Alberto Daniel Avalos Olmedo

Expediente 1109/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1109/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
24/10/2019

Partes del expediente

  • Alberto Daniel Avalos Olmedo

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Se rinde informe. Agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar los informes justificados rendidos por la autoridad responsable y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Diferimiento de audiencia anticipada. Por tanto, con el fin de dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido de los informes justificados con los que se dan vista, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional fijada para las once horas con diez minutos del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve y, en su lugar se señalan las once horas del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la misma. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a la autoridad responsable a efecto de notificarle la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, once de octubre de dos mil diecinueve. Designa Asesor Jurídico. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Coordinador del Área Penal Zona Costa Defensoría Pública Estatal en esta ciudad, mediante el cual designa a los licenciados Nidia Marcela Vera López y Gabriel Rodríguez López, Defensores Públicos adscritos a esa institución, a fin de que brinden el servicio de defensa y asesoría al quejoso Alberto Daniel Avalos Olmedo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 1o. y 14 Constitucionales, y en términos de los arábigos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, a cualquiera de los Defensores Públicos señalados en el párrafo que antecede, para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. En consecuencia, túrnense los autos a cualquiera de los Actuarios de la adscripción, a fin de que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a Nidia Marcela Vera López y Gabriel Rodríguez López, quienes pueden ser localizados en el domicilio que para tal efecto se proporcionó en el oficio de cuenta. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Se hace efectivo apercibimiento. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días que se otorgó al quejoso Alberto Daniel Avalos Olmedo mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, para que nombrara un defensor que lo represente en este juicio de amparo; sin que lo hubiere hecho. Designación de defensor. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído en cita, por tanto, a fin de salvaguardar los derechos del peticionario del amparo, y no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinador del Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, en esta ciudad, anexando copia simple de la demanda, con la finalidad que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, asigne al quejoso un defensor público, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Se invoca como apoyo la tesis de Jurisprudencia XXIV.2o. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en la página 1616, Libro 41, Abril de 2017, tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2014075, de rubro siguiente: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO."

  4. Principal

    Radicación. Vista la demanda y anexos de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1109/2019-III. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda, que por derecho propio promueve Alberto Daniel Ávalos Olmedo, contra la autoridad y el acto señalado en la misma. Incidente de suspensión. Sin que sea el caso tramitar por separado incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente el quejoso. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las once horas con diez minutos del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tercero interesado. Con independencia de lo señalado por el quejoso en su demanda, se reserva reconocer el carácter de terceros interesados, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal representación, en términos de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, solicítese al Juez responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro de quince días, inclusive por medios magnéticos, expresando con precisión si es o no es cierto el acto que se le reclama; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Ahora, no obstante se le reclama una omisión, para el caso de que esa negativa haya sido expresa, requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para arribar a tal conclusión, en el entendido que en el informe de mérito, deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Apercibimiento a la autoridad. En caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, en términos del artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, en caso de que no rinda su informe en el plazo concedido se presumirá cierto el acto reclamado, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el tercer párrafo del ordinal 117 de la ley de la materia y se impondrá a la autoridad omisa, en la audiencia respectiva, la multa con la que se le apercibió. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos moneda nacional); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve. Conocimiento previo. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Notificación de la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le será notificada por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estados de este Juzgado de Distrito. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso el Centro de Reinserción Social El Hongo I, con sede en Tecate, Baja California; por lo que con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones que emanen de este asunto se le realicen personalmente al impetrante en dicho centro penitenciario. Expedición oficiosa de copias. No pasa inadvertido que el quejoso presentó su demanda sin adjuntar a la misma las copias correspondientes para correr traslado a las partes; sin embargo, atendiendo a que el promovente se encuentra privado de su libertad en un centro de reclusión se estima limitada su posibilidad de obtener las copias en cuestión al formar parte de un grupo de población vulnerable; por tanto, de conformidad con el artículo 110 párrafo segundo de la Ley de Amparo, expídase de manera oficiosa las copias de mérito. Requerimiento al quejoso. De la demanda de amparo se advierte que Alberto Daniel Ávalos Olmedo no cuenta con un defensor que lo patrocine en el presente juicio; en consecuencia, se previene al quejoso para que dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, o bien, al momento de la diligencia, nombre un defensor que lo represente, bajo el apercibimiento de que, en caso de que no quiera o no pueda nombrarlo, este órgano jurisdiccional le nombrará uno de oficio. Lo anterior con apoyo en el criterio jurisprudencial 1a./J. 43/2019 (10a.) sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 187/2017, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro electrónico 2020495, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc. -, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja". Copias certificadas. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, expídasele copia certificada de esta determinación, la cual se le ordena entregar al momento en que se le notifique en el lugar en que se encuentra interno; este proveído, sin que haya lugar a ordenar la expedición de copia certificada de la sentencia definitiva que se dicte en este juicio, en atención a que no es posible autorizar copias de actuaciones inexistentes. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitro de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones.

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