Alberto Ariel Torres Guzman
Expediente 1131/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1131/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Alberto Ariel Torres Guzman
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; asimismo, toda vez que mediante diversas comunicaciones oficiales se tuvo al Juez y Actuario del Juzgado Segundo Mercantil de esta ciudad, por adhiriéndose al cumplimiento dado por la autoridad ordenadora; con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, con el contenido de los oficios correspondientes y de sus anexos, dese vista a las partes por el plazo de tres días, corriéndoles traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento a la sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Recepción de documentos. Téngase por recibida la demanda y anexos de cuenta. Formación del expediente. Fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1131/2022-I. Causa de improcedencia. En concepto de esta juzgadora, sobre la omisión reclamada, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De la intelección de los citados preceptos se advierte, que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueve contra actos dictados en juicio cuyos efectos no son de imposible reparación. Asimismo, el transcrito artículo 107, fracción V, de la ley de la materia define a los actos de imposible reparación como aquéllos que afectan materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano es parte. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos, es decir, causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso, de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable. Entonces, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman actos cuyos efectos no afectan materialmente en forma directa e inmediata prerrogativas fundamentales, como son la libertad, la propiedad, la posesión, o que la resolución reclamada se hubiere emitido sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, o por autoridad incompetente, de manera verbal, sin fundamentación o motivación, entre otras. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 613 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 678, del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte-SCJN Quinta Sección procedencia del amparo indirecto, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-Septiembre 2011, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPAROINDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, es ilustrativa, por las razones jurídicas que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Tribunal Pleno antes aludido, visible en la página 39 del libro 7, junio de 2014, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del tenor que sigue: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Además, cabe precisar que sobre las omisiones de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, en lo que interesa, consideró: Que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación y que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º, 14 y 17 de la Constitución Federal, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: "falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite". Que debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuestas completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Que el criterio general es que la demanda de amparo que se promueva contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano en términos con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el juez constitucional advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo. De la anterior ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), localizable en la página 1086 del libro 30, mayo de 2016, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En el caso, la parte quejosa reclama de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado la omisión de acordar el escrito que presentó el pasado cuatro de julio en el juicio laboral 934/2019, en el que -refiere el quejoso bajo protesta de decir verdad- solicitó el cierre de instrucción, lo que pone de manifiesto que la parte quejosa exclusivamente combate violaciones acaecidas dentro de un procedimiento jurisdiccional. Sin que se pase por alto que la mencionada junta gozó de su primer periodo vacacional del dieciocho al veintinueve de julio de dos mil veintidós sin que hayan corrido términos en los procedimientos laborales que se ventilan ante la misma. Es de resaltarse que el acto que se impugna no es de aquellos contra los cuales pueda promoverse el juicio de amparo indirecto de manera inmediata por cuanto que no son de ejecución irreparable, puesto que se tratan de violaciones de carácter adjetivo. Se afirma lo anterior, en virtud de que del análisis de la demanda constitucional se desprende que la parte agraviada señaló exclusivamente como acto reclamado la omisión que quedó precisada con antelación, la cual, se insiste, deriva de un juicio laboral, de donde resulta, que dicho acto en ningún momento afecta de manera irreparable la esfera jurídica del demandante del amparo para estar en aptitud de instar la acción constitucional en la vía indirecta, ya que, acorde con las consideraciones que sustentan la ejecutoria emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país en la contradicción de tesis 325/2015, con tales actos no se vulneran materialmente derechos fundamentales o sustantivos consagrados en la Constitución Federal, sino que sólo producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, con lo que se dejaría intacta su esfera de derechos. De manera que al ponerse de manifiesto que la omisión reclamada deriva de un procedimiento jurisdiccional, es decir, que no tiene el carácter de autónoma, y toda vez que de la lectura íntegra de la demanda de amparo no se advierte que con la omisión de acordar el escrito de que se trata exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) transcrita con antelación, es evidente que no se surte la excepción a que se hace alusión en la aludida jurisprudencia y, por ende, debe aplicarse la regla general que refiere que el amparo indirecto es improcedente en estos casos. En efecto, debe partirse de la premisa de que la regla general en estos casos es que el juicio constitucional es improcedente, salvo que el Juez de Distrito advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal supuesto es procedente por excepción; sin embargo, como se dijo, en la especie ello no acontece. Dicho en otras palabras, la omisión reclamada no constituye un acto de imposible reparación, pues tal omisión a la fecha no incide sobre derechos sustantivos de la parte quejosa, al no existir una dilación excesiva o paralización del procedimiento laboral. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a./J. 33/2019, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Desechamiento. Por consiguiente, ante la notoria e indudable actualización de la causa de improcedencia examinada, lo que procede es desechar la demanda constitucional, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que menciona, toda vez que los actos provienen de un expediente laboral donde el aquí quejoso es la parte trabajadora. De igual forma, se toma nota del correo electrónico que señala, haciendo la precisión que el mismo únicamente se utilizara para entablar comunicaciones no procesales, sin que el mismo constituya un medio de notificación al no encontrarse regulado en la ley de la materia. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Caso contrario, no ha lugar autorizar la consulta y notificaciones electrónicas ya que no proporcionó el usuario de acceso para poder darlo de alta en el sistema. Medios electrónicos. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia y acceso a la información. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa
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