LA PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, DE FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA, CON BASE EN LAS ATRIBUCIONES QUE ESTABLECE LA LEY QUE LO RIGE, ACTÚA COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO.- Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron de manera diferente al analizar si la decisión de suspender derechos pensionarios, por parte de alguna autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues mientras uno sostuvo que dicho acto sí lo constituye, toda vez que se realizó de manera unilateral y obligatoria; los otros determinaron lo contrario, al considerar que su actuación se genera en un plano de coordinación y no de supra a subordinación.- Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que la orden, instrucción y/o ejecución del oficio por medio del cual alguna autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social ordena la cancelación, revocación, bloqueo o suspensión para realizar cualquier acto, operación y acceso al servicio que atañe a los derechos pensionarios, es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque el vínculo establecido entre el derechohabiente y el Instituto de que se trata, se origina después de que concluyó la relación de trabajo establecida entre él y la dependencia u organismo en que haya laborado, en cuya hipótesis, la relación es de naturaleza administrativa y, por ende, de supra a subordinación, habida cuenta que dicho órgano puede crear, modificar o extinguir ante sí o por sí la situación jurídica del pensionado o beneficiado, sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales y ésta no puede ser considerada como parte de la relación laboral respectiva, ya que aquélla no se extiende después de concedida la pensión atinente; por tanto, dicho acto es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos de procedencia.- Justificación: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), de título y subtítulo: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.", estableció que en los actos que emite o ejecuta el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador, que afectan directamente la protección y garantía constitucional y convencional del derecho a la seguridad social o de cualquier otro derecho fundamental, como el derecho a la salud, de manera unilateral y obligatoria, además de hacerlo en ejercicio de sus funciones que están determinadas por las normas generales que reglamentan la garantía y satisfacción del derecho a la seguridad social, excepcionalmente procede el juicio de amparo. Por ende, cuando dicho organismo público ordena la cancelación, revocación, bloqueo o suspensión para realizar cualquier acto, operación y acceso al servicio que atañen a los derechos pensionarios, actúa como autoridad para efectos del juicio constitucional en términos del artículo 5o., fracción II, de la ley de la materia, ya que en ese supuesto lo hace frente al particular en su calidad de asegurado, en forma unilateral y obligatoria, debido a que el vínculo establecido entre el derechohabiente y el Instituto de que se trata, se originó después de que concluyó el de trabajo que había entre él y la dependencia u organismo en que laboró, por lo que la nueva relación constituida entre ambos es de naturaleza administrativa, que es de supra a subordinación, porque el vínculo laboral no se extiende después de concedida la pensión respectiva." Al ser infundada la causa de improcedencia que hizo valer la autoridad responsable y no advertirse la actualización de otra diversa, es procedente estudiar el fondo del asunto. SEXTO. Estudio. Los conceptos de violación que se hacen valer son infundados, sin que en el caso, se advierta queja deficiente que suplir de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo. En primer lugar, se tiene presente que el emplazamiento a un trámite administrativo debe analizarse de oficio por la suscrita, por ser la más grave de las irregularidades procesales, lo que significa que ese estudio puede realizarse aunque no se alegue por la promovente, o sin que exista argumento alguno. Apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J. 149/2000, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 190656, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." En ese contexto, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, dispone: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho (.)". El numeral transcrito, contiene entre otros, el derecho humano de previa audiencia al acto privativo, el cual obliga a las autoridades, a que lo respeten, previo al acto de privación con efectos definitivos. Ahora bien, el acto privativo es aquél que produce como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, es decir, aquéllos cuya finalidad connatural es la de privar de un bien material o inmaterial, a diferencia de los actos de molestia, que restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, y en los que la permanencia de sus efectos en la esfera jurídica del gobernado queda sujeta a posteriores actos de autoridad. Sirve de apoyo a esta conclusión, la jurisprudencia P./J. 40/96, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 200080, de rubro y texto siguientes: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." En efecto, la garantía de audiencia establecida por el artículo constitucional transcrito consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades la obligación de dar al gobernado la oportunidad real y efectiva de ser oído y vencido, lo cual se acata dando cumplimiento a los requisitos siguientes: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar; 4. La oportunidad de interponer recursos; y 5. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De tal suerte, que de no acatarse los anteriores elementos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 47/95, emitida por el Tribunal Pleno de nuestro más Alto Tribunal, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 200234, de rubro y texto siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.". Ahora bien, la parte quejosa señala sustancialmente en sus conceptos de violación que la autoridad responsable viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional, ya que sin haber sido oído y vencido en juicio se le pretende privar de sus derechos de obtener una pensión de orfandad equitativa y suficiente, por el fallecimiento de su padre. En ese tenor, previamente al estudio de los motivos de queja antes referidos, resulta fundamental precisar que de lo anterior se evidencia que la parte quejosa se ostenta como persona extraña por equiparación al trámite administrativo de origen en donde manifiesta que tiene derechos a percibir la pensión de orfandad del pensionado Andrés Alberto Ávila León, por lo que debe precisarse qué se entiende por tercero extraño, así como por persona extraña por equiparación. Al resolver la contradicción de tesis número 6/92, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, determinó que el tercero extraño es aquél que no tiene intervención alguna en el procedimiento natural de donde emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, lo que desde luego implica que, como consecuencia de lo anterior, no fue llamado al procedimiento a defender sus derechos y, por consiguiente, no podrá interponer medio de defensa alguno contra la resolución que resuelva el fondo del asunto. En cambio, en el presente asunto se puede advertir del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.281020/286.P.DPES, dictado por el Consejo Técnico en la sesión ordinaria del veintiocho de octubre de dos mil veinte, relativo a la aprobación de los datos y documentos específicos que se deben proporcionar o adjuntar para efectuar los trámites de prestaciones en dinero que prevé la Ley del Seguro Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, referidos en los Anexos A y B del presente Acuerdo, en el inciso "G" se establece: "G) SOLICITUD DE PENSIÓN DE ORFANDAD. G.1) Modalidades: G.1.1) Hijo menor y hasta 16 años. G.1.2) Hijo mayor de 16 y hasta 25 años estudiante. G.1.3) Hijo mayor de 16 años Incapacitado. G.2) Plazo máximo de la resolución del trámite: 12 días hábiles. G.3) Plazo de prevención: 8 días hábiles. G.4) Vigencia de la resolución: Permanente, en tanto existan las condiciones que dieron origen al trámite. El plazo se computará conforme a lo establecido en la Regla General número 21 del presente Acuerdo. G.5) Datos: Los identificados con los números: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31 y 40. Adicionalmente, en su caso: 14D, 15, 32, 33, 34, 35, 36 y 37, del formato denominado "Solicitud de Pensión", Forma IMSS (2) (42). G.6) Documentos: Del Capítulo II "Lista De Documentos a Presentar en los Trámites" fracciones I y II, los numerales siguientes: Del asegurado: Tratándose de asegurado fallecido: 3 (este último requisito se deberá presentar si el asegurado tiene cotizaciones posteriores al 30 de junio de 1997) 10 y 13. Tratándose de pensionado fallecido: 13. Del representante legal del beneficiario, en su caso: 1 y 22. Del beneficiario: 1, 2, 4 y 10. Documentos adicionales por Modalidad: G.6.1) Hijo menor y hasta 16 años. No requiere ningún documento adicional a los mencionados. G.6.2) Hijo mayor de 16 y hasta 25 años Estudiante: 18. G.6.3) Hijo mayor de 16 años Incapacitado: 26. Es obligación de los pensionados comprobar supervivencia conforme a la Regla General número 12 del presente Acuerdo. El pago de la pensión se realizará de forma mensual y comprenderá el período que acredite la constancia de estudios, incluyendo las vacaciones escolares y administrativas de la institución educativa de que se trate." De la anterior transcripción, se advierte que el trámite para la obtención de una pensión de orfandad, es a través de una solicitud en la cual se deberán de acompañarse los documentos que establecen en el mencionado acuerdo y se resolverá en el que plazo de doce días, sin embargo, no se establece que dicho trámite se deba de emplazar o citar a las personas que tenga derecho a percibir la pensión, para darle la garantía de audiencia que establece el artículo 14 Constitucional, ya que tratándose de mayores de edad, ellos pueden solicitar directamente la pensión de orfandad que les corresponde del asegurado fallecido, por lo que la responsable no estaba obligada a llamar al hoy quejoso en las solicitudes que le fueron presentada por Guillermina Palacios Ordoñez, realizada en la Unidad Médica Familiar Número Dos de Apizaco, Tlaxcala, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su calidad de concubina del fallecido Andrés Alberto Ávila León y madre de la beneficiaria Jessey Andrea Ávila Palacios; y Yazmín Paola Martínez Alcantara, en su carácter de madre de los beneficiarios Fátima Eloísa y Alberto Emiliano, ambos de apellidos Ávila Martínez, ante la responsable. Por otra parte, como el quejoso tiene reconocido su derecho a recibir la pensión por orfandad de su padre fallecido Andrés Alberto Ávila León, en términos de los artículos 134, 135, 136 y 137, de la Ley del Seguro Social, y si el monto que le fue fijado por la responsable puede combatirlo a través del recurso de inconformidad que establece el artículo 292 de la Ley del Seguro Social, y esta a su vez ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de conformidad con lo previsto en el diverso numeral 295 de la invocada ley; lo que pone de manifiesto que los actos reclamados no dejan sin defensa al impetrante del amparo, por ende, no son violatorios del artículo 14 Constitucional. En esas condiciones, el quejoso tiene expeditos sus derechos para solicitar ante el Departamento de Pensiones Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Tlaxcala, el porcentaje que le corresponde de su padre Andrés Alberto Ávila León, con número de seguridad social 0194761692; por lo que no puede ostentarse como tercero extraño al trámite de pensión de orfandad reclamada. Asimismo, es oportuno destacar que el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.281020/286.P.DPES, dictado por el Consejo Técnico, en el punto 19, se establece que el derecho de los beneficiarios para reclamar el pago de las prestaciones económicas previstas en el mencionado Acuerdo, se regirán por lo señalado en los artículos 300 y 302, de la Ley del Seguro Social, esto es, los asegurados o sus beneficiarios para reclamar el pago de las prestaciones en dinero, respecto a los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida y guarderías y prestaciones sociales prescribe en un año; y es inextinguible el derecho al otorgamiento de una pensión, ayuda asistencial o asignación familiar, siempre y cuando el asegurado satisfaga todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social para gozar de las prestaciones correspondientes; por lo que es incuestionable que las leyes de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social, no establecen un procedimiento en el cual deba ser emplazados los beneficiarios que tengan derecho a una pensión de orfandad. En esas condiciones ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Negativa que se hace extensiva a las resoluciones de veinticinco de marzo y veintinueve de abril, ambas de dos mil veintiuno, emitidas por la Dirección de Pensiones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Tlaxcala, por no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia de la falta de emplazamiento en el trámite de pensión por orfandad. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que el quejoso haya ofrecido como pruebas de su intensión las resoluciones de veinticinco de marzo y veintinueve de abril, ambas de dos mil veintiuno, emitidas por la Dirección de Pensiones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Tlaxcala, copia de la credencial para votar a favor del quejoso, el acta de nacimiento número 642 de ocho de agosto de dos mil dieciocho, el acta de defunción 314, de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, la constancia de estudios expedida por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, el turno: P 751 de veinte de agosto del año próximo pasado por la Subdelegación Tlaxcala del Instituto Mexicano del Seguro Social, constancia de concubinato de los padres del quejoso, expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala. Ello es así, ya que de las indicadas probanzas se desprende que las responsable emitió las resoluciones de veinticinco de marzo y veintinueve de abril, ambas de dos mil veintiuno, en las que se determinó quienes fueron los beneficios del fallecido Andrés Alberto Ávila León, y el porcentaje que corresponde a cada uno de los beneficiarios; con la credencial para votar se demuestra que el quejoso está inscrito en el Instituto Nacional Electoral, con las actas de Nacimiento y defunción, se advierte el entroncamiento que tienen el quejoso con pensionado fallecido, con la constancia de estudios se advierte que el quejoso cursa el cuatro semestre de bachillerato en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala. Asimismo, con la constancia expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala, se desprende que los padres del quejoso vivieron en concubinato, y con comprobante de turno demuestra que el ocho de agosto del dos mil veintiuno, le correspondió el turno P751, en la Subdelegación Tlaxcala del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embrago, con las mencionadas probanzas no se advierte que la responsable tenga la obligación de ordenar el emplazamiento del quejoso dentro del trámite de solicitud de orfandad que reclama. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de la presente sentencia, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberá ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberá generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento del Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 103, 107 de la constitución federal, 73, 74, y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Alberto Emiliano Ávila Martínez, respecto de los reclamados precisados en el considerando segundo y por las consideraciones asentadas en el sexto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, vía electrónica Agente del Ministerio Público Federal adscrito, por lista a las terceras interesadas y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy veintinueve de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Jesús Federico Rojas Pesquera, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al ***, respecto de los reclamados precisados en el considerando segundo y por las consideraciones asentadas en el sexto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, vía electrónica Agente del Ministerio Público Federal adscrito, por lista a las terceras interesadas y por oficio a la autoridad responsable. ***
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En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con cincuenta y tres minutos del veinte de abril de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 753/2021-III, promovido por Alberto Emiliano Ávila Martínez, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Jesús Federico Rojas Pesquera, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo presentada por Alberto Emiliano Ávila Martínez; auto admisorio de seis de septiembre de dos mil veintiuno; informe justificado y oficio 309001410100/DIV/306 signados por la autoridad responsable Jefa del Departamento de Pensiones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tlaxcala. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que la tercera interesada Guillermina Palacios Ordoñez y Yazmín Paola Martínez Alcántara, se encuentran debidamente emplazados. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente el informe justificado y oficio 309001410100/DIV/306 signados por la autoridad responsable Jefa del Departamento de Pensiones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tlaxcala, y, ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la tercera interesada. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que la autoridad responsable Jefa del Departamento de Pensiones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tlaxcala, remitió copia certificada del expediente del extinto asegurado Andrés Alberto Ávila León, con número de seguridad social 0194 76 1692 4. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no hicieron valer tal derecho; a lo que la Juez acuerda: en virtud de que no se formularon alegatos se cierra esta etapa. En tal virtud, se concluye esta audiencia, de la que se levanta acta para constancia, firmando al calce electrónicamente los que en ella intervinieron y enseguida procédase a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. La Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. Juez Karina Juárez Benavides (Firmado electrónicamente) El Secretario de Juzgado Jesús Federico Rojas Pesquera (Firmado electrónicamente)
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