Alberto Eleazar Castro Sánchez
Expediente 1081/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1081/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Alberto Eleazar Castro Sánchez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Alberto Eleazar Castro Sánchez, contra una omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, por los motivos establecidos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Alberto Eleazar Castro Sánchez, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con copias y anexos que se acompañan; con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1081/2022-III. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, remitiéndoles al efecto copia simple de demanda, apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia. Indíquese a la autoridad designada como responsable que preferentemente deberán remitir el informe de ley y las constancias solicitadas en el párrafo anterior, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal) del servidor público que lo suscriba. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, a quien, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta para que su actuación se dé desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se señalan las DOCE HORAS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS para la celebración de la audiencia constitucional. En la inteligencia de que, tomando en consideración la contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 y el esquema de trabajo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, las partes únicamente podrán comparecer a formular alegatos por escrito, salvo en los supuestos expresamente previstos en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues en estos casos preferentemente se procurará que se formulen por escrito y en la hipótesis de que el deseo de las partes sea hacerlo de manera verbal, entonces, previo a la celebración de la aludida audiencia, así lo deberán informar por escrito a fin de que este juzgado se encuentre en aptitud de acordar lo respectivo para que aquélla se suscite mediante videoconferencia en términos del numeral 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la ley de referencia, de lo contrario se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente de conformidad con el numeral 251 de la citada legislación. Asimismo, se hace de su conocimiento que la devolución de los documentos originales que aquí se ofrezcan, será hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que se adjuntaron al escrito de demanda, así como la instrumental de actuaciones y presuncional, en su doble aspecto, legal y humana, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y podrán ser consideradas al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a los licenciados Jorge Alfredo de la Vega Cuevas, Denderah Misraim de la Vega Juárez y Juan Edgardo Álvarez Rodríguez , quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a las demás personas que señala, dado que no se encontró el registro de su cédula profesional ante el aludido sistema y, por así solicitarlo. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En otro orden, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, lo que incluye a la autoridad designada como responsable, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); asimismo, se les hace saber que no se recibirán promociones, informes o escritos por correo electrónico, toda vez que la Ley de Amparo no reglamenta este medio como correspondencia legal entre las partes y el juzgado. Notifíquese.
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